La diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que modifica la norma que establece la creación y funcionamiento de la Oficina Anticorrupción.

“La Oficina Anticorrupción no ha cumplido con su rol de control y seguimiento del accionar de los gobiernos, principalmente por su falta de independencia con respecto al Poder Ejecutivo. Por eso presenté un proyecto de ley para dotar al organismo de una mayor eficacia para cumplir con su rol”, subrayó la legisladora.

La iniciativa de Lena apunta a jerarquizar la importancia de la Oficina y dictar una Ley Orgánica que la regule. Además, modifica los procesos de selección y designación, así como la duración en el cargo del secretario de la Oficina. “Nuestra propuesta es que el Senado de la Nación participe del proceso dando acuerdo a la designación del titular del organismo, al igual que en la designación de jueces o en los ascensos a diplomáticos y militares. Eso tendrá un impacto favorable en la autonomía de la Oficina para investigar los posibles casos de corrupción del gobierno que esté en ejercicio”, hizo notar la legisladora. Además, se extiende el mandato del funcionario a cargo para que no coincida con el de la gestión que lo designó.

“Nuestra idea es que la Oficina Anticorrupción cumpla con la función para la que fue creada y no se limite a un rol de denunciar e investigar a gestiones anteriores o a pedir declaraciones juradas de los funcionarios. Queremos que cumpla con las demandas de los ciudadanos que exigen honestidad y transparencia en las gestiones”, finalizó Lena.

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) y su par Gabriela Lena visitaron la ciudad de Ibicuy, donde se reunieron con el intendente y mantuvieron un diálogo con los vecinos. En este marco, se hicieron eco de los reclamos por el deplorable estado de tal ruta e instaron al Gobierno provincial a realizar las tareas de reparación que se comprometió a hacer. También pidieron que se intensifiquen los controles de los vehículos de gran porte para evitar el sistemático deterioro de la carretera.

El diputado estuvo en Ibicuy junto a la legisladora Gabriela Lena. Allí mantuvieron una reunión con vecinos organizados de la localidad, con el intendente Gustavo Roldán y también recorrieron el puerto

El legislador se hizo eco “de la angustia y la preocupación que tienen los vecinos de esta localidad porque el Gobierno Provincial ha hecho oídos sordos a un reclamo que ya tiene más de dos años: el deplorable estado que tiene la Ruta Provincial Nº 45”.

“In situ pudimos constatar el impresionante deterioro de dicha ruta, que se encuentra en un estado lamentable, tiene enormes pozos y una banquina visiblemente descuidada”, aseveró.

Tal ruta tiene un “intenso tránsito de camiones de gran porte que trasladan la monumental extracción del recurso mineral de esa zona, concretamente la arena que es utilizada para el proceso de fraking y que significa la entrada y salida diaria de más de 200 camiones que llevan más carga de la habilitada debido a la ausencia de controles, lo que provoca el constante deterioro de la carretera”, sostuvo.

En tal sentido, Benedetti instó al Gobierno provincial a que se haga cargo de la reparación de la ruta y a que instrumente los controles de tránsito correspondiente para evitar el sistemático daño de la calzada.

“Los ibicuynos necesitan que esa ruta esté en condiciones para poder estar conectados con otras ciudades por cuestiones de trabajo, de salud y de abastecimiento”, aseguró el diputado nacional.

Advirtió que entre los vecinos de la ciudad “hay un gran malestar y un enorme hartazgo por las promesas incumplidas de los funcionarios provinciales”.

“Una ciudad de estas características, que pretende desarrollar el tráfico fluvial, necesita una infraestructura acorde”, concluyó.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Gabriel Lena se refirió al fuerte crecimiento de los casos de Covid en los últimos días, y sostuvo que “la respuesta del Gobierno no puede ser recurrir a estrategias que fracasaron, como el encierro, las restricciones a las actividades económicas y productivas y el cierre de las escuelas”. 

“El camino debió haber sido la vacunación de la población, pero el gobierno del presidente Fernández se cerró a la posibilidad de proveerse de vacunas con varios laboratorios y se obstinó en una sola alternativa que es claramente insuficiente”, remarcó la legisladora entrerriana. 

Subrayó luego que en su provincia hay siete localidades con circulación comunitaria sostenida, y otras tantas en situación epidemiológica muy complicada. Y en ese marco, es una de las provincias con menores índices de personas vacunadas. “Las pocas vacunas que llegan son utilizadas de manera ineficaz y miles de adultos mayores, personas en situación de riesgo por enfermedades, trabajadores esenciales siguen sin recibir la vacuna. Pero sí se vacunó a la plana mayor del gobierno provincial y a sus familiares”, indicó, y agregó: “Además que luego de un año de pandemia, el gobierno de Bordet no ha garantizado las condiciones edilicias de las escuelas para que puedan dictar clases de manera segura”.  

Finalmente, Lena expresó: “Es imprescindible, una vez más, insistir con las medidas de cuidado como el uso de barbijo y el distanciamiento social. Pero el Estado debe garantizar una vacunación masiva y rápida para preservar la salud de los entrerrianos”. 

La diputada nacional Gabriela Lena viajó a Formosa, junto a otros legisladores, para tomar contacto directo con los ciudadanos de esa provincia que vienen denunciando “atropellos y violaciones a los derechos humanos” por parte del gobierno de Gildo Insfrán. 

Lena, y la comitiva de diputados de la Unión Cívica Radical, visitaron la capital provincial y la localidad de Clorinda donde se reunieron con vecinos, comerciantes y emprendedores. A pesar de que portaban los resultados negativos de hisopados de Covid, el gobierno de Insfrán intentó impedirles el ingreso y el derecho a circular en el territorio provincial. 

“Lo más preocupante es el apoyo del Gobierno de Alberto Fernández, y del peronismo en general, al gobierno autoritario de Insfrán, porque nos hace pensar que ése es el modelo a seguir que ellos tienen para todo el país. Desde el radicalismo y Juntos por el Cambio no lo vamos a permitir”, enfatizó la diputada entrerriana. 

Los reclamos 

“Lo que los formoseños piden es poder trabajar y que se respeten sus derechos”, manifestó al respecto la diputada nacional, y agregó: “Fue igual que entrar a otro país, como si debiéramos pasar por la oficina de Migraciones. Nos rociaron con desinfectantes y luego nos pidieron un segundo hisopado. Si todas esas limitaciones a la libre circulación la tuvimos nosotros que somos diputados nacionales no cuesta mucho imaginar lo que viven a diario los ciudadanos formoseños”. 

El martes a la noche, luego de ser detenidos en la ruta por varios controles policiales, los legisladores llegaron a Clorinda donde fueron recibidos por una multitud de vecinos. 

“La gente nos recibió al grito de ¡Libertad! ¡Libertad!, con angustia y desesperación por todo lo que están viviendo, pero a la vez nos agradecían por haber ido hasta allá. Nos decían que se sentían acompañados y apoyados”, señaló Lena. Agregó luego que escucharon “dolorosos testimonios de los vecinos de Clorinda que nos contaron sus historias, sus padecimientos y cómo sufren el estar encerrados, por no poder trabajar ya que están en Fase 1, ni ir a ver a sus familiares en otras ciudades o poder llegar a un hospital”, recalcó. Particularmente, Lena recordó el desgarrador testimonio de una madre que perdió a su hijo: “La mamá nos contó que el nene se enfermó y se lo llevaron para hospitalizarlo, pero no le permitieron ir a ella. Se lo devolvieron muerto. Esa es una de las terribles historias que pudimos conocer”. 

Asimismo, subrayó que “existe un clima de mucho miedo y persecución. El gobierno de Gildo Insfrán ejerce un control severo y aplica represalias a quienes expresan descontento o presentan sus quejas. Hoy nos reunimos con comerciantes. Al principio se mostraban temerosos y después pudieron hablar y contarnos de la dramática situación en la que están. Nos decían que cada vez que hablan de sus problemas y presentan sus reclamos inmediatamente les llegan inspecciones de todo tipo y luego vienen las clausuras o las multas”. 

Finalmente, Lena anunció que a su regreso los diputados opositores plantearán todos estos temas en las comisiones pertinentes y se comprometieron “a regresar a Formosa tantas veces como sea necesario, para acompañar a los formoseños y hacer visible los atropellos y el autoritarismo del gobierno de Gildo Insfrán”. 

La diputada nacional Gabriela Lena, junto con los diputados Atilio Benedetti y Jorge Lacoste, presentaron un proyecto de resolución por el cual piden informes sobre el control que realiza la Prefectura Naval Argentina en relación al estado en que se encuentran las lanchas que transportan alumnos de las escuelas de la zona de las islas entrerrianas.  

En el texto, los legisladores entrerrianos preguntan a las autoridades de Prefectura sobre el número de las embarcaciones que están en funcionamiento y en qué estado se encuentran. 

La inquietud surgió tras las denuncias presentadas por concejales del Bloque de Juntos por el Cambio de Villa Paranacito ante el Consejo General de Educación en relación a que alrededor de 100 alumnos de siete escuelas locales no pudieron comenzar las clases debido a que las embarcaciones que deben trasladar a estudiantes y docentes no están en buenas condiciones. 

“El gobierno provincial no aprovechó el año pasado, el tiempo en que no hubo clases, para poner en condiciones las embarcaciones que están afectadas a recorridos escolares. Eso es de crucial importancia para las localidades isleñas ya que por las condiciones geográficas es imprescindible que cuenten con un medio de transporte para llegar a las escuelas”, remarcó al respecto Lena. 

“La necesaria vuelta a la presencialidad en las escuelas debe estar acompañada con las medidas pertinentes, no sólo en lo relativo a los edificios escolares sino también en las condiciones de movilidad de alumnos y docentes. De otra manera el derecho a la educación se vería notablemente vulnerado y se seguirían profundizando las gravosas consecuencias de la pandemia y de las inadecuadas respuestas que han venido ensayando el gobierno nacional y provincial”, finalizó.  

En septiembre del año pasado, la filial de AGMER del Departamento Islas del Ibicuy presentó una nota instando a la Dirección Departamental de Escuelas de Islas del Ibicuy a gestionar el arreglo de la lancha escolar “Sueño Entrerriano”, uno de los vehículos más nuevos de la flota escolar fruto del acuerdo paritario de transporte de 2012. 

La diputada nacional Gabriela Lena (JxC) solicitó que se declare de interés de la Cámara de Diputados de la Nación la Novena Bienal Entrerriana Nacional de Arte Infantil-Juvenil 2020, que se realizará el 17 de abril en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón en la ciudad de Paraná.

Desde el año 2002, el Museo Itinerante de Arte Infantil Juvenil Profesor Mario Gargatagli viene organizando esta bienal dedicada a promover la pintura y las artes plásticas y convoca a los niños, niñas y adolescentes entusiastas que quieran participar en las distintas instancias que la misma ofrece.

En esta 9° Bienal, bajo el lema “Pinto mi barrio”, se propone “que los participantes puedan ahondar en el sentido de pertenencia de su entorno inmediato, los llevará a descubrir edificaciones, personajes, vivencias de lo cotidiano que muchas veces pasan desapercibidas por la rutina”.

“La realización de estos encuentros nacionales promociona el intercambio cultural de la inmensa riqueza de nuestra idiosincrasia e intenta ser un refuerzo a la educación, ya que se concentra la representación de la multiculturalidad de los participantes de la bienal”, remarcó Lena.

La diputada nacional Gabriela Lena (JxC) le pidió a la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, que brinde precisiones sobre la marcha de la campaña de vacunación. Concretamente, la legisladora solicitó saber a cuántos trabajadores de la salud se ha vacunado, cuántas personas de más de 70 años han recibido la vacuna y si se vacunó a personas que no están incluidas en esas dos categorías.

En una nota ingresada al ministerio, Lena señaló: “Según la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, a Entre Ríos han llegado al día de hoy 50.600 dosis de vacunas, con las cuales se ha vacunado a 15.378 personas con la primera dosis y 8.994 con la segunda dosis. Es decir que se ha vacunado a la fecha a 24.372 entrerrianos (menos del 2 %)”.

En la misiva, la legisladora manifestó: “Como diputada nacional por Entre Ríos pido saber:

a) ¿Qué porcentaje de los trabajadores de la salud se ha vacunado?

b) ¿Qué porcentaje de mayores de 70 años residentes en instituciones se ha vacunado?

c) ¿Hubo personas por fuera de esas dos categorías que han recibido la vacuna?

d) ¿Quiénes son? ¿Hay algún registro público de las personas que reciben la vacuna?

e) ¿Cuál es el cronograma de vacunación previsto a futuro?”.

Finalmente, la diputada radical expresó: “Es fundamental que la administración de las escasas vacunas que lleguen a la provincia se haga con la mayor transparencia. Teniendo en cuenta las serias irregularidades que se dieron a nivel nacional con el escándalo del vacunatorio vip, donde recibieron la vacuna los amigos y familiares del poder, reclamamos que la información sobre la forma en que se desarrolla la campaña de vacunación en nuestra provincia esté disponible para todos los entrerrianos”.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la situación en la que se encuentra el hospital modular exclusivo para la atención primaria y de emergencias a turistas con síntomas de Covid-19, construido en la ciudad de Colón, ya que aseveró que “aún no está terminado a pesar de que fue inaugurado por el presidente (Alberto) Fernández”.

La entrerriana pidió precisiones “sobre la fecha cierta en que se instalará el mobiliario y equipamiento médico necesario para funcionar; qué organismo nacional y/o provincial se hará cargo del pago de salarios y honorarios del personal médico, de enfermería, maestranza, administrativos, que trabajarán en el mismo; y la fecha cierta en que comenzaría a funcionar dicho centro modular”.

“Días atrás, el presidente Alberto Fernández mediante una videoconferencia dejó inaugurados cinco centros modulares sanitarios, que se encuentran ubicados en distintas ciudades turísticas del país, tales como Mar del Plata, San Bernardo y Villa Gesell en la provincia de Buenos Aires, Colón en Entre Ríos, y Mina Clavero en Córdoba. Lo extraño de esto es que, al menos el hospital que se inauguró en Colón no está terminado aún, ni siquiera cuenta con suministro eléctrico. Tampoco cuenta con el equipamiento necesario para funcionar y nada se sabe sobre quién deberá cubrir el pago de los salarios del personal sanitario y demás costos de funcionamiento”, denunció la legisladora de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, la diputada radical, oriunda de Chajarí, remarcó que “el hecho de inaugurar obras o servicios que no están de ninguna manera listos para funcionar es nada más y nada menos que una burla hacia los ciudadanos, y está claro que situaciones como la descripta anteriormente solo contribuyen a generar mayor desconfianza aún sobre quienes tienen la responsabilidad de gobernar”.

La diputada nacional Gabriela Lena (JxC) presentó un proyecto de resolución por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional la agilización de los trámites de paso de frontera entre las ciudades de Concordia (Argentina) y de Salto (ROU) a través del paso fronterizo del puente de Salto Grande. “Las demoras en el cruce provocada por una excesiva burocracia atenta contra la normal circulación en una región altamente integrada comercial, productiva y socialmente”, señala la legisladora en el texto de la iniciativa.

Lena subrayó que “se ha observado en el último tiempo por motivos del Covid-19 una nueva ralentización de procedimiento de declaración e identificación que permite circular normalmente para quienes son vecinos de la zona” que tiene “una alta densidad de integración y de actividad que involucra no sólo al intercambio entre las dos ciudades sino también a todas las regiones productivas”.

Según informó el titular del Centro de Fronteras de la Mesopotamia Sur, Diego Labeque Drewans, “solamente pueden cruzar los uruguayos o residentes en Uruguay que han realizado los trámites en Migraciones de Uruguay, a través del Consulado en Concordia y han obtenido la autorización correspondiente. De ese modo pueden salir de Argentina sin problema, pero para volver no estarán autorizados a retornar, porque nuestro país niega el paso de las personas así sea argentino o uruguayo por este paso”.

Asimismo, aclaró que “un argentino puede solicitar en Uruguay para retornar vía terrestre a su país y si obtiene la autorización lo puede hacer por el puente internacional que une Fray Bentos y Gualeguaychú, no por Salto Concordia”. El coordinador subrayó que “para ingresar a Uruguay, se tiene que tener el hisopado negativo con menos de 72 horas o se lo pueden hacer en el ingreso, lo cual tiene un costo aproximado de 100 dólares y para transportistas de 50 dólares”.

Finalmente, la diputada Lena expresó: “Es por esto señor Presidente, que solicitamos se arbitren las medidas para garantizar nuevamente la apertura del paso fronterizo de la Represa de  Salto Grande y la implementación de mecanismos de agilización de los trámites de migraciones, aduanas y fitosanitarios”.

La diputada nacional Gabriela Lena (JxC) indicó en relación a la aprobación del proyecto de ley destinado a promover la construcción de viviendas por parte de la Cámara baja que esa iniciativa “contempla algunas medidas que resultan coyunturales y que son insuficientes”.

La legisladora aclaró que su bloque apoyó en general el proyecto y destacó algunas propuestas que se hicieron para mejorar la norma pero que no fueron incorporadas por la mayoría oficialista.

“Celebramos que el problema del déficit habitacional ocupe la atención del debate parlamentario, pero para que las medidas que se apliquen en ese sentido sean efectivas deberían articularse con otras políticas nacionales”, advirtió Lena.

Así, la diputada entrerriana resaltó la necesidad de que se profundice en una reforma tributaria que contemple la introducción de un impuesto a la tierra libre de mejoras que tendría efectos expansivos sobre la actividad agropecuaria y la construcción, como ha sucedido en otros países. A la par, entendió necesaria la eliminación de otros tributos regresivos como los provinciales de Ingresos Brutos o el Impuesto Inmobiliario.

También, Lena subrayó la necesidad de promover una reactivación del crédito hipotecario que promueva la construcción y las inversiones con políticas económicas que favorezcan el ahorro,

Finalmente, la diputada Lena afirmó: “Apoyamos en términos generales la aprobación de esta ley porque la consideramos necesaria, aunque insuficiente ya que faltan medidas complementarias que ayuden al logro de los objetivos que se persiguen. Igualmente, instamos a seguir elaborando acuerdos en relación a estrategias para afrontar esta problemática con seriedad y realismo”.    

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.  

En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.

Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.

Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.

Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.

“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.

Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.

Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.

Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.

César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.

Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.

El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.

Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.

Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.

“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.

Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.

Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.

Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.

Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.

“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.

Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.

A horas de un nuevo anuncio sobre la continuidad de la cuarentena -más estricta en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires-, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío advirtió que la vuelta a la fase 1 en el AMBA significaría una pérdida de “548.500 milones de pesos” para los comercios.

Ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Lena, el dirigente de la organización detalló que “en este momento tenemos a nivel nacional entre un 13% y 14% de comercios cerrados definitivamente. Muchos de ellos son con mucha historia y muchas familias detrás”.

El vicepresidente del Sector Comercial de CAME aseguró que la extensión del aislamiento obligatorio provocará “una caída del 30,1% de toda la venta de un mes” y subrayó que, a pesar de haber sorteado otras crisis en el pasado, “el ingrediente que no teníamos era el miedo, que ahora no solo está presente en nosotros, está en la gente”.

“Necesitamos el acompañamiento”, enfatizó Tarrío, quien agregó que “el panorama es malo para las PyMEs, pero vayamos de la mano. No hay mejor lugar para expresar nuestra preocupación que este ámbito”. “Cuando no hay nada de trabajo, una pequeña PyME puede aguantar un mes, dos meses, pero ya en tres meses se pone muy difícil”, indicó.

También dijo que “los negocios que abren están vendiendo muy por debajo del margen en tiempos normales. Es verdad que casi el 80% del país está trabajando, pero no vendiendo o produciendo tanto más”. Asimismo, remarcó que “el AMBA produce el 40% casi de la economía”.

“No estamos criticando las medidas que se puedan tomar para proteger la salud”, aclaró, pero sostuvo que todo este contexto “es un problema serio” para “la supervivencia de un sector que da una cantidad muy importante de mano de obra”.

Por su parte, Arturo Stabile, presidente de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Lugano y Riachuelo, expresó que “el comercio venía de dos años de caída en las ventas, según el rubro, entre un 5% y 10%. De esta forma entramos en el 2020: con los comercios endeudados, baja de ventas y pérdida de rentabilidad”.

Además, apuntó que de la totalidad de los comercios, solo un “30% se dedican a actividades esenciales” y manifestó su “preocupación” porque “muchas de las ventas que no hacemos nosotros se hacen en los supermercados”.

“Vemos que hay un desinterés del sistema financiero por abordar esta necesidad que tenemos”, continuó y habló de la preocupación por el “enorme endeudamiento fiscal que estamos acumulando”. Por eso, Stabile afirmó que quisieran “tener la certeza de que va a haber una moratoria amplia” con un “largo período de gracia” y “una tasa muy baja”.

Pedido de informes rechazado

Tras la exposición de los invitados, el Frente de Todos y el diputado Alejandro Rodríguez (Consenso Federal) rechazaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo impulsado por Juntos por el Cambio. La legisladora Liliana Schwindt recordó que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, asistió a la comisión y “respondió muchísimas preguntas”.

La oficialista consideró que “más de la mitad de las preguntas no corresponden a Comercio Interior” sino “a otras áreas”, y se comprometió a trasladar algunas de ellas a la Comisión de Defensa del Consumidor -de la cual es vicepresidenta-, cuando Español se presente en ese ámbito.

Por otra parte, los diputados acordaron que se continúen analizando en asesores un proyecto de ley sobre régimen de monitoreo y control online de operaciones comerciales minoristas, y otro sobre modificación a la Ley de Abastecimiento, en referencia a las sanciones en contexto de pandemia.

A través de un proyecto, los diputados nacionales radicales Gabriela Lena y Atilio Benedetti  solicitaron que el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Entre Ríos instrumenten un plan de testeo de protección y vigilancia epidemiológica para determinar casos positivos de Covid 19. El objetivo es saber si existe circulación local del virus y detectar casos asintomáticos. Se iría a detectar a los domicilios.

Los legisladores entrerrianos presentaron un proyecto de declaración en el que solicitan que el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el de la provincia y con la colaboración de universidades nacionales, instrumente “un plan de testeo de protección y vigilancia epidemiológica orientado a determinar y diagnosticar casos positivos de Covid 19”.

El objetivo es que, mediante testeos serológicos, se pueda determinar “si existe circulación local de la enfermedad en distintas regiones de la provincia e identificar casos asintomáticos”.

La meta además “es recabar información sanitaria para orientar acciones de salud, permitiendo de esa manera aislar y atender a los casos positivos y rastrear sus contactos estrechos para proceder a identificarlos y determinar el potencial contagio del virus”.

La iniciativa establece que se valide “el método de testeo rápido usando la técnica de qRT-PCR para los casos positivos y la técnica de ELISA para los casos negativos a un total del 10% de la muestra”, y que se analice “la seroprevalencia poblacional para establecer un amplio mapeo epidemiológico”.

En relación a las características del testeo, se dispone que -en base a criterios epidemiológicos y demográficos- se cubrirá toda la provincia. Se instrumentarán “tests rápidos serológicos en los domicilios de las personas seleccionadas” y, en caso de resultar positivo, se deberían realizar tests de qRT-PCR de confirmación”. Una vez confirmado el caso, “se activarían los protocolos correspondientes de atención del paciente y de rastreo de contactos estrechos”.

“En los casos de diagnóstico positivo en el test rápido serológico y diagnóstico negativo en el test qRT-PCR se debería evaluar la participación voluntaria de dichas personas para integrar un banco de plasma inmune para tratamiento de la enfermedad”, se añade en el proyecto impulsado por Lena y Benedetti.

El proyecto apunta a que Entre Ríos pueda contar “con un panorama más preciso y confiable acerca de la verdadera situación epidemiológica”, lo que permitiría en consecuencia adoptar decisiones más eficaces y con menores efectos no deseados.

Por último, aclararon que la iniciativa “es complementaria y no sustitutiva de los demás testeos qRT-PCR que se vienen realizando según los protocolos correspondientes y de otras medidas adoptadas en el marco de la emergencia”.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR) señaló que “la situación institucional es delicada, gravísima e incomprensible”, al referirse al Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020 que modifica el Presupuesto Nacional.

“La emergencia da responsabilidades pero no da derecho a hacer lo que uno quiere. Es intolerante que a casi dos meses de iniciada esta situación el Congreso no funcione y que, como si esto fuera poco, el Poder Ejecutivo Nacional pretenda quitar por Decreto de Necesidad y Urgencia lo que es competencia de los legisladores”, cuestionó la legisladora.

Además, la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara baja sostuvo que “ninguna de las decisiones que se toman son inocentes” y opinó que hay “un plan estratégico para anular el Congreso y silenciar, de esta manera, las expresiones críticas de la oposición”.

“Los argentinos nos eligieron a los legisladores para defender sus derechos en el Congreso, pero con el Congreso clausurado y las decisiones concentradas en el Ejecutivo Nacional se están cometiendo arbitrariedades y nos impiden ejercer la representación para la que fuimos electos. Hoy, más del 50% de los argentinos que eligieron alternativas políticas no oficialistas, no tienen una voz que los defienda de los atropellos que se están cometiendo”, expresó la entrerriana.

Además, la diputada alertó que “no se puede modificar el Presupuesto Nacional 2020, por la simple razón que el presupuesto nunca fue presentado ni aprobado. Lo que aún está vigente es el Presupuesto 2019, aprobado por el Gobierno anterior”.

“Hoy, la administración de (Alberto) Fernández, a cinco meses de haber asumido, no posee un proyecto de presupuesto propio que haya sido aprobado y esto es gravísimo, porque no sabemos cuáles son las prioridades en materia de gastos, inversiones y orientación de las políticas públicas que busca llevar adelante el Ejecutivo Nacional”, explicó.

Y continuó diciendo que “la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional -N°24.156- estipula en su artículo 37 que corresponden al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

“Sin embargo, estas facultades, propias de la función legislativa, ahora pretenden ser cercenadas por un DNU que en su artículo 4 suspende durante el ejercicio 2020 la aplicación de los límites a las reestructuraciones presupuestarias que puede disponer el jefe de Gabinete de Ministros. Para que se entienda claramente, el artículo 4 autoriza al jefe de Gabinete a realizar reestructuraciones presupuestarias dentro del monto total aprobado y estas reestructuraciones no podrán superar un límite fijado por la ley. Eso es lo que ahora, justamente, se pretende suprimir y por lo tanto se pretende actuar sin control parlamentario, lo que deja abierta la posibilidad para la comisión de ilícitos, irregularidades y arbitrariedades”, concluyó Lena.

La Secretaría de Comercio Interior recibió “más de 2.500 reclamos” por subas de precios durante la pandemia del Covid-19 a través del portal del programa de Precios Máximos, a las que se suman las denuncias realizadas por redes sociales y aquellas que reciben las provincias.

Así lo informó la responsable del área, Paula Español, durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que fue conducida por Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos).

La secretaria de Comercio explicó que “la lógica fundamental es evitar comportamientos especulativos” y “detener el incremento de precios” de manera injustificada.

Español defendió la resolución que creó un listado de Precios Máximos para retrotraer los valores de los productos al 6 de marzo último, y reveló que la Secretaría recibió “más de 2.500 reclamos” en ese sentido.

Sobre las sanciones, mencionó que las clausuras temporarias apuntan a que “no se vendan productos hasta tanto no se hayan hecho las rectificaciones necesarias”, es decir “hasta que los comerciantes no cambien los precios”.

Recordó que el primer caso de abuso comercial en el que la Secretaría de Comercio debió intervenir fue por sobreprecios en alcohol en gel.

En respuesta a una consulta del diputado santafesino José Núñez (Pro), la funcionaria aclaró que las fiscalizaciones comprenden “toda la cadena de valor”, que incluye no sólo los comercios, sino también distribuidores, proveedores y productores.

Asimismo, Español destacó la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo de extender el Programa Ahora 12 por tres meses e incorporar nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, que podrán adquirirse en tres y seis cuotas sin interés.

La diputada nacional radical Gabriela Lena presentó un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que implemente un plan de regularización de deudas sin intereses para el cumplimiento de las cargas sociales y contribuciones de empresas inscriptos en el Registro MiPyME.

“El plan es para empresas que mantengan a trabajadores en relación de dependencia, y contempla la exención del pago de cargas sociales y contribuciones de la seguridad social y la ampliación de las empresas beneficiarias del Programa de Recuperación Productiva (REPRO)”, explicó la legisladora entrerriana.

Además, permitiría participar a empresas inscriptas en el Registro MiPyME y que acrediten tener más de un 20% de su planta de personal alcanzado por el aislamiento del decreto Emergencia Sanitaria.

Lena remarcó que “con este proyecto proponemos atender a un sector que consideramos especialmente afectado, el de las Micros, pequeñas y medianas empresas que realizan sus actividades en el país”.