Luego de que la Justicia resolviera suspender la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), el bloque del Frente de Todos (FdT) –conducido por Claudio Ferreño– presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución para solicitarle informes al Gobierno porteño acerca de lo ocurrido.

En el proyecto los legisladores exigen que se informe a partir de qué fecha comenzó a estar vigente el SRFP; el detalle de todas las extracciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad y/o la Policía de la CABA sobre la base de datos biométricos del ReNaPer desde abril del 2019 a la fecha de recibido el presente pedido de informe; y que se remita el detalle el proceso de migración de datos hacia el SRFP.

Los diputados del FdT también pidieron que se precise dirección IP, función, tipo de acceso o autorización de los usuarios que ingresaron al SRFP con diferenciación de quienes lo solicitaron, recibieron, emitieron, reenviaron o manipularon y en el marco de qué orden o procedimiento. También solicitaron que se indique que tratamiento se le dio a los datos migrados, especifique si fueron eliminados o si al día de la fecha se encuentran en el  sistema de base de datos del SRFP.

Por otra parte, la bancada conducida por Ferreño buscará conocer “si existieron migraciones de datos al SRFP de personas que no revistan el carácter de prófugas”, que se “informe la cantidad de veces que se han consultado por búsquedas de prófugos y cuantas se han realizado en el marco de otras actuaciones” y si “existieron identificaciones positivas desde abril del 2019 hasta recibida la presente”.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores recordaron que “el pasado 12 de abril del corriente año, diversas oficinas del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Centro de Monitoreo Urbano fueron allanadas por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) merced a una orden judicial emanada por el Dr. Roberto Andrés Gallardo, titular del juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N 2” y precisaron que “en dicha resolución también se ordena la suspensión del funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en el ámbito de la Ciudad.  Al mismo tiempo, el magistrado requirió la extracción de toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada por el SRFP tanto en el Ministerio mencionado como en el CMU”.

Además remarcaron que “la decisión se fundamentaría en el acceso irregular a los datos biométricos de casi 10 millones de personas, entre ellas funcionarios, dirigentes sociales y de derechos humanos y periodistas entre otros” y detallaron que “el amparo fue interpuesto por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y acompañado por diversas organizaciones de la sociedad civil tales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ACIJ etc”.

“Ante los hechos mencionados, que son de público conocimiento, en referencia a la migración de datos biométricos realizados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA y/o la Policía de la CABA es que realizamos el presente pedido de informe”, agregaron y concluyeron señalando que “como legisladores tenemos la responsabilidad de trabajar para garantizar la seguridad y la privacidad de los porteños, pero también de quienes transitan la Ciudad de Buenos Aires, y haciendo uso de las herramientas que se nos otorgan como representantes electos en este sistema democrático, es que damos curso al presente proyecto”.

El proyecto lleva la firma de Victoria Montenegro, Alejandro Amor, Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Claudio Morresi, Claudia Neira, Cecilia Segura, Manuel Socías, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco y Franco Vitali.