En conferencia de prensa, un grupo de senadores rechazó la denuncia presentada por Bullrich y la posterior decisión judicial para que se dejen de difundir los audios atribuidos a Karina Milei.
En conferencia de prensa, un grupo de senadores de la oposición denunció un “ataque a la libertad de prensa” por parte del Gobierno nacional, a raíz de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad para que cese en los medios la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La convocatoria se efectuó luego que este lunes el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dictara una medida cautelar para que no se reproduzcan más esas grabaciones.
Además, en la presentación, la cartera conducida por Patricia Bullrich pidió allanar el canal de streaming Carnaval, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, quien abandonó La Libertad Avanza hace una semana.
En la conferencia realizada en el Anexo del Senado, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moisés (UP), aseguró que lo ocurrido es “un ataque a la libertad de prensa”. “Nunca en los años de democracia que vivimos se ha llegado a pasar un límite como éste”, aseguró y continuó: “Como senadores debemos tutelar la Constitución Nacional, por eso expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es anticonstitucional”.
La jujeña expresó la “solidaridad” con los periodistas denunciados y todos los demás, ante “una temperatura que fue subiendo, a partir de un Gobierno que empezó a atacar con calificativos específicos y siguió avanzando con el discurso de odio” contra la prensa. También, acusó al oficialismo de “usar la amenaza, la extorsión y generar miedo”.
Moisés resaltó que “este es un Gobierno que está acostumbrado a generar cortinas de humo para tapar problemas más graves” con “un presidente que cree que puede hacer lo quiera” y “cuando la realidad lo frena, cuando la Constitución le pone un límite, reacciona violentamente”.
A su turno, el senador Pablo Blanco (UCR) ratificó la defensa “de una libertad clara que está establecida en la Constitución y las leyes vigentes” y “bajo ningún punto de vista podemos permitir este tipo de atropello que está llevando adelante el Poder Ejecutivo; y desde hace tiempo con calificativos a todo aquel que piensa de manera distinta, pero lo sucedido traspasa la barrera”.
“No se pueden permitir este tipo de actitudes ni por parte del Poder Ejecutivo ni del Judicial, a través de este juez que parece que no ha leído la Constitución”, enfatizó y cargó contra el magistrado Alejandro Maraniello: “Vaya a saber por qué motivo; seguramente por las causas que tiene en el Consejo de la Magistratura ha tomado esta decisión violatoria de nuestra Constitución”.
Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) insistió que “la libertad de prensa y la seguridad de las fuentes está contemplado por nuestra Constitución”. “Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno, el Gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o sus lugares de trabajo, piensen si sentirían que tienen libertad de prensa”, expresó ante la prensa presente en la conferencia y, en esa línea, agregó: “Estaríamos dando un paso muy problemático para la democracia”.
“La ministra de Seguridad tendría que abocarse en todo caso a que no graben a los funcionarios en la Casa Rosada”, lanzó el porteño contra Bullrich. Más adelante, opinó que este “es el Gobierno más verborrágico de la historia, pero hace 10 días no dice nada de las denuncias de corrupción ni tampoco de los crímenes del fentanilo”.
Más adelante, recordó que mediante el decreto 383/25, se facultó a la Policía Federal “la capacidad de hacer inteligencia y además se autoexime del control de la Bicameral de Inteligencia”, la cual él preside. “Ese decreto es inconstitucional y va en contra de la Ley 25.520”, aseveró y completó: “Lo que tiene que hacer el Gobierno si detectó una red de espionaje ilegal es desenmascararla, lo que no puede hacer es atacar libertades de la Constitución, actuar contra la ley”.
De izquierda a derecha, Pablo Blanco, Carolina Moisés y Juliana Di Tullio
Durante la conferencia, la senadora Juliana Di Tullio (UP) aseguró que esta situación los “preocupa mucho”, por estar frente a “una persona muy autoritaria que está asustado, y nada peor que un autoritario asustado”, lo que se refleja en “las malas decisiones que se toman de pedir allanamientos en domicilios particulares y medios de comunicación”.
La kirchnerista señaló además que la teoría de Bullrich, apuntando contra espías rusos y venezolanos, “nos va a traer conflictos internacionales”. “El accionar del presidente es realmente gravoso para las instituciones, para el Congreso, la democracia y la libertad de expresión”, resumió.
Asimismo, la jefa de Unidad Ciudadana advirtió que “hace 15 días que el Gobierno no puede hablar de los audios que sí son graves”, en referencia a los atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre “las coimas que cobran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; ‘Lule’ Menem y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. De eso es de lo que no quieren hablar”. “La censura previa para nosotros no solo es una cortina de humo de un presidente autoritario y asustado, sino de algo que nos tenemos que ocupar”, sumó.
Además de los senadores Guillermo Andrada y María Eugenia Duré (UP), el porteño Mariano Recalde (UP) alertó que “estamos en medio de un contexto donde las libertades están siendo afectadas permanentemente” y opinó que este “es un límite más que se traspasa en esta democracia que creíamos consolidada”.
“Hay una doble vara en la justicia que es preocupante”, dijo y opinó que la decisión del juez es una “violación flagrante de la libertad de prensa, de la libertad de expresión”.
Miembro del Consejo de la Magistratura, habló sobre la situación del juez Maraniello, quien “está transitando hoy seis denuncias de diversa índole, denuncias que tienen que ver con su actuación en amparos contra el PAMI, denuncias de empleados por violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, uso indebido de redes sociales y recursos públicos”.
Al cuestionar que el Consejo “está paralizado”, Recalde sostuvo: “Esperamos que esta situación tan grave sirva para poner a funcionar al Consejo de la Magistratura”.
Con el objetivo de mantener el tema en agenda, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se reunirá este miércoles a las 18 en el Salón Illia, donde está previsto que asistan los periodistas Darío Villarruel y Fabián Doman.