Los secretarios de Hacienda, de Finanzas y de Política Económica expusieron los detalles del proyecto. Cuarto intermedio en la comisión hasta el viernes.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) escuchó este martes a los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu, quienes brindaron detalles sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.
Dado que las presentaciones se extendieron durante casi cinco horas, los diputados acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 15 para poder formularle preguntas a los funcionarios.
Montagu abrió la ronda de exposiciones y sostuvo que “la idea de este Presupuesto es construir un puente entre la economía que tenemos ahora y la que queremos alcanzar”, por lo que se trata de “un esquema de transición”.
El funcionario señaló que el proyecto “refleja la visión de este Gobierno sobre las prioridades estratégicas, y por cada una de esas prioridades hay partidas que respaldan esa visión”.
Además, destacó que la iniciativa oficial “pone el foco en la economía real como motor de la recuperación”, y añadió que “no hay estabilización posible sin reactivación de la economía y sin un Estado que acompañe”.
“Todos los indicadores muestran un deterioro fuerte en los últimos años. La pandemia impactó aún más y se profundizaron muchos problemas económicos”, advirtió Montagu.
Al detallar este panorama, preció que el PBI “registró en el segundo trimestre de 2020 la caída más grande de la historia reciente”, al igual que la caída de la tasa de inversión, y asimismo el consumo privado “alcanzó valores similares a los de 2015 en términos del PBI, es decir, hemos retrocedido casi cinco años”.
En base a indicadores del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) del INDEC, enumeró cuáles fueron los sectores más afectados por la pandemia: hoteles y restaurantes; construcción; industria; comercio; transporte y comunicaciones, entre otros.
En tanto, afirmó que la salud, las actividades inmobiliarias, la Administración Pública y el agro sufrieron un “impacto medio”, y por último, el “shock más bajo” lo padecieron los sectores de la enseñanza; electricidad, gas y agua; y pesca.
Por otra parte, Montagu alertó que la recaudación tributaria real en términos reales -es decir, descontando el efecto de la inflación- es negativa desde mediados de 2018.
“Este es un problema serio. Son los recursos con que cuenta el Estado para atender las prioridades: cuidar a las familias y a las empresas, ahí donde fueron dirigidos nuestros esfuerzos”, dijo, y en ese sentido destacó que “casi el 7% del PBI” se invirtió en medidas de asistencia por la pandemia.
En tanto, el funcionario informó que hacia agosto de 2020 se achicó la diferencia entre ingresos y gastos del Estado.
Respecto del proyecto de Presupuesto, expresó que “el marco de incertidumbre que estamos atravesando dificulta aún más la tarea de proyectar escenarios entre 2021 y 2023. Proyectar con esta base tan incierta complejiza la confección de escenarios, sobre todo teniendo en cuenta también la historia volátil de la economía argentina”.
El secretario de Política Económica repasó algunas de las principales proyecciones, como el crecimiento del PBI del 5,5% y la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumidor), del 32% previsto para diciembre de este año al 29% en el mismo mes de 2021.
Por su parte, Rigo resaltó que el Presupuesto “pretende ser una respuesta sólida y prudente a los enormes desafíos que tenemos en la economía derivados del desequilibrio macroeconómico” heredado de la anterior gestión “y empeorado por la pandemia”.
El secretario de Hacienda sostuvo que el proyecto “propone un nivel y una composición de gasto primario tal que permita al Gobierno llevar adelante una política fiscal expansiva”.
“Con la irrupción de la pandemia, las acciones del Gobierno fueron las del pragmatismo, porque era necesario enfrentar la emergencia sanitaria, el cese de actividades, la caída de ingresos de las familias y las disparidades regionales. Con la nueva normalidad, el Gobierno pretende responder en un marco de prudencia y de expansión del gasto público”, detalló.
Entre las medidas tomadas en materia de salud por la pandemia, destacó la construcción de 12 hospitales modulares; las más de 3.500 camas de cuidados intensivos; los más de 4.000 respiradores; y el bono extraordinario para los trabajadores de la salud.
En cuanto a la asistencia económica, ponderó los resultados del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con “una inversión de más de 270.000 millones de pesos a través del Presupuesto para llegar a 9 millones de beneficiarios”.
Asimismo, realzó el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que se compone de tres ejes: una inversión de 270.000 millones de pesos en el pago del salario complementario -que benefició a seis de cada diez empresas, casi la totalidad pymes-; la postergación o reducción de las contribuciones patronales por casi 23.000 millones de pesos; y el crédito a cuentapropistas por un total de 500.000 millones.
Al ir al detalle del Presupuesto, Rigo explicó que “permite dar un marco de consistencia macroeconómica; enviar un mensaje a la economía; y contener y alinear el gasto a las prioridades de la gestión”, y además “se construyó sobre la base de supuestos realistas y prudentes”.
“Todas las políticas públicas tendrán un financiamiento genuino y asequible, es decir, un financiamiento posible para el Tesoro Nacional y que no debería generar nuevos desequilibrios”, indicó.
El funcionario apuntó que el déficit primario proyectado del 4,5% del PBI “es el que permite financiar las políticas públicas que permitan alentar el crecimiento y financiar una inclusión social activa, y también es un nivel compatible con las múltiples restricciones que enfrenta la economía”.
Además, destacó la inversión del 2,2% en gasto de capital, la cual “duplica a la de 2019”, y detalló distintas obras de infraestructura y vivienda.
También se refirió al refuerzo de programas que apuntan a la “inclusión social activa”, y que tienen que ver con políticas alimentarias -1.530.000 personas tendrán la Tarjeta Alimentar-, el programa Potenciar Trabajo y acciones de empleo y capacitación, todos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
Rigo destacó, por otro lado, que la “novedad” del Presupuesto tiene que ver con “la visión de género en las políticas horizontales de todas las dependencias, y un financiamiento específico para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad”, totalizando 6.200 millones de pesos en 2021.
