La CC-ARI propone agravar los delitos de corrupción durante la pandemia

Desde el bloque de diputados que preside Maximiliano Ferraro expresaron su “preocupación” por “los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia”.

maximiliano ferraro

El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley en el que propone agravar las penas de los delitos que se cometieran contra la administración pública, “cuando quienes lo cometan se aprovechen de situaciones excepcionales, por ejemplo, una pandemia”.

“Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera en perjuicio de la administración pública y aprovechando las facilidades de un desastre, conmoción, o emergencia pública, la escala penal correspondiente al delito del que se trate, se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda”, establece la iniciativa.

Desde la bancada que preside Maximiliano Ferraro señalaron que “es intolerable que nos roben, pero es aún peor en medio de una pandemia. Por eso proponemos elevar la escala penal de estos delitos”.

“Estamos convencidos de que nuestro país tiene que mejorar los procesos de licitaciones y compras, y no volver atrás con los avances que se lograron durante la gestión anterior. Hay que combatir la corrupción enquistada en muchos lugares de las compras públicas hace años”, agregaron.

Los diputados manifestaron que les “preocupan los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia”. “Los controlaremos desde nuestro rol de legisladores en todas las jurisdicciones donde los detectemos, pero si no llegamos a evitarlo, e igual se comenten delitos, queremos que quienes los cometan sepan que deberán enfrentar penas graves y efectivas”, advirtieron.

“Con esta modificación del Código Penal creemos que proponemos una herramienta que va ayudar a los Ejecutivos en la transparencia e integridad de las compras”, sostuvieron.

Finalmente, desde el bloque CC-ARI fundamentaron que “la situación de indefensión en la que se encuentra la administración pública en este tipo de situaciones, y el aprovechamiento de dicha situación para cometer delitos en perjuicio de la misma, merece un mayor reproche penal”.

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