Legisladores mendocinos presentaron un proyecto a través del cual reclaman retrotraer la medida por la cual se dejó de lado esa medida.
Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, solicite a la Administración de Parques Nacionales dejar sin efecto la decisión de retirar la querella y no impulsar la elevación a juicio de la causa que investiga la usurpación de tierras en “Villa Marcardi”. Además se solicita evaluar la responsabilidad de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo.
Por esta resolución conjunta firmada por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos “a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en la causa judicial caratulada “JARAMILLO MARTHA LUCIANA Y OTROS S/ USURPACION ART. 181 C.P. (EXPTE. Nº 26.511/2017)” en trámite por ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche”.
La medida resulta de una gravedad institucional sin precedentes, sostienen los legisladores de Juntos por el Cambio, atentos a que la APN es el organismo guardián de los Parques Nacionales, tiene a su cargo el control y fiscalización de dichos parques que son propiedad del Estado Nacional, evadiendo así sus responsabilidades primordiales ínsitas en la Ley 22.351.
“No nos sorprende que detrás de estas intromisiones en la justicia esté el señor Eduardo Zanini, que no quedará en la historia de nuestro país por la defensa de los intereses de los argentinos” afirmó Alfredo Cornejo.
“Una vez más somos testigos del manejo discrecional que hace este gobierno de la propiedad del Estado y en este caso además va en contra de los intereses de los recursos naturales del país”, sostuvo la diputada Jimena Latorre.
Entre los fundamentos que motivaron la medida se destaca la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación que refiere a doctrina de “larga data” según la cual “la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente (…)”. (Nota N°2021-54857139-APN-PTN).
Se alega, además, que según surge del Acta N° 35/2021, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la APN que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu.
Es decir, la Administración de Parques Nacionales, está desligándose de la responsabilidad de su función propia en relación a las áreas protegidas nacionales, nada menos que ante la existencia de un delito de usurpación, que nada tiene que ver con los derechos reconocidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, relacionado al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina.
Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias correspondientes a la descripción del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.
“Es así que el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable. El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo referido, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión” concluyó el documento firmado por los diputados.
