Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron este jueves la primera jornada de debate con la participación de especialistas, quienes plantearon varios reparos al proyecto oficial de reforma judicial.

Tras el arranque del debate -el martes pasado con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo-, los senadores escucharon durante más de tres horas los aportes de expertos.

A favor del proyecto, el abogado Emanuel Desojo consideró que esta norma “va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior”.

El presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el “deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo, que a través de actos de intimidación y presiones socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho”.

“La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas”, agregó.

“Cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada”, comenzó el abogado magíster Alberto Garay, quien señaló que el proyecto “adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas”.

En ese sentido, consideró que el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires “es enorme; es el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo”. Y advirtió por “la falta de constatación empírica de la necesidad de tantos juzgados federales en Capital”.

Otro de los puntos que remarcó Garay fue el referido al método de designación de los jueces para los nuevos juzgados, el cual sostuvo “es en contra de la Constitución”. Tras una pregunta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, el abogado explicó que los pasos son “un proceso de evauación de antecedentes, se toma un examen, luego se va ante la comisión, el Consejo de la Magistratura elige una terna, pasa al Poder Ejecutivo y luego al Senado para el acuerdo”.

“Acá desaparece el examen directamente, desaparece la propuesta de tres candidatos y, en realidad, a la gente que se proponga la va a designar primero la Cámara de Casación Penal y más adelante el Consejo de la Magistratura”, indicó. Asimismo, dijo que “la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal: deberían nombrar más fiscales, no más jueces”.

“Técnicamente una subrogancia de un nuevo juzgado que se está creando, sí, no es la clasificación dogmáticamente clásica, porque las subrogancias son ante una vacancia transitoria o definitiva de un juzgado ya existente”, admitió el senador oficialista Mario Pais.

Sin embargo, aseguró que “la norma sí prevé, y se ajusta incluso a lo que prevé la acordada 4 -de la Corte Suprema-, sobre la participación del Consejo de la Magistratura con una mayoría calificadísima y también la del Poder Ejecutivo y el Senado”.

Por su parte, el abogado especialista en asuntos penales Marcos Salt se mostró a favor de una reforma judicial, pero planteó que “este texto normativo no colabora con este proceso de reforma, sino que antes bien, atrasa, es antiguo”. “Si esta ley es sancionada tal cual está, esta organización habrá nacido vieja y caduca”, subrayó.

El letrado cuestionó que en la iniciativa “no hay números, no hay costos, no hay análisis multidisciplinario”. “Si Comodoro Py no nos da respuestas a lo que pretendemos de la justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la justicia penal económica nos va a dar respuesta? Si pensamos que tener 12 jueces federales no nos dio respuesta, ¿por qué poner 40 sin cambiar las estructuras y el sistema?”, se preguntó.

A continuación expuso el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Alberto Seijas, quien advirtió que el proyecto podría “dejar a jueces sin materia a tratar”. En ese sentido, destacó que con esta ley “el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces” que actualmente conforman la dotación del fuero.

En tanto, Alfredo Vítolo, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), expresó que “el proyecto no contribuye a solucionar los problemas que aquejan a la Justicia en nuestro país”.

Muy duro contra la iniciativa oficial, el letrado opinó que el Poder Ejecutivo “propone una reforma en el aire”, ya que en el mensaje que acompaña al proyecto “no hay referencias a estudios empíricos o estadísticas que justifiquen las propuestas que se formulan”.

“Toda reforma judicial requiere un debate participativo tendiente a buscar consensos que le otorguen a esa reforma estabilidad en el tiempo. Esta reforma no puede ni debe ser obra de un único partido o alianza electoral”, manifestó, y consideró que de lo contrario, será “una reforma sometida al volátil vaivén del humor electoral”.

Además, observó: “Para un sector importante de la ciudadanía, el proyecto solo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a integrantes del actual gobierno o personas cercanas a él”.

En consonancia con lo planteado también por Garay, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, cuestionó que “se proponen crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”. Y, en igual sentido que Seijas, señaló que la reforma provocará un “desguace y desmantelamiento” del “centenario” fuero Nacional Criminal y Correccional.

Finalmente, el abogado Raúl Heredia sostuvo que “abrir un proceso de reforma hoy en Argentina es absolutamente pertinente, oportuno, necesario y urgente”, ya que “no es una reforma apresurada, porque en realidad llega muy tarde”.

El expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut resaltó que “toda reforma que se propicie tiene que tener en cuenta la necesidad de desarrollar el diseño constitucional del proceso penal, que no hemos alcanzado”. “La mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurado, porque es la única forma de que lleguemos a alcanzar el mandato constitucional”, cerró.