Transcurridos más de tres meses, el proceso contra Rosatti, Rozenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, avanza con regularidad, pero van alargándose los tiempos tanto como las audiencias. Los temas pendientes y el cálculo que puede hacerse con vistas a la redacción de dictámenes.
Tras celebrarse la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político que ha puesto en el banquillo a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, surgieron fuertes interrogantes en torno a cuánto es lo que falta para que comience a redactarse el dictamen que deberían llevar al recinto de Diputados.
Iniciado allá por enero, más precisamente el jueves 26 de ese mes -con fuertes contrapuntos entre oficialismo y oposición-, una de las preguntas que entonces se planteó fue qué extensión tendría ese proceso. Difícil de calcular por entonces, se habló de un mínimo de dos meses y se llegó a especular -como extenso- que podría llegar a durar hasta cuatro.
Pero eran tiempos en los que no podían hacerse tantas elucubraciones, si ni siquiera tenían muy claro en Juntos por el Cambio de qué manera afrontar el desafío que proponía el Frente de Todos. Tampoco estaba clara la modalidad que se le daría a este trámite excepcional, y todo el desarrollo del proceso que se dio a lo largo de estos meses fue una experiencia nueva que se fue resolviendo sobre la marcha. Y que sigue desarrollándose de ese modo, con muchos interrogantes que persisten, salvo uno en el que propios y extraños coinciden (en el caso del oficialismo, en privado), que es en lo que sucederá cuando el dictamen llegue al recinto: allí terminará todo, pues no están los dos tercios necesarios para continuar con el proceso en el Senado. Ni estarán.
Figuras clave de este debate como el kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaraban esta última semana que todavía no tenían datos sobre el tiempo de desarrollo de este proceso, pues sobre la marcha están encontrando elementos que tienden a extender su duración. Es lo que ha sucedido con el tramo del proceso que están atravesando por estos días: el debate sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Allí, a diferencia de otros ítems del juicio, hay más elementos de prueba y datos concretos que permitan avanzar en una acusación. En otros casos, las acusaciones pueden aparecer forzadas, tratando de demostrarse cosas en las que unos y otros jamás coincidirán, y que son en definitiva cuestiones de apreciación.
Los datos recabados hasta el presente en las hasta ahora tres audiencias referidas a la OSPJN han entusiasmado a los miembros del oficialismo y todo indica que este tramo del juicio se extenderá algunas semanas más.
Recordemos que tras un inicio en el que el oficialismo buscó avanzar con el controvertido tema de los chats obtenidos de manera irregular y enfrascarse en ese marco en una polémica en torno a la citación del fiscal Carlos Stornelli, transcurridos dos meses de debate se resolvió “ordenar” el desarrollo del proceso con audiencias temáticas.
Las mismas arrancaron el martes 21 de mayo y el primero de los temas fue el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema el 3 de mayo de 2017. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que buscó relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.
Esa parte del juicio no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso del represor Luis Muiña.
A esa primera sesión habían sido citados y faltaron el exministro de Justicia Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón y el senador José María Torello. Ninguno de los tres asistió a esa reunión. El primero pidió reprogramar; “Pepín” y el senador Torello no concurrieron nunca. El primero era obvio, pues está prófugo en Uruguay; el legislador nacional se amparó en sus fueros.
Sí estuvo en esa primera audiencia temática Gladys Cuervo, sobreviviente de los secuestrados en el Hospital Posadas, quien dio su interpretación sobre la decisión de tres integrantes de la Corte de avalar el 2×1 para causas de lesa humanidad. También asistió Zulema Chester, cuyo padre fue víctima de Luis Muiña. “Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976, sabemos a través de las investigaciones que pasó por el centro clandestino del Posadas y su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, pero nunca pudimos recuperarlo”, contó.
Cerró el desfile de testigos de esa jornada Federico Morgenstern -de la vocalía de Carlos Rosenkrantz-, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después, con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones”, detalló.
Tras dos semanas sin reuniones (el único parate hasta ahora, debido a las sesiones del 28 y 29 de marzo y luego Semana Santa), la segunda audiencia temática fue el 11 de abril. A esa reunión asistieron Estela de Carlotto, Germán Garavano y los periodistas Silvana Boschi, exeditora de Clarín, que fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad; Irina Hauser, que afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017; el periodista de Clarín Ignacio Miri y Martín Granovsky, de Página 12, quien afirmó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.
El 18 de abril arrancó el debate sobre la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, y en esa jornada atestiguaron la médica legista y perito de la Corte Suprema María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, que formó parte de la auditoría ordenada por la CSJN; la contadora Melisa Solana; la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, y Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes lo hicieron en su calidad de damnificadas de la obra social.
La segunda audiencia sobre ese tema fue el 25 de abril, y en esa oportunidad se produjo el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Una semana antes de la citación, Marchi había sido desplazado de su cargo hacia el área de Seguridad Social, con los votos de los cortesanos Rosatti, Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y el voto a favor de Ricardo Lorenzetti.
Ese funcionario dejó expuesta la grieta existente en el Tribunal Supremo. Hizo fuertes cargos y denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano había sido “víctima de seguimientos y amenazas”.
También declararon el docente universitario Gustavo Montanini y Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte.
El pasado miércoles 3 de mayo declararon Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte, quien firmaba balances de la obra social; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Maqueda y Valeria Díaz, damnificada de la obra social.
Para este martes 9 de mayo han sido citados Héctor Daniel Marchi, que expondrá esta vez sobre el informe de 20.000 fojas elaborado bajo su tutela sobre los supuestos desmanejos; Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte; el contador publico Nicolás Jacinto Serafini y Martina Forns, jueza federal de San Martín, cuyo esposo falleció en plena pandemia “abandonado por la obra social”, según su denuncia.
Transcurridos entonces poco más de tres meses desde el inicio del juicio político a los miembros de la Corte, recién van por el segundo de los temas a debatir. ¿Qué temas faltan para abordar antes de que los diputados se aboquen a la redacción de los dictámenes (será uno para cada integrante del Tribunal Superior)?
Según confiaron a parlamentario.com miembros del oficialismo, el próximo tema a abordar será el de la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; luego quedan Consejo de la Magistratura; abuso de poder y una denuncia contra el juez Rosencrantz por el cobro por un juicio de Santa Fe contra Nación.
Cuatro temas que demandarán, como mínimo, siete semanas más. Y para los cálculos temporarios habrá que tener en cuenta que el debate sobre las irregularidades en la obra social llevaría entre dos y tres semanas más. Sobre todo luego de que se votara el levantamiento del secreto fiscal de MoRo Media, una cuestión que según anticiparon a este medio dará “mucho para hablar”. Recordemos que MoRo Media es una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez.
Así las cosas, quedarían al menos diez audiencias temáticas, con lo que se llegaría a mediados de julio. Luego de ello comenzaría la redacción de los dictámenes, con lo cual una eventual resolución de este juicio coincidiría con las elecciones primarias de agosto.
Amén de eso, es vox populi que esos dictámenes no serán llevados al recinto con la actual composición del Cuerpo, por cuanto el Frente de Todos sabe que, como dijimos, no están los dos tercios para que el juicio pueda proseguir, ante lo cual optarán por reservarlo para “mejores tiempos”, o al menos conservarlo como una espada de Damócles sobre el Tribunal Superior de la Nación.
