El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rossati, le tomó juramento este miércoles a los cuatro representantes por la Cámara de Diputados que integrarán el órgano encargado de la selección y remoción de jueces por el período 2022-2026.

Durante el acto, realizado en el Salón Bermejo de Tribunales, juraron los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el macrista Álvaro González y la radical Roxana Reyes. 

Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, el máximo tribunal firmó una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso de los cuatro integrantes por parte del Senado, quienes no han jurado aún.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate (UC-FdT) para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 16 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que votaron a favor del decreto en el recinto.