Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión anterior.

El diputado Cristian Ritondo (Pro) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, a la hora de las conclusiones, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos.

Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.

Los legisladores no cuestionaron el contenido de la investigación, sino la tarea realizada por la bicameral, y en ese sentido denunciaron exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

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En el dictamen, al que accedió parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.

“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.

Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.

Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.

En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.

Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.

Respecto de las declaraciones que tomó la bicameral, apuntaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.

“Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.

También argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.

Por último, sobre el temor de parcialidad, advirtieron que el diputado Tailhade además de integrar la comisión es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.