Diecinueve invitados participaron del plenario de comisiones de Diputados de forma virtual. Antes, habían defendido el proyecto Ginés González García, Elizabeth Gómez Alcorta y Vilma Ibarra. El tratamiento continuará este miércoles.
Se largó el debate por la despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados con la primera reunión del plenario de cuatro comisiones, que contó con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y expositores a favor y en contra, en forma virtual.
En una jornada sin sobresaltos ni discusiones fuera de tono, el proyecto comenzó a ser tratado en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, con la presencia de sus autoridades en el Salón Delia Parodi.
El plenario comenzó con las presentaciones de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad), y tras un cuarto intermedio expusieron los invitados a favor y en contra, 19 en total.
Quien abrió la ronda de disertaciones fue el padre Pepe Di Paola, quien sostuvo que “los estudios biológicos muestran que en la tercera semana de embarazo ya está diseñado todo el organismo”, y “el embrión posee un ADN único y su secuencia se mantendrá durante toda su vida”, por lo que “la ciencia puede leer la totalidad de la secuencia del ADN mucho antes del nacimiento”.
Tras citar una reciente carta del papa Francisco sobre el tema, el cura villero se preguntó “ante quién se comprometió” el presidente Alberto Fernández al promover la ley. “¿A quién se lo prometió? Al pueblo no, al pueblo de las villas menos, y al de las provincias del interior tampoco”, se respondió.
Di Paola también calificó como una “hipocresía plantear el aborto como una necesidad de los pobres”. “Después de este, ¿cuál es el próximo paso? ¿La eliminación de los ancianos disfrazada con el eufemismo de la muerte digna?”, lanzó.
El padre Pepe denunció que “después del Nunca Más, muchos se preguntaban cómo se pudo haber llegado a tal grado de deshumanización. La respuesta es que se llega cuando se decide justificar la eliminación de la vida. Al haber vida, estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos”.
Por último, recordó que cuando participó del debate en 2018 denunció una “innegable vinculación entre la legalización del aborto y la política de usura internacional”, y ratificó esos dichos, al señalar que el anuncio del envío del proyecto se produjo “en el momento en que arribó la misión del FMI” al país.
La segunda en exponer fue la abogada y referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nelly “Pila” Minyersky, quien recordó que también había participado en 2018 y en ese momento le dijo a los diputados “que tenían la posibilidad de entrar en la historia, porque lo que estamos haciendo es ampliando un derecho”.
Minyersky consideró que hace dos años “no se perdió”, sino que “se despertó a la juventud, porque el derecho a la IVE es mucho más que eso: es autonomía, es libertad, es igualdad, y todo eso sin creerse con derecho a cambiarle la vida a otras personas que piensan diferente”.
“Tenemos que dejar de lado nuestras creencias y nuestra moral. Estamos legislando para millones, y los millones que no comparten estas ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si se niega el derecho al aborto y a la educación sexual integral, se obliga a muchas mujeres a cambiar su proyecto de vida, a entrar en el campo del delito, y esa es la gran diferencia”, explicó.
Además, la abogada de 91 años sostuvo que “la humanidad no tiene una definición única sobre el embrión”, y a su vez “frente a este dilema, prevalece siempre la autonomía, la voluntad y la salud de la madre”.
En tanto, advirtió que entregar a los hijos en adopción como supuesta solución al tema “no es sencillo”, porque “el embarazo no es así nomás, es un proceso con muchas implicancias”, y también dio fundamentos jurídicos, entre los que mencionó que el aborto no está equiparado a la figura de homicidio en el Código Penal.
A continuación, Rodolfo Barra, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que “el ordenamiento jurídico argentino debe definirse definitivamente: ¿A partir de qué momento entre la concepción y el nacimiento se es ser humano? Antes de ese momento, conforme al artículo 19 de la Constitución, el aborto es una conducta privada; después de ese momento, el aborto es dañar a un tercero, que es lo que prohíbe el artículo 19”.
Barra se preguntó si el proyecto modifica el artículo 19 del Código Civil, que indica que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. “¿Podemos decir que se es persona a partir de la semana 14 de embarazo?”, cuestionó, y agregó que el Pacto de San José de Costa Rica declara que “persona es todo ser humano”.
“El concebido es un ser humano, por lo tanto un niño cuyo interés superior debe ser protegido desde la concepción”, insistió el constitucionalista, y consideró “absurdo poner la voluntad de la madre por encima de la vida de su hijo”.
A su turno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Estela Díaz, destacó que el del Ejecutivo “es un excelente proyecto que recoge los principales debates de estos años, es compatible con el proyecto de la Campaña y la media sanción de 2018, y también es muy minucioso a la hora de pensar respuestas a los obstáculos que sistemáticamente se han colocado para impedir el acceso a la salud reproductiva”.
Díaz remarcó que “siempre defendimos una maternidad deseada” y en ese sentido resaltó también la propuesta del “Programa de los Mil Días”, y por otra parte enfatizó que “en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de los otros”, por lo que “decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro”.
“Tenemos una enorme oportunidad de dejar atrás una ley que además de ineficaz es profundamente injusta en términos de género”, dijo la ministra bonaerense, y agregó que con la ley “se hacen menos abortos porque en el post-aborto se opera para la anticoncepción”, y además “se reducen los costos” para el sistema de salud.
La exintendenta de Rosario Mónica Fein, que ocupó el cargo hasta diciembre, elogió el funcionamiento del sistema de salud de ese distrito. “Los centros de salud están a no más de 15 cuadras de cada familia, y hay un acceso a todos los métodos anticonceptivos y acompañamiento a las mujeres y personas gestantes”, resaltó.
También habló de “neonatologías de primer nivel”, programas como el de Equidad Educativa “que acompañan a las mujeres de 13 a 18 años para que terminen sus estudios” y la aplicación, en su ciudad, del Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
Asimismo, Fein aseguró que “Rosario tiene equipos interdisciplinarios en los territorios que defienden la vida en cada intervención”, y además se garantiza, desde los laboratorios, la provisión de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para la interrupción del embarazo.
La siguiente expositora fue la abogada especializada en Familia Úrsula Basset, en contra del aborto legal, quien analizó que “este proyecto está peligrosamente moldeado por una matriz patriarcal: dice que empodera a la mujer porque le da derecho a decidir, pero el modelo de mujer que subyace es la que es dueña de su cuerpo, como el hombre, que puede elegir no cargar con el peso de la filiación porque la deposita fuera de su cuerpo, en el de la mujer”.
Basset, además, dijo que el tema se enmarca en “una profunda crisis de identidad del feminismo”, ya que tiene que ver con “si el modelo de mujer independiente copia o emula el modelo del hombre, si quiere ocupar los lugares que ocupa el hombre, o si elige valorar su identidad de mujer orgullosa de su diferencia”.
Otro “celeste”, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, refrendó los argumentos de Barra respecto de que “la vida se protege desde la concepción” porque así lo establece el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras normas jurídicas.
También indicó que “el Código Penal dedica el primer capítulo del primer título a punir los ataques contra la vida”, y el aborto tiene un “lugar destacadísimo” en el cuerpo del Código.
Asimismo, Munilla Lacasa puntualizó que el proyecto en debate “mantiene la punición, con una pena de tres a diez años si el aborto se comete sin consentimiento de la mujer, y de tres meses a un año si hay consentimiento”.
Después intervino el abogado y exdiputado Ricardo Gil Lavedra, quien destacó que “la recuperación de derechos de la mujer, discriminada durante siglos, es irreversible e indetenible”, y eso quedó demostrado en que “el tema no terminó en 2018, sino que se postergó”.
En respuesta a los argumentos legales en contra del aborto, Gil Lavedra explicó que “no hay ningún tipo de cepo constitucional ni convencional que impida legislar en esta materia”, ya que “ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos disponen que deba criminalizarse a la mujer que se realiza un aborto temprano”.
Gil Lavedra enfatizó que “en las primeras semanas de gestación prevalece la voluntad de la madre de no serlo”, y subrayó que la criminalización de la mujer no solo “ha fracasado”, sino que además “mantener la penalización del aborto temprano viola los derechos de la mujer” como la inviolabilidad.
El exlegislador criticó el “intento de calificar a un embrión como un niño ya nacido”. “Un embrión no es un chico. Una semilla recién plantada no es una planta. Creer que el embrión es un niño es como ver las sombras en la caverna de Platón”, comparó, y por último concluyó que “la mujer no es un útero. Su función social va más allá de la reproducción”.
Andrea Imbroglia, de Cáritas Argentina, describió el trabajo que realizan con mujeres en situación de vulnerabilidad y alertó que “quienes quieren arrogarse su representación y dicen que las mujeres quieren el aborto, o no las conocen o faltan a la verdad” y por eso son “antiderechos de las personas en situación de pobreza”.
“El aborto no es un pedido de las comunidades vulnerables. Lo afirmamos desde el trabajo en los territorios, no desde el escritorio. Las mujeres piensan, sienten y viven al aborto como una gran crueldad, y así evaluarán a los legisladores. Si presenten defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, primero tienen que defender el derecho a la vida, tanto del niño por nacer como de su madre”, insistió.
A favor de la IVE, Silvia Oizerovich, médica ginecóloga y exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva, dijo que “la cuestión de fondo es si estamos a favor de dejar a las mujeres a la deriva de la clandestinidad y de prácticas inseguras para su salud”.
“Se trata de un tema de salud pública, porque las muertes por abortos clandestinos son muertes evitables”, consideró, e informó que “en 2019 el 43% de los llamados al 0-800 de salud reproductiva fueron por abortos”.
La socióloga María Elena Critto rechazó el proyecto y aportó cifras: informó que “en 2018 el aborto representó el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas”, y a su vez “en el total de defunciones de mujeres en todas las edades representa el 0,01%”.
“Hoy sin aborto legal Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto más bajas del mundo, con cinco muertes por cada 100.000 nacidos vivos”, precisó Critto, y añadió que entre 2005 y 2016 los egresos hospitalarios por aborto bajaron un 43%.
Por su parte, Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) defendió la legalización al sostener que “tener leyes para ampliar derechos es fundamental para una buena democracia”.
“Estamos aplicando violencia a las mujeres y niñas que necesitan interrumpir su embarazo y que por omisión de la ley están obligadas a actuar de una forma que no pueden cumplir esa necesidad. Eso es violencia y significa una coerción hacia las mujeres, porque otras mujeres que tienen recursos económicos solucionan el problema”, planteó.
También a favor del aborto legal, el médico obstetra del Hospital Italiano Mario Sebastiani planteó: “He escuchado hasta el cansancio qué difícil hablar del aborto, pero no he escuchado hablar de qué difícil es mantener el aborto penalizado. Tenemos tres veces más abortos que los países en los cuales está despenalizado, y lo curioso es que además no tenemos cifras, pero si googlean Italia, Francia, Inglaterra o Canadá lo van a saber con precisión. Nos gusta mantener en el limbo el número de abortos”.
Cerca de las 19 fue el turno de Adolfo Rubinstein, quien ya había defendido la ley como ministro de Salud en 2018. “El aborto sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda social de nuestro país”, dijo, y señaló que “a diferencia de 2018, esta vez es el Poder Ejecutivo y el presidente quien envía el proyecto al Congreso”.
“Más allá de que la legalización de la IVE expresa la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es también una cuestión de salud pública. Este es el punto que traté de visibilizar en mis exposiciones, tratando de representar la voz de la salud pública, porque no se trata de una cuestión de creencias, sino de que el Estado no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”, analizó.
Rubinstein calculó que “en los países con aborto legal, las muertes por abortos clandestinos se reducen entre diez y cien veces”, y a su vez la legalización permitiría una reducción en los costos y en las hospitalizaciones, “porque el aborto legal es fundamentalmente farmacológico y en las primeras semanas”.
“El aborto existe y no podemos ni debemos soslayarlo más. Todos defendemos la vida y la libertad de decidir. Es lamentable que esto se plantee como una guerra entre ‘verdes’ y ‘celestes’. No vimos en un Estado confesional: la Argentina es un Estado laico que respeta a los que creen y los que no creen”, resumió.
En el plenario también se expresaron María Luisa Storani, exdiputada y parlamentaria del Mercosur; Ernesto Beruti, médico ginecólogo y obstetra; el pastor Osvaldo Carnival; el médico especialista en salud pública Miguel Ángel Schiavone; y el rabino y doctor en Filosofía Fishel Szlajen.
