Un cambio de último momento empantanó el debate y, dado que gran parte de la oposición pedía abstenerse, Massa propuso dar marcha atrás.
Por Carolina Ramos
En medio de un clima de confusión por un cambio de último momento propuesto por el oficialismo, volvió a comisión el proyecto de ley que prohíbe que el Estado brinde ayuda económica o financiera a empresas radicadas en guaridas fiscales o con evasión fiscal probada por la AFIP.
Juntos por el Cambio estaba dispuesto a acompañar al oficialismo en la votación, pero una modificación propuesta de madrugada por Fernanda Vallejos en el artículo segundo -relativo a los sujetos alcanzados por la ley- sorprendió a los diputados conducidos por Mario Negri.
En ese artículo, el Frente de Todos buscaba incorporar que además de las personas humanas o jurídicas residentes en Argentina con cuentas offshore, eran sujetos alcanzados aquellas personas “que estén vinculadas con otras que sean titulares” de bienes en guaridas fiscales.
El radical Luis Pastori, que había trabajado en comisiones para lograr una redacción consensuada, advirtió que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le informó sobre el cambio con un tiempo escaso para poder analizarlo.
“Estamos ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, y esto requeriría un estudio más profundo, más pormenorizado”, planteó Pastori.
El presidente de la Cámara, Sergio Massa, puso a votación el proyecto en general y en particular, y el interbloque de Mario Negri, disconforme con el giro que tomó la discusión, anunció que se abstendría.
En el mismo sentido, surgieron críticas del Interbloque Federal. “No hemos sido de los privilegiados que han sido consultados. No hemos tenido ningún tipo de consideración a la hora del cambio que se generó”, se quejó Graciela Camaño (Consenso Federal).
Otro lavagnista, Jorge Sarghini, denunció: “Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento y absoluto consenso sea cambiado minutos antes de votar porque alguien del oficialismo lo pide y no den lugar ni siquiera al análisis”. “¿Nosotros qué somos, de palo?”, cuestionó.
El proyecto resultó aprobado, pero muchos diputados de la oposición que habían votado afirmativamente pidieron dar marcha atrás y abstenerse, y aunque Heller intentó salvar los entredichos, el tema entró en un callejón sin salida.
Finalmente, y con ánimo de retomar el consenso, Massa propuso devolver el proyecto a comisión, para lo cual se votó -con dos tercios- la reconsideración de la votación anterior, que resultó aprobada.
La iniciativa, propuesta por el cordobés Pablo Carro (Frente de Todos), busca impedir que se les otorgue asistencia a empresas radicadas en guaridas fiscales “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.
Si bien el texto original hablaba de “paraísos fiscales”, se cambió ese término por el de “guaridas fiscales”, entendidas como aquellas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
“Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la humanidad son los miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en distintos países y terminan escondidos en esos estados donde no hay ninguna tributación”, explicó Heller.
En tanto, Carro sostuvo que “en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal, es importante que cada peso del Presupuesto vaya adonde se necesita: a salud, educación, seguridad social, protección de puestos de trabajo y reactivación económica”.
El cordobés informó que “el 40% de las ganancias de empresas trasnacionales van a parar a estas guaridas fiscales”, y por eso consideró que esta ley es “un mensaje muy importante al mundo”.
Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, advirtió que “los delitos financieros, la fuga de capitales y el fraude fiscal son el trasfondo de este proyecto y generan enormes daños a la sociedad, aun cuando lo hacen en forma silenciosa”.
“Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen el margen del desarrollo nacional y socavan el normal financiamiento estatal”, insistió la economista, y agregó que “los sectores más vulnerables son las principales víctimas” de este accionar.
