En el comienzo de la sesión, el radical Martín Lousteau impulsó un proyecto que fue incorporado sobre tablas con más de dos tercios de los votos, y se aprobó sobre el final de la sesión ordinaria con 54 votos a favor y 6 en contra.
Después de aplazar el tratamiento de los convenios internacionales con Francia y Austria para otra sesión, el Senado aprobó con 54 votos afirmativos y 6 negativos el proyecto de declaración contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de haberla promulgado pero con su implementación en "suspenso" hasta tanto el Congreso determine fuente de financiamiento.
La iniciativa fue presentada por el radical Martín Lousteau, con el acompañamiento de otros senadores de distintos bloques.
Al presentarlo en el recinto, el porteño recordó que tras el veto a la norma, "tanto en Diputados como en Senadores se insistió con más de dos tercios dejando firme esa ley". Y criticó que Francos diga que "no la va a aplicar, a pesar de lo que le han dicho de manera reiterada ambas cámaras del Congreso".
"Esto es inédito, nunca pasó algo así", enfatizó y destacó que la ley no solo tuvo un "enorme consenso político y parlamentario", sino de toda la sociedad. En este sentido, "es un atropello muy grande al sistema republicano que se diga que no se va a aplicar una ley sancionada", insistió Lousteau.
El radical afirmó que "lo más grave de esa lesión institucional es la lesión que se le hace a la sociedad". En tanto, sobre Francos y los considerandos del decreto 681/25, cuestionó que "solo provee excusas" y "parece que ignora su rol". "No puede elegir cuáles leyes ejecuta y cuáles no", apuntó y señaló que "como no tenemos presupuesto hace dos años, todo lo que el jefe de Gabinete está haciendo es reasignar partidas".
Al comparar esta situación con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre Régimen Penal Juvenil, el legislador indicó que en el artículo 51 de ese texto se prevé que "el jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes".
En el cierre, Lousteau sostuvo que "es importante que el jefe de Gabinete aplique rápido la ley porque la gente con discapacidad está desesperada. En el presupuesto se volverá a discutir todo, pero lo que tiene que hacer es aplicarla".
Al avalar el proyecto, el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, expresó: "Acá tenemos un problema en la falta de interpretación por parte del presidente de lo que es el Estado de Derecho. Cuando el presidente hace esto genera una gran inseguridad jurídica. Las democracias se fortalecen con el cumplimiento de la Constitución y las leyes".
"¿Quién va a venir a invertir en Argentina si el presidente se levanta mal un día, o la hermana, y te cambian las reglas de juego por decreto? Inclusive, anulan leyes y contradicen la Constitución. Entonces, esto no es un Estado de Derecho, esto es lo más parecido a una dictadura. Prácticamente anula el Parlamento y esto es lo que se conoce como un que golpe de Estado", lanzó.
El formoseño confirmó el acompañamiento a la declaración "que es atenuada, porque en realidad lo que correspondería es una moción de censura al jefe de Gabinete o una remoción a su cargo, por incumplimiento de la Constitución e incumplimiento a los deberes de funcionario público. Esta es una advertencia que hacemos".
A continuación, se pasó a votar la habilitación del tema y resultó con 58 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.
El texto de la declaración
El Senado de la Nación declara su rechazo al Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo de la Nación, publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de septiembre de 2025, el cual, amparándose en una pretensa imposibilidad legal de reasignar las partidas presupuestarias del ya dos veces prorrogado Presupuesto Nacional, decide atribuirse competencias legislativas y suspender la ejecución de la insistida Ley N° 27.793.
En primer lugar, cabe destacar que la propia Ley facultó expresamente en su Artículo 19 al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas adoptadas y, asimismo, especificó que tales reestructuraciones no podían realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad "Servicios Sociales".
Esta disposición dista de ser inusual. Sin ir más lejos, el año pasado el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil (Exp. P.E. 64/24) -firmado por el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, la Ministra Patricia Bullrich y por el Ministro Cúneo Libarona- que en su Artículo 51 establece que "...al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones".
Asimismo, cabe destacar que hace dos años no se aprueba un presupuesto nacional por decisión del propio gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente. El propio Jefe de Gabinete, en la reconducción del presupuesto anterior, subestimó los recursos que recibiría el Ejecutivo durante el 2025, lo que le dejó un margen de discrecionalidad aún mayor.
Por tanto, este Senado reclama que el Jefe de Gabinete dé cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 27.793 y reasigne las partidas presupuestarias que sean necesarias para cumplir con ella, del mismo modo en que preveía hacerlo con la Ley de Régimen Penal Juvenil. Incumplir la ley sancionada e insistida por este Honorable Congreso implica un incumplimiento de sus funciones constitucionales y la privación de los derechos de uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad argentina, al que la Constitución Nacional nos ordena específicamente proteger.
NOTICIA EN DESARROLLO
El diputado libertario aseguró que "el único lugar donde pretendemos discutir gasto público es el presupuesto, en ningún otro lugar".
El diputado nacional José Luis Espert (LLA) consideró que la Ley de Emergencia en Discapacidad "es impagable, demagoga y destituyente", al defender la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, pero suspendida en su ejecución hasta que el Congreso defina su fuente de financiamiento.
"No hay manera de financiarla, hay muy poca plata en la reasignación de partidas. El único lugar donde pretendemos discutir gasto público es el presupuesto, en ningún otro lugar", aseveró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la antesala del debate de la ley de leyes que se iniciará este miércoles, tras dos años con presupuesto reconducido.
El oficialista enfatizó que el Gobierno busca "terminar con la corrupción del kirchnerismo en las pensiones" por discapacidad, mientras que sobre el caso de los audios de Diego Spagnuolo y el presunto cobro de coimas en esta gestión, se limitó a decir: "Eso está en justicia".
Al asegurar que en el Gobierno hicieron "autocrítica" tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Espert opinó que respecto a la inestabilidad económico que empezó días atrás "también hay responsabilidad de la oposición; no podes sancionar leyes que son casi destituyentes".
"Si el programa económico del Gobierno hace de su nave insignia el déficit cero, no podes pasarte sancionando leyes que dinamitan el déficit cero. Muchachos del Congreso: el lugar donde se discuten los gastos es en el presupuesto, discutamos ahí. ¿Qué es esto de que por cada gasto hay una ley?", lanzó.
Para el candidato a diputado por LLA en PBA, "la diferencia del gobierno de (Javier) Milei respecto de cualquier otro gobierno es que en un momento de tensión, en un momento crítico, este Gobierno baja impuestos en vez de subirlos", en referencia a la medida de retenciones cero hasta después de las elecciones.
"Me parece un hito que el mercado lo ha leído muy bien, junto al gran anuncio del gobierno norteamericano del apoyo que le va a dar al programa argentino", agregó en diálogo con radio La Red.
El oficialista reveló: "Nosotros hemos hecho autocrítica en lo que tiene que ver con responsabilidades nuestras, como por ejemplo haber sido soberbios en pensar que solo sacando al país de la hiperinflación, de un default de la deuda, de un default de los depósitos, como íbamos a fines de 2023, era suficiente. Claramente lo que ha pasado con las derrotas electorales que hemos tenido, particularmente en la provincia de Buenos Aires, el mensaje fue: 'señores, el pueblo no la está pasando bien, requerimos que nos apoyen'".
"Nosotros les decimos que no vivimos en Narnia, nos duele que no lleguen a fin de mes, pero este esfuerzo tiene sentido. La autocrítica es no haber estado cerca de la gente, no haber empatizado más", sumó.
El jefe de Gabinete defendió la postura del Gobierno respecto de la promulgación, pero no ejecución, de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes a las críticas de la oposición por la decisión del Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero mantener en suspenso su ejecución, al pedirle al Congreso que determine la fuente de financiamiento.
Luego que un grupo de diputados presentaran un proyecto de moción de censura, el ministro coordinador afirmó: "Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré".
Igualmente aclaró que "todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la cámara y tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”.
“No sé si alguno fue censurado. Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos”, agregó respecto de sus antecesores y el mecanismo previsto en la Constitución Nacional.
En declaraciones a radio Mitre, Francos observó que "esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley".
"Tenemos absolutamente en claro que hemos cumplido la ley como manda, aunque no estamos de acuerdo con la ley", dijo sobre la promulgación que efectuó el Poder Ejecutivo.
Respecto de una denuncia de los legisladores socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein -que este lunes fue ampliada-, el jefe de Gabinete expresó: "Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo creo que por error, porque entendieron que no estábamos promulgando la Ley de Discapacidad, que efectivamente sí la promulgamos".
"Promulgamos la ley en su artículo primero y en el artículo segundo decimos, 'se la devolvemos al Congreso para que nos indiquen de dónde salen los fondos'", insistió y se defendió: "El jefe de Gabinete no puede generar recursos que no están en el presupuesto, puede reasignar partidas a lo sumo".
En ese sentido, Francos añadió que "no basta con que digan que reasigne partidas, tienen que decir cuál es la fuente para financiarla. Eso fue lo que no hizo el Congreso, por eso esto es una cuestión de interpretación. No se me pueden adjudicar responsabilidades que no tengo".
Fue a través de un proyecto de resolución encabezado por Oscar Agost Carreño y avalado por Encuentro Federal. Los causales mencionados en la iniciativa. La moción de censura tiene como efecto inmediato, en caso de avanzar, la remoción del jefe de Gabinete.
Un grupo de diputados nacionales de Encuentro Federal presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los efectos de iniciar una moción de censura por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad publicada en el Decreto 685/2025.
El texto fue encabezado por Oscar Agost Carreño y avalado con las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se espera que otros bloques de la oposición también presenten en mesa de entradas de la Cámara baja iniciativas con el mismo espíritu.
Así las cosas, los integrantes de la banda multisectorial mencionaron como causales de la moción de censura al incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes del Estado, el incumplimiento en la asignación de partidas, el incumplimiento de la Ley 24.156 y otras cuestiones que surjan hasta el momento de la comparecencia.
En el sistema constitucional argentino, la moción de censura, incorporada en la reforma de 1994, consiste en dos etapas: la iniciativa y la de ejecución. Respecto a la primera parte, se trata de la aprobación de la interpelación; y la segunda parte establece que tras la aprobación de ese proyecto -requiere mayoría absoluta en el recinto- de resolución el efecto inmediato es la remoción del funcionario.
Así las cosas, la moción de censura es el procedimiento por el que el Poder Legislativo le exige responsabilidad política al Ejecutivo de la Nación. En el caso del sistema argentino, la moción de censura no implica responsabilidad política, sino solo sustitución.
EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO
Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.
👉🏼 Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
👉🏼 Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
👉🏼 Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025
"La Promulgación de la ley aludida, pero sin cumplir, sienta un peligroso antecedente puesto que mediante una interpretación ilegal e inconstitucional, condiciona a un poder del Estado en su labor, a una tarea que compete al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, gobierna sin presupuesto hace dos años", señaló el diputado cordobés en los fundamentos de la iniciativa.
Sobre la situación económica y la falta de partidas presupuestarias en el área de Discapacidad, Agost Carreño enfatizó: "La pregunta madura por sí sola, ante un contexto de emisión cero, equilibrio e incluso superávit fiscal, ¿Por qué está tan urgido de divisas?".
Luego, deslizó: "No corresponde hacer dicho análisis aquí puesto que excede el objeto de los presentes fundamentos, pero es una clara muestra que algunas cuestiones, en el plan económico, no están funcionando".
Temprano, Esteban Paulón, cofirmante de la iniciativa, se había hecho presente en Comodoro Py para ampliar su denuncia contra Javier Milei por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “El decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. Esto es inédito. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente", acusó el santafesino.
Luego, agregó que "el presidente tiene todas las herramientas para implementar la Emergencia porque se ha estipulado una ampliación y reasignación de partidas presupuestarias", y le contestó al Poder Ejecutivo que “esta maniobra siniestra contra los más vulnerables es un modus operandi del Gobierno nacional".
Mocion censura corregido
El diputado de la CC Maximiliano Ferraro reclamó al Gobierno que deje las "excusas" y las "maniobras inconstitucionales". Advertencia de Paulón a Francos.
La oposición cuestionó al Gobierno nacional por promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero con el aviso de que estará suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso defina la fuente de financiamiento.
"Con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta. Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso", señaló el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.
En este sentido, el porteño recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) "es clara, el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad".
"Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley", reclamó Ferraro, a través de un posteo en su cuenta de la red social X.
Por su parte, el socialista Esteban Paulón habló de "constitucionalismo creativo". "¿Es el Decreto 681/25 nulo de nulidad absoluta? La respuesta no les sorprenderá. La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como 'devolver al Congreso'", remarcó.
El diputado, que ya presentó una denuncia penal al respecto, advirtió que "la 'creatividad' de @JMilei y @GAFrancosOk es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político. Corta".
"Hoy por el Boletín Oficial (decreto 681) no enteramos que Milei se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el Congreso porque dice que no tiene fondos. Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso", aclaró la diputada de Unión por la Patria Julia Strada.
En ese sentido, apuntó que "su facultad prevista en la Constitución es el veto: lo hizo y se lo dimos vuelta. Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votarlo".
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que el decreto "es nulo de nulidad absoluta e insanable al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad".
"¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681/2025? Las personas afectadas promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo", expresó.
A su vez, la diputada nacional de UP Victoria Tolosa Paz se preguntó: “¿No hay plata para la Emergencia en Discapacidad, pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU. y endeudar generaciones enteras? La prioridad del Fobierno es clara: hipotecar la soberanía económica para llegar a octubre, aunque eso signifique dejar atrás a millones de argentinos y argentinas. No estamos en contra del campo, al contrario. El país necesita un camino claro para este sector, no un manotazo de ahogado para llegar a una elección. Nuestro proyecto de Desarrollo Nacional lo considera uno de los motores del crecimiento. Sin Ley de Presupuesto, exigir al Congreso que explique cómo financiar lo que ellos mismos recortan es una burla. La verdad es que gobiernan para salvarse ellos, aunque cueste la Patria”.
La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Sin embargo, el PEN le pidió a Congreso que determine su fuente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego que el Congreso insistiera con la norma por el voto de los dos tercios de ambas cámaras, al rechazar el veto de Javier Milei. Sin embargo, el PEN le pidió al Poder Legislativo que establezca su fuente de financiamiento y que, hasta tanto, estará suspendida su ejecución.
A través del decreto 681/25, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, el Gobierno insistió con que el Congreso sea el que determine de dónde saldrán los recursos para su implementación.
"Comuníquese al H. Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga", establece el artículo 2 de la medida publicada en el Boletín Oficial.
En los considerandos, el PEN estimó "la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000, equivalente a 0,35 % del PBI".
Además, señaló que "la norma modifica el universo de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad, el cual podría incrementarse considerablemente, aumentando el gasto derivado de la ejecución de la medida".
El Gobierno cuestionó que el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional".
"Si bien mediante el artículo 19 de la ley se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas que se proyectan, la manda genérica a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente conforme se exige por el precitado artículo 38 de la Ley N° 24.156", agregó.
En los argumentos, el PEN afirmó que "el presupuesto actual de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación" y "corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados" durante el debate del Presupuesto 2026.
"Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé", reza el decreto.
La postura del Gobierno respecto a la implementación de la ley ya había sido anticipada por el jefe de Gabinete, al que la oposición ya advirtió en denunciar penalmente o impulsar una acción en su contra desde el Parlamento por no acatar lo dispuesto, sea mediante moción de censura o hasta juicio político.
Reclamaron al jefe de Gabinete la inmediata puesta en vigencia de la norma sancionada por el Congreso y rechazada por el Ejecutivo. “Este Gobierno no escucha ni al pueblo ni a la Constitución”, denunció la senadora López.
La senadora nacional riojana Florencia López presentó este jueves una cuestión de privilegio contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reclamándole a él y a su gobierno la puesta en vigencia total de la Ley de Emergencia en Discapacidad, o de lo contrario anticipó que avanzarán con una moción de censura contra él.
La legisladora de Unión por la Patria recordó el rechazo al veto presidencial a esa ley y precisó que Francos dijo públicamente hace pocos días que esta administración iba a promulgarla, “pero que la ejecución de la ley iba a quedar suspendida hasta tanto se resuelva de dónde iba a surgir el financiamiento, lo que quiere decir que directamente dijo que el Gobierno no va a cumplir con una ley sancionada en este recinto”.
“Esta actitud demuestra que este es un Gobierno que directamente no escucha. Porque tampoco escuchó al Congreso cuando sancionó una ley en Diputados, después la ratificó el Senado y este Senado con una mayoría abrumadora rechazó el veto”, enfatizó.
Florencia López sostuvo que “este jefe de Gabinete y este Gobierno se creen que están por encima de la Constitución, por encima de la ley. No escuchó a los cientos de miles de personas que marcharon por la Argentina; no las escuchó, tampoco cuando se desplomó su imagen en las encuestas por el incumplimiento de la ley. Tampoco escuchó con la tremenda paliza que le dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre”. Ante ello, se preguntó a quién escucha este Gobierno. “Dicen que a las Fuerzas del Cielo…. Imagino que a las fuerzas de Dios. ¿Pero qué Dios sería capaz de ignorar a las personas con discapacidad, que están desvalidas? Que reclaman lo mínimo indispensable para subsistir… ¿Qué Dios sería capaz de avalar que no se actualice el nomenclador?, se preguntó.
Concluyó hablando de “un gobierno totalmente cruel”, por eso anticipó que “nosotros desde este Senado queremos exigirle que sin pérdida de tiempo el jefe de Gabinete, el Gobierno, procedan de forma inmediata a reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad. No es amenaza, es advertencia”.
De lo contrario, concluyó, “no va a quedar otra y al pueblo se le está acabando la paciencia. Y como decía el general Perón, cuando al pueblo se le agota la paciencia, va a tronar el escarmiento”.
Fue a través de distintos proyectos de resolución y declaración dictaminados en la Comisión de Discapacidad, donde además le enviaron una respuesta a Guillermo Francos sobre la aplicación de la ley de emergencia.
Foto: HCDN
Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), la oposición pasó a la firma el dictamen de distintos proyectos de resolución y declaración por los cuales se reclama al Poder Ejecutivo que frene la baja de pensiones por invalidez y restituya aquellas que habían sido suspendidas.
Sobre esto, Victoria Tolosa Paz (UP) se preguntó: "¿Qué certeza tenemos hoy con la intervención de la ANDIS y la actuación del nuevo director de que realmente han suspendido el método que habían creado legalmente para dar de baja las pensiones?".
Por eso, consideró "urgente" pedir información sobre "cuáles fueron las bajas reales, con nombre y apellido y cuáles fueron los motivos de la baja". "En la provincia de Buenos Aires es alarmante la cantidad de bajas que se han dado", dijo.
A su turno, Eduardo Valdés (UP) reclamó: "Necesitamos saber quiénes son los empleados de la ANDIS que cobraron horas extras por dar bajas, que luego recibían premios por eso".
"Esto va a quedar en la historia como ejemplo de maltrato y humillación de parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Un Estado que decidió avasallar al sector más vulnerable de la sociedad", enfatizó.
Por su parte, Blanca Osuna (UP) señaló que "las provincias fueron expresándose con reclamos de distintos formatos y con respuestas positivas, como el caso de Catamarca con una medida judicial con orden de restitución" de pensiones.
También mencionó a La Rioja y Misiones con acciones por parte de los gobernadores, y Buenos Aires y Formosa con presentaciones por parte de los defensores del Pueblo.
Durante la reunión, Alejandro Vilca (FIT) denunció una "intencionalidad deliberada del Gobierno de dar de baja las pensiones". Sobre el pedido de informes solicitado, indicó que buscan conocer "cómo se realizaron técnicamente las auditorías, desde las notificaciones, qué exámenes médicos se exigen y los criterios". Ante las "irregularidades", exigió que "se restituyan las pensiones".
Aunque el proyecto no estaba en el temario, Roxana Monzón (UP) reveló que presentó un pedido de informes que "pone el foco en una empresa que hasta ahora no tuvo trascendencia" y que fue la encargada de "la logística y la distribución de las cartas documento, de los telegramas y de las notificaciones". "Estamos en presencia de un plan macabro llevado a cabo por una gran empresa de logística", lanzó.
Ley de Emergencia en Discapacidad: respuesta a Guillermo Francos
En el arranque de la reunión, Arroyo subrayó que "la Ley de Emergencia en Discapacidad ya es ley y el Gobierno tiene que promulgarla, y tiene que ponerla en marcha. Es una ley que es obligatoria, no es un consejo, no es una propuesta. Hay que compensar las partidas presupuestarias y esa es la tarea del jefe de Gabinete".
"La ANDIS tiene que actualizar el nomenclador como primer mecanismo", apuntó y sostuvo que " esta ley no tiene impacto presupuestario, sino lo que hace es compensar la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y sus familias".
En ese sentido, el legislador recordó que el nomenclador tuvo un 0.05% de aumento en todo este año. "La masa de recursos que no se aplicó a discapacidad sería interesante saber a dónde va. ¿Dónde aplicaron los recursos que les correspondían? Porque no se actualizó el nomenclador", agregó.
En referencia al discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional, Juan Marino (UP) aseguró que para las personas con discapacidad y sus familias "no solo lo peor no pasó, lo peor recién está arrancando". "Esta mentira de que ahora la prioridad sería Capital Humano con salud, educación, jubilados y discapacidad... Mentira, un mentiroso. Esos aumentos que anunció para 2026 son sobre la base de una inflación trucha del 10% proyectada en el Presupuesto y un dólar que cerraría este año en $1.325, cuando ya rompió ayer el techo de la banda", remarcó.
Respecto a lo dicho por Guillermo Francos sobre que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, pero no la reglamentarán porque "no están establecidos de dónde salen los recursos", Marino le recordó al funcionario que en la norma se expresa "taxativamente" que "la facultad de determinar la reasignación presupuestaria es del jefe de Gabinete". Y le advirtió que así lo haga, "si no quiere incurrir en el delito de los deberes de funcionario público" y tener una causa penal o un pedido de juicio político. "Si no la cumple habrá que ir a los tribunales para que le ordenen que la cumpla", completó.
Mientras que Ernesto "Pipí" Alí (UP) manifestó: "(Francos) tiene que leer el artículo 260 y el 264 del Código Penal, ahí va a entender perfectamente de dónde va a sacar la plata. O la va a sacar para los discapacitados o para pagarle a los abogados por la causa judicial que se va a comer".
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, planteó la posibilidad de incorporar la asignación de partidas para la ley aprobada dentro del debate de la “ley de leyes” 2026. Aprovechó, además, para cuestionar a la oposición y acusó “un ataque” contra el Gobierno.
A más de diez días del rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 y sin noticias en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno nacional va a promulgar la ley “como corresponde”. Sin embargo, aseguró que no va a ser aplicada por cuestiones de financiamiento: “Estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para que me digan cómo hacemos”.
Entrevistado por Clarín, Francos respondió ante una pregunta que “el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera dice que cuando el Congreso sanciona una ley debe establecer claramente donde salen los recursos”. Y luego, cuestionó a la oposición del Poder Legislativo: “No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de Gabinete, que vea las partidas o como las reacomoda. Esa no es una solución, es una mentira”.
De cara a la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2026, el funcionario mileísta se dirigió a la oposición y cuestionó: “Que me digan a quién le sacamos ¿le sacamos a los jubilados y lo pasamos a la discapacidad?”. En esa línea, cargó: “No acepto es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole ‘arréglense como puedan’”.
Nuevamente, Guillermo Francos se dirigió a los bloques de la oposición en las dos cámaras y agregó: “Discutamos cómo (origen de los recursos financieros para ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad), fíjense y discutámoslo dentro del Presupuesto nacional”.
Después de semanas de especulación sobre una mencionada judicialización por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el jefe de Gabinete dejó en claro que la ley aproada y reafirmada con dos tercios en cada cámara será promulgada, pero planteó dudas sobre cuándo será aplicada. Al mencionar el debate de la “ley de leyes” se empieza a especular que la vigencia de la ley sería empujada hasta el 2026.
En el cierre, Guillermo Francos se refirió a la Ley de Emergencia en Discapacidad como “una acción deliberada contra la política central de este gobierno que es el equilibrio fiscal”.
En las primeras horas de la madrugada del 5 de junio del 2025, la Cámara de Diputados giraba al Senado la media sanción del proyecto de ley, el cual, por el alto nivel de ausentismo a esa hora de la sesión quedaba lejos de los dos tercios. Luego, el 10 de julio, la Cámara alta sancionó la Emergencia en Discapacidad por un amplio resultado.
Finalizado el receso invernal, el presidente Javier Milei vetó la ley sancionada durante los primeros días de agosto y el Congreso confirmó la insistencia: El 20 de agosto, dada la sensibilidad de la cuestión, Diputados logró los dos tercios con votos, incluso, de aliados del oficialismo. El 4 de septiembre, el Senado repitió el resultado de julio y la ley entró en vigencia.
Sin embargo, el Gobierno nacional no ha publicado su promulgación en el Boletín Oficial. Cabe recordar que la Constitución Nacional establece en su artículo 83 que si una ley vetada es insistida con dos tercios de los votos de cada cámara debe ser promulgada automáticamente .
Aliados de Entre Ríos, Mendoza y Chaco que habían estado ausentes en la primera votación, acompañaron esta vez la insistencia de la norma.
La Libertad Avanza quedó en completa soledad "bancando" el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado, donde fue aprobada nuevamente, al cosechar la insistencia a la norma 63 votos a favor y 7 en contra.
En la primera votación de la ley, que fue en la sesión del 10 de julio que muchos rechazaron por la forma en que se convocó, hubo unanimidad con 56 votos a favor -el de la rionegrina Mónica Silva fue expresado a viva voz-.
En esa jornada, los libertarios y algunos aliados no bajaron al recinto. Sin embargo, este jueves hubo 70 presentes, con solo dos ausentes al momento de rechazar el veto.
Así, los votos de los oficialistas Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto pasaron de ausente a negativo. Igual situación fue la del formoseño Francisco Paoltroni, cuyo partido volvió a sellar un acuerdo electoral con LLA; y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que responde a la ministra Patricia Bullrich. La jujeña de LLA Vilma Bedia se fue para no votar.
En cuanto a los ausentes que pasaron a votar positivamente la ley se destacaron los senadores de provincias cuyos gobernadores van en alianza con LLA en las elecciones de octubre. Hablamos de los entrerrianos Alfredo de Angeli y Stella Maris Olalla; los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; y el chaqueño Víctor Zimmermann.
También se sumaron a favor de la norma el misionero Martín Goerling Lara, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Juan Carlos Romero.
Así, a favor de la insistencia de la ley quedaron Unión por la Patria (tuvo un único ausente, Antonio Rodas), la UCR, el Pro (excepto Álvarez Rivero), Provincias Unidas, el Frente Renovador de la Concordia Misionero, Por Santa Cruz, Juntos Somos Río Negro y Por la Justicia Social; mientras que en contra lo hicieron La Libertad Avanza y Libertad, Trabajo y Progreso (monobloque de Paoltroni).
La insistencia de la norma obtuvo 63 votos. La Libertad Avanza votó en contra. Hace 22 años que el Congreso no rechazaba un veto presidencial. El debate se dio en medio de la polémica por las denuncias sobre presunta corrupción en la ANDIS.
Luego de un largo derrotero, el Congreso ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aprobarse la insistencia de la norma por 63 votos contra 7 y ninguna abstención, y quedar rechazado el veto total del presidente Javier Milei. Hacía exactamente 22 años que ambas cámaras no rechazaban una decisión de este tipo por parte del Poder Ejecutivo.
De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, tras la aprobación nuevamente por parte de Diputados y el Senado por dos tercios de los votos, el paso que sigue es que el Gobierno promulgue la ley.
Solamente votaron en contra de la insistencia de la ley, 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto; el monobloquista formoseño Francisco Paoltroni; y también la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Por su parte, la oficialista Vilma Bedia se ausentó al momento de la votación, pero estaba presente en el Palacio Legislativo.
Tanto en las primeras votaciones, como en esta instancia, ambas cámaras votaron en las cuatro ocasiones con más de dos tercios de los votos esta ley, que surgió a partir del reclamo del colectivo sobre las prestaciones desactualizadas y la baja de miles de pensiones que la administración libertaria puso en tela de juicio al arrancar la gestión.
Cuando el debate se inició todavía no había estallado el escándalo que marcó justamente este momento de la caída del veto: el escándalo sobre una presunta red de corrupción a través de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado. El caso de los audios salpica además a altos funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei.
La sesión ordinada estuvo presidida por el presidente provisional Bartolomé Abdala ya que Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos.
En verde, los senadores que avalaron la insistencia; en rojo, los que rechazaron la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Daniel Bensusan (UP), quien refirió que leyendo los argumentos del veto presidencial podía resumirse que Javier Milei lo vetó “fundamentando que afectaría y rompería el equilibrioi fiscal y tantas otras mentiras como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo”.
“El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública… se roban los fondos de las provincias”, señaló Bensusán, para preguntarse luego “cuál es el sentido de ese ahorro que nos pretende vender el presidente”. “Hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población –continuó-. ¿Qué se vetó? Que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, el 70% de la mínima; un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, y rechazó de manera brutal, inmoral, perdiendo la creencia de los argentinos que a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso hacemos mal al país, comprometemos el futuro de generaciones…”.
Y sintetizó: “Ese gasto es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden, o quede condenada al olvido; la diferencia en que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo, o quede condenada a la exclusión. Si el Estado, para ahorrar, necesita maltratar a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”.
A continuación, también desde UP la entrerriana Stefanía Cora recordó que un reproche que constantemente se hace es que en la gestión kirchnerista se haya elevado sustancialmente el número de discapacitados sin haber tenido una guerra. “Ignoran la materia que gobiernan. No es lo mismo hablar de personas con discapacidad y pensiones, no es lo mismo”, aclaró, señalando que “la Argentina desde 2003 en adelante asumió un compromiso con que la Convención de Personas con Discapacidad tenga un rango constitucional. Dimimos que el Estado los iba a mirar de frente y los iba a incluir”, lo que lo llevó a dar como primera reflexión que “son ignorantes”.
Recordó Cora que el eyectado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo había preguntado porqué debía él pagar peaje y los discapacitados no. “Parece que el peaje lo tenía que poner en otro lado…”, señaló con ironía, y agregó: “No era eso lo que le preocupaba, sino el peaje que le pedía la hermana del presidente”.
A continuación, la santacruceña Natalia Gadano anticipó su voto negativo porque “no se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la igualdad, y no se puede vetar los derechos de personas con discapacidad”. Advirtió que “un gobierno que le da la espalda a las personas más vulnerables deja de ser libre, deja de ser justo y deja de ser Nación. No puede aceptarse un equilibrio fiscal a costa de quienes más lo necesitan. Un equilibrio fiscal que nos deja a la intemperie: sin salud para los niños, sin escuelas, sin rutas seguras, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el fin de tener una cuentas ordenadas, sabiendo que quienes pagan eso son los que más lo necesitan?”.
Así las cosas, Gadano le reclamó al presidente Milei “que gobierne para todos los argentinos, con los argentinos adentro”.
“Esto no es eficiencia, esto es crueldad; no es ahorro, es injusticia”, dijo el catamarqueño Guillermo Andrada al anticipar su rechazo al veto, lo mismo que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco, quien le dijo al presidente que “en Argentina no solamente hay un déficit fiscal, sino un déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.
La rionegrina Mónica Silva adelantó también su voto contra el veto, advirtiendo que “estamos compelidos a actuar, ante la liviandad con la que el Poder Ejecutivo usa el recurso del veto”. Y aclaró que no era esa ley “un instrumento administrativo, sino una herramienta que garantiza a las personas con discapacidad seguir recibiendo las terapias y asistencia para la vida diaria. Sin esto quedan sin la posibilidad de vivir una vida digna”.
La senadora Silva mostrando uno de los pedidos que les llegaron a los senadores.
A continuación la tucumana Beatriz Ávila recordó que esta ley fue aprobada “con amplio consenso” y advirtió que “este veto no es un simple acto administrativo, es un retroceso. La discapacidad no se veta, señor presidente”.
Recordó que los discapacitados “no están pidiendo privilegios, sino lo que les corresponde. Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución nacional en el artículo 75, y a lo largo y ancho del país están viéndonos para que rechacemos este veto presidencial”.
La de Carmen Alvarez Rivero fue la primera en respaldar en el recinto el veto presidencial. Ya se sabía que lo haría: lo había anticipado al votar junto a Francisco Paoltroni y los seis senadores de La Libertad Avanza en contra de habilitar el tratamiento del tema. Pero, por si hacía falta, fundamentó su postura durante el debate.
Arrancó con los tacos de punta: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, les preguntó a sus pares. La senadora remarcó que “en Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, y que inclusive esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad”. En ese sentido, sostuvo que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencias… Necesitamos gestión”.
Tras reiterar su postura respecto al tratamiento en cuestión, el senador porteño Martín Lousteau hizo referencias a la versión que dio el Gobierno nacional respecto a los certificados de discapacidad irregulares e indicó que “si consultan con expertos van a encontrar formas de depurar la base de datos para detectar fraude, ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.
A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó que "la libertad no es abandonar a los argentinos a la buena de Dios; no es dejar solas a las personas con discapacidad". Al subrayar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con jerarquía constitucional, indicó que "en nuestro país debemos garantizar eliminar las barreras que existan para que las personas con discapacidad ejerzan libremente su vida. Nuevamente la libertad".
"¿Hay que auditar las pensiones? Sí, claramente. Pero no con la motosierra, hay que hacerlo con humanidad, con gestión", opinó y lanzó: "Pareciera ser que la motosierra y el recorte en la Agencia no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro".
En ese sentido, la porteña dijo que "si se confirma todo lo que se está sospechando es un escándalo enorme, de un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias pero sí para las coimas. No solamente es inmoral, sino criminal". Y aseguró que cuando le pregunten "de dónde sale la plata" para financiar esta ley, responderá: "Sale del sobreprecio y la coima".
Al momento de los cierres de bancada, el senador correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, afirmó que “en 20 meses de gestión, no estaríamos discutiendo esto si las cosas se hubiesen hecho bien”. Dirigido al presidente Javier Milei, agregó: “No tome todas las cosas por igual para meter la motosierra para cuidar el gasto público”.
Sin embargo, Vischi remarcó que el sector “viene hace tiempo con desactualización de los montos para profesionales, con demandas de distinto tipos en los atrasos para dar respuesta, pero de un tiempo a esta parte se ha agravado de forma sustancial”. Sumó, además, que “este Senado hoy lo que está haciendo vehementemente es decirle al Poder Ejecutivo que, ante los dilemas que existen en la administración pública, hay prioridades que hay que atender”.
En representación de Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio afirmó que “los discapacitados y las discapacitadas de este país son los que le están poniendo un freno a Milei”.
El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, calificó al veto de Javier Milei como “insensibilidad y desprecio total”. También, arremetió contra María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, diputadas del Pro, y cargó: “Hacen campaña hablando de los discapacitados, pensionados y jubilados, y después, a la hora de la votación, se abstienen. Cuánta hipocresía”.
En el final, el jefe de bloque del oficialismo, el senador jujeño Ezequiel Atauche, estaba inscripto para cerrar el debate antes de pasar a la votación. Sin embargo, decidió sobre la marcha no hacer uso de la palabra y votó en contra.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.
El representante de la provincia de Santa Cruz apuntó contra los candidatos libertarios para integrar la Cámara alta a partir de diciembre. Expuso el decreto 563 y cargó: “Hacen presupuestos con el oro a 1300 dólares, que hoy está a 3300 dólares, y ahí está la plata para los jubilados, para la educación y para los discapacitados”.
Minutos antes de los cierres de bloque, el senador santacruceño José María Carambia brindó un efusivo discurso en contra de Javier Milei. Dirigido al presidente de la Nación que “si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”, y luego enfatizó: “Ratas son los senadores de La Libertad Avanza que van a entrar en diciembre que están en contra de los jubilados y la discapacidad”.
Si bien la intervención fue breve, el legislador del bloque Por Santa Cruz explicó que “cuando preguntan ‘¿de dónde sacan los recursos?’ le puedo dar una idea al señor presidente: Por ejemplo, con el decreto 563 le sacó las retenciones a la industria minera que es la que más genera en rentabilidad”. “Imagínese que hace diez años una onza de oro valía 1.300 dólares, en agosto del 2015, y hoy vale 3.300 dólares”, cargó.
Dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación, Carambia agregó que “vamos a defender esta ley”, y reiteró: “Esperemos que el presidente de la Nación la aplique como corresponde y que no haga ningún artilugio legal para intentar no aplicar y no darles solución a tanta gente que está necesitando en diferentes lados de la Argentina”.
De paso, cuestionó la posición de los últimos gobiernos vinculada a la industria minera: “Seguimos con gobiernos que siguen defendiendo a los que más tienen y no a los que más necesitan”. “Estoy cansado de escuchar a las empresas mineras llorar que ‘si no bajan impuestos a la minería, no va a haber inversiones’, y eso es mentira porque la minería tiene una rentabilidad extraordinaria”.
En ese sentido, profundizó: “en algunas provincias pagan el 3% cuando el petróleo paga el 15 de regalías directas”. “Ahí tenes el gran robo”, aseveró Carambia, quien también sostuvo que “con ese 2% que el presidente le regaló a la Minería, nadie sabe por qué, está la plata para los jubilados, para la educación y para los discapacitados”. “Hacen presupuestos con el oro a 1300 dólares, que hoy está a 3300 dólares”, sumó.
Sobre el tratamiento del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, remarcó: “Usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”. “No vamos a bajar la cabeza, no vamos a dejar que la gente con discapacidad esté en las condiciones que está hoy porque es una vergüenza y se nota que este presidente no cruzó la General Paz”, siguió.
Por último, le mandó un mensaje a los candidatos de La Libertad Avanza para integrar el Senado a partir del próximo recambio legislativo: “Estoy cansado de que nos diga ratas porque ratas son los senadores de La Libertad Avanza que van a entrar en diciembre. Esas son las ratas que están en contra de la discapacidad y en contra de los jubilados”.
Los bloques de la oposición tienen decidido llevar el tema al recinto esta semana. El temario contempla, además, la reforma al Régimen Legal de los DNU. No está descartado que haya otros temas en la sesión.
Foto: Comunicación Senado
Con el objetivo de rechazar definitivamente el veto presidencial, la oposición define los detalles para elevar un pedido de sesión ordinaria para este jueves 4 de septiembre. La principal cuestión del temario es la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el 10 de julio pasado, vetada por Javier Milei y avalada nuevamente por la Cámara de Diputados para su insistencia en la Cámara alta.
Por la sensibilidad del tema, la oposición confía en que podrán superar holgadamente los dos tercios requeridos -48 legisladores en caso de que estén los 72 presentes- para su sanción definitiva. Incluso, el senador cordobés Luis Juez votará a favor de la Emergencia en Discapacidad, pese a ser parte del armado político de La Libertad Avanza en su provincia.
Tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 83, de superar los dos tercios en la insistencia del proyecto de Emergencia en Discapacidad en la Cámara alta, el proyecto se convertirá automáticamente en ley y se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación. El pasado 17 de agosto la Cámara baja aprobó el primer rechazo con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.
En caso de que la insistencia del proyecto avance, el Congreso habrá rechazado un veto presidencial después de 22 años y medio. El último antecedente fue el 12 de marzo cuando el Poder Legislativo aprobó la insistencia de la Ley 25.715 sobre Reducción de los Aranceles para la Importación del Azúcar en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde.
Según supo parlamentario.com, también estará dentro del temario el proyecto de modificación al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (Ley 26.122). El proyecto cuenta con un dictamen avalado por diferentes bloques de la oposición.
La reforma propone que la herramienta presidencial abarque solamente una materia por decreto; la facultad de que ambas cámaras puedan tratarlo en receso parlamentario; la obligatoriedad de ser blindado con la aprobación de las dos cámaras; que el rechazo de una implique la derogación; y la prohibición de insistir con un DNU en el mismo período si es derogado.
Fuentes consultadas por este medio confirmaron que el miércoles por la tarde se llevará a cabo una reunión de Labor Parlamentaria entre las autoridades del Cuerpo y los jefes de bancada. Así las cosas, no está descartado que el temario pueda extenderse a otros temas.
El resultado fue de 172 afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Se requerían 165 para la mayoría especial. Diputados de La Libertad Avanza y aliados del Pro y el MID aportaron 9 votos a favor.
Después de varias semanas desde la publicación del decreto firmado por Javier Milei, la oposición logró rechazar el veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados por 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. También hubo 10 legisladores que se ausentaron a la hora de votar.
A la hora de emitir el voto, había en el recinto 247 diputados sentados en sus bancas por lo que la mayoría especial necesaria era de 165 avales. Fueron claves los acompañamientos de los 2 santafesinos de Futuro y Libertad, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 5 del Pro y 2 de Producción y Trabajo.
Así las cosas, 95 de 98 integrantes de Unión por la Patria (el santiagueño José Gómez, el catamarqueño Dante López Rodríguez y Rogelio Iparraguirre estuvieron ausentes); 14 de 15 de Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto; 11 de 12 de Democracia para Siempre, bloque que comanda Pablo Juliano; los 6 de la Coalición Cívica; y los 5 del Frente de Izquierda votaron a favor de rechazar el veto.
Del mismo modo, votaron 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (hubo un ausente y tres en contra); los 8 integrantes de Innovación Federal, bancada que responde a las gobernaciones de Salta, Misiones y Río Negro; los 3 tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo; y los 2 santacruceños, José Garrido y Sergio Acevedo.
También acompañaron los monobloquistas Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe; Lourdes Arrieta de Transformación; Mario Barletta de Unidos; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.
La Ley de Emergencia en Discapacidad alcanzó siete votos más de la mayoría requerida y 13 de esos votos afirmativos fueron aportados por oficialistas y aliados: Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro de La Libertad Avanza; Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID; Ana Clara Romero, Héctor Baldassi, Álvaro González, Karina Bachey y Sofía Brambilla del Pro; Verónica Razzini y Gabriela Chumpitaz de futuro y Libertad; y María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo.
Para dejar blindado el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, votaron en contra el fueguino Ricardo Garramuño; el entrerriano Francisco Morchio (responde al gobernador Rogelio Frigerio); la tucumana Paula Omodeo de Creo; la cordobesa María Cecilia Ibáñez del MID; los 6 miembros de Liga del Interior; y 3 radicales, los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el chaqueño Gerardo Cipolini.
El caudal mayoritario en contra de la Emergencia en Discapacidad lo aportaron 26 diputados del Pro; y 34 de La Libertad Avanza.
Por su parte, las dos abstenciones fueron de la diputada bonaerense Gabriela Besana, y de María Eugenia Vidal (ambas del Pro), quien llegó al recinto minutos antes de llevarse a cabo la votación.
Entre los 10 ausentes, además de los tres integrantes de Unión por la Patria, también estuvieron el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el entrerriano Atilio Benedetti del radicalismo; Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas del Pro; y la misionera Florencia Klipauka, el puntano Alberto Arancibia Rodríguez y el formoseño Gerardo González de La Libertad Avanza.
La media sanción de la Cámara de Diputados a la Emergencia en Discapacidad se aprobó en la sesión especial del 4 de junio pasado. la votación resultó con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Además 35 legisladores estuvieron ausentes.
Sobre las tres abstenciones, dos pasaron a acompañar la ley: la puntana del Pro Karina Bachey y la cordobesa de Encuentro Federal Alejandra Torres; mientras que el entrerriano Francisco Morchio optó, esta vez, por la negativa.
Por su parte, la diputada chubutense Ana Clara Romero y la correntina Sofía Brambilla del Pro. A la inversa, los diputados mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, pasaron de la afirmativa a la negativa.
De ausentarse a votar a favor de la ley, están Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro de La Libertad Avanza; Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID; Álvaro González del Pro; los dos santafesinos de Futuro y Libertad; y 6 integrantes de Innovación Federal.
Por último, María Eugenia Vidal y Gabriela Besana pasaron de votar en contra a abstenerse; y Florencia Klipauka y Alberto Arancibia del voto en contra a la ausencia.