Con 26 firmas, la propuesta del Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría, mientras que Juntos por el Cambio promovió uno alternativo. Se debatirá en la próxima sesión de Diputados.
Consiguió dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que el proyecto sea incluido en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.
Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.
Todo sucedió en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunió este miércoles por la mañana y cuyo presidente, Carlos Heller, detalló inicialmente los alcances del programa, precisando cuáles son los beneficiarios que tendría el proyecto, y en qué casos se producen exclusiones.
Planteó cómo se hará el reintegro, cuál es la autoridad de aplicación y dejó abierta la posibilidad para que “de acá a la sesión sigamos trabajando y algunas cosas se resuelvan en el campo de la reglamentación”.
Concluido el detalle de los alcances de la propuesta, Heller sostuvo que el objeto de la propuesta “está claro y tiene que ver con toda una propuesta que intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Recordó que ya había el Gobierno avanzado con un proyecto que alcanzaba a otro sector de la sociedad, como es el alcanzado por el impuesto a las Ganancias, y “en este caso se plantea la devolución para otro segmento que no está alcanzado por aquel beneficio, el sector de menores ingresos”.
En ese sentido aportó un dato clave: al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, por un monto de 25.300 millones de pesos de devolución. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el método de devolución aplicado “parece ser el método más indicado, porque permite segmentar y determinar a qué sector se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica.
“Ha habido otros intentos en que el beneficio ha quedado en los tramos de la intermediación y no le han llegado al consumidor”, agregó para terminar.
Al anticipar la presentación de un dictamen alternativo, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace contó que JxC había estado analizando la propuesta y coincidían en la aplicación de una medida que atendiera la “profunda crisis económica” y los efectos de “la fuerte aceleración inflacionaria en nuestro país y su perjuicio”. Pero más allá de coincidir en la necesidad de hacer una devolución, dijo, hay una serie de cuestiones que les preocupan del texto original.
Habló entonces de la necesidad de compensar la pérdida de recursos que la aplicación de esta norma provoca. “Lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público”, advirtió, por lo que dijo que “nos parece fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central”.
“En el dictamen alternativo que estamos proponiendo vamos a incluir un artículo que dice: ‘Se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20°, adelantos transitorios, y 38°, que el giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro’. No sigamos financiando el gasto público, demandamos una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo”, resumió.
En segundo lugar, sostuvo Cacace que en el contexto de emergencia vigente “entendemos que hagamos esta devolución a los sectores postergados”, pero aclaró que desde JxC no creen que sea responsabilidad del actual Gobierno fijar la política tributaria del próximo. El diputado puntano remarcó que el oficialismo había salido “tercero” en las elecciones PASO, “después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos” y que ahora pretendía fijar la política tributaria futura con leyes como esta.
Por eso propuso que “las disposiciones de la presente ley tengan efecto con las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. En el mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional”.
El tercer punto señalado por Cacace tenía que ver con los beneficiarios. “Nos encontramos con que la curiosidad es que haya personas que no son pobres y están beneficiadas; y que haya personas que son pobres y no están beneficiadas”, señaló, por lo que propuso incluir en el artículo 1° la situación de los informales. Tras remarcar que se pretendía mejorar la propuesta, el legislador de Evolución dijo que en el dictamen alternativo incluían a los trabajadores informales que serían determinados con el mismo criterio con el que el Gobierno los ha ubicado a través del pago de un bono.
“No tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y no incluyamos a los que sí lo son”, sintetizó.
Cuarto punto. “Cuando se hizo la resolución general 458, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que ‘vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores se quedaron tranquilos entonces, pero cuando llegó el proyecto no decía nada”. Agregó que luego llegó el i nforme de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estableció un costo fiscal de 1,29 del PBI ya asumido por el Estado y se encontraron con que cambiaba la distribución del impacto fiscal, marcando que el mismo quedaba a cargo de las provincias. Cacace recordó que se lo había preguntado a Carlos Castagneto cuando concurrió a la comisión, y éste le dijo que “lo hacemos por ley para que las provincias paguen su parte”.
“No estamos de acuerdo”, enfatizó el diputado opositor, que reclamó “que se cumpla lo que dijo Massa y que esté a cargo del Tesoro”.
El quinto punto tiene que ver con “las facultades del Ejecutivo”. Sobre el tema, Cacace dijo que “no las compartimos así de amplias” y recordó que “los tributos son responsabilidad de este Congreso: modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas”.
“Le han impuesto una facultad muy curiosa: fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Perfecto, pero cuando dicen ‘hasta’, le dan la facultad al Ejecutivo de que mañana pueda decir del 15%, 10%, 5%, o cero… ¿Vamos a aprobar una ley para que mañana el Ejecutivo diga no hay más ley, se terminó? Esa facultad de ningún modo puede estar. En nuestra propuesta la removemos”, explicó Cacace, que sí se mostró dispuesto a que se amplíen los medios de pago, incluyendo a las billeteras virtuales.
Intervino a continuación el preside Carlos Heller, para hacer una serie de observaciones. Dijo al respecto que ya hay más de 16 millones de personas que usaron el beneficio “y supongo que es un número que es creciente y es probable que queden sectores menores que tengamos que corregir y emprolijar, pero está claro el espíritu de este proyecto, que es absolutamente inclusivo”.
Respecto del primer punto, la ampliación del alcance del beneficio, el diputado del Frente de Todos dijo que tratarían de encontrar la manera de resolver el tema, pues “no hay una idea de excluir a ningún sector”.
A continuación, salió al cruce de la advertencia opositora sobre la emisión, vieja discusión en este Congreso sobre el origen de la inflación. Heller llamó a “terminar con un mito” y explicó que “en los primeros ocho meses (del año) la base monetaria cayó un 25,5% en términos reales”, por lo que “de ninguna manera la emisión ha sido generadora de la inflación, ha ido por detrás de la inflación”.
“No es en este caso la emisión monetaria la causa; es en todo caso una consecuencia”, remarcó, agregando que a él le gusta decir que la emisión “no es locomotora, es vagón; la inflación se produce por otros factores, discutámosla. Y los que quieren discutirla son los que generaron problemas como la convertibilidad. Tenemos que discutir por qué aumentan los precios, que aumentan como si fuera un fenómeno meteorológico independiente de la economía real”.
La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri pidió incluir en la norma a niños, niñas y adolescentes, no contemplados en ese proyecto. “Hemos recibido de Juan Facundo Hernández, el defensor adjunto de la Defensoría (del Niña, Niño y Adolescente) un alerta de que no estuvieran incluidos los programas de acompañamiento de jóvenes”, y citó casos como la reparación económica para víctimas de femicidios, entre otros. El dictamen de minoría los incluye.
También habló sobre el tema la diputada Carla Carrizo, que le puso cifras a esos programas, para dejar claro que no incluyen un universo tan amplio, y precisó que el programa SOS alcanza a 3.483 personas; la Ley Brisa a 1.048 y el programa Aunar a 150.
Desde el oficialismo, Itai Hagman aclaró que “es el Congreso el que fija la política tributaria, no el Gobierno”. Y advirtió que si desde la oposición presentaban un dictamen de minoría poniéndole fecha de vencimiento a diciembre de este año con el argumento de que “es un problema que sancionemos una ley que fija un programa para el año que viene. Tengo derecho a interpretar que ‘si ganamos las elecciones, este programa no lo vamos a implementar’… Las leyes no se hacen con fecha de vencimiento”.
El sanjuanino José Luis Gioja señaló por su parte que las provincias van a recaudar más, porque “al lado del IVA viene Ingresos Brutos”, y destacó que “la mejor compensación que tienen las provincias es que haya más justicia social reformando un tributo absolutamente regresivo, haciéndolo más progresivo”, en tanto que Juan Marino sostuvo que ese era un proyecto que debía salir “por unanimidad”, y pudiera establecerse un compromiso que dijera que se mantendría “gobierne quien gobierne”. De paso, manifestó su acuerdo para que se incluyera la propuesta de los beneficios para minos, niñas y adolescentes.
A su turno, Martín Tetaz no dejó pasar la oportunidad de contestarle a Heller sobre la emisión monetaria. Según el economista radical, si eso no tuviera ningún efecto, entonces “eliminemos el IVA directamente y ya está”. Luego advirtió sobre la desmonetización de la economía. “¿Sabe por qué cae la economía? Porque la gente está tratando de protegerse de ese signo monetario que está perdiendo valor. Pregúntele a (el diputado Sergio) Palazzo cómo evolucionaron los depósitos. Lo espoileo: solo 2% en términos nominales, contra una inflación de 12%. Se está hundiendo la demanda de dinero, pero se agrega la demanda de dinero para fines transaccionales”.
Agregó Tetaz que “muchos alquileres ya comienzan a fijarse en dólares” y en ese sentido dijo que “cada transacción que deja de hacerse en pesos y comienza a hacerse en dólares hace que sobren más pesos. Si se empieza a utilizar cada vez más dólares, le van a sobrar más pesos, aunque no los emita. Si la gente empieza a gastar, le van a sobrar, por eso la cuenta que le da”.
Y cerró el tema: “Si no tiene un Banco Central fuerte que retire los pesos, le pasa lo que está pasando ahora, que se acelera la inflación”.
Volviendo al proyecto, Tetaz justificó la intención de ponerle fecha de vencimiento a la ley en el hecho de que a partir del próximo gobierno –y dando por sentado que ese sería Juntos por el Cambio- anticipó que “vamos a cambiar toda la estructura monetaria de la Argentina a partir del 10 de diciembre, y va a estar regido a partir de los criterios que establece la ciencia económica. Y va a estar regido esencialmente porque se rompa lo menos posible la economía. No es bueno utilizar el sistema impositivo para hacer políticas públicas”.
Cerró el debate el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien valoró “la decisión política de nuestro Gobierno y nuestro ministro de Economía, instrumentada por la AFIP”. Que se traduce en que más de 16 millones de personas estuvieran teniendo reintegro del IVA. “Y más allá de todos os debates, esa es una cosa para reivindicar”, dijo, resaltando “el impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos, sino también en los niveles de movimiento económico y facturación de los negocios que venden esos bienes a los que se aplican esos criterios”.
Con referencia al financiamiento de la ley, recordó que hay un “debate abierto” en torno al Presupuesto 2024 y en ese sentido aclaró que “el ámbito para que podamos profundizar ese debate es la discusión del Presupuesto”.
Mostró también disposición a incorporar determinados colectivos, pero aclaró que había que ver bien cómo instrumentarlo, para no terminar haciendo un artículo 1° amplio e inocuo.
Por último, se refirió al artículo 1°, inciso a, del proyecto, que incluye a “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”. “No hay ninguna negación a jubilados de cajas provinciales no transferidas a la Nación; vamos a pedir que se explicite claramente para que llegue tranquilidad a todos los que nos preguntaron estos días”, concluyó Martínez.
Cerró la reunión Carlos Heller, quien se refirió puntualmente a ese último punto, anunciando que lo incorporarían con un texto que dice: “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, nacional o de cajas provinciales no transferidasa a la Nación en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.
“Es decir, estamos incorporando, para que no haya dudas, la interpretación del Ejecutivo, que no hacía falta, porque al no haber ninguna mención, estaban incluidos todos, pero ante la existencia de la duda, vamos a cambiar el texto del dictamen y vamos a ponerlo de esta manera”, aceptó Heller.
También mostró disposición a considerar en el transcurso de la semana los planteos referidos a “zona desfavorable”. “Hay razonabilidad en el planteo, vamos a analizar cómo debería redactarse, igual que otras cuestiones, como la de (Carla) Carrizo, y vamos a trabajar en esos temas tratando de consensuar”.
Antes de concluir, el presidente de la comisión destacó la presencia de los 49 integrantes de la comisión, lo que indicaba que la misma había “funcionado a pleno, 100%”, lo que daba cuenta de la importancia del tema.
