El Frente de Todos logró este martes emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior, y de Derechos Humanos y Garantías, pero no pudo lograr los acuerdos necesarios para que haya un único dictamen porque Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría.

Sorpresivamente, el proyecto de ley contra la violencia institucional consiguió el acompañamiento del Frente de Todos y algunos aliados con un dictamen de mayoría, pero la oposición firmó uno de minoría, a pesar de que se esperaba un despacho único.

Al momento de explicar la posición de Juntos por el Cambio, el diputado porteño Álvaro de Lamadrid fue contundente: “Coincidimos en el espíritu de la ley, pero no acompañamos porque diferimos en el contenido, ya que no coincidimos con la definición de violencia institucional”.

“Considero que la ley es un adorno contra la violencia institucional que se está haciendo desde el poder”, sentenció el diputado opositor.

Otro de los puntos que cuestionó fue que “para el oficialismo, solo pareciese que existe la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y entonces este proyecto apunta a desguarnecer al personal de seguridad hasta violando el principio de inocencia”.

También uno de los puntos centrales que la oposición objetó fue que en el proyecto de ley no se modifica ningún artículo del Código Penal que en la actualidad permite establecer criterios para detener a personas en una situación especial como la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, la diputada cordobesa Brenda Austin (JxC) sostuvo que “la violencia institucional es una deuda histórica del Estado, pero también se enmarca en el contexto de la pandemia donde a través de DNU se constituyeron restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

“Por la pandemia, se construyó un Estado policiaco, que es el germen del incremento de la violencia institucional en el país”, fustigó.

En esa misma línea, la diputada bonaerense Karina Banfi (JxC) planteó “su disconformidad con el artículo 205 del Código Penal porque ese es un artículo que es implementado ahora en los DNU en el marco de la pandemia para perseguir y detener a las personas y aplicar las restricciones, lo que provocó un aumento en los casos de violencia institucional”.

Al igual que Banfi, el diputado puntano Alejandro Cacace (JxC) también criticó que “se vuelve a cometer un error muy común a la hora de legislar y es que se deja librado a la voluntad de las provincias su aplicación y luego resulta que hay leyes que son reparadoras de derechos, pero las provincias no las aplican y entonces entramos en un vacío normativo como ocurre en San Luis con la ley de mecanismos para la prevención de la tortura”.

“En la redacción de los artículos no estamos resolviendo la inacción que tienen los gobiernos provinciales respecto a sus competencias”, sentenció el diputado de Juntos por el Cambio.

Al finalizar el plenario de comisiones, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (Frente de Todos), manifestó que “existe la voluntad en el oficialismo de seguir trabajando cada punto de este proyecto de ley para conseguir un acuerdo en el recinto y lograr que se vote con una amplia mayoría para dar un mensaje a la sociedad”.

“Vamos a avanzar hoy con la firma del dictamen sabiendo que tenemos una instancia más para trabajar juntos antes de que se vote en el recinto y lograr así mayores acuerdos”, remarcó la diputada porteña.

En el mismo sentido, el diputado bonaerense Leonardo Grosso (FdT) pidió a la oposición que “acompañe” porque “necesitamos que esta ley sea aprobada por todos los sectores políticos más que nunca porque se necesita una respuesta contundente contra la violencia institucional”.

“Hoy no logramos un dictamen único. Reflexionen su posición porque todavía podemos lograr acuerdos y tender puentes”, dijo el diputado oficialista que reconoció: “Esta ley no es una panacea y a la violencia institucional no la vamos a resolver mañana con una ley, pero es una herramienta más y muy necesaria”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, afirmó que “la concreción en ley de este proyecto expresa el compromiso democrático de la sociedad argentina más allá de los gobiernos de turno porque las víctimas de las distintas formas de violencia estatal ilegítima siempre son los que menos tienen, las barriadas más pobres, las trabajadoras y los trabajadores, las y los jóvenes, las mujeres y las disidencias, sobre todo cuando se organizan para hacer valer sus derechos”.

El proyecto del FdT

Según señala el texto, el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

En ese sentido, habilita una instancia administrativa para solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional. 

Son también objetivos de esta ley afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional.

Es importante mencionar que el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela.

Señala que se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión.

Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género y de derechos humanos.

Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

También, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, crea el Registro Nacional de Agentes, Funcionarios y Funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados