La presentación realizada por integrantes del Pro y López Murphy le apunta a Alberto Fernández, Cristina, “Wado” De Pedro, Aníbal Fernández, Kicillof, D’Elía y Bonafini.
La presidenta del Pro junto a un numeroso grupo de diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al presidente de la Nación Alberto Fernández y a la vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández, por los delitos de sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública.
La denuncia incluye además a los ministros Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y a Luis D’Elía y Hebe Pastor de Bonafini.
La impulsan, además de Patricia Bullrich, los diputados nacionales Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Alberto Asseff, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka Lewtak, Alvaro Martinez, Graciela Ocaña, Graciela Marilú Quiroz, Claudio Poggi, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Laura Rodriguez Machado, Ana Clara Romero, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Virginia Cornejo.
La denuncia se refiere a la ejecución de un supuesto “plan de impunidad” respecto de los graves delitos de corrupción denunciados entre 2003 y 2015, que se ventilan en las causas “Vialidad”, “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos¨, entre otras.
Según la denuncia, el plan se habría orquestado a partir de las expresiones registradas por diferentes miembros del oficialismo, particularmente los denunciados; las amenazas a jueces y fiscales; la versión sobre indultos y los permanentes ataques a la Justicia como institución.
La denuncia enumera “una campaña de desprestigio de la Justicia y de banalización de los hechos, a partir de la instalación de la idea del ‘lawfare’ como una forma de persecución política; al mismo tiempo, al asumir el actual Gobierno se colocaron militantes a cargo de áreas estratégicas para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción, con Félix Crous, UIF, (Juan Carlos Otero); la Procuración del Tesoro (Carlos Zanini), AFIP (Mercedes Marcó del Pont), quienes desistieron de las querellas oportunamente promovidas en esos procesos”.
Finalmente mencionan “la promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales”.
Tales acciones conforman para los denunciantes el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción.
