En medio del conflicto por el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación, pero que desde el Ejecutivo quieren pagar con bonos, diputados del Pro presentaron un proyecto para crear una Comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales coparticipables que efectuó el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre de 2019.

La iniciativa parlamentaria surge en el marco del conflicto de poderes desatado por el Gobierno nacional que “se resiste a cumplir con la normativa vigente vulnerando el federalismo en detrimento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El objetivo principal de la Comisión es “investigar y analizar el marco jurídico vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables entre la Nación las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, así como la gestión, desempeño y cumplimiento de este marco jurídico por parte de los funcionarios enumerados en el artículo 53 de la Constitución Nacional, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la actualidad”.

También busca “determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.

Asimismo, la propuesta republicana plantea, en caso de ser necesario, realizar modificaciones en materia de coparticipación y recuerda que “la Corte Suprema recientemente ha resuelto que existe suficiente verosimilitud en el planteo según el cual el decreto 735/2020 y la ley 27.606 son contradictorios a la Constitución Nacional”.

La Comisión investigadora estaría integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. El presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.

Entre las facultades, plantea que podrá recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones informativas o testificales; remitir oficios, solicitar informes, ordenar peritajes o requerir documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación; denunciar ante la justicia cualquier intento de entorpecimiento, obstrucción, demora, ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación.

El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.