Tras un debate de más de cuatro horas, el oficialismo se alzó este viernes en el Senado con la media sanción del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, tras una votación que resultó con 42 votos a favor y 27 en contra.

A los senadores del Frente de Todos lo acompañaron los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), impulsor de una iniciativa que se tomó como base para el dictamen.

En tanto, con fuertes críticas en sus discursos, el proyecto fue rechazado por los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, que actúan en conjunto en casi todos los temas.

La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, modifica la mayoría necesaria para designar al procurador, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- de la Cámara alta. Además, limita el mandato, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

Antes de votar el dictamen, el miembro informante, Oscar Parrilli anunció una serie de modificaciones introducidas que a continuación leyó el senador Martín Doñate. Entre las mismas figura la integración del jurado de concurso, que “será presidido por el o la procuradora general de la Nación, o por un o una magistrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación; estará integrado además por un fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación; por un/una abogada de matrícula federal, quienes serán seleccionados por sorteo público, y por un/una jurista invitado/a”.

En cuanto a los traslados, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal no podrán ser trasladados sin su conformidad fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al arrancar el debate, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.

Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.

Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.

Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar’”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.

A su turno, el cordobés Ernesto Martínez (Pro) resumió la idea del proyecto oficialista en esta frase: “La acusación soy yo”. Y advirtió que si es aprobado, “los fiscales van a hacer aquello que los mantenga en el cargo… hay que agradar al poder político. Algún día se van a encontrar con la peor de las retribuciones, que es la revancha de los obsecuentes”.

Por el contrario, el senador opositor aclaró que “a nosotros lo que nos interesa defender es a los funcionarios libres, que actúan con independencia e interés de la ley; a los corsarios de todos los gobiernos no los vamos a encubrir absolutamente para nada, y ustedes actúen como quieran, como puedan, pero siempre dentro de la ley”.

Luego parafraseó al exsenador Jorge Yoma al señalar que “algo le pasa al oficialismo: cuando las cosas las pueden hacer mal, las hacen inexorablemente mal”. En ese sentido, citó los problemas constitucionales que tiene “la reforma del Consejo de la Magistratura, que está desde hace años en manos de la Corte Suprema para su análisis. Algo ocurre que este tipo de cosas no les salen bien: esos niveles de análisis constitucionales no los pueden traspasar”.

Martínez enfatizó entonces: “Lo único que necesitamos son fiscales independientes; ustedes lo único que figuran son decisiones de fiscales contenidos o asustados merced esta ley”.

También en contra de la iniciativa, su par Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro”.

Para la cordobesa, el proyecto “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria” para la designación del procurador, sino que se trata de “un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal”, el cual es “el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”.

“El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, opinó la opositora, que lo vinculó a la “decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia”, que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer “sacar de los pelos” a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

En otro tramo, la legisladora resaltó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, “no lo pusimos nosotros”, sino que su nombre “seguía en la lista” de acuerdo a la normativa vigente. “Que sea un procurador independiente les preocupa”, agregó.

Más tarde, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) afirmó que “este proyecto va absolutamente en contra de la independencia que la Constitución nos exige respetar” en el Ministerio Público Fiscal y, al asegurar que desde muchos sectores han alertado sobre eso, hizo mención a palabras propias del presidente Alberto Fernández en su libro “La justicia acusada”.

Citando a Fernández, la radical leyó que sobre el Ministerio Público el mandatario sostuvo en su libro que “es clave hablar de autonomía, tiene y debe que actuar sin injerencia”, además de considerar que “será vulnerado si mantiene algún nivel de dependencia con otro poder del Estado”.

La opositora se quejó de que “este es el proyecto que pone el oficialismo” aunque quieren “hacer parecer que tiene como génesis a otros proyectos presentados por la oposición, y no es así”. La iniciativa “vulnera sin ninguna duda la figura del procurador general, pero también le quita estabilidad a todos los fiscales de la Argentina”, agregó.

“Casal ha sido propuesto por ustedes y cuando la procuradora (Alejandra) Gils Carbó renunció, la ley ha determinado que esté en el lugar que está”, subrayó y defendió que “no le han podido encontrar nada, a pesar de que le inventaron de todo”.

“Con estas modificaciones estamos precarizando el Ministerio Publico Fiscal, en contramano de lo que busca nuestra Constitución, que es la autonomía e independencia del poder de turno”, advirtió Julio Cobos, para quien “realmente no se entiende la propuesta de elegir al procurador y el defensor con mayoría absoluta, es un atajo sin sentido, que además provoca mayor inestabilidad, porque si anteriores procuradores que contaban con acuerdos de dos tercios podrían llegar a tener presiones, imaginemos un procurador que tiene que convivir con este nuevo sistema  de elección dependiente de un partido político”.

Desde la vereda contraria, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) enumeró todos los proyectos sobre los que se trabajó antes de llegar al dictamen, recordando el de 2017 correspondiente a Federico Pinedo y Miguel Pichetto, entre otros, establecía la elección del procurador por mayoría simple, destacando que entonces no escuchó las críticas que hoy se enarbolan desde la oposición.

“Algunos creen que (la Procuración) es un extrapoder, algunos hablan de un cuarto poder, pero eso no significa que no deba ser controlado”, dijo, enfatizando el contralor que “sin lugar a dudas se debe llevar adelante y lo ejerce esta Comisión Bicameral Permanente”, criticando a los senadores que cuestionan ese papel.

Luego la emprendió contra Casal, acusándolo de “haber utilizado ese cargo para perseguir opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se destituyera de facto a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”. Pidió entonces discutir “cuál es la política criminal que queremos llevar adelante en la República Argentina”.

“¿Creemos que son razones jurídicas las que obturan la democratización de la Justicia, o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o hay otras razones que tienen que ver con el poder o la distribución del poder?”, se preguntó en otro pasaje la santafesina, que continuó: “¿Por qué tanto miedo por el control que tiene que llevar adelante el Parlamento de la Nación?”.

Y añadió: “También me parece que este proyecto está planteando algunos temas que son centrales, como por ejemplo el federalismo, la igualdad de género, la autarquía financiera. Esto es parte de lo que nosotros entendemos que sirve para acercar a la sociedad el Ministerio Público”.

En otro pasaje se refirió al tema de los dos tercios: “Es necesario que se relajen esas mayorías, de lo contrario vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la República Argentina un procurador interino”, disparó.

El senador nacional Martín Lousteau afirmó que “acá no hay un proyecto de modificación institucional, es el intento de nombrar a alguien, no sabemos quién, y darle al oficialismo mayor control, no a la gente como dicen, al oficialismo”, y subrayó que “solo tres expositores de 16 en la Comisión dijeron que no le daban importancia a la mayoría de dos tercios y ninguno sugirió modificar los mecanismos de remoción”.

“Me pregunto si lo que hacemos ahora es ganar poder o estamos discutiendo en serio como darle más legitimidad y más autonomía al procurador”, sostuvo Lousteau y consideró que “se gana poder pero se corroe la institucionalidad que se quiere preservar, de hecho el próximo procurador tendrá que dictaminar cuando las causas de la vicepresidenta de la Nación lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué les gustaría: alguien al que no se le cree, o alguien que tiene la absoluta confianza ciudadana para mostrar transparencia?”, le preguntó a la bancada oficialista.

Muy crítico, el senador kirchnerista Martín Doñate aseguró que “es necesario estructurar una nueva ley para ese órgano extrapoder institucional que se adecue a esos desafíos que tiene el  pueblo argentino en la necesidad de justicia”. En ese sentido afirmó que eso forma parte de los compromisos que hizo el presidente Alberto Fernández en campaña: “el título era revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo.

“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonistas de los hechos más graves en la institucionalidad argentina en materia judicial en la figura de algunos de sus integrantes”, enfatizó, hablando de “la más grotesca guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina”, en referencia al supuesto armado de causas contra adversarios políticos.

En referencia a los 2/3 para investir a un procurador, lo consideró “impracticable”. “Miren, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos a regular los interinatos; acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del Pueblo de la Nación”, aseguró.

Luego de criticar duramente el proyecto puesto en debate, el senador Esteban Bullrich lo dio por aprobado, pero advirtió que “cuando esta mayoría cambie, vamos a modificar esta ley”.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmó que “hemos aprendido mucho que el delito evoluciona y también las instituciones que persiguen el delito tienen que evolucionar para cumplir nuestro objetivo que es el acceso a la justicia y la protección de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo cual hemos trabajado más de un mes para llegar a este resultado”.

“¿Por qué es fundamental que avancemos hoy en esta reforma?”, se preguntó, afirmando que “con esta iniciativa venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, donde el que preside ese órgano ha sido designado de manera interina hace tres años. Algo que es excepcional se ha vuelto permanente”.

Negó que el Gobierno quiera controlar a los jueces y fiscales y llamó en cambio a leer la Constitución, en cuanto a que “no existe la autorregulación de los jueces” y es el Congreso de la Nación “el encargado de organizar al Poder Judicial y a la Procuración General de la Nación”, destacó.

Para la senadora mendocina “este dictamen que hemos consensuado le da una herramienta a la Procuración para agilizar el sistema de justicia”, valorando la eliminación del cargo vitalicio para el cargo. Se preguntó entonces por qué los legisladores se someten al escrutinio de la gente, y los fiscales y defensores generales de la Nación no puedan venir al Congreso porque “ustedes se oponen”, en referencia a la oposición. “¿Está mal que el Congreso controle al que debe perseguir el delito?”.

Autor de uno de los proyectos que antecedieron al dictamen puesto a consideración, el senador rionegrino Alberto Weretilneck replicó a las críticas que desde la oposición se le hicieron a su iniciativa, la cual, dijo, “tiene como finalidad mejorar uno de los órganos más importantes como es el Ministerio Público Fiscal. Responsable de la situación de descrédito que tiene el Poder Judicial”, sostuvo.

“Por lo tanto defiendo a mi proyecto, acepto a regañadientes las modificaciones que ha realizado el oficialismo”, dijo, y replicó las críticas de la oposición recordándoles el proyecto que habían impulsado desde Cambiemos en 2016, que tenía muchas de las cosas que hoy cuestionan.

En sus críticas incluyó al fiscal Carlos Rívolo, por haber cuestionado los últimos días el contralor que se pretende aplicar, negando en ese sentido que se vaya a perseguir a los fiscales. “Quienes acusan son fiscales”, aclaró. “Acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con desnaturalizar la independencia del Poder Judicial, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con querer influir con decisiones que tengan que ver con el incumplimiento de la ley; lo que hay es una toma de mecanismos de control por parte del Congreso de la Nación en las facultades que nos da la Constitución”, remarcó.

A la hora de los cierres, el senador salteño Juan Carlos Romero sostuvo que quienes impulsan ese proyecto “están acompañando una etapa más en la búsqueda de la impunidad, sumado a la revancha y la venganza que tan bien ejerce el oficialismo y su vocero, como el miembro informante del oficialismo”.

Consideró “deshonesto” haber tomado como base proyectos de la oposición para avanzar con el dictamen puesto a consideración, y cuestionó la eliminación de los 2/3 necesarios para votar al titular de la procuración.

“Para el oficialismo, la justicia buena es la que le da la razón; y la justicia que no es buena es la que no le da la razón, es una justicia que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número, son capaces de hacer cualquier cosa y esta es una muestra de lo que están dispuestos a hacer en la búsqueda de la impunidad a través de la revancha y la venganza”, enfatizó.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, estimó que “hoy no estamos tratando la reforma de la ley, sino una contrarreforma constitucional”, afirmó. “Es una contrarreforma constitucional, porque a partir de 1994, el Ministerio Público Fiscal ocupó un rol central como extrapoder, y el espíritu de los constituyentes era que estuviera lejos del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, sostuvo, afirmando que es en el tema de las mayorías calificadas donde se orienta la contrarreforma de la que hablaba.

Citó luego al senador Martín Doñate, que había dicho que “los dos tercios son impracticables”. “No, no es impracticable -aclaró-. Esto tiene que ver con lo que se siente y percibe en función de los criterios democráticos”.

El presidente del bloque JxC concluyó diciendo que “lamentablemente una vez más, como viene ocurriendo en los últimos años, lo que no resuelve la política lo resolverá la Justicia, y será la Corte la que al final del camino termine declarando esta ley, si se termina aprobando -cosa que dudo en la Cámara de Diputados-, como inconstitucional. Por lo tanto, más allá de todas las discusiones, tropiezan con la misma piedra. Les fue muy mal y no aprenden, será la Justicia la que encauce y ponga freno a un poder desenfrenado”.

En el cierre del debate de la reforma de la Ley del Ministerio Público, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dedicó la mayor parte de su discurso a referirse al proyecto que en 2017, durante la gestión Cambiemos, llevaba las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Angel Rozas, entre otros. “Esta es la inspiración que tienen estos cambios”, afirmó el senador formoseño, citando también las iniciativas presentadas por los senadores Martín Lousteau, Lucila Crexell y Alberto Weretilneck.

Se refirió luego a Alejandra Gils Carbó, a quien -sostuvo- “Macri decidió echarla”. Y agregó: “Teníamos una procuradora elegida por los dos tercios, que debía durar mientras durara su buena conducta… Pero había un plan internacional contra todos los que representaban los movimientos populares”, señaló, citando a Lula y hasta (Fernando) Lugo en Paraguay. “Era una estrategia que no estaba pensada solo para la Argentina; era muy amplia: proteger al poder económico, el esquema de usura, los fondos fuera del país, y un ataque al sistema político, al adversario”, denunció.

En su discurso, Mayans se refirió incluso a los arrepentidos, afirmando que eran obligados a acusar a Cristina Kirchner. “Eso fue lo que pasó con la Justicia argentina. Esto está dentro de ese plan de desprestigio”, agregó, asegurando que muchos legisladores de la oposición “tienen algunos periodistas que les dicen lo que tienen que decir. Yo leo el domingo lo que dicen los periodistas y sé lo que van a decir ellos el jueves… Y algunos lo repiten mal”, ironizó.