La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable este martes a tres proyectos de ley, dos de ellos que ya cuentan con media sanción de Diputados. A la reunión pegaron un nuevo faltazo los senadores de Juntos por el Cambio, aunque recién en el final se hicieron presentes Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Pablo Blanco (UCR). 

En el encuentro, en el que estuvieron los senadores del oficialismo y el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN), se trató en primer lugar una iniciativa sobre reintegro impositivo para la adquisición de taxis. “Es un proyecto muy demandado, por lo tanto espero que podamos aprobar el dictamen en esta reunión para luego ser tratado ya en el recinto”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT). 

La iniciativa, aprobada en junio pasado en la Cámara baja, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.

El proyecto fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.

Por otra parte, se dio despacho al proyecto que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias.

Al respecto, el senador Pablo Yedlin (FNyP-FdT) señaló que este “es un tema complejo” porque “definitivamente los sistemas de salud dependen de su recurso humano, y más allá de la tecnología, la infraestructura o el equipamiento, la atención médica tiene que ver con la presencia” de los profesionales. 

“En un país como el nuestro, tan extenso y muchas veces tan inequitativo, hay una distribución muy despareja de su recurso humano”, resaltó e indicó que la OMS recomienda “cuatro médicos cada mil habitantes”. “La Ciudad de Buenos Aires tiene 16 cada mil habitantes, pero la gran mayoría de las provincias, les diría todas, salvo Santa Fe y Córdoba, están por debajo de cuatro, y Santa Fe y Córdoba están en cuatro”, precisó el presidente de la Comisión de Salud. 

Finalmente, el tucumano sostuvo: “Lo que estamos haciendo es darle una herramienta al sistema de salud para poder usar de la mejor manera posible el escaso y crítico recurso humano”. 

En tanto, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) consideró que este es un proyecto “para que los médicos tengan un ingreso suficiente y la tranquilidad de poder trabajar y no tener costos que le impidan hacer su trabajo en forma tranquila”. 

A través del texto se modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de modo de establecer la exención en “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados ubicados en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”.

Asimismo, “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de salud, siendo la prestación realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional, que excedan el número de cuatro guardias mensuales de 24 horas, realizadas por el trabajador o la trabajadora”.

“El beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o la liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud’”, establece el proyecto.

Finalmente, pasó a la firma un proyecto que busca garantizar el acceso a una cuenta corriente para entidades civiles sin fines de lucro, libre de costos de apertura y mantenimiento. Guerra lo calificó como “un proyecto muy útil” para las entidades que “son tan importantes en nuestra sociedad y contienen a tantas personas en nuestros entornos”. Se trata de instituciones religiosas, cooperativas de trabajo escolares, entidades de bomberos voluntarios, clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados, enumeró. 

“Es una ley simple pero muy interesante y valiosa”, dijo el oficialista, que explicó les permitirá “tener un ordenamiento en sus administraciones y que los fondos que reciben, muchas veces de donaciones, tengan una trazabilidad”. 

Autor de la iniciativa, el senador Pablo Bensusán (FNyP-FdT) reveló que nació “de la inquietud de las asociaciones civiles sin fines de lucro que existen en las localidades más pequeñas de las provincias argentinas”, a quienes además de requerirles que tengan la personería jurídica también se les solicita una cuenta bancaria. “El costo se les torna bastante engorroso” ya que “tienen poco aporte de socios, porque en su mayoría son voluntarias o benéficas”, explicó el pampeano, que destacó que “estas entidades llegan muchas veces donde el Estado no llega”. 

“Es un reconocimiento a estas entidades y una mano más que les podemos dar desde la legislación”, afirmó y completó diciendo que a las entidades financieras “no les va a significar absolutamente nada en sus ingresos”. 

A fin de facilitar su acceso al trabajo, los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración, a través del cual le solicitarán al Gobierno de la Ciudad que garantice el libre estacionamiento para los trabajadores de la salud en las cercanías de su lugar de trabajo.

De esta manera, el texto presentado insta al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar el libre tránsito y estacionamiento de vehículos particulares que sean utilizados por Personal de Salud pública, en un radio de diez cuadras a la redonda del centro de salud de la Ciudad en donde presten servicio.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “esta medida va a poder colaborar en ordenar el estacionamiento, beneficiando a nuestro personal de Salud de la Ciudad que se traslada en este tipo de vehículos diariamente” e indicaron que “muchos de nuestros hospitales se encuentran en zonas de gran caudal vehicular, o sobre avenidas, y el estacionamiento termina siendo competencia de negocios privados, en donde los trabajadores y trabajadoras deben dejar su vehículo por no contar con estacionamientos. Algunos de nuestros Hospitales disponen de un espacio para esto, pero resulta insuficiente”.

Al mismo tiempo que señalaron que “ante la situación de pluriempleo en la que se encuentran muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras se aumentan los niveles exposición, y muchos de ellos/as utilizan sus vehículos particulares e incluso se organizan para trasladarse colectivamente, a fin de evitar el uso de transporte público y disminuir la posibilidad de ser vectores del virus”, por lo que consideraron que “esta medida podría alivianar un problema cotidiano, que se suma a la enorme situación de estrés que atraviesan”.

“La pandemia producto del Covid-19 ha dejado en evidencia el enorme trabajo del equipo de salud, y también a puesto en evidencia todas las falencias respecto de sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Este proyecto busca reparar una situación que afecta diariamente a quienes más nos cuidan”, sentenciaron.

La iniciativa es de autoría de Victoria Montenegro (FdT) y lleva la firma de los diputados Matías Barroetaveña y Claudia Neira (FdT).

En medio de las críticas al Gobierno de la Ciudad por la forma en el que ejecuta el plan de vacunación contra el Covid 19, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y legisladora del Frente de Todos (FdT), Victoria Montenegro, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener información acerca de la interrupción de la vacunación del personal de la salud de la Ciudad, que se produjo el día 24 de marzo del corriente en la sede de vacunación del Estadio Monumental.

De esta manera, la opositora le solicitó al Gobierno porteño que de información acerca de si la mencionada sede contaba con el stock de vacunas requerido según los turnos brindados al personal de salud para el día 24 de marzo del corriente; que dé cuenta de la cantidad de turnos brindados para el personal de salud; que brinde detalles acerca de los motivos por los cuales el personal de salud no pudo ser inoculado en la sede de referencia, según los turnos brindados; y que se explicite si esas personas ya cuentan con una fecha de reprogramación para los turnos que no fueron cumplimentados en la fecha de referencia para el personal de salud.

Asimismo pidió que se informe y detalle sobre el funcionamiento del sistema que da aviso sobre la disponibilidad de vacunas de las personas con turnos, para que se acerquen a la sede a inocularse.

En los fundamentos de la medida, la legisladora señaló que “unas cincuenta personas, todas ellas personal de salud de la Ciudad, fueron citadas a la sede de vacunación del Estadio Monumental, muchas de ellas con mails de confirmación de turno de la noche previa a este suceso, y al llegar a la sede mencionada, se encontraban con la situación de que sus turnos habían sido cancelados” y remarcó que “esto se suma al hecho de que no recibían en ningún caso una explicación completa de los motivos, así como de una reprogramación inmediata”.

“Lamentablemente esta situación se da en el marco de una serie de irregularidades administrativas que resultan en un perjuicio para la población de la Ciudad”, indicó y concluyó señalando que “somos conscientes de la enorme dificultad que supone la logística de llevar adelante el plan de vacunación más importante de la historia, consideramos que deben tenerse en cuenta algunos factores para poder optimizar los recursos existentes y no generar más pánico en la población. Mantener la organización y los cuidados resulta fundamental en este momento”.

Durante la primera reunión informativa que realizaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias, la diputada oficialista Lucía Corpacci solicitó la posibilidad de eximir a las guardias médicas del tributo.

En el tramo de preguntas a los funcionarios, la catamarqueña dijo que quería transmitir “un planteo del personal de salud” de su provincia, y enfatizó que “en medio de esta pandemia necesitamos como nunca del personal de salud”.

La legisladora del Frente de Todos señaló entonces que en caso de anestesistas y médicos de terapia intensiva, realizan “hasta dos guardias semanales” y “en el interior provincial a veces tienen que hacer 15 días corridos de guardia pasiva”.

“Aplicando los diferenciales que cobran por estar en zona desfavorable o por ser especialidades críticas, cuando superan las cuatro guardias mensuales, más el salario de planta, superan ampliamente el monto fijado para no pagar Ganancias”, explicó.

Por eso, Corpacci aclaró que valoraba “el esfuerzo enorme que está haciendo el Gobierno nacional”, pero pidió “si se puede exceptuar las guardias médicas en estos casos, o por lo menos aquellas guardias que superen las cuatro mensuales”.

“Nos va a resultar muy difícil a todos conseguir médicos que quieran hacer guardias cuando en realidad entran en otra categoría y pierden la ventaja de esta disminución del mínimo no imponible”, agregó.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respondió: “Entendemos la situación, pero creemos que no es el impuesto a las Ganancias el mecanismo para resolver estas situaciones puntuales que se dan, sobre todo en este momento”.

“El Poder Ejecutivo Nacional se hizo cargo del pago de un bono a todos los trabajadores de la salud durante el período de la pandemia, de modo tal de corregir estas posibles afectaciones o situaciones de estrés, como las que están pasando ahora”, recordó.

El funcionario manifestó que reconocían que “hay situaciones específicas”, pero consideró que “debemos ir buscando mecanismos de jornadas laborales que dejen estas situaciones”. “El mundo no incentiva las jornadas en exceso, no corresponden”, remarcó.

Y reforzó: “Plantear que armemos, a través del impuesto a las Ganancias, incentivos a las jornadas en exceso, que son desaconsejadas, no es el mejor mecanismo”.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que, personal sanitario que fue excluido por el cobro del bono de los 5 mil pesos, pueda comprar dólar oficial. 

Se trata de un proyecto de la diputada del Pro Adriana Cáceres y busca que quienes hacen frente a la pandemia puedan cuidar el valor de sus ahorros. 

“En su estrategia de control monetario, el Gobierno limitó la compra de dólar ahorro y excluyó a quienes hayan accedido a una asignación especial comprendida en el Decreto 315/2020. De esta manera, todo el personal sanitario que previamente había recibido el bono de 5 mil pesos, quedó incluido en los alcances de este decreto”, manifestó al respecto la diputada. 

En este sentido, agregó: “Nuestro personal sanitario viene enfrentando en primea línea la pandemia en todo nuestro país, realizando un esfuerzo sobrehumano y profesional. Sin querer interferir en la política monetaria del Gobierno, lo que buscamos es que los trabajadores de la salud sigan concentrados en enfrentar la pandemia y no estén preocupados por este tema. Que tengan la posibilidad de resguardar sus ahorros, fruto de su trabajo”. 

Siendo acreedor de la terapia intensiva más grande la provincia de Buenos Aires, el Sistema de Salud de Malvinas Argentinas, es uno de los municipios que debió maximizar exponencialmente sus esfuerzos para dar un paso al frente de línea y brindar respuestas ante la crisis sanitaria provocada por el Covid 19. 

En el caso de los profesionales médicos, enfermeros, camilleros, trabajadores de maestranza y el resto de los trabajadores de los hospitales abocados a la emergencia sanitaria, su gran esfuerzo y sacrificio es notorio. No sólo por ser quienes se enfrentan y exponen a diario frente al virus, sino porque se han visto forzados a multiplicar esfuerzos para atender acorde al pasar el tiempo, a más y más infectados. 

Así, integrantes de la terapia intensiva de Malvinas se pronunciaron con pesar sobre la multiplicación creciente de personas que se ven en espacios públicos y locales gastronómicos ignorando los protocolos y cuidados que se advierten desde casi todos los estamentos del Estado nacional, provincial y municipal. Consultados por la aglomeración de personas en espacios al aire libre pero sin respetar distanciamiento, comentaron: 

“Lo que vimos nos desmoraliza bastante”, comentó la dra. Emilce Palacios (MP. 59.073), jefa del servicio de Emergencias del Hospital de Trauma dr. Federico Abete, y agregó: “La mayoría de las personas ya tiene algún conocido que la pasó mal. Si tienen que salir a trabajar, que lo hagan con todos los recaudos y el que no tiene que hacerlo, debe quedarse en casa, ser solidario con los demás y con uno mismo. Esto se trata de algo grave”. 

El dr. Saúl Patzy (MP. 550.141), quien contrajo coronavirus y ya se reincorporó a sus funciones, se refirió a la situación que están viviendo los trabajadores de la salud: “Somos médicos a los que esta enfermedad del Covid 19, nos ha tratado bastante mal, sobre todo por el estado de gravedad con el que llegan los pacientes. La enfermedad no distingue a las personas, y sobre todo son los médicos de terapia intensiva, los que se contagian, y eso demanda mayor trabajo en los médicos sanos. Tenemos que cuidarnos entre todos, y cuidar sobre todo al personal que los va a atender, cada día que pasa somos menos y estamos agotados”. 

Por su parte, el dr. Ángelo Gutiérrez (MP. 550.783) también médico terapista y vecino de Malvinas Argentinas aseguró: “Salir de casa para luego llegar al hospital y ver pacientes graves, críticos, luchando por su vida; y nosotros dándolo todo, para luego salir a la calle y ver a gente que no está cumpliendo con el aislamiento obligatorio, nos da mucha decepción. Por momentos sentimos que hay gente que no valora todo el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo”. 

Atendiendo a la delicada situación que afronta nuestra sociedad en su conjunto, desde el Sistema de Salud de Malvinas Argentinas, se hacen un “nuevo llamado a la conciencia y responsabilidad ciudadana”. Aconsejan maximizar cuidados, y en el caso de ser posible, continuar con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Mantener la distancia social, circular en los espacios públicos sin detenerse ni sentarse, no compartir el mate y bebidas, utilizar barbijo o tapaboca, lavarse frecuentemente las manos, utilizar alcohol para higienizar las manos y evitar tocarse la cara. 

El jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, volvió a exigir la reglamentación y puesta en marcha de la denominada “Ley Silvio”, que busca proteger al personal de salud en el marco de la pandemia del Covid-19.

Con acompañamiento de representantes de todos los bloques, Bucca presentó un proyecto de declaración pidiendo “la inmediata reglamentación y aplicación” de la Ley 27.548, y a su vez “garantizar todas las acciones necesarias para evitar los contagios de los trabajadores de la salud”.

La iniciativa fue acompañada por Cecilia Moreau, Mateo Bogdanich y Mabel Caparrós del Frente de Todos; Sebastián García de Luca (Pro); Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino); Claudia Najul (UCR); Enrique Estévez (Partido Socialista); Claudia Márquez (Córdoba Federal); Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero); Andrés Zottos (Justicialista); y Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal.

Es muy preocupante lo que esta sucediendo con la policia en la provincia de Buenos Aires. Urgente hay que tomar decisiones para resolver esta situación y garantizar la protección de los Bonaerenses.

— Eduardo Bali Bucca (@BuccaBali) September 8, 2020

La “Ley Silvio” fue sancionada el 21 de mayo y promulgada el 8 de junio por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo la primera ley tratada y aprobada íntegramente por el Congreso Nacional en sesiones telemáticas.

La norma debe su nombre a Silvio Cufré, primer enfermero fallecido por coronavirus en la provincia de Buenos Aires, y está destinada a cuidar a enfermeros y médicos para que no ocupen las camas de hospitales y establecimientos de salud.

Entre otras cosas, la ley establece el principio de bioseguridad para delimitar claramente las áreas de atención Covid y no Covid; la obligatoriedad de protocolos y capacitaciones para todo el personal; y la implementación de estrategias de diagnóstico continuo y sistemático sobre los trabajadores de la salud.

Según advirtió Bucca en los fundamentos del proyecto, el mismo día de la promulgación de la ley, por resolución 987/20 del Ministerio de Salud, se creó el “Plan nacional de cuidados de trabajadores de la salud”, un programa “similar pero de menor alcance de la ley nacional y sin ninguna referencia a la norma de superior jerarquía”.

“Al momento de su promulgación, nuestro país registraba menos de 1.000 casos diarios. Hoy tenemos más de 10.000 nuevos contagios por día, más de 2.300 personas internadas en terapia intensiva”, alertó Bucca.

El diputado agregó que “al día de hoy, el porcentaje de contagios del personal de salud alcanza el 6%, lo que equivale a más de 24.000 trabajadores, a lo que debemos sumar aquellos que quedan aislados por ser contactos estrechos de sus compañeros contagiados, afectando gravemente los servicios y el acceso a la atención médica”.

“Más de 80 han fallecido, y el sentimiento de desgaste y estrés prima en todos ellos”, señaló el legislador, haciendo referencia a las cartas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

La diputada radical Brenda Austin (UCR-Córdoba), acompañada por sus pares Claudia Najul, Luis Petri, Silvia Lospennato, Cristian Ritondo y Diego Mestre, entre otros, presentó un proyecto cuyo objetivo es evitar la “absurda criminalización del personal sanitario que, en el marco de la pandemia y cumpliendo sus funciones, se contagia de Covid-19”.

La iniciativa fue en respuesta a la imputación de dos médicos cordobeses tras los contagios en una residencia geriátrica de la localidad de Saldán en Córdoba, uno de los cuales era portador asintomático de Covid-19 y el otro director del geriátrico, que obraron en ejercicio de su función. El fiscal atribuyó su conducta a la figura penal de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Los legisladores impulsores de la iniciativa señalan que la respuesta ante estos casos no puede ser punitiva, como si las acciones hubieran sido intencionales, sino preventivas a través del aumento de las medidas de protección, los testeos recurrentes y protocolos de funcionamiento más claros.

Esta imputación generó la indignación del personal de salud y de la comunidad en general, lo que resultó en una masiva movilización en vehículos días atrás. Los colegios profesionales de médicos de distintos lugares del país se solidarizaron con los imputados y exigen el cese de la persecución y del acoso judicial, y el respaldo con medidas de protección efectivas para que puedan realizar su trabajo.

La diputada Austin señaló que “si algo tenemos claro es que hay que cuidar a quienes nos cuidan. De ninguna manera puede ser el ejercicio de su profesión una causa para perseguirlos penalmente, más aún sabiendo que están luchando en la primera línea contra la pandemia, y expuestos a un enorme riesgo”.

El proyecto propone la sanción de una ley penal especial, para que rija específicamente en el marco de la pandemia y que excluya al personal sanitario de la aplicación de los delitos penales tipificados en los artículos 106 -abandono de persona- y 202 -propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas-.

La diputada Claudia Najul, autoridad de la Comisión de Salud, y firmante del proyecto señaló con preocupación que “lo que advertimos al comienzo de la cuarentena, con los mensajes intimidatorios de vecinos a los profesionales de la salud, se está transformando en un clima muy peligroso. Debemos dar señales muy concretas de apoyo a los médicos y enfermeros para terminar con la criminalización de los trabajadores de la salud, que cada día arriesgan todo para cuidarnos. El Estado y todos los ciudadanos comprometidos y respetuosos de la actividad médica, debemos levantar la voz contra este movimiento que nos lastima como seres humanos”.

Los legisladores y legisladoras buscan aplicar esta reforma para las causas penales en trámite y aquellas que puedan iniciarse con posterioridad, aplicándose la exclusión de responsabilidad penal prevista en el inciso 4 del artículo 34 del Código Penal, que refiere a la inimputabilidad con motivo de obrar en el ejercicio de un deber, en este caso la profesión médica, y mientras dure la emergencia sanitaria causada por el coronavirus Covid-19.

La autora del proyecto precisó que “así como días atrás el Congreso sancionó leyes para garantizar la provisión de insumos de protección laboral para el personal de salud y para reconocer salarialmente el esfuerzo que hacen, es necesario que ahora nos enfoquemos de manera urgente en evitar esta absurda situación de persecución penal que atraviesan por cumplir con su deber”.

El proyecto fue acompañado además por los diputados de Juntos por el Cambio Gerardo Cipolini, Juan Martín, Alicia Terada, Pablo Torello, Ximena García, Camila Crescimbeni, Mario Arce, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Hernán Berisso, Federico Zamarbide, Estela Regidor, Soledad Carrizo, Gabriela Lena, Alejandro Cacace, Luis Pastori, Hugo Romero, Jorge Vara, Natalia Villa, Fabio Quetglas, Julio Sahad, Lidia Ascarate, José Riccardo, Albor Cantard, Virginia Cornejo, Aída Ayala y Héctor Stefani.