El corazón de la reforma política enviada al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias hace eje en una nueva composición de la Cámara de Diputados, la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos y, también, crea las circunscripciones uninominales.

Los proyectos encarados por el presidente Javier Milei fueron diseñados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien este miércoles por la tarde se trasladó a la Cámara de Diputados, adonde le entregó a su titular, Martín Menem, el paquete de leyes para ser debatidos en las sesiones extraordinarias, que empezaron a regir desde el martes hasta el 31 de enero.

Acerca de las "circunscripciones nominales" en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) propugna que cada provincia se divida en un número de circunscripciones igual a la cantidad de diputados que se eligen.

Estas estarán vigentes hasta el nuevo censo poblacional.

Según la propuesta, cada circunscripción enviará al Congreso a un solo representante; y la división de los distritos será efectuada por el PEN en base al censo de 2022, respetando límites geográficos y políticos preexistentes.

Además, cada elector vota solamente un candidato titular y un candidato suplente, que deben ser de diferente género.

El sistema de elección es de pluralidad: el candidato individual con más votos es el ganador y el único representante de cada circunscripción.

Según el planteo de LLA, los "beneficios" de la propuesta son el “fin de la lista sábana”: el elector conoce a la perfección quién será su representante en el Congreso; y el "fortalecimiento de la representatividad: los electores podrán elevar de manera más directa e individualizada los reclamos puntuales del distrito y las problemáticas que los aquejan".

Asimismo, de acuerdo a la propuesta, habrá "mayor pluralidad: las delegaciones de diputados de las provincias reflejan con mayor fidelidad a sus representantes".

Por su parte, sobre la derogación de las PASO, se va hacia la "restitución del calendario electoral previo al 2009".

De ese modo, en los años electorales presidenciales habrá dos citas electorales de carácter nacional: primera y segunda vuelta; y en los años electorales legislativos habrá sólo una cita electoral de carácter nacional.

Los proyectos, según LLA, permitirán el "ahorro de miles de millones de pesos: en 2023, ya que las PASO le costaron al Estado nacional $9.250 millones de pesos".

Asimismo, propenden a la "revitalización del debate institucional al interior de los partidos políticos, que tendrán mayor libertad a la hora de definir sus mecanismos internos de elección de candidatos".

También, habrá un "calendario electoral más reducido y eficiente, capaz de reducir la apatía electoral".

Otro tema de importancia en la reforma política es el financiamiento de los partidos políticos, por el cual "se eliminan los topes de aportes de personas físicas y jurídicas a los partidos políticos por desenvolvimiento institucional y de campaña".

La propuesta "elimina los topes de gastos de campaña para las agrupaciones políticas y los espacios publicitarios cedidos a partidos políticos".

En sintonía, promueve que los "fondos de los partidos políticos deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro miembros del partido, de los cuales dos deben ser presidente y tesorero".

La reforma también propugna que "para los fondos que asigne la Administración Pública Nacional correspondiente al aporte para campañas electorales y al Fondo Partidario Permanente, se asignará el 50% del valor del módulo".

De acuerdo con la proyección de LLA, los beneficios de la reforma en materia de financiamiento serán que "se sinceriza y transparenta el financiamiento de los partidos políticos; siguen vigentes las prohibiciones de algunos sectores aportantes, como las empresas operadores del juego, que siguen inhibidos de poder aportar a las campañas; y disminuye el gasto político y operativo destinado por el Estado Nacional al operativo electoral en su conjunto.

En tanto, sobre la composición de la Cámara de Diputados, se modifica y se sustituye el artículo N°3 de la Ley 22.847 sancionada en 1984, según la cual el número de diputados nacionales a elegir era de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500".

"Con esta nueva normativa, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000", precisa el proyecto de ley respectivo.

Sobre este tema, según el Gobierno, los beneficios son: promover una reforma profunda del sistema político para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales y mejorando el funcionamiento del sistema electoral; y evitar la lista sábana cerrada y bloqueada, con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas".

Respecto de la Boleta Unica de Papel (BUP), se hace mención al proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados (CD-4-22) y se modifica el sistema electoral: de boleta “sábana partidaria” a boleta única papel, que concentra toda la oferta electoral.

La propuesta indica que la Cámara Nacional Electoral será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las responsables de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.

Por su parte, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) será responsable de imprimir y distribuir las boletas.

De acuerdo a esa propuesta, los beneficios serán establecer un "sistema más ágil, transparente, económico y democrático".

Ello significará un "ahorro de miles de millones de pesos: se ahorran alrededor de ARS $12millones en impresión de boletas".

También, habrá una "centralización de la impresión de boletas en el PEN, sin asignación de fondos a los partidos para ese fin; una reducción de cantidad de fiscales necesarios para garantizar transparencia; y una agilización del escrutinio y publicación de resultados".