La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el senador kirchnerista Oscar Parrilli, se reunió este martes para debatir sobre un único tema: un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Desde el Salón Arturo Illia, sin la presencia de JxC y con los números ajustados para el quórum, Parrilli dio por comenzado el encuentro al expresar que “es un esfuerzo muy grande trabajar así en el Senado, porque aún en los temas no conflictivos, nos encontramos con un bloque opositor que pareciera que ni siquiera va a dar quórum para levantar la bandera. Se nos hace bastante difícil y complicado”, y agradeció a los senadores del FdT que “permiten, a pesar de la desidia de la actitud casi infantil del bloque opositor de no participar de las reuniones al no dar quórum, para tratar el tema para el cual hemos sido citados”.

En un breve resumen, el neuquino explicó que el proyecto a tratar “modifica varias leyes respecto de las inhibiciones, recusaciones y excusaciones que se pueden llevar adelante en contra de jueces, fiscales, en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género. El proyecto propone la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal”.

A continuación, fue la autora de la iniciativa la encargada de profundizar sobre el texto, pero antes le tiró un palito a la oposición: “Gracias a los compañeros del FdT, básicamente por venir a trabajar y poner cuerpo en esta iniciativa”. También se refirió a los medios de comunicación y los comentarios de la oposición, sobre todo apuntó contra el titular del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, que dice que “todo esto es un disparate”.

“Me hubiera gustado poder discutirlo, poder explicarlo y dar testimonio con distintas sentencias judiciales a lo largo y ancho del país porque entendemos que este proyecto de ley no solamente es necesario, sino también es urgente”, remarcó Fernández Sagasti vicejefa del interbloque oficialista.

Y siguió: “He leído noticias y comentarios de la oposición que no sé si son en virtud de la desinformación o mal intencionadas o ambas, pero este es el lugar para sacarnos las dudas, discutir y si hay que mejorar el proyecto hacerlo”.

En ese contexto, sostuvo que el proyecto de ley “es muy oportuno tratarlo” porque “hace pocos días miles de mujeres marchamos alrededor del país conmemorando el 25 de noviembre el Día de la no violencia contra la mujer y una de las consignas de esa marcha era ‘Reforma judicial feminista’”. En tanto, consideró: “Entiendo que este proyecto no es la solución a todos los flagelos que las mujeres y el colectivo LGTBQ+ tenemos a la hora de denunciar y buscar una sentencia en contra de las violencias, pero sí es una forma de sentirnos protegidas y hacer efectivas las garantías de imparcialidad ante la ley que establece la Constitución Nacional”.

En suma, precisó que la iniciativa hace modificaciones al Código Procesal Penal Federal, al Código Procesal Penal Nacional y a la Ley de Violencia Contra las Mujeres cuyo objetivo es “garantizar que las personas sean juzgadas a partir de la perspectiva de género y la no discriminación”, y acotó: “Algo que es de sentido común, no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en desacuerdo con la garantía de que una sentencia tenga perspectiva de género y no sea discriminatoria”.

En alusión a los comentarios dados por la “desinformación” sobre el proyecto, explicó: “Deben tener perspectiva de género, no solamente porque esto tiene raigambre constitucional y convencional. Lo que estamos planteando tiene que ver con garantizar normas constitucionales, convencionales y supralegales”.

En tanto, la mendocina definió a la perspectiva de género como “una herramienta conceptual que busca mostrar las desigualdades que hay entre los varones y las mujeres por diferencias culturales que a lo largo de los siglos se han perpetrado en contra de nuestro género, el femenino. Con eso, se trata de un mecanismo de identificar la discriminación, la desigualdad, la exclusión por cuestiones de género”.

El Poder Judicial es viciado, corporativo, elitista, misógino y patriarcal”, definió.

“Quien imparte justicia, no incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación a una sentencia judicial, claramente no está impartiendo justicia”, agregó y remarcó que “es lo conceptual que estamos tratando hoy”.

Por consiguiente, apuntó sus cañones contra el Poder Judicial al que tildó de “viciado, corporativo, elitista y misógino, patriarcal”. “Lo sabemos en virtud de la sentencia, no es una perspectiva subjetiva de este proyecto. Hay muchos jueces que dictan sentencia sin perspectiva de género y muchas veces homofóbicas e innumerables veces transfóbicas”, remarcó.

“A veces los jueces adelantan su juicio sobre una sentencia cuando tienen dichos homofóbicos o en contra de la perspectiva de género”, cuestionó Fernández Sagasti y agregó: “Lo que nosotros queremos con este proyecto es que se incluya y garantice a las mujeres y al movimiento LGTBQ+ en los procesos judiciales, es la garantía de la imparcialidad porque si no tienen perspectiva, no se han capacitado con la Ley Micaela, no tiene perspectiva de género los jueces o juezas o son homofóbicos, el justiciable que va a pedir justicia, que lo protejan ante una situación de violencia, no va a sentir con derecho que el juez es imparcial porque no va a aplicar el sin números de leyes que tenemos en el país para combatir con este flagelo”.

 En ese contexto, contó que hay casos de jueces y juezas que han firmado la sentencia con “párrafos que son alarmantes y lo que proponemos es que el justiciable pueda recursarlos para que no se le prive el derecho y la garantía de imparcialidad en juicio”. “Que se apliquen las leyes con perspectiva de género y que los jueces se capaciten”, exigió.

Asimismo, ejemplificó con un caso de la provincia de Mendoza de un asesinato del joven Alejo Hunau en 2004 en donde el juez, José Valerio, absolvió al asesino y citó textual los argumentos del magistrado: “La víctima tenía desviada sexualidad y una conducta licenciosa que, a criterio del Dr. Valerio, lo hace responsable de su propio asesinato”, y explicó que “este fallo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza luego del repudio generalizado que provocó”.

“El juez Valerio es juez actual de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza a propuesta del senador Cornejo cuando era gobernador”, denunció la oficialista. También recordó el caso de la joven Lucía Pérez de Mar del Plata: “Por muchos años llevamos la bandera de ella para que se haga justicia. Fue un femicidio y el en el 2018 quienes integraban el Tribunal Oral Criminal N°1, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas absolvieron a los asesinos Matías Farías de 26 años, Juan Pablo Offidani de 45 y Alejandro Maciel de 62 del femicidio de Lucía que tenía 16 años”.

Y siguió: “Estos jueces para absolver se enfocaron en indagar sobre la personalidad, las actitudes y el comportamiento de Lucía. Su carácter, su vida social, sus relaciones con los hombres y así dictaminaron que no estaba comprobado que no hubiera consentido el acceso carnal”. En tanto, contó que “ambos jueces fueron suspendidos por unanimidad y se anuló el fallo. Hasta que condenaron a los femicidas y no condenaran a la víctima como hizo el primer fallo, la familia tuvo que peregrinar dos años hasta el nuevo juicio”.

También hizo mención de un caso ocurrido en 2002 en Chubut donde una mujer denunció una violación grupal y la “justicia le dio la espalda en reiteradas ocasiones. Solo 3 fueron sentenciados”. “Si tienen ganas de entender lo que pasa en la justicia argentina respecto a la perspectiva de género es un caso escalofriante las palabras de las magistradas”, lamentó y disparó: “Reducir a la chicana de que detrás de este proyecto está la agenda judicial de la vicepresidenta, es sin valores y sin ética este flagelo aberrante de dirigentes políticos”.

“Este es un proyecto simple en el que todos deberíamos estar de acuerdo porque todos sabemos cuáles son los procesos que vivimos las mujeres en las provincias cuando vamos a denunciar acoso, abuso sexual, maltratos, violaciones. Cualquier persona con sentido común diría ‘estamos de acuerdo que si sabemos de un juez que no tiene perspectiva, que no es empático con las denuncias, queramos sentirnos que van a aplicar las leyes que emanaron de este Congreso”, sostuvo Fernández Sagasti y exigió que el Poder Judicial “se haga eco de proteger la vida de las mujeres en la Argentina”.

La oficialista manifestó: “A través de esta legislación se pone un granito más para seguir combatiendo esta cultura patriarcal que nos mata, que nos revictimiza que hace que el 87,4% de los casos de abuso sexual haber tenido en su niñez y adolescencia no se denuncian porque las muejeres no creemos en la justicia, que es un lugar que obtengamos justicia”.

 “En el país 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres, y un 40% de ellas son menores de edad según un informe realizado por la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres”, comentó y sumó que según la encuesta anual de UNICEF a niños y niñas 2019-2020 el 11% de las mujeres en el país sufrió abuso sexual durante su financia o adolescencia, el 87,4% las personas no denunció los hechos y sobre el 15,2% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias.