El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT), avanzó este miércoles con otra de las leyes promovidas en medio de la campaña electoral por el ministro/candidato Sergio Massa. Se trata de la iniciativa que contiene una serie de beneficios impositivos para aquellos que contraten nuevos empleados -sobre todo jóvenes-, al tiempo que plantea un capítulo sobre blanqueo laboral. 

Al igual que sucedió en la Cámara baja, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, pero tampoco la rechazó. Es más, los legisladores recordaron proyectos similares que presentaron anteriormente sobre el tema y cuestionaron que el FdT nunca los puso en debate. 

En el arranque, Guerra señaló que “sin dudas es un proyecto de ley importante” con el objeto de “fomentar con un criterio federal el empleo, la inclusión de los jóvenes y la transformación de programas sociales”. “Es lógico y natural que cuando se atraviesan crisis, en las cuales las economías empiezan a despedir empleo, un Estado activo participe a través de programas para sostener el empleo y los ingresos de las familias. Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, es necesario que esas personas que han sido sostenidas de alguna manera comiencen a volver al empleo formal”, dijo sobre la reconversión de los planes sociales que se prevé. 

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero (CF-JxC) cuestionó que él tenía un proyecto sobre fomento del empleo que “nunca lo trató el oficialismo”. “La idea no es mala”, afirmó sobre la iniciativa con media sanción, pero observó que “hay muchísimas obligaciones para el empleador”. 

Además, consideró que debería incluirse que “aquel que haya rechazado o no haya durado en el trabajo más de un período, seis meses o un año, pierda el beneficio” del plan, “porque quiere decir que tiene algún comportamiento endémico de no querer trabajar, que es una costumbre que se ha hecho carne en nuestro país, con 20 años de planes y planes”, apuntó. Para Romero, “va a ser muy difícil la aplicación porque no hay atractivo para las empresas de tomar más gente, por la inflación y la recesión”. “Si bien es buena, es bastante incompleta”, agregó. 

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC), resaltó que “las empresas chicas, un panadero, un carnicero, son los que tienen el mayor nivel de endeudamiento y marginalidad, y creo que podrían flexibilizarse algunas cuestiones” en la iniciativa. “El blanqueo es el principal problema de este proyecto”, advirtió y consideró que se debería “tener algún tipo de información para saber cómo se distribuye en Argentina el mapa de las deudas previsionales y las sanciones laborales, porque ese es un requisito muy exigente”. “Mucha gente no va a poder blanquear su personal, porque ese requisito es una traba muy importante para las pequeñas y medianas empresas”, explicó el radical.

A favor del proyecto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) recordó que a los peronistas “nos enseñaron que gobernar es crear trabajo”, y esta iniciativa “tiende a crear trabajo, principalmente para los jóvenes y las PyMEs que son un motor esencial”. “Está orientado correctamente”, insistió y valoró que “es suficientemente abarcativo y justifica tratarlo con la premura que se propone”. También dijo que “gobernar es poblar” y, en ese sentido, “esta ley puede ser muy interesante a que ese hecho triste y lamentable, que es que muchos chicos se vayan del país, los atraiga y los podamos tener en el seno de nuestras familias y nuestra economía”. 

Otro de los que habló en el debate fue el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT), quien opinó que ante “lo demorado de este tipo de normativas, la necesidad en el contexto de crisis que tenemos y lo amplio que es el proyecto, es un primer y gran paso el que estamos dando en la comisión”. Para el legislador, servirá a “muchos trabajadores que tienen un plan social y ya están trabajando, y no se animan a terminar de registrarse por el temor de perder el plan y perder también poder adquisitivo familiar”.

“Este proyecto, junto a la devolución del IVA y la baja en el impuesto a las Ganancias, son tres grandes medidas que incluyen esta idea de motorizar la economía, de la movilidad social ascendente, de propuestas progresistas”, expresó el camporista. 

Doñate detalló que “en las empresas de hasta cinco trabajadores, hay algo menos de 75% de informalidad; en las empresas entre seis y 40 trabajadores, hay un promedio de un 35%; en las empresas entre 41 y 100 trabajadores, un 15% de informalidad; y en las de más de 100 trabajadores, un 12%”. “El impacto de este proyecto de ley apunta a las MiPyMEs, que están tratando de salir adelante, que son generadoras de trabajo y que muchas veces por los costos laborales les cuesta formalizar a sus trabajadores”, completó.

Desde la vereda de enfrente, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) manifestó: “Me encanta que los senadores del bloque oficialista hablen de los pesados costos laborales, yo creo que eso es hablar de los problemas que tiene la generación de trabajo hoy”. “Nosotros tenemos como Estado nacional un comportamiento raro, porque decimos que queremos que crezca el empleo formal, pero tenemos pesadas cargas impositivas”, cuestionó. 

La opositora aseveró que “los planes han constituido no una solución, sino una traba importante, que no nos permite resolver el problema. Y en vez de ser un piso, de alguna manera se han constituido en un techo”. “Nuestros jóvenes ni siquiera desean un trabajo formal, porque no saben los beneficios que tiene. Tenemos que comunicar los beneficios que significa”, enfatizó.

Puntos principales del proyecto 

El proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de Diputados, plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. También para el caso de emplear a personas que no reciben planes sociales y a las que sí. 

Para el resto de las empresas (grandes) el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Acuerdo para la Promoción y Desarrollo de Tierra del Fuego

En la reunión también se dictaminó a favor de un proyecto de ley, con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022, por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia. 

Guerra señaló que se trata de la conformación de un nuevo fideicomiso para financiar obras de infraestructura y defendió que “fijar políticas promocionales” es necesario “en un país donde existen marcadas asimetrías”. “Este tema de promoción hacia una provincia austral tiene una larga historia”, afirmó luego de enumerar distintos convenios y acuerdos firmados desde 2001.

La senadora fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) explicó que este fideicomiso será para “financiar obras viales, que son sumamente necesarias tanto para la ciudad de Ushuaia, Río Grande y también Tolhuin”. Entre ellas, mencionó la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y Tolhuin; el Hospital Regional de Ushuaia; y un nuevo acueducto y cisterna en Río Grande.

En tanto, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) agradeció que el tema se ponga en tratamiento. “Este fideicomiso es la continuación de un viejo anhelo de la provincia de Tierra del Fuego. Siempre se trató de que la Nación, independientemente de cual fuera el gobierno, le reconociera a la provincia parte de las regalías de la explotación costa afuera”, sostuvo. 

El radical comentó que “es una manera interesante de poder llevar adelante una serie de obras que son esenciales para el desarrollo de la provincia más joven del país, y la más grande, más allá del tamaño”. “Muchas veces se la critica a la provincia de Tierra del Fuego teniendo en cuenta la matemática, porque para muchos parece ser que la soberanía tiene un costo, pero para nosotros, los que habitamos en Tierra del Fuego, los beneficios que reciba nuestra provincia no hace más que garantizar la soberanía”, remarcó.