Con la participación de 19 abogados y especialistas, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado comenzó este martes con las rondas de exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, con media sanción de Diputados.

El debate continuará durante todo este miércoles y el jueves por la mañana con nuevas ponencias, mientras que por la tarde se firmaría dictamen, con la intención de sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.

Turno mañana

En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto “tiene que superar el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional; el test de convencionalidad ante los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; y el test de congruencia entre el Código Civil Comercial y el Código Penal”.

“Todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto”, continuó el expositor, en contra del proyecto.

Sobre el argumento que “nos obligarían las recomendaciones u observaciones del Comité de los Derechos del Niño o del Comité de Derechos Humanos”, señaló que “las recomendaciones u observaciones se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención”.

Más adelante, en respuesta a preguntas que le hicieron senadores, Garat ratificó que “ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto, y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica”. “Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario”, agregó.

Por el contrario, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que “no hay ninguna regla constitucional y convencional que obligue a penalizar el aborto temprano”. “Todos los órganos, tanto la Corte Suprema, en el orden interno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano”, apuntó.

El exministro de Justicia remarcó que “el desacuerdo” entre quienes están a favor y en contra de la ley “está sobre los alcances de la palabra vida”. En ese sentido, explicó que quienes se oponen “personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión” asemejándolo “con el ya nacido o con una persona” y “esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida“.

“El derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”, enfatizó y añadió que “la vida que puede haber en un embrión o una semilla requiere un desarrollo para poder crecer, y este desarrollo no es autónomo, depende obviamente del cuerpo de la madre”.

Gil Lavedra expresó que “por supuesto que este proyecto de vida requiere tutela, pero esta no tiene por qué ser penal, criminalizando a una mujer”. Por eso, insistió en que “es una ficción sostener que un embrión es un chico”.

Para el abogado, hay dos creencias sobre si se despenaliza el aborto, una “que los abortos se van a multiplicar, que se van a utilizar como un método anticonceptivo” y la otra “cuál es la función de la mujer, sobre un viejo prejuicio”.

Al hacer referencia a los derechos de la mujer, el radical sostuvo que “no hay bebé si no hay madre, si no hay madre solo hay una persona gestante embarazada”. “La maternidad no puede ser forzada bajo amenazada de pena criminal. La mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar con un embarazo no deseado. La mujer tiene derecho a decidir libremente ser o no ser madre”, argumentó.

Finalmente, Gil Lavedra afirmó que “estamos frente a un proceso irreversible, indetenible” y “la recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos y esto va a suceder”. “Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá, en la próxima renovación, pero lo que ocurre es que de 2018 a 2020 hubo abortos clandestinos, murieron mujeres por abortos clandestinos, y si esta ley no sale ahora van a seguir muriendo las mujeres”, completó.

A su turno, la abogada Úrsula Cristina Basset, especialista en derecho de familia, aseveró que “nuestra Constitución explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo”.

“Nos vienen a hablar de afuera y nos dicen como tenemos que legislar en nuestro país, de México, de Uruguay, de Chile, representando a organizaciones internacionales”, cuestionó, al tiempo que se preguntó: “¿Por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo y tiene temor de no poder criar a ese niño en ese momento de su vida o de no poder educarlo?”.

Al relatar el testimonio de una mujer “humilde que fue a practicarse un aborto de su quinto hijo” en una provincia con protocolo ILE, Basset reveló que ante su consulta si podía dar en adopción al bebé, le respondieron que “imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo”. Por ello, lamentó que “esta ley da derecho a abortar, no a decidir”.

“El derecho al aborto que crea este proyecto es radical, criminaliza a los médicos…tanto que nos dijeron que la criminalización no sirve”, siguió la abogada, y criticó que “obliga a toda la sociedad a pagar el derecho a abortar de cualquier mujer, no solo de la desesperada, de la que fue violada”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó que exista incompatibilidad con la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que cuando Argentina ratificó la Convención “realizó una reserva y tres declaraciones interpretativas”.

En este punto, precisó que por una reserva, un Estado “con respecto a algunos de los artículos queda obligado o desvinculado jurídicamente de los otros Estados y no podrá ser demandado por incumplimiento”; mientras que por las declaraciones interpretativas “un Estado realiza una opción interpretativa entre varias, respecto a alguna de las normas de un tratado”.

Pero “en lo que no hay ningún tipo de diferencia entre ambas” es que “no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado”, algo que lo establece “la textualidad y los órganos que los interpretan y aplican”, dijo. Bajo esa postura, Gil Domínguez subrayó que el Comité de los Derechos del Niño “le ha dicho a Argentina” en 2010, 2016 y 2018, mediante informes, cuestiones relativas al “derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir su embarazo”.

“(El Comité) le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto; que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación penal; que debe garantizar el acceso al aborto de adolescentes sin riesgo“, enumeró el abogado.

Y reiteró: “No solamente no es incompatible (con el proyecto), sino que implica un cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”.

Con un mensaje directo al peronismo, la magíster en Ciencias Políticas María Florencia Álvarez Travieso lanzó que “poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo. Acompañando, antes que imponiendo”. “Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado”, manifestó y opinó que también es “concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”.

Para la expositora, “los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte”. “Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino”, ponderó y mencionó que con la reforma de la Constitución “(Carlos) Menem resguardó el valor de la vida desde la concepción”.

En tanto, “Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo” y “Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos: incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción; otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación; y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los ya nacidos”.

“Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva, y fue en equilibrio con los derechos de la madre”, remarcó la especialista en políticas públicas de infancia.

Además, le pidió a los dirigentes peronistas que “escuchen, se tomen el tiempo de acercarse, no las invisibilicen” a las mujeres de los barrios vulnerables en cada provincia, para quienes “la muerte no es la última palabra de la historia”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuaje nuestra identidad. Los argentinos no somos objetos para descartar. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo”, concluyó.

Otra de las expositoras a favor de la ley fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, quien mencionó que “la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres” y “el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propios cuerpo. No podría hacerlo, no lo hizo a lo largo de 100 años de criminalización, no lo hará nunca”.

“Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte”, consideró y aseguró que “la política de criminalización lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales”.

De acuerdo a una investigación, realizada sobre 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, “entre 2012 y hoy se iniciaron 1.388 causas por abortos y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados”, detalló. Asimismo, informó que “las mujeres alcanzadas por el derecho penal todas pertenecen a sectores sociales vulneralizados”.

“Si bien la amenaza existe para todas, únicamente se castiga a quienes carecen de recursos materiales para acceder a un aborto seguro y defenderse en la Justicia”, enfatizó.

También expusieron por la mañana Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPPEC; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista; y Luciana Sánchez, abogada penalista del caso Diana Sacayán.

Turno tarde

El primer expositor del segundo tramo fue Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida.

“Se ha difundido mucho que la salud de la mujer corre riesgos, pero se debe tener en cuenta que la salud se debe comprender en un todo, no solo la física sino la psíquica, que seguramente es la más dañada por un aborto, porque el daño físico no es tanto como el que se declama, pero en el daño psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”, sostuvo Young.

Consideró que “la vida empieza desde la fertilización, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide”, y “no es persona todavía, pero es una persona en potencia, y como tal debe tener el mismo valor que una persona con algún tiempo de desarrollo”.

Luego fue el turno de Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.

“El derecho, a diferencia de la biología, tiene en su base casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso la regla es que no hay derechos absolutos, porque tienen restricciones cuando entran en conflicto entre sí”, explicó.

La jurista puntualizó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía”.

Por eso, observó que “la función del legislador es resolver este conflicto entre la autonomía, la vida y la salud de la persona gestante y la vida del feto, y tener en cuenta que ninguno de los dos derechos es absoluto”.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, se pronunció contra la legalización y advirtió que “el proyecto se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino”. “El derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto”, dijo, y agregó que del mismo modo “ningún tratado reconoce” ese derecho.

Por su parte, la abogada feminista Melisa García opinó que “que el aborto sea legal no solo responde a una deuda de la democracia y la eliminación de la desigualdad histórica de clase”, sino que además “no han disminuido los abortos clandestinos por su punibilidad”.

“Suponer que las mujeres y personas gestantes saldrían corriendo a realizar esta práctica es estigmatizarlas nuevamente y perder de vista que el debate ronda en la clandestinidad del aborto”, planteó.

A su turno, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, sostuvo que “el punto de debate es la decisión de incorporar un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas 14 semanas, las razones son suyas, son nuestras, privadas, individuales, íntimas”.

También se refirió a ese aspecto -pero pronunciándose en contra- María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien dijo que “hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía absolutizada de la mujer”.

Del plenario de comisiones también participaron, en el segundo turno, Débora Rainieri, abogada e investigadora UCA-UBA; la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas Encabo; el abogado Santiago Alfonso; y Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad de La Pampa.