El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) criticó la postura de Juntos por el Cambio de “no asistir a ningún otro debate de leyes” en la medida en que se sostenga el tratamiento del pedido de juicio político contra la Corte Suprema y lo calificó de “chantaje”.

“Nosotros no hemos hecho nada que no corresponda, nadie nos ha dicho que jurídicamente hayamos hecho algo que no corresponda. Eso es un chantaje, decir ´si hacen eso, nosotros no vamos a la sesión”, consideró en diálogo por Radio Rivadavia.

De todos modos, el legislador peronista afirmó que “no va a ser la primera vez que hacen eso”, y señaló que el oficialismo seguirá adelante con los temas que considera importantes para tratar en el período de sesiones extraordinarias y mencionó como ejemplo la creación de nuevas universidades nacionales.

“Creo más en el diálogo que en la pelea. Tengo expectativa de que se lleve adelante el juicio político y de que sesionemos a la vez”, confió optimista.

Valdés encabeza las firmas del proyecto con el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de Justicia por mal desempeño en sus funciones. La iniciativa se basa en cuatro elementos: la actuación de la Corte en la cuestión de la coparticipación federal, en la composición del Consejo de la Magistratura, el manejo de la obra social y el fallo del 2×1 a favor de los genocidas de la última dictadura militar.

“La Constitución dice que los gobernadores son agentes naturales del Estado federal. Primer elemento: los gobernadores le pidieron al tribunal ser amicus curiae, ni siquiera les contento en un tema que afecta a los recursos de todas las provincias”, indicó.

En tanto, recordó el diálogo telefónico entre el vocero de la presidencia de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño, Marcelo D´Alessandro. “Claramente es un diálogo entre (Horacio) Rosatti y (Horacio Rodríguez) Larreta”, expresó.

Sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, Valdés señaló que “lo que han hecho -los cuatro altos magistrado-) es decretar inconstitucional a una ley que regía desde el 2007 para reactivar una ley derogada por el Congreso, facultades que no tiene la Corte con el único objetivo de que Rosatti se nombre a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura”.

“No encontré jurisprudencia en el mundo de que haya un tribunal superior de justicia que resucite una ley derogada por el Parlamento. Es algo único”, acotó al respecto.