Los diputados de la oposición integrantes de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA presentaron este martes el informe final, un documento que consiste en más de 200 páginas. En las conclusiones se determina que el Congreso deberá evaluar si corresponde el juicio político por mal desempeño en sus funciones del presidente Javier Milei. Cabe destacar que, en la próxima composición, el oficialismo tendrá un tercio capaz de bloquear un proceso de ese tipo.

De acuerdo al informe que contó con el aval de 14 miembros de la comisión -algo que fue objetado reglamentariamente por La Libertad Avanza- el mandatario "comprometió la investidura presidencial" al promocionar $LIBRA a través de sus redes sociales durante el verano pasado, token que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó rápidamente, dejando a inversores damnificados en Argentina y otros países del mundo.

Además, tras el trabajo de tres meses, se determinó que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, "cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los (empresarios cripto) involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

También se decidió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona; el titular de la OA, Alejandro Melik; el presidente de la UIF, Paulo Starc; el titular de la CNV, Roberto Silva; y la vicejefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, se plantea denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.

Mientras las conclusiones del informe se compartían mediante pantalla en la sala, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino aseguró que "los hechos recabados encuadrarían en lo que el Código Penal tipifica como estafa". En esa línea, indicó que hubo "un engaño" cuando "se presenta $LIBRA como un instrumento serio de inversión para desarrollar PyMEs en Argentina, pero en realidad desde el punto de vista técnico era más cercano a una memecoin que ya estaba manipulada de antemano para protagonizar el tirón de alfombra, el 'rug pull'".

"Prácticamente el 80% de las billeteras que operaron $LIBRA sufrieron pérdidas y solamente 36 billeteras ganaron más de un millón de dólares", agregó. A continuación, el opositor remarcó que "la información recabada amplía las hipótesis iniciales" sobre que "no fue un hecho aislado", ya que se revelaron antecedentes de "maniobras financieras presuntamente ilícitas donde se repiten los mismos nombres".

Además, el secretario de la comisión investigadora advirtió por "el daño a la credibilidad internacional de Argentina". "Para nosotros no fue un hecho menor la resolución de la jueza de New York Jennifer Rochon", quien sostuvo que "los fondos derivados de la operatoria de $LIBRA no serían del Estado argentino, sino que podrían ser de Javier Milei, Karina Milei y/o Hayden Davis", apuntó Marino.

A su turno, el diputado Oscar Agost Carreño precisó que el informe es un documento de 205 páginas. El diputado de Encuentro Federal expresó que $LIBRA fue un "fraude planificado compatible con una presunta estafa" mediante rug pull, "un patrón de estafa muy conocido en el mundo de las criptomonedas". "Está demostrado que fue así y hemos podido corroborar que hubo información privilegiada" ya que se registraton "compras 22 segundos antes del posteo" del presidente aquel 14 de febrero.

Respecto de "los fondos que van entre 100 y 120 millones de dólares", Davis "siempre dio a entender que esa plata 'era de los argentinos, de Argentina'", señaló Agost Carreño. Sin embargo, "no había ningún mecanismo que conectara a las billeteras virtuales con algún mecanismo legal o financiero que llegue a las PyMES".

"La causa en Estados Unidos sigue avanzando", destacó el cordobés y mencionó que "Davis declaró y comprometió al presidente y su entorno". "El presidente nunca dio explicaciones, no dio colaboración el Ejecutivo ni el Poder Judicial y no realizaron una denuncia, nunca se pusieron en lugar de denunciados para ser investigados", cuestionó.

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo aseveró que el informe "es abrumador en cuanto a que lo que ha dicho Javier Milei hasta el momento sobre $LIBRA no es verdad". "El posteo del presidente de ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona, solo quien tenía información privilegiada", dijo y resaltó que esa información la manejaban los empresarios que Milei "había recibido en numerosas oportunidades en Casa Rosada y Olivos".

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, una de las más involucradas en el trabajo de la comisión, aseveró que "Javier Milei fue el primero en el mundo a dar a conocer el número de contrato que no era público" y se evidenció "claramente que Milei no solo promocionó $LIBRA, sino que fue parte de la gestión y operatoria previa". En ese sentido, precisó que "a Novelli lo recibió más de 15 veces en un año" en Casa Rosada y Olivos.

"Identificamos el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda que se lanzó dos meses antes de $LIBRA y también terminó en una estafa", afirmó y aportó datos reveladores como que "el 30 de enero Mauricio Novelli, (Manuel) Terrones Godoy y Hayden Davis transfieren millones a una cueva cripto", ese mismo día "Milei se reunió con Davis y se sacó una foto que compartió en sus redes sociales". "Un día antes (el 29 de enero) Karina Milei había recibido a Mauricio Novelli y María Pía Novelli" hermana del trader que vació cajas de seguridad el día después de la caída de $LIBRA.

El oficialismo, ausente durante casi toda la actuación de la comisión investigadora, asistió para objetar cuestiones reglamentarias y criticar el proceso, más no para emitir una defensa del presidente o explicación del caso $LIBRA. El diputado Nicolás Mayoraz consideró que la comisión tuvo un "decálogo de todos los excesos posibles" y "se ha movido con delirio".

En esa línea, el santafesino observó que "el mayor grado de autoritarismo se da cuando se empiezan a pelear con la justicia" y dijo que "va a quedar en los libros" el recurso extraordinario presentado ante la Corte. Según el libertario, la justicia, al negar el auxilio de la fuerza pública para que comparezcan funcionarios, le puso "límites al exceso que han tenido".

"Lo que mal empieza, mal acaba. Esto no fue una comisión investigadora, fue un circo montado con una finalidad no ya política, sino con la clara intención de ni defender las instituciones", sostuvo. Tras la defensa de lo actuado por la cívica Mónica Frade, Castillo y Agost Carreño, la oficialista Nadia Márquez -en una intervención cargada de ironías- insistió con que el informe final requería 15 firmas y el presentado tenía 14. Tras su alocución se despertó una fuerte discusión de idas y vueltas entre la oposición y LLA por el quórum que tuvo la reunión al momento de empezar.

El mendocino Álvaro Martínez insistió en pedir los nombres de los presentes varias veces. "Esta presidencia ya considera que dio la respuesta. Está la versión taquigráfica y el video de la comisión”, para corroborarlo, dijo Maximiliano Ferraro, que había recordado que el encuentro se abrió con 15. Pero Márquez leyó nombre por nombre a los 28 integrantes de la comisión. "No hay informe final porque no tiene las firmas. Usted no quiere decir que hay 28 presentes, porque las firmas no le alcanzan: son 14”, aseveró.

Finalmente, a instancias de la diputada Mónica Frade se dio por concluida la reunión, no sin que antes Ferraro pronunciara unas palabras de Lisandro De la Torre para cerrar: “Qué risa, señores, qué divertida es la corrupción, y qué sonrientes los corruptos. Pero el día que suenen las campanas marcando el momento de la justicia, que siempre en definitiva llega, ya los veremos a los corruptos golpeándose el pecho. Qué risa que nos dan entonces los corruptos”.

Conclusiones, recomendaciones y decisiones de la comisión

De las 18 conclusiones de la comisión investigadora, leídas en el arranque por el cívico Maximiliano Ferraro, la primera reza: "Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

Además, se desprende que "la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales". "El análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei", determinaron.

Según los diputados de la oposición que elaboraron el informe final, "la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar" que también promocionó Milei. "Las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico", aseguran las conclusiones.

Asimismo, se señala que con la promoción de $LIBRA "el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada". También que, de acuerdo a las declaraciones del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, "surge que el presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional".

"Esta falta de control se habría replicado en la operación con la moneda digital KIP en diciembre de 2024", añade y cuestiona que "el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó, pese a que dicha información no era de circulación pública".

Otra de las conclusiones sostiene que sin la promoción por parte de Milei, "el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado".

A su vez, se confirmaron 16 reuniones en Casa Rosada y la quinta de Olivos con los empresarios cripto involucrados. "Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por Karina Milei", se remarca.

"Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional", enfatiza el informe.

También se cuestionó que "no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo" sino que "por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso".

"Como hecho inédito y absolutamente inusitado, no compareció ningún funcionario público", se subrayó y se indicó que Cúneo Libarona, Melik, Zicavo, Starc y Silva "habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas" de la comisión.

Finalmente, las conclusiones manifiestan que "existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley de Ética en la Función Pública" y se lamentó que "no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal", cuando la comisión "en ningún momento excedió las facultades" constitucionales.

En las recomendaciones se plantea retirar la citación a Karina Milei; insistir con la requisitoria enviada por escrito al presidente; que la Presidencia de la Cámara de Diputados resguarde la documentación e información nueva; que se dé seguimiento a la investigación; la eventual de normas y la evaluación de la creación de una "Oficina de Investigaciones" del Congreso.

En cuanto a las resoluciones, se dispuso remitir toda la información a la justicia -incluida la recibida por parte de las plataformas exchange- y denunciar penalmente a Cúneo Librarona, Melik, Starc, Silva y Zicavo, "por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que el entorpecimiento a la tarea" de la comisión.

Por último, denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.