En una reunión plenaria de las comisiones de Derechos y Garantías y de Trabajo y Previsión Social del Senado, se dictaminó este martes un proyecto de ley que incorpora la condición de “desaparecido-detenido” en los legajos de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado estando en relación de dependencia en el sector privado, con media sanción de Diputados. Luego, la Comisión de Trabajo, presidida por Daniel Lovera (FdT–La Pampa), pasó a la firma otras cinco iniciativas.

Sobre la iniciativa referida a los legajos laborales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Julio Martínez (UCR-La Rioja), recordó que “esto ya se venía tratando en su momento con el sector público, había pedido estado parlamentario. Han pedido por él distintos sectores como las Abuelas de Plaza de Mayo”.

En tanto, Lovera explicó que “este proyecto ya fue sancionado, por eso viene con media sanción del 11 de noviembre del 2020. Hay una norma similar que se encuentra vigente ya para los trabajadores del sector público. Una de las particularidades que tiene es que en el artículo 6 incluye a todas las entidades sindicales y organismos de derechos humanos a colaborar en la identificación de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nuestro bloque va a acompañar”.

“La idea es contribuir a que haya memoria, verdad y justicia”, expresó Mariano Recalde (FdT–CABA), y agregó: “Lo que sucedió con muchos trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron detenidos y desaparecidos es que no volvían a su trabajo y las empresas los despedían y se daba la finalización del vínculo laboral; porque no volvían figuraban como abandono de trabajo, y se busca reparar eso y que se ponga la verdad en la mesa, para que se haga justicia y respetar la memoria”. “Que se haga este acto de reparación simbólica”, abogó.

Finalizada la reunión conjunta, la Comisión de Trabajo analizó el proyecto de la senadora Beatriz Mirkin (FdT–Tucumán) que incorpora a la Ley 26.844 -de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares- la obligación por parte del/la empleador/a de contratar a favor del personal un seguro de vida colectivo. “La idea central es igualar o poner en las mismas condiciones a las trabajadores de casas particulares con el resto de los trabajadores que tienen la ART y tienen un seguro de vida. En el caso de las mujeres de casas particulares no cuentan con seguro de vida y obviamente ocurre que tienen fallecimientos que no tienen cómo cubrirlos. La idea era adecuar dándole esa misma oportunidad y ampliar los derechos”, manifestó la impulsora de la iniciativa.

Por consiguiente, se analizó el proyecto del legislador Juan Mario Pais (FdT–Chubut) que sustituye el artículo 235 de la Ley 20.744 -Contrato de Trabajo-, respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito. “Ya tuvo medida sanción en el Senado, pero en Diputados perdió estado parlamentario. Básicamente lo que se pide es que el preaviso cuando se notifique tenga una fecha. La ley actual prevé que el preaviso debe notificarse por escrito sin perjuicio de lo cual no prevé ningún tipo de modalidad de que se pueda obtener fehaciencia de la oportunidad del aviso”, explicó.

Y continuó: “El preaviso tiene consecuencias jurídicas importantes. Primero establece un plazo previo que puede ser de un mes o de dos meses por el cual el trabajador está avisado que se va a prescindir de sus servicios y ese aviso genere el derecho a dos horas de inasistencias para poder buscar otro trabajo y, en el caso que no se cumpla, se dé una indemnización”. “La actual legislación no prevé una forma fehaciente de notificación y hace que el trabajador sea víctima por parte de los empleadores. Es algo que no tiene costo alguno, sino que se busca que se establezca un requisito similar al de la renuncia porque se necesita acreditar la certeza y la voluntad del trabajador. Que sea a través de un escrito”, señaló el senador.

Por su parte, la senadora chubutense Nancy González (FdT-Chubut) explicó el proyecto de ley sobre régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado: “Es un proyecto de larga data y está destinado a los trabajadores que prestan servicio en la industria del pescado y subproductos. Trabajar en plantas pesqueras que trabajan en el frío, en malas condiciones, y llega un momento que no pueden seguir prestando servicios. Hay informes médicos de las enfermedades que sufren los trabajadores al estar expuestos, lo que le produce problemas de artrosis”. Entonces, defendió que se propone “una jubilación anticipada desde los 55 años, con 30 años de aportes, y se combine con otros regímenes, pero el 60% de esos aportes sea trabajando en la industria pesquera”.

Por último, se trataron dos proyectos cuya autoría son de Lovera. Uno propone modificar el artículo 15 de la Ley 25.191 de trabajadores rurales, respecto de actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los trabajadores, por intermedio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

 “Esta norma lo que hace es que, a pesar de realizar las modificaciones, lo que pasó es que no introdujo cambios en el régimen de sanción y quedó desvirtuado con el paso del tiempo y el proceso inflacionario hizo que las multas quedaran desactualizadas. Han pedido que los valores vigentes que están desde 1999 se actualicen. También que la recaudación de esas multas se destine a capacitaciones y actividades formativas llevadas a cabo por el Renatre”, puntualizó.

El otro proyecto busca crear una la línea telefónica gratuita con alcance nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular, respecto de lo cual el presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que “se busca que sea una línea gratuita, con denuncias de forma anónima para la detección temprana, de contención, prevenir y erradicar el trabajo infantil y adolescente”.