Más allá del episodio que cerró la última sesión en Diputados, en la que un legislador denunció haber sido agredido por uno de sus pares, cada vez se potencia más el recurso de pedir la exclusión de legisladores. Este año ya se presentaron 7 proyectos con ese objetivo.
El episodio que le dio un toque polémico al cierre de la larga sesión del último fin de semana de marzo, en la que la Cámara de Diputados dio media sanción -entre otros temas- a la reforma del impuesto a las Ganancias, fue la denuncia pública del diputado nacional Fernando Iglesias de que un colega del oficialismo acababa de agredirlo fuera del recinto. El caso motivó la creación de una comisión que tiene dos meses para evaluar eventuales sanciones contra el “imputado”, el neuquino Carlos Alberto Vivero, pero fue además el corolario de una sesión que entre otras cosas se caracterizó precisamente por las acusaciones cruzadas entre diputados, incluso con pedidos de sanciones.
Lo que acabamos de referir se potencia a partir de otro dato no menor: este año que lleva apenas un trimestre se presentaron nada menos que siete proyectos reclamando la exclusión de determinados legisladores, aduciendo las causales que determina la Constitución Nacional para adoptar tales medidas. Algo absolutamente inhabitual.
Esto remite a inferir cierta politización del tema. En un contexto de grieta cada vez más profundizada y que puede percibirse sobre todo en la Cámara baja, no puede descartarse el deseo de sacar usufructo de la exclusión de un adversario, ya sea de manera parcial o definitiva. Además del daño para la parte afectada, una medida de ese tipo puede privar a la bancada opuesta de un miembro por un tiempo determinado.
En rigor, la expulsión de un miembro de la Cámara es una medida extrema que el Congreso solo ha tomado en contadas ocasiones. El episodio más reciente sobre un legislador apartado es el del salteño Juan Ameri, aunque el que más controversia generó fue el del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, cuyos fueros legislativos no lograron protegerlo cuando finalmente se lo suspendió en 2017. Inmediatamente después se produjo su detención preventiva, que se extendió por más de dos años.
Pero nunca lo echaron del Cuerpo. Aunque lo intentaron, en la sesión del 26 de julio de 2016, cuando el bloque Cambiemos impulsó esa medida extrema, pero le faltaron 20 votos para los dos tercios necesarios para echarlo.
Un año más tarde, pasadas las elecciones de medio término, el 25 de octubre de 2017 la Cámara dispuso finalmente su suspensión. Sin la presencia de la mayoría del bloque Frente para la Victoria, hubo 176 votos favorables a la suspensión y una sola abstención. El exministro kirchnerista quedó suspendido y mantuvo esa condición hasta el final de su mandato, privándose el Frente para la Victoria de uno de sus miembros durante dos años.
Como hemos dicho, el incidente entre Viveros e Iglesias fue la frutilla del postre de una sesión en la que los cargos de algunos diputados contra otros de sus pares estuvieron a la orden del día. Contribuyó a eso el tiempo dedicado a las cuestiones de privilegio -más de treinta-, que demandaron largas horas de la primera parte de esa sesión.
En ese pasaje -y también durante el resto de la jornada- fue varias veces citado de manera crítica, desde el oficialismo por supuesto, el diputado Fernando Iglesias. Un diputado que no es del oficialismo llegó a decir que lo tenía “harto”, pero además Iglesias fue destinatario de varias cuestiones de privilegio, en una de las cuales la diputada bonaerense Jimena López lo cuestionó por la manera como se había referido recientemente a la dirigente oficialista Victoria Tolosa Paz, reclamándole que “deje de violentarnos en nuestra condición de mujeres”. Terminó su intervención sugiriendo modificar el reglamento de la Cámara “para que cuando alguien se expresa en términos de violencia de género con una compañera que está haciendo política tenga una sanción. Los fueros no están para cualquier cosa”.
Lo cierto es que quiso el destino que en ese transcurso el primero en hablar de la exclusión del Cuerpo de uno de sus pares fuera nada menos que el diputado Carlos Alberto Vivero. Lo hizo al presentar una cuestión de privilegio contra su comprovinciano de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez, a quien acusó de construir junto a otros “una línea negacionista que bastardea los derechos humanos y la ampliación de los derechos”. Tras detallar ampliamente los cargos contra Sánchez, contó que en los últimos días había presentado un proyecto de resolución solicitando la suspensión de ese diputado y proponiendo “que esta Cámara constituya una comisión para que de una vez por todas se deje de relativizar los discursos de odio, los discursos violentos y los discursos que, por sobre todas las cosas, banalizan el terrorismo de Estado en la Argentina”.
“Espero que este proyecto se trate pronto en la comisión correspondiente para que en esta casa, en este espacio donde cada uno de nosotros tiene una representatividad democrática, se abra un camino de mayor compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, puntualizó Vivero sin pensar que en breve tiempo él terminaría siendo juzgado por sus pares.
Como dijimos, en lo que va del año se presentaron siete proyectos para remover diputados por “inhabilidad moral sobreviniente”, amparados en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Ese artículo indica que “cada Cámara (…) podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.
La manda constitucional fue materializada en el reglamento de la Cámara baja en su artículo 188, que señala que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución”.
Si la votación resulta afirmativa, el artículo ordena al presidente del Cuerpo crear “una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”. Fue la que se creó con el caso del salteño Juan Ameri, quien de todos modos renunció a su banca antes de que pudieran expulsarlo por su conducta indecorosa en plena sesión, el pasado 25 de septiembre.
De los siete proyectos presentados para apartar a diputados, tres pertenecen a un miembro del Pro: el porteño Jorge Enríquez. El mismo día que salió a la luz el “vacunatorio VIP” y se conocieron los nombres de los dirigentes que se dieron la vacuna contra el Covid de forma privilegiada, Enríquez presentó una iniciativa para apartar de la Cámara baja al oficialista Eduardo Valdés, quien iba a formar parte de una comitiva oficial a México y con esa excusa se inoculó, igual que el senador Jorge Taiana.
“Resulta inaceptable que algunos políticos que deberían con su conducta dar el ejemplo aprovechen su influencia para el logro de beneficios que los sitúan en un plano de superioridad respecto del resto de los ciudadanos, a los que deberían representar”, argumentó Enríquez en el proyecto, que fue acompañado por 14 integrantes de su bloque.
Con ese mismo argumento se presentaron dos proyectos para remover al santacruceño Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, quien se vacunó el 6 de febrero con la primera dosis de la Sputnik V junto a otros funcionarios provinciales. “Vázquez accedió a ese beneficio no por integrar ningún grupo de riesgo, sino lisa y llanamente por su condición de político de larga trayectoria en esa provincia, en la que ocupó diversos cargos”, advirtió Enríquez, autor de una de las iniciativas.
El otro proyecto contra Vázquez fue impulsado por Mariana Zuvic (Coalición Cívica) junto a sus compañeros de bancada Juan Manuel López, Héctor “Toty” Flores, Alicia Terada y Roxana Reyes, de la UCR. “El kirchnerismo no respeta los límites institucionales, ni siquiera cuando la salud de la población se encuentra en juego”, se quejaron los representantes de la oposición.
Más recientemente, la oficialista Carolina Moisés, acompañada por 14 mujeres del Frente de Todos, presentó otra iniciativa para remover ni más ni menos que a Alfredo Cornejo, diputado y titular de la UCR. ¿El motivo? Un video viral en el que se ve al mendocino, en un acto de la Juventud Radical de Santa Rosa, refiriénose con expresiones degradantes hacia la peronista Flor Destéfanis, actual intendenta de esa localidad.
“La chica es más agradable pero no sabe de administración. No solo eso, se dice feminista como buen ‘Cámpora’ y como buen kirchnerista, dicen una cosa y hacen otra. Se dice feminista pero en realidad la maneja el marido”, lanzó el exgobernador. Si bien luego intentó aclarar luego sus dichos, ya era tarde. En los fundamentos de su proyecto, Moisés sostuvo que “una vez más queda al descubierto la violencia política naturalizada y machista”, la cual “solo merece el peor de los repudios”.
Ese caso fue citado por Luis Petri, comprovinciano de Cornejo, durante la sesión del 27 y 28 de marzo pasado, cuando presentó una cuestión de privilegio contra ese proyecto alertando que “la gravedad” del mismo radicaba en que “intentan acallar, disciplinar y censurar a la oposición por los dichos que nuestra Constitución garantiza a todos y cada uno de los diputados de la Nación”.
Este año se presentaron proyectos para apartar de la Cámara de Diputados a Ricardo Buryaile, Eduardo Valdés, Juan Benedicto Vázquez, Alfredo Cornejo, Francisco Sánchez y Martín Soria.
El macrista Enríquez presentó otro proyecto para apartar al flamante ministro de Justicia, Martín Soria. Lo hizo a las pocas horas de conocerse que el diputado sería el reemplazante de Marcela Losardo, y a sabiendas de que al poco tiempo el rionegrino presentaría la renuncia a su banca. Así y todo Enríquez advirtió que Soria “se embarcó en un febril torneo de declaraciones que no hacen más que confirmar su falta de idoneidad para ese cargo y su desprecio por las instituciones republicanas”.
Está también el proyecto que ya mencionamos de Carlos Vivero pidiendo “remover por inhabilidad moral” a Francisco Sánchez. Lo acompañaron los oficialistas Carolina Moisés, María Rosa Martínez, Marcelo Koenig, Graciela Landriscini y Guillermo Carnaghi, y fue presentado el 25 de marzo pasado.
Quien también quedó en el ojo de la tormenta, sonando varias veces su nombre durante la primera sesión ordinaria del año en Diputados, fue el radical Ricardo Buryaile. Según denunció la formoseña Graciela Parola, el diputado de Juntos por el Cambio abordó un vuelo de Chaco a Buenos Aires sin esperar el resultado del hisopado que se había realizado, que dio positivo. Parola deslizó que Buryaile incluso podría haber viajado conociendo -y ocultando- que estaba contagiado, algo que el acusado negó fervientemente. Ambos legisladores se cruzaron en plena sesión, y el caso generó un pico de tensión cuando durante la tarde circuló el rumor de que el Frente de Todos pediría la suspensión del radical. El bloque JxC convocó prestamente a sus miembros para prepararse para la eventualidad, pero finalmente la maniobra no se concretó.
Lo cierto es que la medida extrema de expulsar a un miembro del Cuerpo se adopta en contadísimas ocasiones. El último caso que registra la historia legislativa argentina es el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien fue echado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en un reportaje, el entonces diputado acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo. El problema no fue semejante acusación -los fueros lo hubieran protegido-, sino la peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.
Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.
Al que desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. El desafuero fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.
Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue la exdiputada Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.
Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.
En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.
Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancarani de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.
Un caso menos recordado pero contundente fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año.
Expresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado del Pro Pablo Tonelli destaca que “una función inherente a los cuerpos colegiados es la de ejercer poder disciplinario sobre sus miembros”. Y reconoce que “últimamente hay muchas denuncias de este tipo, y en algunos casos se utilizan con fines exclusivamente políticos. Por eso hay que ser muy prudente en el tema, hay que diferenciar una situación de otra, y también por eso y por la delicadeza que el asunto implica es que la Constitución exige esa mayoría agravada, lo cual en definitiva conduce a que si no hay una muy amplia mayoría de diputados que estén de acuerdo con la sanción, no puede hacerse efectiva”.
“Yo no creo que todos los casos que se han denunciado últimamente sean iguales; hay algunos que a mi modo de ver tienen claras connotaciones políticas, y otros en los cuales la denuncia parece más justificada, por ejemplo cuando media una agresión física de un diputado a otro”, agrega Tonelli.
Precisamente el caso que ahora deberá investigar una comisión que, a diferencia de lo que marca el reglamento, se constituyó con seis y no cinco miembros. Tres del oficialismo, dos de Juntos por el Cambio y una por el interbloque Federal, Graciela Camaño. En caso de decidir el oficialismo sostener a su diputado definirá la diputada de Consenso Federal, que en su momento protagonizó un episodio muy sonado con otro legislador.
Fue el 17 de noviembre de 2010 y entonces ella presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se estaba discutiendo sobre presuntas presiones para aprobar el Presupuesto 2011 y en ese marco Camaño llamó a un cuarto intermedio, desatando protestas de parte del oficialismo. Ella se disponía a salir de la concurrida sala, pero antes se acercó al diputado Carlos Kunkel e intercambiaron algunas palabras; el diputado kirchnerista, que venía manteniendo una acalorada discusión, se dirigió a ella en su condición de esposa de Luis Barrionuevo y le refregó: “¿Ahora van a quemar las urnas como en Catamarca? Yo no sol el que dijo que tenemos que parar de robar dos añs para sacar al país adelante”. Ella replicó: “¡No me grites, energúmeno!”, y le dio un cachetazo, para luego retirarse de la sala 1 del Anexo de Diputados.
Kunkel ensayó un aplauso y lanzó una sonrisa irónica. Ella diría luego que se estuvo “aguantando todo el año” y que Kunkel la había cansado.
Años después Graciela Camaño diría que no sabe qué le pasó esa vez. “Yo no soy esa persona, no resuelvo mis conflictos así porque Dios me dotó de una buena lengua para discutir”, confesó. Hoy prefiere no referirse a ese episodio que puede ser parangonado con el de Vivero e Iglesias. Consultada por este medio prefirió no hablar para no meterse “en la locura de Cambiemos y los K”, pero como miembro de la comisión investigadora tendrá que expedirse.
Ese escándalo no tuvo sanciones. Otros tiempos… Si hasta al día siguiente del hecho ya había en las redes un videojuego que consistía en “pegarle un tortazo a Kunkel para emular a Graciela Camaño”. A diferencia de la situación real, en el juego Kunkel sí podía devolver la piña.
Jefe de Gobierno porteño por entonces, Mauricio Macri diría por esos días que el incidente no era motivo para “cuestionar la legitimidad” de la banca de Camaño. Y ante la pregunta puntual de si debía renunciar Camaño, quien años después se convertiría en presidente respondió: “No, ni siquiera lo noqueó”.
Nada sucedió entonces y para Tonelli contribuyó en eso “la actitud de la propia diputada, que dio por superado el episodio, y del propio afectado, que tampoco impulsó la denuncia, porque me parece que ambos entendieron en su momento que había sido un episodio desafortunado, pero producido al calor y fragor de un debate y que no valía la pena llevar el asunto más allá. Esto depende mucho de la actitud del ofensor y del ofendido”.
“Pero coincido en que efectivamente hay últimamente demasiadas denuncias en esta materia, lo cual requiere ser más prudentes que nunca en el ejercicio de ese poder disciplinario que la cámara efectivamente tiene respecto de sus miembros”, observa el diputado del Pro.
Vale tener en cuenta en este contexto la opinión histórica de la izquierda, siempre remisa a cualquier tipo de exclusión de algún miembro. Por ejemplo el 7 de octubre, cuando se votaron las conclusiones de la comisión que analizó el caso Ameri -quien recordemos que ya había renunciado-, se abstuvieron. El diputado Nicolás Del Caño explicó esa postura señalando que si bien consideraban “repudiable” la conducta de Ameri, “nosotros consideramos que los mandatos de las y los legisladores deben ser revocables por sus propios electores”.
En ese sentido advirtió sobre el peligro de sentar “un precedente muy grave cuando se habla de inhabilidad moral”, por cuanto ello podría ser utilizado para, en otros casos, “expulsar a diputadas o diputados por una mayoría circunstancial”, y puso el ejemplo de compañeros suyos en Mendoza a los que habían querido desaforar por haber participado en un paro general.
El tema amerita diversas interpretaciones y, como puede observarse, van variando las interpretaciones conforme pasa el tiempo, aunque en muchos casos los protagonistas sigan en el Congreso. En tiempos de grieta y polarización extrema, la búsqueda de la exclusión de miembros es un recurso usado por propios y extraños, que parece haber llegado para quedarse.
