Tal cual lo había anticipado el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, la Comisión de Legislación General se reunirá este jueves a partir de las 12 para debatir una modificación de la Ley 27.349, conocida como Apoyo al Capital Emprendedor.

Aprobado durante la gestión macrista, el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) permite abrir una firma en 24 horas por internet, pero siempre fue cuestionada desde el kirchnerismo. En tiempos de su tratamiento durante la gestión Cambiemos y sobre todo en el transcurso del Gobierno de Alberto Fernández.

El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, que perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen. Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS.

Ahora la Cámara baja comenzará a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El titular de la bancada oficialista ya había adelantado el pasado 20 de abril que “en unas semanas vamos a empezar a debatir en comisiones el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas, un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1200 millones de pesos. Lo dice el fiscal federal N° 2 de Santa Fe”.

En efecto, sobre ese tema había hecho hincapié a principios de marzo el senador Parrilli, cuando a través de un hilo de tuits afirmó que la ley de Sociedades de Acciones Simplificadas fue “una pantalla de apoyo al capital emprendedor” de la banda los Monos. “Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el ‘capital Emprendedor’ del macrismo”, tituló Parrilli y explicó: “En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el ‘apoyo al capital emprendedor’”. Y sumó: “En los hechos, estas sociedades que se conforman por internet en tan sólo 24 hs., fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad de los registros de comercio y la IGJ, cometer los delitos de lavado de activos y evasión fiscal y ocultar la verdadera operación comercial”.

“¿Sabés quien las utilizó? Los narcos de Rosario… ¡Los Monos! para mover su dinero sucio. Sólo en el año 2018, crearon 40 S.A.S. desde las cuales emitieron más de 12.000 facturas truchas, evadieron impuestos por $1.200 millones y blanquearon el dinero obtenido del narcotráfico”, precisó.

Y remató: “Todo esto lo denunciamos cuando en el Senado dimos media sanción al proyecto de ley de mí autoría para que las S.A.S. tengan el mismo control y supervisión que la ley exige para el resto de las sociedades. ¿Adivina que pasó en Diputados? Cambiemos nunca dio quórum para tratarlo”.

Ahora la Comisión de Legislación General comenzará a analizar el tema con una reunión informativa a la que han sido invitados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta, y el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez. Asimismo, concurrirán funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El proyecto de Martínez establece que dentro del plazo de 60 días corridos todas las SAS deberán acreditar su existencia ante un registro público, y presentar sus estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos.

La norma impulsada por el Frente de Todos advierte en la normativa “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.

“En otras palabras, la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”, expresa el proyecto que basa tal tesitura en “la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control”.

El proyecto cita puntualmente a los invitados a la reunión de este jueves, como este párrafo que adjudica al juez Erbetta: “La dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.

Los autores aclaran que la propuesta legislativa presentada “no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”.

“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, concluyen los autores de la iniciativa, Martínez, Moreau y Penacca.