Fue mesurada la cantidad de legisladores que se pronunciaron tras conocerse la noticia de que el Gobierno manda el proyecto al Parlamento para su tratamiento en extraordinarias.
Lejos estuvo de ser masiva la aparición de legisladores pronunciándose luego de que la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, anunciara en nombre del presidente el inminente envío del proyecto de ley de interrupción del embarazo.
Entre quienes se pronunciaron estuvo la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, quien consideró que se trata de “una decisión muy importante de nuestro presidente a favor de la salud pública que venimos pidiendo desde el movimiento de mujeres hace años”.
“Los abortos se practican, existen, y las mujeres mueren por la clandestinidad. Necesitamos que el estado cuide y proteja y no castigue y criminalicé a la mujer en esa situación tan traumática como es un embarazo no deseado. Celebramos la iniciativa del ejecutivo”, aseguró Gaillard.
En el mismo sentido, el también diputado oficialista Leonardo Grosso expresó que “sacar a las mujeres de la clandestinidad es justicia social. En noviembre van a enviar al Congreso el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo. Hoy más que nunca hay que fortalecer la salud pública y por eso el aborto tiene que ser un derecho”.
Desde la vereda de enfrente, la diputada del Pro Soher El Sukaria se expresó de manera crítica: “El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto durante sesiones extraordinarias. Asusta la desconexión de la realidad que demuestran. La prioridad es la pobreza y la sanidad, no debates que ya sabemos que generan más división en la sociedad”, señaló, en tanto que su compañero de bancada David Schlereth habló en el mismo sentido: “Hace más de 8 meses que el Presidente @alferdez dice que para su gobierno es prioridad cuidar la vida de los argentinos. Otra gran mentira de este hombre perdido y sin rumbo. Mandará al Congreso a debatir el aborto, es decir el valor de la vida humana. #SiHayAbortoSalimosTodos”.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Carolina Gaillard, avanza en más aspectos que la ley sancionada en 2017.
La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio integral del uso del cannabis medicinal, al tiempo de “generar las condiciones normativas para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la planta y sus diferentes usos”.
La legisladora, quien en 2017 presidió en la Comisión de Salud el debate de la Ley 27.530, impulsa ahora una nueva iniciativa que cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.
“Se trata de garantizar el acceso efectivo al cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental, entendiendo que se necesita un marco legal integral que no posee la ley existente”, explicó la oficialista.
Además, apuntó que “con este proyecto integral lo que se busca es que las y los usuarios finalmente puedan acceder al uso medicinal en sus distintas formas; y se generan las condiciones para el desarrollo de una industria de cannabis para la salud, considerando que es una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país”.
“Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera Ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones, aunque reconocemos que aquella Ley tiene limitaciones por lo que desde el Congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, sostuvo.
El proyecto promueve “un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización. De esta forma se estimulará el desarrollo científico tecnológico nacional y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal”.
En el texto se propone la creación de un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, articulando con todos los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.
También se buscará “promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que serán coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y las Universidades Nacionales”.
“Una característica fundamental en este sentido es la promoción de este desarrollo científico, tecnológico y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal y desde la perspectiva de género”, agrega.
En lo que refiere a la producción, se propondrá regular el autocultivo garantizando el acceso universal para todos los pacientes que lo necesiten; de esta forma se crearían figuras como la de “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de cannabis para la salud.
Se estipula la creación de un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las cuales serán gratuitas para autocultivo y cultivo solidario. Mientras que desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se estima crear un Banco de Semillas que buscará garantizar un precio justo y razonable para su acceso.
En este sentido, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó: “Como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones, proponiendo también la regulación del cultivo en red, reconociendo el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos, de abajo hacia arriba desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario”.
Desde lo judicial, este nuevo proyecto contempla una despenalización de todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de cannabis para la salud y brindaría garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.
Entre sus firmas, acompañaron la iniciativa los oficialistas Cristina Álvarez Rodríguez, Mara Brawer, Martin Soria, Gabriela Cerruti, Monica Macha, Cecilia Moreau, Fernanda Vallejos, Jimena López, Blanca Osuna, Graciela Landriscini, Gabriela Lena, Pablo Carro, Lucila Masin, Leonardo Grosso y Nicolás Rodríguez Saá; y la cívica Marcela Campagnoli.
La titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados consideró que “están dadas las condiciones” para avanzar con el proyecto “este año”.
La diputada nacional Frente de Todos Carolina Gaillard consideró este jueves que “están dadas las condiciones” para que “este año” se apruebe la legalización del aborto.
“Siento que no hay margen para que el Congreso no sancione la ley: hay una demanda del colectivo de mujeres que se han organizado. No hay margen para no acompañar este proyecto. Cuando decimos ‘Ni una Menos’ decimos ni una menos para el aborto clandestino también”, sostuvo en diálogo con FM La Patriada.
La titular de la Comisión de Legislación Penal destacó la postura de Alberto Fernández, quien en los últimos días reiteró su decisión de enviar el proyecto, y expresó que el presidente “estuvo bien y tomó una decisión política muy importante de prometerlo en campaña y en la apertura de sesiones”.
En ese sentido, la entrerriana dijo que meses atrás “no era oportuno enviarlo y tratarlo en el medio de la pandemia” de Covid-19, pero “la decisión política está y eso es lo importante; hay intención de que salga, hay un presidente que no mira para el costado”.
“Es clave que nos comprometamos a darle sanción al proyecto”, insistió la oficialista y, consultada sobre el panorama en la Cámara alta, donde hace dos años atrás la ley salió rechazada, la legisladora afirmó: “Si se trabaja bien en el Senado, están los números para aprobarlo y está también nuestra vicepresidenta (Cristina Kirchner) para garantizarlo”.
Carolina Gaillard impulsa un proyecto de promoción e incentivo para el sostenimiento y reactivación de la actividad cultural.
Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la crisis golpeó fuertemente al sector de la cultura. Los distintos actores de este vital entramado reclaman medidas urgentes para poder atravesar este momento que los tiene paralizados. En ese sentido, la diputada nacional del Frente de Todos Carolina Gaillard presentó un proyecto de ley de promoción e incentivo para el sostenimiento y reactivación de la actividad cultural.
La iniciativa busca que museos, galerías de arte, salas de cine y teatro (con una capacidad de 250 personas), además de escritores, centros culturales y de danza, puedan acceder durante un periodo de tiempo a distintos beneficios, como la exención de pago de monotributo hasta fines de 2021, créditos especiales a tasa cero por parte de Banco Nación, conectividad gratis para artistas y espacios culturales, subsidios para servicios públicos y también una asistencia de hasta dos salarios mínimos para los artistas que cumplan algunos requisitos.
“La cultura es vital para nuestros pueblos, nuestras ciudades y más en estos tiempos, por eso es necesario y urgente atender este sector que es el principal alimento del espíritu y el alma en tiempos de desazón y angustia provocados por la pandemia”, dijo Gaillard. En el mismo aseguró que este proyecto tiene una mirada absolutamente federal ya que se trabajó con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Paraná, referentes y organizaciones que trabajan este tema a nivel nacional, como el Movimiento de Cultura Comunitaria y el espacio Artistas Solidarios.
Según el último informe del Sistema de Información Cultural las actividades artísticas y culturales en nuestro país representan 309.000 puestos de trabajo directos, 297.000 millones de pesos de ganancias y en comparación con el total del trabajo privado de la economía, este sector tiene más puestos de trabajo en blanco que el promedio.
Acompañaron este proyecto de ley los diputados Marcelo Casaretto, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Fernanda Vallejos, María Liliana Schwindt, Nicolás Rodríguez Saa, Verónica Lía Caliva, Ayelén Sposito, Alejandra Obeid, Nancy Sand y Rosa Rosario Muñoz.
La diputada del Frente de Todos presentó un proyecto de resolución en repudio a los comentarios “de índole racista y xenófoba” que Etchecopar emitió contra la presidenta del INADI, Victoria Donda.
La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de resolución repudiando los comentarios de “índole racista y xenófoba” que Baby Etchecopar emitió contra la presidenta del INADI, Victoria Donda, durante la emisión de su programa “Basta Baby” del pasado lunes 13 de julio.
El mismo fue acompañado por las diputadas Mónica Macha, Jimena López, Marisa Uceda, Cecilia Moreau, Mara Brawer , María Rosa Martínez, Graciela Landriscini, Nancy Sand, Blanca Osuna, Lía Caliva, Mayda Cresto, Ayelén Spósito y Estela Hernández, todas pertenecientes al Frente de Todos.
En los fundamentos del proyecto la diputada Gaillard expresó: “Creemos y defendemos firmemente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de todas las personas en el marco de una comunicación responsable que no estigmatice, que no se base en insultos, ni descalificaciones o de informaciones falsas que denigran el debate público y que puedan legitimar, reproducir o profundizar cualquier forma de violencias por motivos de género”.
En este sentido, Gaillard dio a conocer la presentación del proyecto mediante sus redes sociales, en las que resaltó que “la libertad de expresión no es excusa para que Etchecopar pueda fomentar libremente el odio y la discriminación”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad participará desde las 15 de una reunión virtual de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, participará este lunes desde las 15 de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de una nueva reunión informativa sobre proyectos de justicia penal y género.
Será durante el cuarto encuentro -de carácter remoto- que llevarán a cabo en conjunto las comisiones de Legislación Penal, que preside la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), y de Mujeres y Diversidad, que conduce la bonaerense Mónica Macha (FdT).
Previo a la reunión de este lunes, los diputados y las diputadas escucharon las exposiciones de varias funcionarias y especialistas en la temática, quienes opinaron sobre las iniciativas para prevenir la violencia por motivos de género hacia mujeres y personas LGBT.
Funcionarias y especialistas expusieron en una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres de Diputados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.
En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.
La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.
Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.
Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.
La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
Lo hicieron a través de un proyecto de un proyecto de Carolina Gaillard, en el que hablan de “responsables políticos” por acción u omisión.
Tras la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre un supuesto espionaje ilegal durante el macrismo y por iniciativa de Carolina Gaillard, los diputados nacionales del Frente de Todos de Entre Ríos presentaron un proyecto de repudio a estos hechos. Además se solidarizaron con la exdiputada provincial, Leticia Angerosa.
“No podemos tolerar un sistema de extorsión que condicione la democracia. De comprobarse además de una clara violación de lo dispuesto por la Ley Nacional de Inteligencia demostraría que hubo una cadena de responsables políticos que convalidaron por acción u omisión estos hechos”, aseguró la diputada Gaillard.
Entre los firmantes de la declaración de repudio están Blanca Osuna, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto. Además de las bonaerenses Cristina Álvarez Rodríguez y Mara Brawer.
En las últimas horas después de reunirse, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que amplíe la información con respecto al denunciado seguimiento de políticos de los entonces oficialismo y oposición, y también a periodistas.
“Nuestro compromiso es que el Estado asuma un rol central en la lucha contra la trata de personas”, señaló el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero al respecto.
Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años. Desde ese día su madre, Susana Trimarco, comenzó una lucha incansable, en la que rescató muchas mujeres y se convirtió en una referente contra la trata. A 18 años desde las redes sociales la recordaron.
“En el día de hoy se cumplen 18 años del secuestro de mi amada hija Marita. A pesar del paso del tiempo, todo los días está presente en nuestro corazón y en nuestra vida. De su hermano Horacio, su hija Micaela y en la mía”, dijo Susana Trimarco.
Mientras que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, agregó: “La trata es crimen organizado y una de las formas de violencia de género. Nuestro compromiso es que el Estado asuma un rol central en esa lucha”.
“Somos muchas las que las acompañamos. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha de Susana Trimarco. Junto a su nieta Micaela Verón buscan justicia”, señaló al respecto la diputada nacional Carolina Gaillard.
En el mismo sentido, la banda Nonpalidece desde su cuenta de twitter, declaró: “Seguimos acompañando y difundiendo el trabajo de Susana Trimarco, en el día donde se cumplen 18 años de la desaparición de su hija Marita Verón. Yo le digo no a la trata”
La pareja del Frente de Todos disfruta a partir de este miércoles de Felipe, que nació pesando 3,800 kg.
No suele darse que parejas de legisladores formalicen en la Cámara de Diputados. Y menos que sean padres, en el ejercicio de la función parlamentaria. Es que la diputada nacional del Frente de Todos Carolina Gaillard dio a luz este miércoles a Felipe, y así lo anunció el feliz padre, el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá: “Felipe nos diste el amor más lindo de todos: ser tu papá con mamá @CaroGaillard.
El bebé nació a las 17.05 de este miércoles, pesando 3 kilos 800 gramos.
“Bienvenido Felipe! Felicitaciones para ambos!”, saludó a través de Twitter la diputada Cristina Alvarez Rodríguez.
Cabe destacar que la entrerriana Carolina Gaillard cumplió sus funciones hasta último momento, pues el jueves de la semana pasada estuvo en el recinto, luciendo su panza de mamá inminente, atendiendo las necesidades del Frente de Todos ante un quórum muy ajustado como estaba.
