El secretario de Derechos Humanos debió viajar a Formosa con conclusiones ya previamente redactadas. Los riesgos de una segunda ola que llegará, con una vacuna que, como en todas las latitudes, se retrasa de manera alarmante.
Por José Angel Di Mauro
Ataviado de manera tal que no quedaran dudas de la intención de sobredimensionar la “importancia” que el gobierno formoseño le da a la prevención del Covid en su territorio, no debió sorprender la reacción del secretario de Derechos Humanos ante el grupo de jóvenes que lo abordó a la salida de la Escuela 224, donde funciona uno de los centros de aislamiento puestos bajo la lupa nacional los últimos días. “¿Te pensás que estoy acá disfrazado para carnaval?”, fue la poco feliz ironía con la que Horacio Pietragalla eligió salir de un momento que lo ponía tan incómodo como el traje que le habían hecho colocar.
Ya de por sí lo incomodaba esa inspección que finalmente había debido emprender tras semanas de silencio ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en Formosa, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia, y que sabía que inexorablemente debería concluir con un diagnóstico que ya habían elaborado antes de partir.
Fue un Pietragralla auténtico el que le contestó al joven formoseño que le reclamaba explicaciones. Como también fue auténtico el que se sentó al día siguiente con dirigentes de la oposición y miembros de organizaciones de derechos humanos mostrando “predisposición” durante una reunión que fue calificada por sus interlocutores como “muy buena”. El secretario de DDHH de la Nación es un hombre visceral, que puede dialogar de la manera más amable con la oposición en el marco de una reunión de comisión en la que es abordado con fuertes cuestionamientos, y salir bien parado -como ya ha sucedido en el Congreso-; pero también aquel duro diputado opositor capaz de abordar al presidente de la Cámara de manera intempestiva y quedarse con la lapicera de Emilio Monzó como trofeo.
En la conferencia de prensa que finalmente brindó al cabo de su excursión formoseña, el funcionario negó “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos en la provincia y descartó la existencia de “centros clandestinos de detención”.
“Pietragalla usa la palabra ‘clandestinos’ para desviar la atención, para hacerle decir a la oposición y a los ciudadanos que rompieron el cerco del miedo que impone la administración de Insfrán algo que no han dicho”, replicó el jefe del interbloque JxC de Diputados, Mario Negri.
Como sea, en ningún momento nadie pudo haber esperado que desde el Gobierno partiera alguna condena a la situación formoseña. El eje fundacional del Frente de Todos y la regla estricta para el mantenimiento del mismo es la unidad, y eso impone todos los esfuerzos para mantenerla, aun cuando implique ingerir sapos. “No se le suelta la mano a nadie”, es la regla no escrita pero respetada a rajatabla. Aun con sectores minoritarios y que puedan despertar recelos internos, como el caso de Victoria Donda.
El gobierno formoseño puede reivindicar que logró controlar la situación sanitaria y es hoy el que menos casos ha reportado: 841, al viernes pasado; 3.500 menos que Misiones, la segunda en ese sentido. Y tiene apenas 10 muertos. Pero lo consiguió a costa de una cuarentena estricta que en materia económica ha impactado gravemente en la actividad privada -en una provincia donde el principal empleador es el Estado, aclaremos-: los locales gastronómicos han estado 8 meses cerrados y solo en la capital ese sector perdió casi 500 puestos de trabajo. Ni hablar del comercio en general.
Eso sin citar los polémicos centros de aislamiento. El principal funciona en el estadio Cincuentenario y tiene espacio para 400 personas. Lugareños afirman que cuando el gobernador Insfrán invitó públicamente a la Secretaría de DDHH a inspeccionar la provincia había allí unas 240 personas; al llegar Pietragalla solo quedaba una treintena.
Cualquier familia que desee dejar la provincia para ir de vacaciones, al volver deberá pasar 14 días, como mínimo, en uno de esos centros de aislamiento, o bien ir a un hotel que deberá costear. Lo mismo que el policía que custodie la habitación.
Pietragalla comparó ese tipo de aislamiento con la estrategia porteña: “El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevaba gente desde los aeropuertos a hoteles, donde las personas llegaban y quedaban encerradas”, señaló. Obviamente no estaba ponderando al jefe de Gobierno de CABA.
En este marco el Gobierno nacional prorrogó el DISPO en todo el país. La medida se adoptó luego de que en la semana distintos voceros destacaran que la curva ascendente verificada en diciembre se había estabilizado. Nada que festejar: los números son similares a octubre, cuando transitábamos el pico de contagios. En rigor, la baja posterior nunca fue tan drástica; ese es un detalle no menor que advierten los especialistas. Y en ese contexto, visto el “espejo que adelanta”, que para nosotros siempre ha sido Europa, el panorama puede ser sombrío, habida cuenta del impacto fuerte que ha constituido en el Viejo Continente la segunda ola. Si aquí llega -y llegará-, estaremos en serios problemas.
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio por sentado que eso sucederá, entre abril y mayo, y dijo que solo resta bregar porque sea “más tarde que temprano”.
¿Cuándo eso suceda volverá la cuarentena estricta? Después de la polémica que generó el fallido “toque de queda”, decididamente no: el Gobierno nacional dejará en manos de cada gobernador la elección de la estrategia. Mientras no salgan a imitar todos a Insfrán…
El problema es que -vacuna mediante- el Gobierno se ilusionaba con transitar ya otro contexto. Más que “exitismo”, podría decirse que fue un deseo de dar buenas noticias cuando las mismas no abundaban. Lo que sea, terminó jugándole en contra. Fue así que ya en noviembre 2020 el presidente Fernández anunció que entre diciembre y enero habría 25 millones de dosis. “Con estas dosis, la mitad de la población estaría vacunada”, expresó entonces.
Habrá que pensar que el Gobierno creía genuinamente en sus propias afirmaciones, pues por esos días se disponía a sancionar el Presupuesto 2021 en el que no figuran previsiones respecto de la continuidad de la pandemia.
El día en que promulgó la Ley de Vacunas, en tiempos en los que las perspectivas incluían en nuestro vademécum la vacuna Pfizer, el presidente anticipó que a fines de diciembre se habría vacunado ya en el país a unas diez millones de personas. Cuando al año le quedaban solo 16 días hábiles, Fernández moderó sus expectativas y aun así sonó exagerado: “Vamos a vacunar a 300.000 personas”, expresó. Gracias que se consiguió que antes de terminar el año comenzara el operativo de vacunación. Y de las previsiones sobre vacunas efectivamente aplicadas, se pasó a las que pudieran conseguirse, pero aun así sonaba exagerado cuando en la primera semana de enero el ministro de Salud, Ginés González García, anticipaba la llegada de 5 millones de dosis para fines del mes que hoy concluye.
De todos modos habrá que ser medido al cargar las tintas. Sí se le puede reprochar al Gobierno cierto optimismo exagerado, fundamentalmente a la hora de los anuncios -el propio presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, reconoció que “se ha comunicado muy mal”-, pero en todo el mundo las expectativas en materia de aprovisionamiento de vacunas no han sido satisfechas. En lo que a nosotros concierne, Rusia ha reconocido “demoras” en la provisión de vacunas, aunque aseguró que cumplirán en el mediano plazo. De hecho, hablaron del segundo trimestre. Demasiado tiempo para las expectativas y promesas oficiales.
Sobre llovido, mojado, aparecieron las denuncias por un “manejo político” de las vacunas. Se ha verificado en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo espera librar “la madre de todas las batallas” este año en las elecciones legislativas. Locales partidarios utilizados para anotarse en las listas para recibir las Sputnik V, han sido objeto de denuncia de parte de la oposición. Se veía venir, desde que las autoridades provinciales privilegiaron la estructura provincial, excluyendo del proceso de vacunación a los municipios. Recordemos que cuando en Olavarría se perdieron 450 vacunas por un problema de refrigeración, el intendente local de JxC advirtió que eso ocurrió porque habían sido enviadas a un hospital oncológico en lugar de utilizar los vacunatorios municipales. Así sigue haciéndose.
Y la decisión oficial es utilizar establecimientos educativos para el Plan Público, Gratuito y Optativo de Vacunación contra el Covid-19 -tal su denominación oficial-, para lo cual prevén usar 350 escuelas bonaerenses que están siendo convenientemente equipadas en materia de seguridad y refrigeración. Todo un esquema intensivo para el mes de febrero, contra el cual el retraso de la llegada de la Sputnik V va a conspirar, por cuanto se supone que en marzo deberían volver las clases. ¿Habrá que trasladar entonces todo el equipamiento?
