La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), se reunió este miércoles para recibir a referentes de la industria curtidora argentina con quienes analizaron dos proyectos que buscan establecer un marco legal que regule el uso del término “cuero” para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores.

La presidenta de la comisión explicó que la sesión es de carácter informativa a fin de “analizar el término del empleo del cuero”, por los que hay dos proyectos que también tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor.

Autor de uno de ellos, el diputado socialista Esteban Paulon explicó que “la idea es poder conversar sobre dos proyectos que establecen el criterio de utilización de la denominación cuero para los productos vinculados a dicho material”.

“La actividad es particularmente importante en Santa Fe en las localidades de Esperanza y las toscas donde tenemos dos de las principales curtiembres el país, pero también es un sector importante en otras provincias”, remarcó.

Paulon manifestó que “llegamos a este debate con demora a nivel internacional en establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, sino en nuestra propia región. A nivel internacional ya hay antecedentes como Brasil que desde 1960 estableció un criterio".

Así, precisó que estos proyectos buscan armonizar la legislación con la idea de poder avanzar en la compatibilidad de la denominación de cuero a nivel del Mercosur. Además, las iniciativas buscan “asegurar la autenticidad del material curo como material que es de origen animal, prohibiendo con la identificación del término a otros productos que tienen origen mineral y vienen de derivados de otra producción para evitar cuestiones que tienen que ver con el engaño y la falsificación y garantizar la calidad, la durabilidad y la estética”.

“Es una industria que genera muchos puestos de trabajo y en las localidades donde se desarrolla tiene un impacto económico importante y tiene que ver con la identidad cultural de cada localidad”, cerró.

A continuación, el salteño oficialista Julio Moreno Ovalle, autor del otro proyecto, contó: “Soy interesado en que se use la denominación cuero como corresponde porque es un subproducto de la ganadería, una de las actividades más importantes del país. Al cuero se le pueden dar diversos usos y para la venta del mercado interno y externo. Es importante que tengamos en claro para qué sirve el cuero”.

La palabra de los especialistas

Daniel Helman, de Curtiembre Arlei S.A, afirmó: “La importancia de esta ley radica en el marco regulatorio que se pretende obtener para la denominación cuero para garantizar calidad y autenticidad del producto”. En tanto, comparó que este tipo de ley está en Brasil desde 1964, en México, en Estados Unidos, en Italia, etc.: “En el mundo es algo que ya se ha hecho para proteger la autenticidad y la calidad de un producto tan noble como el cuero”.

“Esta ley beneficia a una gran cadena de valor del cuero, desde las curtiembres hasta el último artesano. Hay infinidad de actores en la actividad del cuero que se van a ver beneficiados por la lye. Además, impacta mucho en la defensa del consumidor, en la industria y en la sustentabilidad de la circularidad”, explicó.

En cuanto a la defensa del consumidor, Helman precisó que “se está engañando al consumidor porque cuando compramos estas imitaciones que no son cuero como el eco cuero, el cuero vegano, la cuerina, el símil cuero, nos están engañando. Quieren apropiarse los atributos del cuero para vendernos un producto que no es tal. El verdadero eco cuero es de origen animal, es un subproducto”.

“Nosotros tomamos los cueros de los animales que son faenados que, de no ser por la industria del cuero que les da valor y pasa a ser un producto de durabilidad, amigable con el medio ambiente, noble, duradero, que se va a biodegradar con el tiempo, si no estuvieran las curtiembres procesando esos cueros irían a vertederos naturales generando contaminación y una pérdida muy importante porque genera fuentes de trabajo”, explayó.

Helman destacó que la industria del cuero argentino “es marca registrada y fomenta una industria grande. El cuero argentino es una marca que tenemos que volver a poner en valor. Es un producto que tarda mucho en envejecer, se degrada naturalmente, no como otros productos que tiene derivados de hidrocarburos o plástico”.

Así, cerró: “Al consumidor lo engañan porque le venden un producto de plástico haciéndole creer que es cuero legítimo o auténtico”.

Luego expuso el concejal de Las Toscas, Iván Gastón Sánchez, que bregó para que el proyecto tenga luz verde y sea aprobado porque “se busca poder tener una protección para la industria misma como para los consumidores”.

“Una ley como esta contribuiría a que realmente se utilice el término cuero dentro de lo que la industria fabrica y esto permitirá la protección del trabajo. Esto es un proyecto que va a tener ámbito nacional porque va a cubrir esta materia prima en Argentina, pero uno como concejal quiere que esta industria tenga la protección necesaria para que este término se utilice en los productos que realizan. También para proteger al consumidor y que vayan con la tranquilidad de que van a comprar cuero”, explayó y cerró: “Tenemos que brindar estas herramientas para que la industria y los consumidores se sientas protegidos e incentivados y le demos estas herramientas importantes desde lo legal”.

En apoyo a las iniciativas, el presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), Eduardo Wydler, consideró fundamental “informar a los consumidores qué es lo que van a comprar”, al aseverar que “el sector ha perdido mercado con el cuero sintético”.

“Hemos gestionado muchas veces como cámara una norma que aclara esto para defender al consumidor y asegurara el desarrollo de la industria. Es una industria histórica porque el cuero se ha relacionado con la económica del país, pero la industria curtidora ha invertido mucho en muchas actividades para que la producción sea ambientalmente amigable”, explicó.

Wydler consideró que “no hay otro desarrollo vinculado con el cuero que sea el cuero original que viene del animal que se procesa dentro de la curtiembre”. En suma, sostuvo: “Este es un tema de suma importancia porque se ha utilizado para tratar de copiar al cuero, los más variados calificativos como eco cuero, cuero ecológico”.

“Compartimos y apoyamos esta propuesta para que siga su curso para ser aprobada y beneficiemos a la gente que sepa concretamente lo que compra. Aclaremos lo que es el cuero, el objetivo es informar y esto va a tener un beneficio para la industria”, concluyó.

En el mismo sentido, Cristian Alejandro Delssin, secretario General del Sindicato del Cuero, del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, afirmó: “Si esta ley ayuda a seguir manteniendo los puestos de trabajo, la vamos a apoyar”.

“Es una competencia desleal a los trabajadores al trabajo de los curtidores porque en Las Toscas dependemos mucho de la curtiembre. Creo que esta posibilidad de competir legalmente contra algo que no es cuero, que es otra cosa como plástico, y que lo quieran vender como cuero, nos deja en una situación incómoda porque nuestro trabajo lo usan con otro nombre. Nos preocupa mucho que, si hay una objeción sobre esta ley, no nos estarían ayudando a nosotros como trabajadores de la curtiembre”.

Delssin bregó para que el proyecto sea aprobado para “beneficiar a los trabajadores de la industria del cuero porque estamos preocupados y estamos pasando una situación complicada y esto ayudaría a que los puestos de trabajo sean valorados”.

Además, expusieron ante la comisión Tatiana Apstein, de Curtiembre ARLEI S.A, Leonardo Piatek, de la industria del cuero, y la diputada provincial (Santa Fe) María del Rosario Mancini.

El diputado radical Manuel Aguirre (Corrientes) presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca garantizar la autenticidad y calidad de los productos cárnicos comercializados en Argentina y fortalecer la legislación en torno a la autenticidad de los productos cárnicos y asegurar un entorno de mercado justo y equitativo.

Este proyecto tiene como objetivo principal prevenir fraudes alimentarios y proteger la salud pública de los consumidores. Por ello, la propuesta legislativa establece criterios claros para la clasificación de productos como cárnicos o derivados cárnicos, asegurando que solo aquellos que cumplan con una proporción significativa de ingredientes de origen animal y que satisfagan los estándares de calidad definidos en el Código Alimentario Argentino puedan ser etiquetados como tales.

"Es fundamental que los consumidores puedan confiar en la calidad de los productos que adquieren. Esta ley es un paso decisivo hacia la transparencia en el mercado cárnico", afirmó Aguirre durante la presentación del proyecto.

El diputado correntino también destacó la importancia de empoderar al consumidor mediante la provisión de información adecuada y veraz sobre los productos cárnicos. "Al prohibir el uso de términos engañosos, estamos protegiendo no solo la salud pública, sino también la integridad del sector cárnico argentino. Los consumidores merecen saber exactamente lo que están comprando", expresó.

El proyecto de ley se enmarca en un contexto donde el uso indebido de términos relacionados con la carne ha generado confusión y riesgos para la salud de la población. Con el objetivo de evitar la comercialización de productos que no cumplen con los estándares de autenticidad, la ley busca establecer un marco normativo robusto que salvaguarde la integridad del mercado cárnico nacional.

Además, la ley contempla la designación de una autoridad competente que será responsable de supervisar el cumplimiento de las regulaciones y de difundir información sobre la importancia de una dieta saludable. Esta autoridad también coordinará con diversas áreas para promover el consumo informado de alimentos cárnicos, asegurando que los consumidores tengan acceso a la información necesaria para tomar decisiones informadas.

El proyecto también se complementa con otras normativas relevantes, como la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto Nº 274/2019 de Lealtad Comercial, integrando sus disposiciones para ofrecer un marco regulatorio coherente y eficaz. Esto permitirá que las disposiciones específicas sobre productos cárnicos se apliquen en conjunto con las normas generales de protección al consumidor.

La iniciativa es acompañada con la firma de los diputados Jorge Rizzotti, Pedro Jorge Galimberti, Juan Carlos Polini y Pablo Juliano.

Por supuesto que la pandemia y el avance de la tecnología, en particular, llevaron a urgencias que deben ser abordadas de manera inmediata.

Hay una serie puntos que entendemos que son urgentes en la modificación de la ley que hacen a la protección del derecho del  consumidor en una relación en la cual se entiende que hay una parte más débil y otra más fuerte.

Se debe proteger el derecho al consumo desde el punto de vista del consumidor. Hay, en ese sentido, nueve artículos que se proponen modificar  y tienen que ver con el  contenido y las posibilidades que el consumidor tiene de ejercer su derecho

Un ejemplo concreto  para entender esto es al momento de querer dar de baja un servicio. Hasta ahora, se hace de manera telefónica o presencial y todos conocemos la dificultad que eso implica.

Por eso proponemos, entre otras cosas, que se logre notificar a la empresa el cese de la prestación a través de un correo electrónico que sirva de notificación fehaciente. Otra cosa que buscamos es que la letra chica de las publicidades tengan un formato legible.

En suma, debemos facilitar los instrumentos y herramientas que el consumidor tiene a la hora de ejercer su derecho.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo Código de Protección de Usuarios y Consumidores de la Nación.

El objetivo del Código, explicó el diputado, es “centralizar de manera independiente las regulaciones y mecanismos protectorios de manera federal”  para atender las problemáticas de usuarios y consumidores en todo el país.

“También cuida a las pymes y controla fuertemente a las empresas proveedoras de bienes y servicios”, destacó el autor.

Ramón explicó que “el proyecto busca empoderar a estos sectores frente a un pequeño grupo de empresas con gran poder de lobby y a gobiernos débiles o cómplices”.

“Necesitamos generar mayores equilibrios en una economía concentrada, donde siempre sale desfavorecido el eslabón más débil de la cadena”, insistió.

Una de las novedades de la iniciativa, que consta de consta de 440 páginas y siete títulos, es la regulación de las relaciones de consumo en entornos digitales, así como la operatividad del principio de acceso al “consumo sustentable”.

Se establecen, además, reglas y mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar de usuarios y consumidores.

El nuevo Código sistematiza el trabajo de Ramón en los cuatro años como legislador nacional y en sus años previos desde la sociedad civil.

El año pasado, recibió dictamen favorable en la Cámara baja la creación de una comisión bicameral para la elaboración de un nuevo Código de Usuarios y Consumidores, pero el proyecto -también de Ramón- no llegó al recinto.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre (UCR), escuchó este jueves a representantes de asociaciones de consumidores que plantearon distintas problemáticas derivadas de la pandemia del Covid-19.

El primero en exponer en la videoconferencia fue Diego Fontela, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), quien hizo diversas propuestas, como declarar “servicio público” a la garrafa de gas licuado de petróleo, así como los servicios de Internet, cable y telefonía celular.

También llamó a “revalorizar lo que queda del teléfono fijo, que es servicio público pero la tarifa está un poco desregulada”.

Fontela además pidió “mayores regulaciones en la Ley de Medicina Prepaga” y “reforzar los mecanismos de precios claros” transparentando los costos de la cadena de valor.

Por otra parte, apuntó a la “falta de entrega” de los productos adquiridos mediante el comercio electrónico, y denunció “abusos” por parte de las tarjetas de crédito no bancarias.

Asimismo, el referente de CESYAC manifestó “interés” por integrar el futuro Consejo Económico y Social, un organismo que el Gobierno tiene intenciones de crear por ley.

Adriana Malek, de la UCA (Universidad Católica Argentina) expresó: “Lo que nos preocupa y mucho en este contexto de pandemia son los consumidores hiper-vulnerables. Después de que pase la pandemia, muchos van a quedar en esta situación de hiper-vulnerabilidad”.

En ese sentido, Malek sostuvo que “muchas familias están sufriendo un sobreendeudamiento, sobre todo con las entidades financieras que no están dentro de la resolución del Banco Central y que están cobrando intereses que son usura pura”, y que además “dejan de lado el trato digno hacia el deudor”.

Desde la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), Ana María Godoy llamó a revisar el sistema de medicina prepaga por los “abusos continuos”, y también se preguntó “qué va a pasar con el PMO (Programa Médico Obligatorio), que está sumamente atrasado”.

En el marco de la pandemia del coronavirus, la diputada Liliana Schwindt (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para suspender los intereses punitorios por el uso de tarjetas de crédito que no sean emitidas por bancos -o el Banco Central- desde el 1ro de mayo y hasta que finalice la cuarentena.

“Por la crisis, muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, explicó la legisladora.

Schwindt expresó que “lo que buscamos es justamente proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a entidades financieras”.

Además, la diputada aseguró que “de no concretarse esta propuesta, no sólo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”.