El Senado comenzó a tratar un proyecto para reglamentar los traslados de los jueces

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales inició este miércoles el debate sobre el proyecto del senador kirchnerista Martín Doñate.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, a cargo del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), inició este miércoles el tratamiento de un proyecto de ley que propone reglamentar el traslado de jueces del Poder Judicial, en lo que se constituye como un nuevo intento de avanzar sobre la justicia por parte del oficialismo.

La iniciativa responde a un pedido de la Corte Suprema, pero tiene la evidente intención de reavivar el debate sobre la permanencia en la Cámara Federal -desde donde en 2018 confirmaron fallos contra la actual vicepresidenta en causas por corrupción- de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Menos de diez minutos le demandó explicar los alcances de su propuesta al senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), integrante de La Cámpora quien estuvo invitado a participar de la Comisión.

Más allá de la brevedad del encuentro, Parrilli confirmó que es intención del oficialismo “prontamente tener dictamen” y llevar el tema al recinto de la Cámara alta porque “este es un tema importante y hay un vacío legal” en la materia.

Al hacer uso de la palabra, Doñate agradeció la invitación y la presencia de todos los senadores y sostuvo que la temática le “interesa mucho”. También aclaró que “la idea es comentar a grandes rasgos de qué se trata el proyecto, comenzar a debatirlo y tratar de que en la Comisión de Asesores se siga puliendo la propuesta para que tengamos la mejor ley posible de un tema que es de alta sensibilidad que trae aparejado y que siempre trajo mucha polémica”.

“En los últimos tiempos hubo una situación que nos obliga a dar el debate parlamentario en este sentido porque hay un fallo de la Corte que evidentemente tiene algunas lagunas que ha dejado, un gris en la manera en que las instituciones deben abocarse a cumplir con este tipo de requerimiento de muchos jueces que se quieren trasladar de un juzgado a otro, pero también ha dejado parámetros objetivos respecto de cómo debería ser a criterio de la Jurisprudencia de la doctrina la norma que lo regule”, explayó Doñate.

En ese sentido, siguió: “Taxativamente en el fallo de la Corte expresa la necesidad de que los congresistas se aboquen a esta temática bajo esos parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que estableció en el fallo nada más y nada menos que Bertuzzi”.

“Lo que intentamos es venir a dar ese debate para llevar luz y llenar ese vacío legal”, resaltó el rionegrino y leyó textual lo que el fallo Bertuzzi, Pablo Daniel y otros la Corte estableció: “Los traslados son un procedimiento de contingencia, de carácter excepcional y subsidiario y señalando que la regulación congresional -es decir nosotros desde el ámbito parlamentario- permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado o los límites de igual o similar competencia materiales de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados evitando revisiones esporádicas de su estatus jurídico y a los justiciables en relación a la garantía constitucional del juez natural”.

En esa línea, explicó que “hemos propuesto bajo esos parámetros dar esta propuesta que se inicia en el tratamiento de esta Comisión de Justicia”, y describió los principales objetivos a los que se orienta.

“Proponemos que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá formular la convocatoria a un nuevo concurso de selección dentro de los 15 días hábiles judiciales de la producción de una vacancia definitiva. Se determina, además en cuanto a los requisitos, que el cargo vacante debe ser del mismo grado, poseer la misma o similar competencia material y pertenecer a la misma o más próxima jurisdicción”, precisó Doñate y aclaró que “estos tres aspectos tienen que tener un mismo status”.

Además, contó que el proyecto establece que el nombramiento definitivo correspondiente al cargo vacante implica la extinción del pleno derecho del traslado respectivo, es decir: “A penas se designe el juez que cumplió con el requerimiento del 99 inc. 3 de la Constitución, inmediatamente ese cargo transitorio quedará en manos de quien fue designado y ese juez que pidió el traslado deberá volver a su cargo anterior”.

“Se encuentran prohibido los traslados que suponen un cambio de fuero, de competencia material y/o de jerarquía. Se establece un procedimiento complejo cuyo primero tramo se encuentra a cargo del Consejo de la Magistratura”, agregó el senador oficialista y sumó que se aplicarán a los traslados producidos con anterioridad estas disposiciones, pero aclaró que “se mantendrán aquellos traslados en los que se verifiquen ciertas circunstancias fácticas”.

Y procedió a detallar: “Hubo situaciones muy excepcionales que el fallo de la Corte no contempló y se dan en circunstancias tales como por ejemplo un juez trasladado se termina su transitoriedad en el cargo y tiene que volver al juzgado original y en ese juzgado ya se concursó, quedamos en una situación de incertidumbre. Está en discusión esta cuestión y proponemos dos opciones que cuando el cargo para el que fue nombrado la juez trasladada al momento de la sanción de esta ley hubiera sido integrado con otro magistrado designado según el artículo 99 de la Constitución. La otra opción es que cuando el cargo para el cual fue nombrado el juez trasladado al momento de la sanción de la ley hubiera dejado de existir”.

Al cierre de su presentación, Doñate informó que “no son muchos los casos, son 5 en el país así que no va a afectar esto al funcionamiento integral del Poder Judicial de la Nación”, e informó que se encomienda al control de los requisitos y condiciones correspondientes al Consejo de la Magistratura y se establece un plazo de 45 días para que el Consejo se aboque a funcionar y a establecer cuáles son aquellos casos que se encuadran en la normativa. Pasados esos 45 días el Consejo determina que no cumplen los requisitos, esos jueces deben volver a sus cargos originales”.

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