La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto de ley que establece condiciones en los futuros contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa, presentada por Pablo Yedlin (Frente de Todos) e impulsada desde el Ministerio de Salud, recibió 230 votos afirmativos, ocho negativos y once abstenciones.

Los votos negativos fueron de Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri (UCR), Francisco Sánchez, David Schlereth, Martín Grande (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).

La Coalición Cívica aportó buena parte de las abstenciones, con Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets y Alicia Terada. Las restantes fueron de Álvaro De Lamadrid, Estela Regidor (UCR), Jorge Enriquez, Julio Sahad, Héctor Stefani y Wado Wolff (Pro).

Yedlin, titular de la Comisión de Salud, explicó que se busca “generar herramientas para la contratación de las vacunas” y dio un panorama del estado de la pandemia a nivel mundial, con “más de 35 millones de casos y más de 1 millón de muertes” por coronavirus.

En Argentina, recordó que ya se registraron más de 800.000 casos positivos y más de 20.000 muertes, mientras que a nivel regional América “viene acumulando la mayor cantidad de casos, con casi el 50% de casos mundiales”.

El diputado oficialista también señaló que en nuestro país “la cantidad de fallecidos nuevos por día está superando a la de otros países”.

“La situación no está controlada y la pandemia no está resuelta. Este virus ha demostrado su capacidad de transmisión llegando a los lugares más remotos del mundo, y su gravedad no ha disminuido”, observó.

En este contexto, informó que hay varias vacunas precandidatas en fase pre-clínica, mientras que fase en clínica hay “29 en fase uno, 14 en fase dos y 11 en fase tres”.

Yedlin supuso que aunque “todas las vacunas que están en fase tres sean efectivas y seguras, aun así la capacidad máxima de producción no excederá las 6.000 millones de dosis, y si son dos dosis por humano, desde ya que no va a alcanzar para todos”.

“Argentina ha empezado las tratativas para garantizar las vacunas en el mismo momento que países desarrollados”, indicó, y apuntó que “parte de la industria planteó requisitos excepcionales”, por lo cual es necesaria esta ley.

El legislador sostuvo que “es responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación llevar adelante estas contrataciones” y destacó la decisión de “no optar por la vía del DNU, que quizá hubiera estado justificado”, sino dejar el tema en manos del Congreso.

La vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro) se mostró “de acuerdo en actuar con celeridad para que no nos pase lo que nos pasó en marzo con los test y los respiradores”.

Polledo dijo que “probablemente se tomen decisiones no por un solo proveedor ni por una sola clase de vacunas”, ya que “se irán adquiriendo lotes a distintos laboratorios y quizá distintas vacunas”.

“Cuando nos comunicaron que se necesitaba modificar el encuadre jurídico, nos pusimos a disposición del presidente de la Comisión de Salud para colaborar y en menos de 48 horas logramos un dictamen por unanimidad”, celebró la porteña.

Al igual que Yedlin, advirtió que la demanda mundial de vacunas contra el Covid es de 15.000 millones de dosis, pero hasta el momento la capacidad de producción no supera las 6.000 millones de dosis.

“No va a ser fácil conseguir la vacuna. Los países están disponiendo sumas extraordinarias”, advirtió Polledo, aunque resaltó que con esta ley “estaremos en mejores condiciones para negociar con los laboratorios”.

La radical Claudia Najul dijo que el proyecto contiene “requerimientos excepcionales” y “obliga a los países soberanos a flexibilizar el marco legal”, pero afirmó que esas herramientas son “totalmente necesarias”. “El mundo tiene como nunca un desafío enorme de coordinar todos los esfuerzos científicos”, analizó.

La mendocina además consideró “fundamental que sea la ANMAT el único organismo responsable de evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas”. “Ningún otro organismo puede asumir las obligaciones que nuestro marco legal le otorga a la ANMAT”, enfatizó, y agregó que “acelerar procesos no debe implicar relajar los controles”.

Por su parte, Eduardo “Bali” Bucca expresó que “el proyecto genera expectativa y nos da una luz de esperanza en una pandemia que no da tregua”. “Nos preocupa la sostenibilidad del contagio y la propagación del virus hacia el interior. Muchas ciudades pequeñas del interior ven colapsado su sistema de salud”, advirtió.

Bucca, jefe del Interbloque Federal, sostuvo que la ley permitirá “darle una herramienta concreta al Gobierno nacional para que pueda generar las gestiones pertinentes para poder adquirir la vacuna que genere inmunidad”, aunque pidió “no generar falsas expectativas a la sociedad”.

“Hay muchos procesos de investigación, desarrollo y producción de vacunas en el mundo, una carrera donde las grandes potencias compiten para ver quién llega primero a la meta. Pero esto no significa que la primera vacuna que salga sea la más eficiente, la más eficaz o la que genere inmunidad”, aclaró.

En esa línea, manifestó que “si hay algo que no está demostrando el mundo es solidaridad: muchos países tendrán serias dificultades para adquirir la vacuna, y quizá Argentina sea uno de ellos”.

Detalles del proyecto

El proyecto declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

Una de las condiciones que se habilitan es “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.

Se aclara en el texto que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”, quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

La iniciativa prevé que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.

Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

En tercer lugar, se podrán disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente.

Las vacunas contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.