La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo, dio el puntapié inicial este miércoles al debate sobre proyectos que buscan declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos y derecho humano universal.

En el arranque de la reunión, que contó solo con la presencia de legisladores del Frente de Todos ya que Juntos por el Cambio rechaza el protocolo de funcionamiento remoto dispuesto por la vicepresidenta Cristina Kirchner, los oficialistas José Mayans y Mario Pais ratificaron la modalidad del trabajo parlamentario y anticiparon que aprobaran el decreto de Presidencia.

A modo de introducción, Luenzo señaló que en la pandemia se vio reflejado que este “es uno de los derechos humanos básicos que también consagra a otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo”.

“Argentina tiene una deuda pendiente particularmente con el interior, donde la brecha digital es importante, es significativa”, remarcó el chubutense y destacó que “ENACOM ha puesto en marcha una serie de planes con una inversión en cuatro años de 40 mil millones de pesos, para seguir desde el Estado cumpliendo con este objetivo, que es el de la inclusión digital”.

El presidente de la comisión consideró que debe existir un “trabajo conjunto entre el sector público y el privado para hacer posible que, a partir de la intervención del Estado, que además es responsable del espacio radioeléctrico, le demos cumplimento a ese objetivo”.

Y subrayó, al repasar que al respecto hay cuatro proyectos presentados por el Frente de Todos y otros dos por Juntos por el Cambio, que “tanto desde la oposición como del oficialismo hay interés” en el tema.

Por su parte, el senador Antonio Rodas lamentó “la actitud por parte de la oposición que pone palos sobre las ruedas, pero ya no nos extraña”. Sobre el tema, recordó que es autor de un proyecto que impulsa la modificación del artículo 15 de la Ley Argentina Digital. “Encontré que lo que Cristina (Kirchner) nos dejó, Macri lo sacó. Todo lo que era el servicio a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debería considerarse y tratarse, por eso coincido en que tenga un tratamiento adecuado”, sostuvo el oficialista.

Y añadió que su provincia “recibe enormes inversiones y nuestra red de fibra óptica se extiende a más de dos mil kilómetros. Sobre 55 localidades, 43 están haciendo uso de esa herramienta”.

En el cierre de la reunión informativa, que pasó a un cuarto intermedio hasta que se reciban a nuevos expositores, Luenzo informó el pase a la firma de un conjunto de proyectos de declaración y comunicación.

La presentación de los especialistas

La primera oradora fue Bernadette Califano, investigadora del CONICET, quien hizo hincapié y celebró que se tomen iniciativas de políticas públicas porque “es importante hacer foco en los objetivos macros para poder implementar medidas regulatorias integrales y articuladas que conduzcan a una implementación que desagreguen esas políticas”, aunque señaló que, si bien algunos de los proyectos los mencionan hay que volver a preguntarse “por qué queremos declarar el acceso a Internet como servicio público. ¿Qué buscamos? ¿Disminuir brechas digitales? ¿Buscamos fomentar la participación de distintos sectores? ¿Se busca regular precios para el usuario final? Son algunas de las preguntas que me surgen y son interesantes responder para elaborar políticas públicas coherentes que no sean coyunturales, sino a largo plazo articuladas a otras iniciativas de Gobierno”.

“Hay una deuda histórica por la falta de acceso a Internet de calidad para importantes sectores y es necesario que haya políticas públicas que resuelvan este problema”, aseguró, e indicó que según los indicadores del ENACOM “no ha variado la penetración de Internet fija en hogares, es baja. La penetración de telefonía fija es altísima, pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos que utilizan los sectores con menos recursos y registra ingresos más altos”.

Por consiguiente, Califano manifestó que “hay que solucionar un primer nivel de brecha digital que es a la conectividad, pero también en materia de hardware, de alfabetización digital, de calidades de conexión, hay brechas de velocidad. Se necesitan políticas públicas para resolver problemas que el mercado no hizo y tiene que estar en diálogo con el sector empresarial”.

Por otro lado, se refirió a algunos aspectos de los proyectos: “Hay un gran acuerdo de declarar el acceso a Internet como derecho humano, puesto que es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Es un debate que tiene muchos años”.

Además, la expositora recomendó “pensar qué pasa con las plataformas digitales, si se incluyen o no dentro de este proyecto. La telefonía móvil la incluyen dentro de esta clasificación y otros dentro de los servicios públicos”. “Es interesante que se pueda debatir qué implica un servicio público, cuáles son los argumentos para que un servicio de TIC sea considerado como público. Hay que pensar cómo lograr objetivos concretos a través de políticas públicas integrales”, finalizó.

A su turno, Henoch Aguilar, exsecretario de Comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT, mencionó que “las desigualdades entre las diferentes provincias argentinas, saco el caso de CABA, no son proporcionales ni a sus ingresos per cápita ni al producto bruto”. “Hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%, San Juan 36%, Santa Cruz 37% y Mendoza 39%”.

“Tenemos casos de ingresos muy altos como es el de Santa Cruz; tenemos el caso de unas de las cuatro provincias más ricas como es el caso de Mendoza, no parece tener una explicación lógica”, observó y, por el contrario, precisó que “tenemos líderes provinciales que no son Buenos Aires, Santa Fe ni Córdoba” como La Pampa y San Luis que “lideran con el 82%” de conectividad.

En ese sentido, el expositor explicó que se trata de dos distritos que han tenido “políticas provinciales de largo plazo, que han roto la lógica a través de una continuidad de 20 o más de 15 años”. “La decisión de tomar a la conectividad como un objetivo provincial puede tener resultados que superan a las provincias más ricas”, analizó.

Durante su intervención, resaltó que en el país hay “áreas estructuralmente sin cobertura”, mientras que poblaciones rurales de 500 a 2.000 habitantes “están cubiertas apenas por 3G y muy poquito con 4G”. “No se logrará la cobertura universal que estamos pensando si cada provincia no diseña un plan específico en la medida de sus territorios y sus necesidades”, enfatizó.

Y agregó que “necesitamos nuevas redes, que necesitan inversión y para eso necesitamos un sistema de regulación”, aunque “más que regular precios” él recomienda incentivar la competencia, lo que “exige al otro a mejorar el servicio”.

En tercer lugar expuso Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Derechos de Usuarios y Consumidores, quien opinó que el DNU 690/20 dictado por el Gobierno y objetado en la Justicia por las empresas prestadoras, “abrió una puerta de discusión; viene a terminar con la pobreza en las comunicaciones que en esta etapa significa no poder acceder como en el 90% de la población a información básica. Evidentemente las normas de un país deben adaptarse a la situación, por lo que hay que poner como un derecho humano a las comunicaciones y como prioridad”.

“El concepto de servicio público en las comunicaciones nos lleva a pensar de qué estamos hablando. Argentina tiene un monopolio que ha ido generándose en el tiempo”, expresó y profundizó: “Hay dos grupos poderosísimos, esa división de Telefónica (Movistar) y Telecom, que tienen la disputa del sistema de celulares, Internet y cable. Tenemos empresas que no cumplen con la responsabilidad social empresaria, una función esencial”.

Asimismo, Bassano resaltó que “en esta pandemia se aceleró en forma rápida lo que se venía haciendo a lo largo de los años, que muchas actividades oficiales se desarrollan a través del sistema de Internet. La Justicia es Internet, la salud es Internet. Que un alumno no tenga un celular es apartarlo de la educación”. “El teléfono celular e Internet deben ser universales, son servicios públicos necesarios que el Estado controle las empresas porque la transmisión de los bloques de datos se hace a través de ellas y debe haber regulación y que no haya excluidos”, continuó.

“Si hablamos de que es un servicio público, esencial, universal, estratégico, también debemos hablar que es un servicio controlado y regulado, hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso que no se controle el uso de la nube”, concluyó.

La palabra desde el ENACOM

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, se encargó de defender el DNU 690/20 y dijo que este decreto “nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política, o retomar una política que había sido anulada” por otro decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En el medio de la pandemia, con el ASPO y una situación de crisis sanitaria y económica que vivía el planeta, era necesario tomar una serie de medidas para garantizar el acceso a las TIC’s para todo el mundo”, sostuvo y aclaró que el DNU estuvo en sus fundamentos “inspirado en antecedentes internacionales”.

Sin embargo, el funcionario lamentó que “hay un sector de la economía de Argentina que cree que esto debe ser un bien de mercado y no un derecho humano básico”. “No podíamos dejar que el precio por el acceso al estudio o al trabajo fuera un bien de mercado”, defendió.

E insistió que “el DNU 690, ratificado por el Congreso, lo que hace es ratificar eso y en todo caso reponer y ampliar lo que ya estaba en la Ley Argentina Digital”. Entre sus aspectos centrales, esa norma disponía “generar planes de acceso universales” para los sectores más vulnerables y que la “regulación del precio lo sigue fijando la empresa pero debe ser justo, equitativo y razonable”.

“Todavía hay un sector de la Justicia que entiende que esto es un bien de mercado y no debería ser un servicio público, a pesar de que la Justicia funciona a través de Internet en este momento”, cuestionó.

En otro tramo, López afirmó que “estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos” pero “hay muchas legislaciones locales que impiden la competencia, ponen trabas para que donde hay una o dos empresas pueda haber una tercera”.

“Estamos en condiciones de regular precios mayoristas, en el sentido de competencia, para que no haya un abuso de posición dominante, y de precios minoristas, aunque en este momento esta judicializada esa parte del decreto”, prosiguió.

En comparación con la gestión K y la de Cambiemos, el vicepresidente del ENACOM recordó que “entre 2013 y 2015 la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares” para este área, mientras que “en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares” y “básicamente estuvo puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica”.

Por otra parte, admitió que “la inversión privada es fundamental”. “Hubo una fuerte inversión privada entre 2014 y 2015, 2016 y 2017, pero decayó en 2018 y 2019 y no porque los precios estuvieran regulados, los precios estuvieron más liberados que nunca”, subrayó. Sin embargo, “la telefonía fija en el período 2015-2019 tuvo un aumento de poco más de 2.000%, y en el resto de los servicios estuvo entre 30 y 50 puntos por encima de la inflación”.

“La brecha digital es una realidad, el 690 es un primer paso para vencerla. Con el DNU 690 se da comienzo a una política y un debate necesario”, finalizó.