En una reunión de un poco más de tres horas, la Comisión de Acuerdos del Senado culminó este jueves con una serie de audiencias públicas que se realizaron para escuchar a más de 60 candidatos a cubrir distintos cargos en el Poder Judicial.

En el arranque de la tercera jornada, la presidenta de la comisión, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, anticipó que había tres postulantes que no concurrirían, por lo cual “como es criterio de esta comisión, al no poder venir a la audiencia pública no se les va a dar el acuerdo correspondiente”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri, repitió como en la primera audiencia su observación sobre la “gran cantidad de conjueces” que se iban a tratar. “No sería el procedimiento lógico que deberíamos tener”, consideró y remarcó que en el Consejo “ya existen concursos públicos realizados, con lo cual se podrían seleccionar para cubrir las vacantes”.

Desde el oficialismo, el jujeño Guillermo Snopek señaló que “los conjueces en cada Cámara o en cada instancia judicial tienen la función de cubrir a los jueces titulares no solo en caso de vacancia, sino también si tienen alguna incompatibilidad o excusación”.

Entre los postulantes que asistieron al Salón Illia, donde expusieron sobre su trayectoria y respondieron preguntas, como si por ejemplo han recibido la formación en la Ley Micaela, defendió su pliego Ramiro Salinas, propuesto como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Salinas fue consultado por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, sobre “casos que están hoy muy en boga como la extorsión por movilizarse por parte de los movimientos sociales a cambio de un plan”. “Quisiera saber si lo constituye un delito o no y cómo interpreta esos hechos”, preguntó.

Antes que tomara la palabra el candidato, Fernández Sagasti le pidió que “conteste con la salvedad de no prejuzgar por su condición de magistrado”. “La jurisprudencia es muy clara en torno a los temas de extorsión y derechos sociales”, expresó Salinas, quien opinó que el caso necesitaría de un “análisis particular de la situación” sobre “las circunstancias, ver cuáles son los intereses en conflicto y verificar”. “Si las pruebas indican una clara evidencia de extorsión habrá que avanzar”, agregó.

Otro de los que se presentó este jueves fue Juan Pablo Salvay, propuesto para conjuez de los juzgados federales de primera instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien se encuentra imputado en una causa que se inició a partir de la denuncia del fiscal federal Enrique Senestrari, a raíz de una presunta sustracción de documentación de la Fiscalía en la que era empleado.

Lo consultó al respecto el senador cordobés Luis Juez, quien mencionó que Salvay recibió “algunas impugnaciones muy serias”, y le pidió que “verbalice puntualmente en qué situación se encuentra”.

“Nunca fue mi intención ni es mi intención hacer un show mediático. Hice lo que creí que era correcto, denuncié lo que yo estimaba constituía un delito de parte de un funcionario, mi denuncia lo fue en el ámbito administrativo de la Procuración General de la Nación”, respondió. Salvay también afirmó haber sido “víctima de maltrato de un funcionario a lo largo de los años” y “víctima de lawfare”.

Juez aclaró que él tiene una “enemistad manifiesta” con Senestrari, pero le insistió al candidato que conteste “en qué etapa procesal se encuentra esa denuncia”. “Me encuentro imputado en una imputación que data de febrero de 2020. No me encuentro procesado y mucho menos condenado”, aclaró el postulante. Tras su exposición, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, ratificó que el oficialismo acompañará su pliego.