El procurador general bonaerense Julio Conte Grand fue convocado por la mesa judicial bonaerense al Congreso Nacional para este martes, tras la difusión de las imágenes de la reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la mesa judicial macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Bazze.

En ese sentido, Tailhade detalló en una entrevista con radio Del Plata, que “Conte Grand también fue citado por la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia para explicar por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri”.

También remarcó que “el expresidente entregó teléfonos encriptados a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolas Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia exgobernadora”.

“No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino”, advirtió.

Por otra parte, el diputado miembro de la Comisión Bicameral manifestó que “los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista pueden denunciar ante ese grupo parlamentario si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención”.

“Hasta el momento, la comisión cuenta con denuncias de UOCRA de La Plata, el sindicato de Fleteros, ambos con dirigentes presos en Bahía Blanca, y del sindicato de Astilleros Río Santiago y de Camioneros, entre otros”, según detalló el diputado.

En el caso de Camioneros, Tailhade recordó que “dos agentes de inteligencia de máxima jerarquía en la AFI fueron a apretar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo y a Hugo Moyano”.

Fuentes parlamentarias señalaron que, además de recibir a Conte Grand, este martes se buscará tomar declaraciones a dos representantes de dos empresas para establecer cuál de ellas comercializó el equipamiento con el que se grabó la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. Por último, Tailhade ponderó que tanto el juez Kreplak como la fiscal Ana Russo, que llevan adelante la causa, están a la altura de las circunstancias.