El Senado arrancó este miércoles con el debate de dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, que ya cuentan con media sanción: la llamada “ley antimafias” y una iniciativa sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. 

Miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales -sin la presencia de senadores de Unión por la Patria- recibieron al director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien aseguró sobre la ley de abordaje integral del crimen organizado que “es un proyecto fundamental” porque “estamos hablando de crimen organizado frente a un Estado desorganizado”.  

La ley “es para crimen organizado, es por determinados delitos, es por una zona determinada, es un control equilibrado donde intervienen las fuerzas policiales; la decisión la toma el fiscal con inmediato control judicial, el que termina controlando todo es el juez, siempre; hay una intervención de las fiscalías con un control judicial como existe en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe”, explicó. 

En ese sentido, subrayó que “esta ley hace que trabajen conjuntamente las fuerzas federales, los jueces federales y los fiscales federales con las fuerzas provinciales y jueces y fiscales provinciales”. “Sin duda que la superposición de trabajo mejora el resultado”, consideró. 

El funcionario remarcó que la norma apunta a desarmar el poder económico que manejan las organizaciones criminales. “En el proyecto original pusimos la extinción de dominio”, recordó, aunque en la Cámara de Diputados por acuerdo con la oposición “se modificó y se puso el decomiso anticipado, lo que nos pareció muy acertado”, dijo. Sobre esto, afirmó que fue consultado con jueces y fiscales, quienes dieron el visto bueno. 

La senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro) planteó la duda respecto de la figura de decomiso anticipado, en relación a la constitucionalidad. “Respecto del decomiso le pedimos al juez que tenga certeza, no de un peligro, convicción, es decir, que dicte la sentencia anticipada”, respondió Soto. Mientras que el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) admitió que podría haber “un problema de nulidad, pero para eso están los jueces y por eso el decomiso tiene que ser hecho con rigurosidad y de manera excepcional, cuando las circunstancias lo aconsejen”. 

En una de sus intervenciones, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Carolina Losada (UCR), mencionó como en Santa Fe “las bandas narcos con los jefes en las cárceles no solamente organizaban ejércitos de sicarios, sino que vendían una especie de franquicias de territorios”. 

En otro tramo, el representante del Ministerio de Seguridad agregó que “la criminalidad cambia dinámicamente” y “nosotros tardamos para hacer una ley, pero ellos no”. Finalmente, defendió que este proyecto “es un cambio cultural, de concepto, de cómo se entiende la investigación y el delito”. 

Por otra parte, también comenzó a discutirse el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Para ello asistió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, quien señaló que a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se le hicieron “siete modificaciones” en la Cámara de Diputados, que “le dieron mayor robustez y solidez” al texto, al tiempo de “un mayor consenso, muy buen acompañamiento (en la media sanción) y tenemos la expectativa de que esto ocurra en esta casa”. 

El funcionario afirmó que se busca “saber lo más cercano posible la cantidad de armas que hay en el país, quién las tiene y dónde”. Aclaró que con esta norma “no se están modificando los requisitos para ser legítimo usuario”, mientras que subrayó que el sistema de tenencia “en la práctica ha perdido eficacia”. 

En ese sentido, detalló que actualmente hay “una persona en condición regular y dos personas en condición irregular” sobre tenencia. “Las armas no se esfuman, alguien las tiene y el Estado necesita saber quién las tiene”, insistió y precisó que este año hay “vigentes casi 300 mil personas con su credencial de legítimo usuario”, de los cuales declararon 830 mil armas; sin embargo “hay 600 mil personas que dejaron vencer su credencial, y la inmensa mayoría había declarado armas” en un total de 986 mil. Además, hay más de 800 mil armas que “nunca tuvieron registración”.

Allan dijo que en años anteriores “el Estado gastó 226 millones de pesos y solamente el 2,8% regularizó su situación”. “Nosotros afrontamos otra forma, sí nos comunicamos con los vencidos; concientizando sobre las ventajas de estar a derecho”, manifestó y reveló que están “en plena reconstrucción de la base (de datos)”. Sobre esto, contó que a partir de un cruce de información con el Renaper, conocieron que “más de 120 mil personas están fallecidas”.

Sobre la prórroga del programa de entrega voluntaria, el titular de la ANMaC sostuvo que se busca extenderlo hasta 2027, por un plazo de cuatro años “para evitar los baches”. “Rosario es por lejos la ciudad donde la gente entregó más armas y la Justicia pide este programa, lo necesita”, dijo. 

Allan precisó que en 2017 se entregaron 11 mil armas; en 2018 casi 12 mil; en 2019 unas 7 mil; luego hubo un descenso y en el 2023 “volvió a subir a 4.200”. “Tenemos la expectativa de superar ese número” con la nueva prórroga, expresó e indicó que el año que viene está previsto un presupuesto de 57 millones de pesos para este programa, dado que la entrega se hace a cambio de un incentivo económico. 

También aclaró que “la delincuencia no blanquea en ninguna condición”. “Nosotros vamos a controlar el pedido: que (el arma) no tenga alta de secuestro, que no esté judicializada, que la numeración no esté adulterada, va a haber un exhaustivo examen previo a su regularización”. 

El otro ítem del temario tenía que ver con un proyecto sobre régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. Losada informó que desde el Poder Ejecutivo llegaron “algunas sugerencias” sobre el tema, que iban a ser remitidas a los senadores junto al borrador del dictamen “para que veamos si las tomamos o no” y en la próxima reunión poder debatir y dictaminar.