El oficialismo, junto a cuatro miembros de UF y su aliada Clara Vega, emitió un despacho de mayoría que propone plazo de contratos por 3 años, actualizaciones cada 6 meses y que el índice de actualización sea el de “Casa Hogar”. La oposición defenderá la media sanción de Diputados.
Sin invitados a exponer, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Ricardo Guerra (La Rioja), respectivamente, retomó este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y, sin acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -como se esperaba-, se firmaron dos dictámenes.
A partir de un acuerdo con sus excompañeros que hoy forman parte de Unidad Federal, más el apoyo de su aliada Clara Vega, el oficialismo se alzó con el despacho de mayoría que, en sus puntos centrales, plantea el plazo de contratos por 3 años, actualizaciones cada 6 meses y que el índice de actualización sea “Casa Hogar”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por este último punto, UF firmó en disidencias. Además, el proyecto mantiene los beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades y que los contratos sean en moneda nacional.
Por su parte, Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría que reproduce la media sanción que salió de la Cámara de Diputados -sin cambios en su redacción-, la cual establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Bensusán anunció dos reemplazos en la comisión que preside: el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por la misionera Magdalena Solari Quintana y Ricardo Guerra por el salteño Sergio Leavy. En el mismo sentido, Guerra comunicó cambios en su comisión: Rodríguez Saá y Guillermo Andrada en reemplazo de Ana María Ianni y Antonio Rodas. Eso derivó a una serie de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición de “querer dilatar” el tratamiento del tema.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco), solicitó que les “hagan llegar” el dictamen de mayoría para “ver cuáles son las modificaciones introducidas”. En el mismo sentido, la senadora jujeña Silvia Giacoppo le reclamó a Bensusán que es parte de su comisión, pero “no tengo ninguna documentación”, a lo que Bensusán le aclaró que “recién el interbloque me trajo esta propuesta”. También se sumó Martín Lousteau quien pidió que no solo se lean las modificaciones, sino que expliquen en qué sentido se hicieron respecto del dictamen de Diputados.
Retomando el eje del plenario, Bensusán explicó los principales puntos del dictamen del oficialismo que establece un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años (modificación del artículo 2). Sobre el artículo 6 establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis (6) meses. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando el Coeficiente Casa Propia, el cual es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat o el que en el futuro lo reemplace”.
También, hubo modificaciones respecto de incorporación de ingresos al monotributo: “Los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos (2) inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, se incorporó un nuevo artículo en el dictamen de mayoría sobre el impuesto a las ganancias donde “las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación”, según explicó Bensusán.
Además, precisó que el artículo 1, que brinda proyecciones a los inquilinos, se elimina porque quedará vigente el artículo de la actual norma. También eliminaron el artículo 7. En tanto los artículos 3, 5, 8, 10 y 11 quedarán igual al dictamen de Diputados mientras que fue modificado el artículo 4.
Al respecto, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero pidió conocer qué aspectos tiene en cuenta el indicador, a lo que Bensusán le explicó que “tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo, así se integra el indicador de Casa Propia. Se toman los últimos 12 meses”. También celebró el artículo 10 porque “reconocen que los débitos y créditos bancarios encarecen la vida de los argentinos”.
Un tanto confuso, el radical Lousteau preguntó: “Si yo arranco un contrato hoy ¿el primer ajuste es con un año para atrás?”, el titular de la Comisión de Legislación General le explicó: “Es mensual el indicador que se toma el promedio de los 12 meses anteriores”. Ante una chicana de una legisladora oficialista, Lousteau retrucó: “¿Cómo voy a votar algo que no me explican? por eso estoy pidiendo que lo cuenten bien”, y sumó: “Si va a ser un promedio de los últimos 12 meses y por ejemplo entramos en una etapa de desinflación, vamos a tener un problema porque el monto será mayor”.
Tomó la conducción el economista Guerra quien volvió a explicar: “El índice está compuesto por dos promedios, de salarios y de la inflación de los últimos 12 meses, se estructura de esa manera. Es un índice oficial”. Pero, el porteño insistió: “Si se trata de un promedio de 12 meses y la inflación va cayendo, les vamos a estar ajustando al inquilino por demás de la inflación”. “Este índice atenúa los picos y valles”, precisó Guerra.
Por su parte, Zimmermann se comprometió a seguir mirando el despacho del oficialismo y sostuvo “queremos seguir analizando este proyecto e insistir con la aprobación de la media sanción tal como vino de Diputados en el marco de la celeridad porque una modificación, por más buena voluntad que tenga, eso va a demorar porque tiene que volver a la Cámara baja, esa dilación va a terminar perjudicando cualquier buena intención de modificación que puedan tener. Vamos a presentar un despacho de minoría con esa propuesta para su tratamiento en el recinto”, luego reconoció la labor realizada por el plenario sobre la “celeridad dada al tema” donde hubo “semanas de trabajo intenso con posiciones de inquilinos y propietarios, de aportes tanto del oficialismo como oposición a fin de enriquecer el debate que debe ser una moneda constante cuando tratamos temas importantes para los argentinos”.
A su turno, la macrista Guadalupe Tagliaferri consultó si “consideran que esto va a traer más propiedades al mercado para poder abastecer las necesidades de más de 8 millones de argentinos o va a seguir sucediendo como ahora que no hay propiedades, porque podemos hacer miles de leyes, pero si no hay incentivos que haya propiedades para poder alquilar, los inquilinos que son los más débiles de la cadena no van a encontrar dónde alquilar. Me preocupa y quiero saber si están convencidos si esto va a arrojar más propiedades para satisfacer la demanda”.
Fue Bensusán quien le respondió: “El dictamen que trabajamos lo hicimos a partir de las exposiciones que hubo. Me parece que ninguna reforma normativa puede asegurar nada, pero con esto estamos tratando de solucionar una problemática concreta que tienen un montón de argentinos. Este es el camino y ojalá sirva para empezar a regularizar la situación donde hay una asimetría importante entre una parte y otra en una relación tan particular como es la relación de contrato de locación”.
En suma, Guerra precisó que “se trató de hacer con este proyecto es asignar un equilibrio a la relación contractual que observábamos que la media sanción no lo tenía. Tenía un desequilibrio en favor de una de las partes que consideramos que es la que tiene mayor fuerza en esta relación. Si los propietarios no van a poner sus bienes para su locación ratifica una actitud especulativa porque están teniendo un incentivo impositivo”.
Respecto del índice tomado, señaló que busca dar “mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, cuestión que la media sanción no lo tenía y era una redacción un poco dudosa que podía usarse un indicador u otro. Acá se busca dar mayor previsibilidad, incluso los contratos tienen que ser en moneda nacional, pero desde una norma no se puede aceptar un contrato en una moneda que no es de curso legal en el país. Procura establecer un equilibrio”.
Por su parte, Mayans señaló que era “importante” escuchar a las partes y analizar la ley. “Fue interesante las dos visiones opuestas. Nosotros discutimos en el bloque y esta es la propuesta que traemos. Tenemos una visión totalmente distinta y lo que vamos a tratar de hacer, a pesar de que hay una decisión de que el Parlamento no funcione, vamos a tratar de hacer funcionar el Parlamento porque tenemos demasiados temas para tratar y no se está trabajando por excusas porque nosotros estamos todas las semanas acá, estamos tratando de constituir las comisiones”.
“Queremos sesionar si se puede la semana que viene con todos los temas que tenemos pendiente”, lanzó el formoseño.
En su intervención la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT) acusó que “si quitaron todas las propiedades del mercado es porque hay una situación de poder de una parte sobre la otra. Esto estamos tratando de enmendar”, y resaltó que el dictamen tiene beneficios fiscales para los pequeños propietarios que son “incentivos muy buenos”.
El bloque de Unidad Federal también acompañó y colaboró con la propuesta presentada por el oficialismo, con una disidencia sobre el tipo del índice aplicado. En representación, primero habló la puntana Eugenia Catalfamo quien resaltó la importancia del tema porque el objetivo común es “defender a los sectores más vulnerables que es el de los inquilinos”.
“La actual ley no funciona por diferentes motivos porque muchas veces en esta relación entre partes de han saltado la ley porque los contratos no estaban registrados, quien tiene mayor poder es el que tiene la propiedad y maneja a su antojo el contrato, esto nos ha llevado a que no funcione la ley. Se propone no quitar derechos por eso no coincidimos con los 2 años, los plazos cada 6 meses es un equilibrio porque sino nos vamos a los extremos defendiendo un sector o el otro”, señaló Catalfamo.
El titular de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, indicó: “Creo que quedó de manifiesta la voluntad de todos los legisladores de llevar tranquilidad y poder tener una norma a la cual regir y que rija los contratos de alquileres”. “Coincidimos en algunos puntos en las modificaciones que hay que hacer a la media sanción que viene de Diputados en cuanto a lo que refiere a los plazos que les da más tranquilidad a las familias. La discusión del punto de equilibrio es en los 6 meses, pero no coincidimos en el índice de actualización, pero es necesario que se dictamine y vamos a acompañar el dictamen, disidencia con ese artículo”, afirmó Snopek.
La vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, recordó que, durante de las audiencias, hubo “excelentes ponencias” sobre el proceso de “inquilinización” de las viviendas en el mundo y “particularmente en la Argentina”. En esa línea, opinó que este será “un tema recurrente” y analizó que “tenemos que pensar cómo generamos más oferta de viviendas”.
“Eso se hace construyendo viviendas, construyendo hábitat, con una inflación controlada y con acceso al crédito para la vivienda”, concluyó la senadora mendocina. Al mismo tiempo, apuntó que el dictamen mantiene los tres años de duración del contrato de locación, en contrario a los dos años sancionado en
Diputados, porque para el oficialismo “no se puede retroceder en derechos”, y explicó que el plazo de seis meses para la revisión de los alquileres está a mitad de camino entre el año que establece la actual ley y los cuatro meses que establece la media sanción en análisis.
La mendocina volvió a insistir con la necesidad de pensar políticas de estado para resolver la problemática de la vivienda y apuntó que “con la deuda que tenemos con el FMI, la inflación, la restricción externa, más todos los problemas que tenemos en la macroeconomía, se evidencia una crisis más profunda que en otros países”.
El presidente de la comisión de Legislación General manifestó su esperanza de que el proyecto traiga “certeza y solución a una situación de crisis habitacional que tiene la Argentina”, y comentó que “había
que buscar un consenso” y se logró. “Para este dictamen hubo aportes no sólo de los integrantes del Frente de Todos, sino también del bloque Unidad Federal”, cerró la reunión.
