Con la intención de avanzar en los derechos de las personas gestantes, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña -presidida por Patricia Vischi (UCR-Ev)- comenzó este lunes el debate sobre el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). Para ello se hicieron presentes en la reunión el coordinador de Salud Sexual, Sida, ITS del Ministerio de Salud porteño, Fabián Portnoy, y la doctora Viviana Mazur, quien trabaja en la misma coordinación.

En ese sentido, Portnoy explicó que desde el programa que ellos llevan a cabo tienen líneas de “acción prioritaria: facilitar el acceso a métodos anticonceptivos, en especial a los de larga duración (DIU, SIU e implantes); mejorar la respuesta en ILE y la atención post-aborto y el fortalecimiento del trabajo de equipos y redes”.

“De acuerdo a nuestros cálculos tendríamos que llegar con los métodos anticonceptivos a 117.001 mujeres para el año 2019. Para el 2019 contaban con un método entre 74.982 y 85.566 mujeres. Es decir que estaríamos cubriendo entre el 64% y el 73% de la población objetivo”, precisó.

Por su parte, Mazur explicó el alcance de la ILE en la Ciudad de Buenos Aires, aunque aclaró que “este proceso de trabajo no nació de un día para el otro, la respuesta a la ILE se vino haciendo de manera muy artesanal para reducir los riesgos y daños cuando una mujer se acercaba al sistema de salud para decir que no quería seguir con su embarazo y se encontraban enmarcadas dentro del Código vigente”.

Asimismo recordó que “en el 2012 fue el fallo FAL planteo un antes y después, explicó que había obligaciones del sistema de salud para responder a esa demanda por parte de las mujeres” y recordó que “esto nos permite adecuar la respuesta y garantizar la asistencia. En el 2014 se hizo la primera compra de misoprostol y se iniciaron registros de esas prácticas”.

A raíz de esto, la funcionaria explicó que “hay una red de cuidados progresivos, en lo que la mujer puede recibir un tratamiento ambulatorio con misoprostol hasta las 12 semanas completas; si fuese un embarazo de más de 13 semanas se atenderá en el hospital; y si la situación no se logra encuadrar en las causales que el Código Penal plantea para el ILE, se le ofrecerá información y los cuidados necesarios, así como también la atención post aborto”.

Además explicó que “parte de nuestro trabajo es que puedan acceder a un método anticonceptivo eficaz, por eso se les da la información desde la primera consulta”.

Sobre esa misma línea, Mazur indicó que “por las causales por violación, una de las cosas que aclara el fallo FAL, es que no se requiere denuncia, es suficiente con la declaración jurada que las personas gestantes ofrecen. Esa causal no siempre es enunciada en la primera consulta, los equipos de salud tienen que plantear y preguntar muchas veces” e indicó que “en cuanto al riesgo para la salud o la vida, es necesario aclarar que el riesgo no es certeza sino que es una probabilidad de que un hecho ocurra. Cuando hablamos de riesgo no nos referimos solamente a las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales; sino que también las prácticas inseguras son parte del riesgo que se corre si no se da acceso”.

“En el 2014 había nueve establecimientos que daban respuesta a la ILE en total, de los cuales ocho eran hospitales y solo uno centro de salud. Seguimos trabajando y en la actualidad tenemos 60 instituciones de salud pública que dan respuesta a las interrupciones legales del embarazo, de las cuales 44 son centros de salud y 16 hospitales”, aseguró  y añadió que “en relación a la cantidad de interrupciones que se han hecho en esos efectores de salud, el 2014 se hicieron 91 en total; hoy llegamos a una cantidad de 8.388 interrupciones legales en el subsistema público en el 2019. De estas 7.052 se han hecho en el primer nivel de atención y el resto en hospitales”.

En tanto, precisó que “en 2019 hubo 58 niñas de entre diez y 14 años que accedieron a la ILE, 1.133 adolescentes de entre 15 y 19, 2.459 mujeres de entre 20 y 24 años, 2.133 de 25 a 29, 1.365 de 30 a 34 años, 849 de 35 a 39, 321 de 40 a 44 y 18 mujeres de entre 45 a 49 años”.

Cabe destacar que mientras se realizaba en la Legislatura porteña la reunión, en las inmediaciones de la Casa, algunos grupos de personas autodenóminadas “pro vida” se manifestaron en contra del avance de la medida.