La decisión la tomó la Cámara Civil porteña en el marco de una causa puntual por “usucapión” que habían iniciado dos mujeres. El fallo sienta un precedente al respecto que luego podrían seguir otros fueros.
En medio de la disputa por la ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de esa norma en el marco de un fallo por una causa de “usucapión” que promovieron dos mujeres.
Si bien esta resolución es para un caso concreto, lo cierto es que sienta un precedente que luego podrían seguir otros fueros. “Fluye con nitidez que, pese al status constitucional propio que adquirió la ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, la legislatura local con la reforma del artículo 26 de la ley 402 CABA, se ha extralimitado en sus funciones, por lo que nos encontramos ante un caso en que la inconstitucionalidad de la norma es palmaria y de una gravedad significativa y su declaración no vulnera el principio de congruencia”, sostiene el fallo por la causa de usucapión.
El documento también sostiene que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da sus propias instituciones autónomas, organiza sus poderes, dicta sus leyes de procedimientos, y designa a sus jueces sin intervención alguna del gobierno federal pues, al hacerlo, ejercen poderes no delegados sino originarios o concedidos; a contrario sensu mal podría inmiscuirse en una materia, que a la fecha, no le es propia”.
Cabe recordar que en el Congreso de la Nación el diputado nacional por la CABA en el Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, había presentado un proyecto de rechazo a esa medida. “Esta Ley votada por la legislatura avasalla la Constitución Nacional y es un ataque directo a las facultades del Congreso Nacional y al sistema Federal. En el PRO son los republicanos más locos del mundo”, aseguró en su momento.
La medida, que había sido impulsada por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ) en la Legislatura, introdujo una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal. Además autoriza que las audiencias administrativas y judiciales puedan realizarse con una modalidad mixta, presencial y virtual.
El motivo fueron los artículos que introdujo el Parlamento porteño en los que le da atribuciones y facultades al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que calificó como “mamarracho jurídico”. Tagliaferri le contestó que eso es “faltarles el respeto”.
En la primera sesión presencial de la Cámara alta en 19 meses, Mariano Recalde (FdT – Ciudad de Buenos Aires) pidió una moción de preferencia para denunciar la ley que dictó la Legislatura de la Ciudad, porque “avasalla las competencias y facultades que son propias del Congreso”, ya que introdujo “artículos que le dan atribuciones y facultades al Tribunal Superior” de la Ciudad y calificó esa acción como un “mamarracho jurídico”. Ante esto, Guadalupe Tagliaferri (Pro – Ciudad de Buenos Aires) le salió al cruce.
En primer lugar, Recalde afirmó: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una ley por mayoría que avasalla competencias y facultades que son propias del Congreso de la Nación según el artículo 75 de la Constitución Nacional”.
“El jueves nos enteramos de que la Legislatura, en medio de una discusión, introdujo repentinamente dos artículos que le darían competencias, atribuciones y facultades al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para entender y modificar o tratar causas y sentencias dictadas por Tribunales Nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires”, cuestionó el senador oficialista y advirtió que “esto es grave porque corresponde al Congreso Nacional trasferir competencias o regular el procedimiento ante la justicia nacional, comercial, civil, del trabajo o la que fuera o con competencia federal.
En esta línea, agregó: “Hay una Ley Cafiero que no se ha modificado y hasta que no se discuta en el Congreso la transferencia de competencias o tribunales, esa competencia se rige por el procedimiento nacional. Eso que hizo la Legislatura es querer legalizar algo que venia haciendo el Tribunal Superior de Justicia que es abocar al entendimiento de causas en las cuales no tenía competencias e incluso el procurar interino le dijo que no tenía”.
“No podemos dejar de ver esa grosera intromisión a facultades que le son ajenas de querer poner un Tribunal por encima tiene una sola causa, está pensada para tratar de resolver un solo expediente que es el del Correo Argentino”, señaló Recalde y acusó: “Ha hecho un mamarracho jurídico en post de defender a una sola persona, Mauricio Macri”.
A continuación pidió la palabra la senadora también de la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri, quien planteó una cuestión de privilegio contra Recalde, señalando que “la Legislatura es un organismo elegido democráticamente por la ciudadanía, con lo cual considerar que los legisladores hacen mamarracho jurídico es faltarles el respeto”.
Por otro lado, aclaró que “dentro de la Ley Cafiero hay un montón de convenios que permitieron traspasar competencias del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires”, y detalló: “Dentro de ese ámbito esta la transferencia paulatina de cuestiones de índole penal, y dentro de esas competencias se votó legítima y democráticamente en un espacio que, a diferencia de este Senado, existe la labor parlamentaria , existe discusión, consenso, donde desde el mes cuatro hubo sesiones presenciales en donde se votó lo que el senador rechazó que es le juicio por jurados que fueron trasferidas a la Ciudad de Buenos Aires”.
A continuación, desde el oficialismo reaccionaron los senadores José Mayans y Guillermo Snopek a criticar a Tagliaferri al aclarar que “las cuestiones de privilegio no se responden”.
La legisladora fue denunciada penalmente por “abuso de autoridad en violación de la Ley de Ética Pública”, dado a que fue quien impulsó la ley que introdujo cambios en la norma del TSJ.
A raíz de la sanción de una ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, los legisladores de Vamos Juntos salieron a expresar públicamente su apoyo a la autora de la norma recientemente sancionada, María Luisa González Estevarena (VJ).
La denuncia fue impulsada por la abogada Valeria Carreras en los tribunales de Comodoro Py por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”; tras el sorteo, la causa quedó radicada ante el juzgado federal 9 a cargo del juez Luis RodrÍguez.
Tras conocerse esta situación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), expresó su “respaldo total a Marilú González Estevarena. Van a tener que denunciarnos a todos, porque veamos a seguir defendiendo la autonomía de la Ciudad”.
Mientras que Cecilia Ferrero (VJ) sentenció con dureza: “primero el llamado a indagatoria del ex presidente; ahora denuncian a la autora de una ley votada por un cuerpo legislativo. Es todo tan obvio y burdo; el resultado de las PASO atacó los nervios de varios parece. Toda mi solidaridad con Marilú”.
La diputada del FdT aseguró que la misma sólo sirve para ser “una gran dilación de tiempo para personas que tienen mucho poder”.
Días después de que la Legislatura porteña sancionara una ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira volvió a cargar contra el oficialismo porteño por esa normativa y consideró que “no va a tener ninguna otra consecuencia práctica que no sea una gran dilación de tiempo para personas que tienen mucho poder”.
En ese sentido, la opositora recordó que “fue una semana muy complicada porque en la Legislatura se trataron este y otros temas que todos los días implican avances del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, muchas veces incomprensibles” y precisó que se trató de “una situación que se dio en una comisión donde estábamos dictaminando un proyecto sobre la digitalización de las notificaciones, una cuestión totalmente formal que era residual de la pandemia”.
Sobre esa misma línea, explicó –en diálogo con radio Cooperativa- que “estaba a punto de firmarse el dictamen y un diputado plantea que van a hacer un agregado a este proyecto que tiene que ver con esta norma que modifica el procedimiento recursivo ante el Tribunal Superior de Justicia, incluyendo las causas que tramitan ante los juzgados y las cámaras nacionales” y detalló que “con otras diputadas nos chateamos y dijimos no, en estas condiciones dejamos de acompañar este proyecto, porque no tiene nada que ver con el sujeto del proyecto”.
A su vez planteó que “lo que están haciendo es meter por la ventana una norma que viene a incorporar el criterio del TSJ en una norma de la Legislatura, cuando hasta el propio procurador (general interino de la Nación, Eduardo) Casal, que nadie puede decir que es del FdT dijo que para poder dirimir esta cuestión debería haber una ley del Congreso”.
“Estoy a a favor de la autonomía, pero ellos no están defendiendo la autonomía porque la autonomía es algo serio que hay que construir con responsabilidad”, indicó y concluyó señalando que con “esta norma lo único que hace es sumar más confusión a un conflicto, que va a llevar a que existan más recursos y que estos recursos se dilaten en el tiempo”.
El proyecto impulsado por María Luisa González Estevarena (VJ) fue aprobado con 38 votos a favor y 20 en contra. La oposición aseguró que es una “estrategia” para favorecer a Mauricio Macri en la causa Correo Argentino.
Durante la súper sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 38 votos a favor y 20 en contra una ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño y desató fuertes enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, dado a que estos últimos advirtieron que podría tratarse de una “estrategia” para favorecer al ex presidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino.
El proyecto recibió el acompañamiento de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN; mientras que lo votaron negativamente el Frente de Todos, FIT y AyL.
La medida, que había sido impulsada por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ), introdujo una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal. Además autoriza que las audiencias administrativas y judiciales puedan realizarse con una modalidad mixta, presencial y virtual.
Si bien desde el oficialismo porteño aseguraron que se trataba de un acto de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la peronista Claudia Neira (FdT) advirtió que “están creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino, es lo único que están haciendo. Porque esta norma, la verdad, es que no resuelve absolutamente nada. ¿Qué apoyo se le da al TSJ para que pueda sostener lo que viene sosteniendo en otras causas como la de Levinas o la del Correo?”.
“¿Qué modifica está norma en ese sentido, más allá de hundirnos en el pantano judicial en el que vamos a estar? Entonces, claramente, lo que queda abierto es que el TSJ también acepte las causas, como ya ocurrió con el Correo Argentino, y luego ¿qué va a suceder con las Cámaras?”, añadió.
Por su parte, Lucía Cámpora (FdT) planteó que es “gravísimo lo que se acaba de votar en la Legislaura. Tan grave como difícil de entender, pero lo que está en juego se nota mucho. Era un proyecto de audiencias y notificaciones digitales. Todo ok. De repente, un diputado oficialista le mete 2 artículos para modificar el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Para qué? Para ‘habilitar’ apelar fallos de jueces nacionales ante el TSJ porteño”.
“¿La Legislatura regulando el funcionamiento de la Justicia Nacional? Tan delirante como querer designar jueces nacionales en la Legislatura. Lo que intentan es legalizar algo que en los hechos el TSJ ya hace, que es agarrarse las causas nacionales (el procurador interino Casal ya le dijo que no puede hacer eso, en la causa Levinas)”, sentenció.
El legislador del Frente de Todos criticó con dureza la decisión del oficialismo de archivar el proyecto de pedía el juicio a cuatro de los cinco miembros del Tribunal y consideró que hubo un “fallo arbitrario que busca legitimar las políticas nefastas que se vienen aplicando en la Ciudad”.
A pesar de que la Legislatura de la Ciudad archivó el proyecto de ley que buscaba avanzar en ese sentido, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto volvió a insistir en la necesidad de realizar un juicio político de cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia porteña, que fallaron en contra de una madre que pedía una vacante para su hijo de dos años.
En ese sentido, el peronista aseguró que “no poder elevar el juicio político a los magistrados que desconocen nuestra Constitución fue una decisión política electoral de las y los legisladores que componen la fuerza Vamos Juntos” y advirtió que “es increíble el avasallamiento sistemático de derechos básicos que vivimos en la Ciudad, sobre todo el derecho de acceso a la educación por el que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se rasga las vestiduras”.
A su vez afirmó que “es un fallo arbitrario que desconoce la Constitución de la Ciudad, que lo único que busca es legitimar las políticas nefastas que se vienen aplicando en la ciudad, que año tras año desmantelan la educación pública y restringen el futuro de nuestros chicos y chicas”.
“Más allá de los argumentos rebuscados de los jueces que niegan el artículo 24 de nuestra Constitución, que es simple y contundente, la obscena connivencia entre el poder ejecutivo y el Judicial, se completó con la negativa de la mayoría circunstancial de la Legislatura porteña sobre nuestro pedido de juicio político para estos magistrados y magistradas que se han entregado groseramente a la más lesiva de las acciones que puede cometer un juez que es dejar desamparado a un o una ciudadana frente a un estado arbitrario”, sentenció con dureza Roberto.
El archivo del expediente fue aprobado con 34 votos positivos, 18 negativos y una abstención. Se preveía enjuiciar a los cuatro magistrados que fallaron en contra de una demanda que buscaba garantizarle el acceso a una vacante en nivel inicial a un menor de edad.
Tras un tenso debate, Vamos Juntos (VJ) y sus aliados bloquearon –con 34 votos a favor, 18 en contra y una abstención- un pedido del Frente de Todos (FdT) para realizar un juicio político político contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano, en relación un fallo por vacantes.
La medida, que ya había sido analizada previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por Hernán Reyes (VJ)-, se archivó dado a que recibió el acompañamiento de los diputados de Vamos Juntos, UCR-Evolución, GEN y PS; en tanto el FdT y FIT la votaron en contra y AyL se abstuvo.
Al momento de presentar la iniciativa, el FdT había advertido que el fallo del TSJ “ignoraba” lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 24 indica que el distrito “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Por lo que aseguraron que el fallo en cuestión “provoca una limitación del ejercicio del derecho de niñas y niños siendo una grave vulneración que responde a una visión subsidiaria del Estado, la cual intenta relativizar derechos a favor de la educación privada y del desmantelamiento del Estado”.
Mientras que desde el oficialismo aseveraron que “el presente proyecto no se corresponde con una modificación de las normas que dichos jueces y juezas aplicaron al momento de dictar sentencia o una declaración de este cuerpo respecto de dicha posición doctrinaria, sino a dar inicio al procedimiento de juicio político previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en los Artículos 92, 93 y 94”.
El debate en el recinto
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), advirtió que “la mayoría de la Comisión debatió este proyecto, evaluamos que hay que archivarlo” e indicó que “no vamos a hacer una evaluación de las causas que podrían ser de mal desempeño, esto debería hacerlo la Cámara Acusatoria; tampoco debemos evaluar aquí acerca de la infraestructura escolar…”.
“La figura del juicio político por mal desempeño tiene que tener una conducta que pueda ser valorada por esta Legislatura, la verdad que acá lo único que hay reprochable es una interpretación doctrinaria… puede haber lecturas disimiles pero no se puede decir que producto de esta posición doctrinaria del Tribunal, pero no por eso tenemos que destituir a cuatro de los cinco miembros”, indicó y remarcó que “hay una línea vertical en el FdT: los jueces se alinean con su ideología partidaria o serán removidos de su cargo”.
Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), señaló que “esto es para iniciar un proceso de investigación para ver si hay o no un mal desempeño, no es nuestra función juzgar. El Tribunal hizo lugar a un recurso inconstitucional ante el pedido de una madre que pedía que se le garantice una vacante en el nivel inicial para su hijo de dos años” y destacó que “la Constitución porteña dice que la obligatoriedad de garantizar las vacantes está desde los 45 días y este fallo va en contra del derecho a la educación”.
A la vez que la diputada del FIT Mercedes De Mendieta le advirtió al oficialismo que “podrán archivar el pedido de juicio político pero no nuestro rechazo a este nefasto fallo contra todos los niños de la Ciudad de Buenos Aires. Son miles las familias que, desesperadas, buscan una vacante en el sistema público y se les niega; quedan en una situación muy compleja: o pagan una escuela privada o los niños quedan desescolarizados”.
Mientras que el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) aseveró que “el artículo 92 establece las causales para llegar a un juicio político, aquí es donde cabe que nos preguntemos si la decisión de los jueces puede ser tomado como un delito o un mal desempeño” y recordó que “los jueces no pueden ser juzgados por los contenidos de sus decisiones, esto es para evitar presiones por partidos políticos o Gobiernos”.
A su turno, el legislador del GEN Sergio Abrevaya opinó que “este proyecto directamente no debía haberse tratado, más allá que yo no estoy de acuerdo con la sentencia y coincido con algunas de las expresiones que aquí se han vertido. Creo que la vacante debería garantizarla el Estado, pero la sentencia está basada en el derecho”.
Los diputados porteños se reunirán a partir de las 12.08 en el recinto de sesiones para analizar la iniciativa: la oposición busca su aprobación pero el oficialismo exigió que se archive. Otro de los expedientes a considerar prevé extender la antigüedad de los taxis.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatirá, a partir de las 12.08, un proyecto impulsado por el Frente de Todos (FdT) que prevé autorizar la realización de un juicio político a jueces que rechazaron una demanda por una vacante en el nivel inicial.
La iniciativa genera duros enfrentamientos entre los diputados, es que después de que el texto fuese analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales –a cargo del oficialista Hernán Reyes (VJ)-, el oficialismo pedirá que se archive mientras que los sectores de la oposición aseguraran que se vulneró el derecho a la educación.
Por otro lado, se pondrán en consideración dos proyectos despachados por la Comisión de Tránsito y Transporte. Uno de ellos extiende la antigüedad autorizada para los automóviles destinados a taxis, de los 6 años actualmente requeridos a 8 años, como paliativo ante la crisis que afecta al sector.
La otra norma propuesta está relacionada a nuevas definiciones para las categorías de motovehículos, incorporando los ciclomotores propulsados por motores a batería, de carga eléctrica. También se adecua, al respecto, el texto sobre licencias de conducir de tales rodados.
Otros asuntos a considerar refieren a la nomenclatura de calles, instituciones educativas y otros lugares públicos. También deberán los diputados de la Ciudad ratificar el decreto de necesidad y urgencia 8/2021 de la Jefatura de Gobierno, inherente a medidas de emergencia sanitaria por la pandemia.
Convocaron a una conferencia de prensa que brindarán en las puertas de la Legislatura porteña este lunes al mediodía.
Legisladores, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, comuneros, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa expresaron su “enérgico repudio” al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por el cual se rechaza una acción de amparo para garantizar una vacante escolar a un niño de 2 años.
Para la oposición porteña, esta sentencia “no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta”.
En ese marco, los legisladores de la oposición anuciaron que impulsarán el pedido de juicio político a los magistrados, argumentando que con su sentencia “violan la Constitución de la Ciudad y limitan el pleno ejercicio de derechos”.
Con tal objetivo las personas y entidades mencionadas al principio convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 12, en la puerta de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160).
A partir de un fallo judicial sobre las vacantes en los colegios de la Ciudad, la diputada del Frente de Todos Lorena Pokoik cargó contra el Tribunal Superior de Justicia, al que consideró cooptado por Rodríguez Larreta.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que sólo están habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no pueden abonar la matrícula en la educación privada. Ante ello, la diputada porteña Lorena Pokoik sostuvo que “decir que hay justicia en la Ciudad es una falacia, el Tribunal Superior de Justicia es de Larreta, y hace los fallos a pedido, es una vergüenza que estos jueces sigan en su cargo”.
Para la legisladora de La Cámpora, el TSJ, va en contra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 24 advierte que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
“Hace años que las familias organizadas vienen luchando por la falta de vacantes en la Ciudad, y esta decisión del máximo órgano de la justicia porteña, es un verdadero atentado a esa lucha, y ‘legaliza’ el vaciamiento y el ajuste de Larreta y (la ministra de Educación, Soledad) Acuña, que bajaron el presupuesto en más de 11 puntos en los últimos años, y para el 2021 presentaron el más bajo de toda la historia de la Ciudad en ese sector”, agregó Pokoik.
La resolución judicial es en respuesta a la demanda presentada por una mujer en representación de su hijo, para obtener una vacante en la educación pública en la sala de 2 años, y al habérsela negado, inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto —subsidiariamente— en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
“Hay cientos de fallos de los diferentes juzgados porteños que en varias oportunidades determinaron que si el gobierno de la Ciudad no le puede garantizar una vacante en la educación pública de gestión estatal, debe abonarle la cuota en un colegio privado a la familia que la solicita. Con éste fallo no le dejan ninguna salida a las familias: no le asignan una vacante en la pública y gratuita y tampoco obligan a que el gobierno de Larreta se haga cargo abonando la matrícula en una privada”, detalló la vicepresidenta de la comisión de Educación, para agregar luego: “Hay que ponerle fin a esta justicia adicta y arrodillada al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que actúa conjuntamente con quién llevó adelante las peores políticas de vaciamiento en salud, educación y en cada uno de los sectores”.
