Diputados del Frente de Todos se juntaron este martes en el Congreso para firmar una declaración para que el Gobierno nacional aplique las leyes ya existentes de Abastecimiento y Góndolas “para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios”.

Participaron de la reunión que se llevó a cabo en el Anexo del cuerpo legislativo los diputados Natalia Souto, Victoria Tolosa Paz, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo y Eduardo Tonioli, quienes firmaron la declaración “Defendamos la mesa de los argentinos”, donde se pronunciaron a favor de aplicar las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar.

Al respecto, la diputada de SOMOS/ Barrios de Pie, Natalia Souto, manifestó: “En estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina”.

“Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo”, apuntó y destacó que “frente a este panorama, que es bastante habitual y repetido a lo largo de nuestra historia, tenemos herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente”.

Finalmente, la legisladora de SOMOS/ Barrios de Pie explicó que “se debe aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población. Y para eso existen dos herramientas legales, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas”.

En la reunión, remarcaron que “la inflación en nuestro país no es un problema actual, ya hace muchos años que venimos conviviendo con este flagelo. Entre sus múltiples causas se pueden enumerar el alza de los precios de las materias primas, la puja distributiva, la economía bimonetaria, las altas expectativas inflacionarias, la emisión monetaria y los desequilibrios de la economía internacional”.

“Además, en este tiempo, a la inercia inflacionaria local, se le suma la suba de los precios a nivel mundial producto de la pandemia, por la presión ejercida en commodities y energía por el conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania. Se prevé que, por los efectos de la guerra en el este de Europa, el mundo tendrá la inflación más alta en los últimos 40 años”, agregaron.

En tanto, apuntaron: “Tampoco hay que caer bajo ningún punto de vista, en las amenazas de aquellos grupos que quieran aprovecharse, sin responsabilidad alguna, de las condiciones extraordinarias generadas por la el alza de precios y la escasez mundial. Muy por el contrario, hay que sindicarlos como los que pretenden enriquecerse desmedidamente sin tener en cuenta ninguna consecuencia para nuestra gente. Estos sectores empiezan a mostrar las uñas ni bien el gobierno plantea alguna medida que tiende a disminuir el impacto socioeconómico de las consecuencias de la guerra, ya que con vil afán de lucro, no están dispuestos a resignar absolutamente ninguno de los beneficios obtenidos por esta situación tan excepcional”.

En función de esto último, la Promoción del Proyecto de Ley de Mercados Alimentarios de Cercanía es “otro punto importante”, y explicaron que “esta iniciativa apunta a crear y fortalecer mercados alimentarios de escala local y regional, con participación mixta de los distintos niveles del Estado y del sector privado, pyme y cooperativo. El objetivo es fomentar aquellos espacios de venta directa de productores a consumidores, con precios justos y sin especulaciones financieras, para el acceso al derecho a la Canasta Básica Alimentaria”.

El proyecto contempla la descentralización de fondos del Estado nacional a gobiernos provinciales, municipales, MiPyMEs, y cooperativas para la constitución, equipamiento y funcionamiento de estos mercados; la implementación de líneas de créditos específicas a tasa bonificada con garantía pública; el establecimiento de beneficios impositivos, laborales y crediticios; y una estrategia nacional de infraestructura y de servicios para la alimentación. También la creación de un fideicomiso con fondos públicos y privados que promueva la constitución de estos Mercados.

“El Estado cuenta con herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente; y, por otra parte, aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población”, sostuvieron.

Por consiguiente, explayaron que la “Ley de Abastecimiento, la cual le permite al gobierno intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. De esta forma, analizando los márgenes y la forma en que se produce y comercializan los alimentos (por ejemplo), se pueden establecer precios reales con márgenes de ganancia lógicos. De esta manera, se evitarían los excesos, la especulación y los aumentos “preventivos” injustificados”.

“Además, esta norma permite intervenir temporalmente industrias y mantener la continuidad de la producción y comercialización para garantizar el abastecimiento de productos. De esta forma se puede evitar lo que estamos viendo en muchos supermercados donde hay faltantes de los elementos de primera necesidad y que se hallan dentro del programa Precios Cuidados”, destacaron.

Y concluyeron: “Esos productos faltantes o no se están fabricando o directamente se están acumulando en depósitos y centros de distribución; las empresas piensan que acaparando pueden lograr precios mayores y con eso multiplicar sus ganancias. Ley de Góndolas,  que tiene como orientación general contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo”.