En el plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, quedó al descubierto que la iniciativa kirchnerista para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados, presenta una gran cantidad de errores en su redacción lo cual fue reconocido por los propios senadores oficialistas quienes anunciaron que harán modificaciones al respecto. El debate se retomará este miércoles a las 14.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Azul de la Cámara de Senadores con la participación de Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Jimena de La Torre, abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura; y Andrés Edelstein, contador público y vicepresidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas de CABA.

Dos son los proyectos kirchneristas analizados, de los cuales uno prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, y el otro es una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.

El primero en exponer fue Pablo Manzanelli quien puso el foco en los aspectos “macroeconómicos del proyecto” que remiten a “indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior” y aclaró que “calificarla como la crisis de la deuda no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó en dos oportunidades durante el gobierno anterior”.

“Cuando tuvo que apelar al prestamista en última instancia a mediados del 2018, es decir al FMI, y la segunda cuando en agosto de 2019 declaró desierta la licitación de dólares”, enumeró y siguió: “Entre diciembre del 2015, donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera, y diciembre del 2019, en el que solo mediaron 4 años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron a la economía argentina y la solvencia financiera”.

En es sentido, continuó: “Fue un endeudamiento basado en deuda en moneda extranjera, la más difícil y compleja desde el punto de vista de solvencia financiera sabiendo el problema de escasez de dólares en el país”.

Respecto al proyecto sostuvo que “busca dar respuesta a un problema viejo”, y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri que “aumentó la deuda pública anual de 25 mil millones de dólares, el momento más elevado de la historia de la argentina”. “Esta montaña de deuda que incubó el gobierno anterior, bajo ningún aspecto puede ser refinanciada por una economía como la argentina y más aún si nos atenemos a los vencimientos que dejó el gobierno de Macri”, cuestionó Manzanelli y añadió: “Esto es impagable”.

Por el contrario, ponderó al Gobierno oficialista que “hizo una reestructuración con los privados” para “dar pelea a este problema grave de la crisis de la deuda que recibió”, pero consideró que “debió ser más agresiva”. También destacó la postergación de los vencimientos de los próximos tres años que “eran impagables”, aunque remarcó que “el problema sigue vigente y latente hasta el 2030 con vencimientos superiores a 20 mil millones de dólares, por lo cual se vuelve imprescindible si lo que uno busca es no hacer una devaluación y un ajuste recesivo para resolver por esa vía la crisis de la deuda, desplegar iniciativas que buscan resolver este gran problema que se heredó del gobierno anterior”.

“Este proyecto se podría construir en ese sentido, no necesariamente lo va a resolver, pero es absolutamente imprescindible en ese plano si no se quiere caer en otra deuda. El proyecto también vincula dos aspectos como la deuda y la fuga, aunque hasta acá solo una porción de la fuga de capitales”, destacó Manzanelli y definió: “La fuga de capitales conceptualmente es excedente económico que se extrae del circuito y sistema económico, que no se consume ni se invierte y tampoco se deposita en el sistema financiero local”. En ese sentido, precisó que “este proyecto abarca una parte de eso, agarra solo o busca captar fuga de capitales ilegal radicada en el exterior”.

A su turno, Andrés Edelstein se refirió a la finalidad para la que se constituye el Fondo a la que consideró “válida” porque “tiene que ver con una decisión política que puede ser que tenga racionalidad financiera y económica en la mediad que sea posible para cancelar deuda”.

Pero, preguntó: “¿Cuáles son los medios que se eligen para dar pie al objetivo?”, y respondió que tiene que ver con “un régimen de regularización especial para lo cual se crea un aporte extraordinario especial que va a permitir financiar la cancelación de la deuda”. Sin embargo, cuestionó que no se dan razones de “oportunidad, mérito y de conveniencia”.

“En cuanto a la oportunidad, entendido como que es un aporte de regularización excepcional, un blanqueo, entendiendo que es así porque al leer los fundamentos no queda del todo claro porque sostienen que demás de los aportes especiales correspondería ingresos de los impuestos omitidos, no es oportuno un régimen de estas características porque en los últimos 14 años han existido 4 regímenes de estas características, es decir un blanqueo cada 3 años, algo insólito y de récord absoluto”, criticó Edelstein.

En tanto señaló que se debe corregir el artículo 7 porque “hay una imprecisión elocuente en el que habla de bienes no declarados en el exterior porque no da fechas precisas ni de corte; la segunda cuestión tiene que ver con el artículo 8 que habla de bienes a la fecha de detección”. Momento en el cual los senadores Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio consultaron sobre cuál sería la fecha que debe especificar dicho artículo, a lo que el contador especificó que “debe ir una fecha de corte”.

A su vez, el chaqueño Víctor Zimmerman consultó por los regímenes de regularización del pasado vigente, ante lo cual Edelstein precisó: “En cuanto a los otros regímenes en el 2008 la Ley 26.476 el monto exteriorizado 4.600 millones de dólares donde el impuesto especial era progresivo de un 8%, el segundo fue la Ley 26.860 no había impuesto especial se condonaba y lo exteriorizado fue alrededor de 2.500 millones de fondos declarados, la Ley 27.260 con 116.800 millones de dólares, la Ley 27.603 el año pasado no fue relevante lo que se puede decir”.

“¿Qué pasa si una persona es detectada con bienes no declarados con la legislación actual? Si un sujeto argentino tiene bienes no declarados en el exterior debe abonar el impuesto a las ganancias del monto detectado más un 10% de renta. Además, debe pagar intereses resarcitorios, multas por omisión que van del 100 al 200%, por defraudación son dos veces, bienes personales a la alícuota vigente, si realiza alguna actividad comercial el impuesto agregado, cuando haces la sumatoria encontrar una recaudación importante”, explicó.

En su exposición, el abogado Eduardo Barcesat abordó los aspectos jurídicos del proyecto fundamentalmente buscando los soportes constitucionales y convencionales sobre los cuales “puede apoyarse”.

“Corresponde nombrar al preámbulo cuando dice ‘promover al bienestar general’ creo que la idea es resolver la deuda y la fuga de capitales, son dos objetivos que están enlazados y cuanto se haga en pro de ello debe meritar nuestros consensos”, destacó.

En suma, sostuvo que el artículo 75 inciso 7 que define las potestades del Congreso “habla de arreglar el pago de la deuda exterior e interior de la Nación y se sostuvo como incumbencia ese artículo”. Asimismo, pidió a los senadores que “piensen” la posibilidad de que el proyecto sea entendido y se corresponda con el arreglo de la deuda externa de la Argentina y “no buscar calificativos o vocablos que excedan la semántica constitucional”.

Además, precisó que los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional “desarrollan el concepto de la cláusula del progreso enriquecida con la formula del derecho al desarrollo social y humano sustentable, no solamente se trata de crear riquezas sino también de distribuir dicha riqueza de forma igualitaria que una a las distintas regiones que componen el territorio”.

En suma, apeló a los tratados internacionales para fundamentar que son “la base de lo que propone el proyecto” porque “tienen el mismo texto, pero es el énfasis que pusieron los expertos de Naciones Unidas en afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho de independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas”.

“Todo aquello que tienda a que se recupere lo que ha sido explotación de recursos en el territorio de la Nación es una forma de cumplimentar y de respetar estas normas que gozan de jerarquía sino que son normas de más alto rango de derecho internacional de derecho humano, su invocación tiene espalda ancha para proteger cuanto se haga en beneficio de estos dispositivos que son la conciencia elevada”, explayó Barcesat y cerró: “Hay que reducir el peso de la deuda externa que agobian a los países del continente americano”.

Por su parte, fue la abogada Jimena de La Torre quien detectó los errores en el proyecto ya que manifestó que “la confusión está en tratar de identificar los fundamentos respecto del texto y el articulado porque hay contradicción sobre si es o no blanqueo, o una sobre tasa en donde en realidad perseguimos al evasor con todo el peso de la ley”.

“Hay contradicciones entre los fundamentos y lo que dice la ley, también en su artículo 11. Estamos convirtiendo al Estado nacional en un vehículo de lavados de activos y creo que ese no es el objetivo y nadie quiere eso”, advirtió. “Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un hecho imponible, una alícuota determinada y tiene un sujeto pasivo y activo, esto es un impuesto”, remarcó La Torre.

También sugirió modificar la forma en que se va a definir “esto que se crea porque si tiene características de una multa hay que ver cómo se redacta de modo tal que saltee los escollos constitucionales. Si es sobretasa y le damos naturaleza de impuesto obligatorio hay que sortear el escollo de la confiscatoriedad”.

“Hay que barajar y dar de nuevo, atender los fundamentos porque la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar, son demasiados. Tal vez lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica”, cuestionó La Torre.

Fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá el primero reconocer los errores de la iniciativa y sostuvo: “¿Qué queremos hacer? La mejor ley y vamos a corregir las cosas que han señalado y que están mal. Los fundamentos están bien, entonces vamos a corregir la redacción para que el espíritu sea el de los fundamentos y vamos a ponerlo correctamente”.

En tanto, pidió colaboración y que “no nos enojemos, estamos aceptando los errores, busquemos el consenso. No tenemos la intención que sea un blanqueo de los evasores”. Asimismo, destacó la presencia de Jimena La Torre porque “nos ha servido estas presentaciones para encontrar el camino y debemos nosotros encontrar la precisión de la redacción en un tema de trascendencia enorme para aliviar al pueblo de la carga de la deuda con este camino creativo”.

“Estamos en presencia de un drama argentino y ante la presencia de un proyecto creativo para crear nuevo fondo para pagar la deuda de quienes han llevado sus capitales fuera del país evadiendo impuestos en contra de las leyes argentinas. Vamos a ir contra los pícaros, contra los que siempre en perjuicio del pueblo han lucrado”, cerró el puntano.

En el mismo sentido se pronuncio el chaqueño Antonio Rodas quien expresó: “Desde el 1800 somos los campeones mundiales de la evasión, de ocultar los bienes, de preocuparnos por cualquier cosa menos por lo que le interesa al pueblo argentino, ya no se trata de buscar responsables y acusarnos entre gobiernos, hay una realidad de que este país necesita un aporte llámese como se llame para poder salir de esta situación, no necesitamos bienes materiales, necesitamos dólares, que no lo podemos fabricar”.

“Esta oportunidad para poder morigerar el efecto de los compromisos que tuvimos que hacer con el Fondo Monetario. No culpo a nadie, pero debe haber un sinceramiento porque si no siempre dicen que los culpables somos los políticos. Los que estamos acá tenemos la responsabilidad, la política va a resolver el nombre adecuado. La voluntad política es sacar una ley que beneficie el pueblo argentino”, cerró Rodas.

Por último, Parrilli mencionó los temas en los que se esta trabajando para perfeccionar el proyecto, tras escuchar la exposición de los invitados y en colaboración con algunos senadores de la oposición: “Este proyecto o Fondo o es para cancelar al deuda actual con el FMI la presente y la futura sin prórrogas; ampliamos las facultades de la AFIP para dictar los procedimientos que necesita para aplicar la ley sobre la documentación respaldatoria de las investigaicnes que lleven adelante; establecemos que el monto que se deba pagar que la AFIP lo cobre en efectivo y aplique un plazo de 12 meses en cuotas mensuales para facilitar la percepción; nada se contempla con respecto a la vado de dinero, contrabando, terrorismo, nada de eso”.

Respecto a la figura del colaborador, el senador neuquino señaló que “debe dar una información veraz, confiable, contundente y sincera, no irá a la AFIP a denunciar, sino que pretendemos crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. Si da información falsa comete un delito o quiere difamar nada más, no tendrá cabida en esto”.