Durante una reunión remota de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de un proyecto que busca prorrogar por cuatro años más la Ley 26.160, de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas.

La salteña Nora del Valle Giménez, impulsora de la iniciativa, remarcó que “la urgencia de esta ley es que su vencimiento opera justamente el 23 de noviembre de este año”. En efecto, la última prórroga de la norma se votó en 2017.

Ante ello, la legisladora advirtió que, si no se aprueba una extensión, “nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, cuando todavía “no se han completado los relevamientos”.

También, “hace falta habilitar la partida de cada Presupuesto para que estos fondos sean operativos y el Fondo especial pueda funcionar como tal”, subrayó la oficialista, que agregó que “pese a todas las dificultades generadas por la pandemia, ha habido una tarea importante por parte del equipo técnico del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Giménez explicó que cuando se sancionó la ley en 2006, “las comunidades eran menos de mil”, pero a partir de subdivisiones “actualmente llegan más o menos a 1.700”.

“Lo que es indispensable es asignar una partida, porque este año se ha trabajado sin recursos propios. El INAI ha puesto de sus fondos de funcionamiento”, indicó.

Por otro lado, la senadora alertó que “esta ley nos ha permitido evitar todos esos conflictos que apenas la ley se venza, y si no lo prorrogamos, van a florecer a lo ancho y largo del país”. “Es una responsabilidad para garantizar paz social en todo el país”, continuó y estimó que los operadores inmobiliarios “ya están esperando si la ley no se prorroga. Inmediatamente van a echar mano y reactivar todos sus negocios inmobiliarios”.

El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

Una ley sí, pero la otra no: Juntos por el Cambio, ausente

El proyecto sobre la prórroga de la ley de tierras indígenas fue tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego de un breve plenario que se realizó con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por la macrista Gladys González, en la que el oficialismo y la oposición dieron aval a la creación del Parque Nacional y Reserva Natural Islote Lobos en Río Negro.

Sin embargo, cuando comenzó el otro tramo, aparecieron los planteos de senadores de Juntos por el Cambio. El primero fue de la radical santacruceña María Belén Tapia, quien reclamó que la comisión que ella preside, de Población y Desarrollo Humano, tendría que haber tenido parte en este asunto, ya que “trata sobre pueblos originarios”.

Luego fue el turno del jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien aclaró que el protocolo de funcionamiento remoto -dispuesto por decreto por la vicepresidenta Cristina Kirchner– “está vencido” y el último no fue tratado y aprobado todavía por el pleno del Senado.

“Esto no indica estar en contra del proyecto”, sostuvo, pero añadió que mientras se está empezando a tratar el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados “estamos comprometiendo presupuesto por cuatro años” con este proyecto.

En tanto, el radical Víctor Zimmermann consideró que hubiera sido “oportuno que podamos invitar a las provincias, a los municipios y a los miembros del INAI para que nos expliquen que se viene haciendo hasta acá”.

Ante los planteos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Caserio, consultó entonces si la cuestión de la prórroga del protocolo solo corría para este proyecto y no para el anterior, el que se trató junto a la Comisión de Ambiente, a lo que Schiavoni ratificó que efectivamente era así.

Entonces, los opositores se desconectaron del Zoom y desde el Frente de Todos criticaron la postura de la oposición. “Si lo es válido para una ley, lo puede ser perfectamente para otra. No veo cómo un método pueda servir para el tratamiento de una ley y no para otra”, expresó el misionero Maurice Closs, a lo que Caserio sumó: “Lamento que ahora que estamos tan cerca de que la pandemia termine, y de la presencialidad, se hagan planteos tan inconsistentes”.

En el mismo sentido, el chaqueño Antonio Rodas lamentó “esta inconsistencia, porque no se pueden medir las cuestiones legislativas con distintas varas”.

Por su parte, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que la bancada oficialista -con mayoría- ratificará la extensión de sesiones virtuales dispuesta por la presidenta de la Cámara alta. No obstante, aclaró que existen conversaciones con los jefes de los bloques para acordar la modalidad de trabajo en el recinto.

También, el formoseño remarcó que “se puede hacer en algún momento una reunión” invitando a todos los actores involucrados, pero la intención es “dejar ya el despacho para que no caiga la ley”. “Prorrogar esta ley es un acto de estricta justicia social”, completó.

Finalmente, Caserio volvió a criticar a la oposición porque “en vez de estar unidos ayudando a la gente están siempre viendo a ver de qué modo pueden poner un palito en la rueda para trabar a la gestión” y muestran un “ímpetu” para que “fracase nuestro Gobierno”.