El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del Sector Público Nacional sobre la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.

“Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta, sufren viejismo. Ese destrato injustificado, sólo por pertenecer a un determinado rango etario, no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Por eso, queremos avanzar con esta iniciativa”, planteó Marín en un video que subió a sus redes.

Además, contó que “esta iniciativa es fruto del programa institucional políticas y derechos para un buen envejecer de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, nuestra casa de estudios. Lo presentamos como propuesta que fue enriquecida por la facultad y, a partir de ahí, empezamos a conversar con colegas de todas las fuerzas políticas”.

“Junto a la decana Claudia Levin nos reunimos con muchos de ellos y con satisfacción podemos decir hoy que esta iniciativa cuenta con el aval de 10 bloques parlamentarios de la Cámara”, destacó y cerró: “Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta sufren viejismo, ese destrato injustificado solo por pertenecer a un determinado rango etario no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Ahora a trabajar con fuerza para que se haga realidad y contemos pronto con una vergüenza menos”.

En la iniciativa, también propone articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario.

En esa línea, explica que la capacitación tiene como objetivo central que las personas participantes conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica.

La misma, deberá respetar y difundir los principios, deberes y derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades de la persona mayor; su va valorización, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el buen trato y la atención preferencial.

Por otro lado, plantea que la autoridad de aplicación será responsable de garantizar la implementación de las capacitaciones por profesionales de la abogacía que comenzarán a implementarse dentro de los 180 días de entrada en vigencia la ley. A su vez, el Ejecutivo deberá implementar campañas de concientización en medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, etc.