Intendentes del conurbano bonaerense negaron este lunes que exista malestar entre los jefes comunales por la presunta negativa del Gobierno provincial en repartir el porcentaje de la Coparticipación Federal que le cedió el presidente Alberto Fernández al distrito luego de quitarlo a la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Descalzo (Ituzaingó); Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo) ofrecieron una videoconferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).
Al ser consultados sobre las versiones que daban cuenta del supuesto enojo de los intendentes con el gobernador Axel Kicillof, que habría sido expuesto durante una reunión con la ministra de Gobierno, Teresa García, los tres negaron de forma tajante esa posibilidad.

“La reunión existió y se hizo en Ituzaingó, pero a diferencia de lo publicado fue muy buena, con mucho contenido y con una síntesis clara”, expresó Descalzo, quien ofició de anfitrión de ese encuentro del que participaron la mayoría de los jefes comunales de la primera sección electoral.

Agregó que “siempre hay autocríticas y las va a haber, pero son reiterativas las publicaciones sobre que estamos enojados con el gobernador y eso no es cierto. Y además estamos muy contentos con la decisión del presidente Alberto Fernández porque abre la posibilidad de hacer una inversión muy importante para la seguridad de todos los municipios, con obras y equipamiento que seguramente se irá viendo en el corto plazo”.

A su turno, Menéndez valoró que el presidente “haya asumido el costo político” de su decisión, que “de ninguna manera tiene por objetivo perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires o a Cambiemos, ya que hay más de 50 municipios en la provincia que son gobernadas por esa fuerza”.
“Solo se trata de sacarle un poquito a los ricos para darle a los pobres, a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri, a quien podríamos llamar Hood Robin porque le sacó a los pobres para darle a los ricos”, subrayó.

Más adelante, Zabaleta destacó que dentro del plan de seguridad lanzado en las últimas semanas y reforzado con el retoque en la Coparticipación Federal, “24 municipios recibiremos 7.500 millones de pesos a repartir de acuerdo a la cantidad de habitantes, y esa decisión sin duda marcará un antes y un después en cuanto a la seguridad provincial”.

Respecto al conflicto policial y la continuidad del ministro Sergio Berni en el cargo, los intendentes coincidieron en señalar la “gravedad institucional” que tomó el reclamo salarial cuando un grupo de efectivos decidió rodear la residencia de Olivos, aunque advirtieron que eventuales cambios en el gabinete son resortes exclusivos del gobernador.

“Lo que sí queremos aclarar es que es mentira que se esté confabulando en contra del gobernador o de un ministro”, precisó Menéndez, quien en contrapartida denunció que “hay sectores de la oposición que intentan permanentemente socavar la imagen del presidente o el gobernador”.

En ese sentido, y al retomar el tema del conflicto policial, Menéndez opinó que “se deberían tomar medidas con aquellas personas que se extralimitaron con una protesta de origen salarial, que era justa, pero que luego se desvirtuó”.

Por su parte, Descalzo volvió a rechazar diferencias con el gobernador Kicillof y afirmó que “nos quieren ver peleados, pero los peronistas ya hemos aprendido que cuando nos dividimos perdemos, y por lo tanto decidimos trabajar juntos, porque recibimos una provincia con problemas de educación, salud, con el campo, etc, y por eso trabajamos para proponer temas que nos lleven a una salida” favorable para los bonaerenses.

“Un gobierno no es un grupo de amigos, aunque mejor sí podemos serlo, pero lo que se comentó en un diario no sucedió y estamos todos comprometidos en resolver rápidamente el tema de la seguridad porque cada vez hay menos excusas para hacerlo”, reafirmó Zabaleta.

Contra las tomas de terrenos

Los jefes comunales rechazaron de plano que las ocupaciones de terrenos sean la forma que tengan las familias carenciadas de poder llegar a la vivienda propia.

“Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, afirmó Descalzo, al tiempo que aclaró que el problema “es que a veces la justicia se la hace difícil al propio estado para poder resolver” esas instancias.

Agregó que “el Estado y el Gobierno deben estar presentes ante la demanda de vivienda y no se puede dejar esa demanda en manos de cualquiera porque sino termina siendo del que es más guapo, y la cuestión después viene cuando se meten en un terreno y luego no tienen agua, luz, ni cloacas y le reclaman al intendente que se los resuelva”.

Por su parte, Menéndez informó que en Merlo “hay dos o tres tomas diarias, con el agregado que algunas son muy violentas” y puso como ejemplo el caso de una ocupación en la que los intrusos “formaron un escudo con chicos y por encima de ese escudo agredían a la policía”.

“Cometer un delito no se puede ser la forma de llegar a un terreno propio y eso lo tiene que tener en cuenta la gente, más allá que como gobernantes luego debamos tener en cuenta esa necesidad que tiene un sector de la sociedad”, agregó.

Más adelante, sostuvo que “no hay soluciones mágicas porque a veces los terrenos que se ocupan son inhabitables por ser zonas inundables o estar en los sectores más alejados donde no hay custodia policial y lo que pasa muchas veces es que se ocupa el terreno, se divide y al mes van a la intendencia a pedir que le ponga tosca a las calles, una escuela o una posta policial”.