La alarma que encendieron varios gobernadores los últimos días respecto de las dificultades para afrontar el pago del aguinaldo, fue mitigada el miércoles cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, les garantizó a todos que contarán con la plata necesaria para hacer frente a salarios y aguinaldos de diciembre. Será a partir de la transferencia de fondos por parte de Nación a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024.

Será una solución para esta emergencia, pero el problema subsiste a partir de la afectación que provoca a las provincias la eliminación del impuesto a las Ganancias y por el cual el Estado dejará de recaudar un billón de pesos. Lo cierto es que el 55% de lo recaudado de ese impuesto es distribuido entre las provincias.

La cuarta categoría, que es la alcanzada por la norma aprobada por la ley sancionada en el Congreso, representó en septiembre pasado unos $200.000 millones.

El tema es que a partir del 10 de diciembre las transferencias de la Nación a las provincias quedarán “a criterio” del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, que acaba de afirmar que los gobernadores debían recortar gastos para pagar sueldos porque "no hay plata". Más allá de que, paralelamente, ratificó que tanto la baja del impuesto a las Ganancias, como la devolución del IVA fueron ratificadas por Milei.

La gobernadora rionegrina Arabela Carreras afirmó este jueves que "hay una voluntad política transversal" por parte de los mandatarios provinciales para impulsar en el Congreso una ley que convierta al impuesto de la ley del cheque en coparticipable.

La compensación para las provincias debería llegar a través de una modificación del impuesto al cheque, que coparticiparía a las provincias el 50% de lo recaudado por esa vía.

Precisamente en esa dirección, en septiembre pasado un grupo de diputados presentaron un proyecto que buscaba coparticipar a las provincias el 30% de lo recaudado por impuesto al cheque. La iniciativa fue suscripta por dos diputados que a partir del 10 de diciembre serán gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y sus pares Alejandro “Topo” Rodríguez, los cordobeses Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, los misioneros Ignacio García Aresca y Carlos Fernández, y los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo.

“La propuesta fue reflotada por los gobernadores; lo único que cambia es que ellos plantean el 50% y nosotros el 30; solo haría falta cambiar los porcentajes”, recordó ante parlamentario.com Topo Rodríguez.

El proyecto cuenta con solo un artículo (otro de forma) que modifica el artículo 1° de la Ley 27.432, que sustituyó el artículo 3° de la Ley 25.413, por el siguiente: “El 70% de este impuesto se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y el 30 por ciento restante a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En los fundamentos, el proyecto advierte que “las imperfecciones y asimetrías del federalismo argentino generan un impacto fiscal que perjudica a las provincias”. En ese sentido, agrega, “un caso particularmente significativo es la distribución de los fondos que se recaudan por el denominado ‘impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente’, conocido como ‘impuesto al cheque’, establecido mediante la Ley 25.413 en marzo de 2001”.

El proyecto recuerda que todo lo producido por el impuesto al cheque se asigna a la ANSeS. “Dada estas circunstancias, es necesario coparticipar los recursos provenientes del mencionado gravamen, otorgando una distribución de esos fondos en un 70% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y el 30% restante distribuirlos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.