Más allá de la polémica decisión de un juez entrerriano que frenó los nombramientos, interpretaciones disímiles plantean una polémica para completar el organismo que a partir de este lunes se regirá según la ley de 1997.
Por José Di Mauro
Nadie debería haberse sorprendido de que la resolución del conflicto en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura se empantanara. Así debió preverse a partir de la demora del Senado en iniciar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre todo las expresiones que durante todo el tiempo que medió hasta el inicio de la discusión se escucharon de parte de referentes judiciales del kirchnerismo más duro.
Hombre clave en ese esquema, Rodolfo Tailhade se mostraba por esos días más cuestionador de la decisión adoptada por la Corte Suprema, que por encontrar caminos superadores que llevaran a una resolución del conflicto.
Ni bien se aprobó el proyecto en el Senado, el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, le apuntó también a la Corte Suprema supuestamente para forzar una extensión de los plazos. Por eso habló de los 1.577 días que el Tribunal Supremo se tomó para emitir el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, a instancias de la hoy vicepresidenta de la Nación, para contrastarlos con los exiguos 120 que le dio al Congreso de plazo.
Era de prever que el Tribunal Supremo no habilitara dilaciones, a partir de otro hecho: el proyecto del Ejecutivo ingresó al Senado el 7 de diciembre pasado y recién comenzó a ser tratado el 22 de marzo último. Esto es, si bien el plazo de 120 días otorgado por la CSJN para aprobar una nueva ley de reforma para el Consejo de la Magistratura puede considerarse reducido, también es cierto que 106 días demoró el Senado el inicio del tratamiento del proyecto. Dicho en términos porcentuales, el 88% del tiempo otorgado por la Corte Suprema.
El proyecto fue deliberadamente enviado al Senado y no a Diputados, donde podía complicarse su tratamiento. Pero tratándose de la Cámara alta, está claro que los tiempos los impondría el cristinismo, y fue lo que hizo. El área judicial es de especial atención para ese sector del Frente de Todos y allí se iniciaron todos los proyectos que luego se atascaron en la Cámara baja: reforma judicial, reforma del Ministerio Público y ahora el Consejo de la Magistratura. Todos tuvieron media sanción del Senado y no pasaron el filtro de la Cámara baja. Sin contar el pliego de Daniel Rafecas para procurador, todavía sin tratamiento en la Cámara alta.
Dadas las circunstancias, siempre fue más factible que el Consejo de la Magistratura se recompusiera solo hasta llegar a la composición que establecía la ley de 1997, de 20 miembros. Lo que daría lugar -como ha dado- a que el oficialismo echara dudas respecto de la medida adoptada por la Corte, por cuanto se ve al Tribunal Supremo arrogándose facultades legislativas.
Como sea, ahora la vuelta a la composición original se encuentra empantanada a partir de un fallo judicial impulsado por un juez federal de Entre Ríos (Daniel Alonso), a instancias de un diputado oficialista (Marcelo Casaretto), para que los presidentes de ambas cámaras se abstengan de designar a los dos legisladores que deberían conformar el nuevo Consejo, según su vieja composición.
El fallo del juez entrerriano es cuanto menos polémico, porque implica que una instancia inferior pueda modificar la decisión de nada menos que el Máximo Tribunal del país. Por eso es que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de nulidad de esa precautelar, considerando que se trata de “un alzamiento inadmisible” contra un fallo de la Corte. Y le pide el Colegio directamente a la Corte avocarse a ese tratamiento “por la gravedad institucional del caso”.
Seguramente esa discusión se definirá en el transcurso de esta semana, pero lo cierto es que mientras tanto la designación de esos dos legisladores es el punto con el que el oficialismo buscará demorar la vuelta al Consejo anterior.
No es la primera vez que la elección de legisladores para el Consejo genera polémica y hasta la intervención de la Corte. Sucedió en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Ese Gobierno tenía minoría en ambas cámaras y poca influencia en el Consejo de la Magistratura. Por eso es que mientras atendía la situación imperante en Diputados y el Senado, que terminaría resolviendo en el transcurso del verano, planteó un audaz desafío hacia el kirchnerismo. A las dos semanas de gestión de Mauricio Macri le ganó al Frente para la Victoria una pulseada gracias a un acuerdo parlamentario que le permitió arrebatarle al kirchnerismo un lugar y designar a Pablo Tonelli (Pro).
Para eso reunió una cantidad de diputados superior al kirchnerismo para cubrir un cargo vacante. Para entender la historia completa hay que remontarse a 2014, cuando los diputados designados por el FpV-PJ eran Eduardo “Wado” De Pedro y Rodolfo Tailhade. Al irse el primero al Poder Ejecutivo, para asumir como secretario general de la Presidencia-en tiempos de Cristina Kirchner-, asumió su suplente: la entonces diputada Anabel Fernández Sagasti. Un año después la mendocina sería elegida senadora nacional, por lo que se generó una vacante en el Consejo de la Magistratura, ya que el Frente para la Victoria no había designado suplente cuando la mendocina asumió en lugar de Wado De Pedro. Entonces no lo consideraron necesario, pues no imaginaban lo que les pasaría.
El ideólogo de la movida que le permitió a Cambiemos quedarse con ese lugar en el Consejo fue el entonces presidente del bloque Pro, Nicolás Massot, quien elaboró un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa por el que sumaron 110 diputados con los cuales formaron una nueva mayoría para la ocasión.
Massot había estudiado el tema con su equipo jurídico y vio la debilidad de la estructura de la ley. A su juicio, la norma escrita tiene “muchas lagunas y mucha ambigüedad”. Así las cosas, ellos le dieron a la ley una interpretación que considera “correcta”, sobre todo a partir de que la Corte Suprema terminó avalando lo sucedido al señalar que así como los fueros son de la Cámara, los cargos que representan al Congreso también son de la Cámara y no de los partidos. Por lo tanto, la interpretación de la mayoría debía ser dinámica y la Cámara podía modificar las mayorías que resultaron de una elección.
“Creo que fue uno de los principales golpes por los cuales entendieron (los kirchneristas) que nosotros veníamos a pisar fuerte acá y no a ser espectadores”, explica Nicolás Massot en el libro Gobernar en Minoría (Ediciones Corregidor, 2019), y allí agrega: “Lo nuestro fue una estrategia para que un gobierno que no tenía mayoría por las urnas, la pudiera conformar, que es lo que en general hacen los oficialismos del mundo. Esta herramienta fue una interpretación para que no fuera el resultado electoral estático el que determinara lugares, sino una mayoría dinámica, que el oficialismo siempre está en condiciones de generar”.
Esa estrategia se le terminaría volviendo en contra. Ya lo veremos.
Para el año 2018, el gobierno de Mauricio Macri se las había arreglado para tener mayoría en el Consejo de la Magistratura, y tras los resultados de las elecciones del año anterior y la nueva composición legislativa se aprestaba a conseguir los dos tercios: el número necesario para imponer y destituir jueces. A esa cantidad esperaba llegar a partir de ser ahora primera minoría en el Senado, dato que había surgido de las elecciones de 2017.
Para impedirlo, el jefe de la principal oposición en el Senado, Miguel Pichetto, venía trabajando silenciosamente desde hacía semanas para sumar miembros a su interbloque, de modo tal de superar a los de Cambiemos y así conservar los dos senadores por la mayoría. No le resultaba posible: habían avanzado las negociaciones con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora para incorporar a sus dos senadores al interbloque Argentina Federal, pero cuando ya lo tenía resuelto, se le volvió a complicar al rionegrino al sufrir en vísperas del debate del Presupuesto 2019 la salida de los dos peronistas tucumanos: José Alperovich y Beatriz Mirkin, lo que lo dejaba en el mismo lugar de antes.
Finalmente, pocas horas después de haberle dado una gran mano al Gobierno de Cambiemos con la aprobación del Presupuesto, Pichetto difundió un comunicado en el que anunciaba haberse adjudicado los dos senadores por la mayoría, por ser el bloque con mayor número de integrantes: 18. Esto es, no tomaron en cuenta a los interbloques. Fin de la historia.
El propio Pichetto se quedó con uno de esos dos lugares para la mayoría y el otro fue para una senadora santiagueña que respondía a Zamora, parte del acuerdo. No hubo protestas de Cambiemos, que siempre priorizó cultivar una buena relación con los aliados indispensables del Senado. Pero no esperaba el baldazo que llegó inmediatamente después desde la otra cámara.
Utilizando en este caso la doctrina a la que había echado manos Cambiemos en 2015 para arrebatarle un lugar al kirchnerismo, la oposición se unió en 2018 para sacarle al oficialismo uno de los dos lugares que reclamaba para sí.
El FpV-PJ negoció con el Frente Renovador para alcanzar una mayoría circunstancial. Sergio Massa pidió entonces que le aportaran nombres, aclarando que el de Rodolfo Tailhade (entonces consejero) no era viable, y le propusieron a Eduardo “Wado” De Pedro. Y el FR podría poner a su jefa de bloque: Graciela Camaño.
La movida contó con la anuencia del bloque Justicialista, que respondía a los gobernadores y cuyo titular, Pablo Kosiner, rechazaba acordar con el kirchnerismo. Sin embargo se impuso en su espacio el criterio de la mayoría del interbloque Federal y la adhesión fue firmada por su vice, Sergio Ziliotto, un hombre del gobernador pampeano Carlos Verna, en pie de guerra con el Gobierno de Cambiemos.
Advertido por Emilio Monzó de lo que venía, el propio presidente Macri llamó a su amigo Juan Schiaretti para pedirle que sus cuatro diputados no se sumaran a la movida, pero el gobernador cordobés ya había arreglado con Massa, quien le había garantizado que su vicegobernador en uso de licencia, Martín Llaryora, sería el suplente de Graciela Camaño, a quien se le vencía el mandato en 2019 y entonces asumiría Llaryora en el Consejo. No fue así porque el cordobés terminó siendo elegido intendente de la capital de su provincia y Camaño al final fue candidata para otro período y hoy sigue en el Consejo.
Como en tantas otras cosas, Cambiemos entonces se confiaba en presunciones y en este caso jugaba su suerte a que el massismo no se arriesgara a quedar expuesto en un acuerdo con los K en un tema tan sensible como el manejo judicial. Pero debió resignarse ante su propia medicina.
Así las cosas, de 9 miembros que esperaba tener en el Consejo, Cambiemos quedó reducido a 7 sobre 13. Siguió teniendo mayoría, podía elegir al presidente, pero debería consensuar para conseguir los votos para remover o designar jueces o fiscales. Y también aquí volvería a depender de Miguel Pichetto.
Consultado sobre si la estrategia elegida se les había vuelto en contra, Nicolás Massot respondió con inusual sinceridad: “Lo que se nos volvió en contra es lo inédito de que haya un oficialismo que pierda mayorías. No es que se nos volvió en contra la herramienta. Y el oficialismo perdió las mayorías no solamente en el Consejo de la Magistratura, las perdimos con los DNU y con las leyes en general. Desde mediados de 2017 ese Gobierno dejó de tener mayorías en el Congreso”.
Y así llegamos a la composición actual y una nueva polémica que se plantea. Los representantes del Congreso en la Magistratura son tres diputados de distintos sectores: Vanesa Siley (Frente de Todos), Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) y Graciela Camaño (interbloque Federal). Y tres senadores que representan la relación de fuerzas en la Cámara alta: María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos), Mariano Recalde (Frente de Todos) y Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio).
Con la ampliación que se viene a partir de la vuelta al Consejo de 20 miembros, Juntos por el Cambio considera que le corresponden los dos lugares asignados al Poder Legislativo, por ser segunda minoría. Por eso elevó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, el nombre del cordobés Luis Juez por el Pro, y a Sergio Massa el de la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR).
Pero más allá del freno que un juez entrerriano le puso a la designación de representantes legislativos, el oficialismo opina lo contrario: dice que las segundas minorías no son las actuales, sino las de 2018, cuando se integró el actual Consejo de la Magistratura. Si así fuera, en 2018 el segundo bloque con más miembros del Senado era Unidad Ciudadana, y razonan que en Diputados sería la izquierda.
Si prevaleciera la postura del actual oficialismo, los designados entonces podrían ser el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada nacional Myriam Bregman.
Esto se resolverá -o no- en las próximas semanas, si es que el Consejo de la Magistratura puede así reactivarse a partir de la vigencia de la ley de 1997.
