La solicitud es en el marco del concurso público para elegir a un nuevo titular de la Defensoría del Niño. Se trata de responsabilidades institucionales y problemáticas de infancias que necesitan abordaje “urgente”.
Mientras avanza el concurso público en el Congreso para elegir a un nuevo titular de la Defensoría del Niño, organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda invitaron a las personas candidatas a adherir a diez compromisos fundamentales que pretenden orientar las acciones institucionales de la próxima gestión.
Se trata de responsabilidades institucionales y problemáticas de infancias que necesitan abordaje urgente con enfoque en derechos, perspectiva en niñez, género, sin ningún tipo de discriminación y persiguiendo el interés superior del niño.
Según plantearon: “La Defensoría Nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es la única institución federal del Sistema de Protección Integral de Derechos con capacidad de recibir reclamos, de representar a niñas y niños frente a la administración y en causas judiciales individuales o colectivas, y de supervisar instituciones públicas o privadas pertenecientes a este sistema”.
“Su función es de protección de los derechos de NNA, controlando, supervisando e impulsando a los Poderes Ejecutivos y Legislativos, encargados de la elaboración y ejecución de las políticas públicas”, señalaron y sumaron: “El/la Defensor/a es elegido por el Congreso de la Nación, tras atravesar un concurso público de oposición y antecedentes elaborado por una Comisión Bicameral. El pasado 1° de agosto, 147 postulantes se presentaron a rendir el examen escrito eliminatorio”.
“A partir de un análisis sobre la actuación de la Defensoría desde su puesta en funcionamiento y los graves flagelos que afectan a niñas, niños y adolescentes en Argentina, Infancia en Deuda invita a las personas candidatas a Defensor o Defensora a asumir a adherir a este conjunto de compromisos”, manifestaron desde la organización.
Así, plantearon las cuestiones centrales a las que deben comprometerse quienes están transitando el proceso de elección de autoridades, se resumen en:
En la reunión se establecieron lineamientos para el examen escrito, metodología y criterio de confidencialidad. Además, piden que el recinto de Diputados sea cedido para llevar a cabo el examen.
La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, presidida por Natalia Sarapura, se reunió este martes para continuar con el concurso público a fin de elegir un nuevo titular de la Defensoría del Niño y les hicieron un particular pedido a los miembros del oficialismo.
Sarapura contó que “se inscribieron más de 200 postulantes para el cargo”, y precisó que del 22 al 28 de julio se hará un análisis, resolución y notificación de las impugnaciones. Además, se establecieron los lineamientos para el examen escrito, la metodología, criterio de confidencialidad, entre otros aspectos. Según explicaron, se garantiza un proceso de evaluación: “Transparente, seguro y respetuoso”.
El secretario de la comisión explicó que el Consejo Asesor Técnico propondrá los bloques temáticos de preguntas y respuestas con la modalidad de verdadero/falso, opción múltiple o consigna a desarrollar. Se conformarán seis bloques temáticos, siendo del 1 al 5 conformados por preguntas de opción múltiple y verdadero o falso, mientras que el bloque temático 6 incluirá consignas de desarrollo. Las preguntas y respuestas serán debidamente entregadas el 25 de julio, en forma impreso.
“Los integrantes de la Comisión Bicameral serán los únicos responsables del armado del examen. Los mismos determinarán el día para realizarlo en sesión reservada. El escribano público se presentará el día pactado con los sobres lacrados y custodiará todo el proceso. Para cada bloque temático de preguntas, se designará a dos legisladores de la Comisión Bicameral los cuales procederán a realizar un sorteo para extraer 14 preguntas para cada tema, totalizando 28 preguntas por bloque sin alteración alguna del material original propuesto por el consejo asesor técnico”, precisó.
Además, informó sobre las consignas a desarrollar de las propuestas de los consejeros, se elegirán cuatro, dos para cada tema al azar por un miembro de la Comisión Bicameral. A su vez, la confección del examen será realizada exclusivamente por los miembros de la Comisión Bicameral bajo supervisión directa del escribano.
Sarapura aprovechó la oportunidad de la presencia de dos legisladores oficialistas para pedirles “la viabilidad y la gestión de los recursos para el presupuesto de los concursos porque hasta ahora no se ha otorgado el presupuesto para dar cuenta. Estamos trabajando con presupuesto del año pasado y eso es fundamental”.
“Lamentablemente no estamos contando con el asesoramiento, el acompañamiento legal como lo hizo la comisión anterior que contó con el apoyo del Departamento de Asuntos Legales ni del escribano de la casa, por eso se está trabajando con el Colegio de Escribanos de la Ciudad”, criticó.
Por el oficialismo, alzó la voz su coterránea Vilma Bedia quien le respondió: “El presupuesto lo tiene que gestionar usted –Sarapura- no el oficialismo y hacer el proceso”.
Pidió la palabra la diputada de UP Eugenia Alianiello remarcó que el tema del presupuesto “lo hablamos más de una vez. Me sorprende senadora Bedia lo que dice porque hicimos una nota a la presidencia. Es un día importante para avanzar. Ustedes que son parte del oficialismo estaría bueno que viabilicen eso”.
“Hay mucho para hablar de este tema y sería bueno poder profundizarlo más adelante porque hay situaciones que nos podrían mejorar la dinámica del concurso si tendríamos el presupuesto asignado a la Bicameral”, sentenció Sarapura.
La titular de la comisión también planteó que se le ha solicitado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que el examen se realice en el recinto. “Estamos esperándola respuesta y les solicito que nos ayuden en las gestiones porque esta presidenta tomó todas las medidas administrativas de gestión, de diálogo y, hasta ahora, no ha logrado tener unas respuestas positivas”.
“Los insto a que podamos colaborar todos para la realización del examen. Sería ideal el recinto porque cumple todas las condiciones. Seguimos insistiendo en la posibilidad que sea en el recinto. Nos parece que es el mejor lugar, el que cumple con todas las exigencias por la cantidad de concursantes que tenemos, pero también por todas las herramientas técnicas y de tecnología que tiene”, ratificó Sarapura.
Dado que el recinto del a Cámara de Diputados se encuentra bajo reformas, la senadora Bedia solicitó que, considerando que hay 230 inscriptos para este proceso, " que la comisión y la presidencia no bajen los brazos para que el examen se haga en el recinto. Sería un hecho histórico para esta bicameral, que impulso un Consejo de Asesor técnico ad honorem y que son los ojos del pueblo los que están esperando este proceso."
A su vez, la senadora Cora reclamó que "el lugar natural donde se tiene que llevar el examen es el recinto, no podemos estar dando vueltas. Al menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione y que sea de entorpecer".
El calendario para elegir al Defensor sigue con la notificación previa al examen escrito, que tendrá lugar el 1° de agosto. En tanto, la fecha definitiva para la definición de los candidatos y su elevación a las Cámaras será el 22 de septiembre.
Se trata del diputado santafecino Nicolás Mayoraz que les enrostró a las legisladoras de Unión por la Patria que “dejaron un 60% de pobres con sus políticas”, durante la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del niño.
En medio del debate por la definición de un cronograma para la designación de un nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el diputado libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) apuntó contra las legisladoras de Unión por la Patria y retomó el discurso pro vida: “500.000 niños abortados en Argentina, así cuidan la niñez”.
Mientras el santafecino se quejaba por las fechas del cronograma, la falta de transparencia y la presencia de organizaciones para escuchar su postura, se cruzó con las legisladoras de UP, Brenda Vargas y Stefanía Cora, quienes lo cuestionaron a los gritos por “querer dilatar el tema” y le recordaron que durante el tratamiento de la Ley Bases no convocaron a todas las organizaciones sociales.
En ese momento, Mayoraz recogió el guante y les contestó exaltado: “Tuvimos semanas enteras en la Ley Bases, escuchamos a todo el mundo. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil trajeron aquí para decir qué quieren? ¿Cuántos?, y comparó: “¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil se escucharon acá? No se escuchó a nadie. El silencio es ensordecedor, no escuchan a la sociedad civil”.
“60% de pobres ustedes… 60% de pobres dejaron ustedes con sus políticas. 500 mil niños abortados. En la Argentina, eso hicieron, así cuidan la niñez”, lanzó en referencia a la ley del aborto.
Fue en la bicameral encargada de monitorear el organismo. La abogada permanecía allí luego de haberse autoprorrogado el mandato. Rechazo de Unión por la Patria. Se abrirá un nuevo concurso público.
Foto: Comunicación Senado
En marzo pasado, La Libertad Avanza no pudo quedarse con la presidencia de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, este miércoles cumplió su objetivo: remover de la Defensoría a su titular, la abogada Marisa Graham. Esto también alcanzó al defensor Adjunto, Facundo Hernández.
Junto a las oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia votaron, a mano alzada, las legisladoras del Pro María Sotolano y Andrea Cristina, y de la UCR Natalia Sarapura y Gabriela Valenzuela. Aunque los miembros de Unión por la Patria manifestaron resistencia, al asegurar que tal decisión necesitaba dos tercios de los votos, desde LLA se argumentó que el rechazo a la resolución 1/25 firmada por Graham podía ser por mayoría simple.
A través de la mencionada resolución, Graham había modificado a principios de este año el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Defensoría, habilitando la "prórroga tácita" de los mandatos de sus autoridades.
En rigor, la funcionaria había determinado que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.
El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia y su mandato culminó el pasado 1ro. de marzo.
La radical Natalia Sarapura, presidenta de la bicameral
Al comenzar con la discusión, la diputada oficialista Nadia Márquez sostuvo: “Desde La Libertad Avanza vamos a rechazar la resolución, ya que nos parece sumamente grave que la defensora se autoprorrogue su mandato”. Y, en esa misma línea, aseguró que “no la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”.
Junto a Márquez, su par Nicolás Mayoraz dio la pelea reglamentaria. “Está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición”, aseveró el santafesino. Y agregó: “No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”.
En el mismo sentido, la diputada del Pro María Sotolano afirmó que “no queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo; la Defensoría está acéfala per se”. Las senadoras Vilma Bedia y Andrea Cristina coincidieron en el rechazo por autoprorrogarse el mandato y considerar ilegítimo que permanezca en el cargo.
Tanto los diputados como los senadores de Unión por la Patria ratificaron que debía continuar Graham hasta que se designe su reemplazo. Asimismo, ponderaron que la defensora, con tal decisión, “intentó mantener la institucionalidad que este Congreso no garantizó”. Sobre esto, el senador Daniel Bensusán señaló que “es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”.
Tras el rechazo a la resolución se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, con horario a confirmar, para evaluar cómo queda la situación institucional de la Defensoría; en particular a quién se le asignará las responsabilidades del organismo hasta designar al reemplazante de Graham.
El primer punto del temario había sido el que se refería al concurso público de antecedentes y oposición establecidos en la Ley 26.061 y su reglamento, que será por medio del cual se elegirá al próximo defensor/a. Con el voto de la mayoría de los presentes se estableció el 16 de junio como fecha de inicio del procedimiento.
Por otro lado, se terminaron de conformar las autoridades de la bicameral. Para el cargo de la vicepresidencia fue designado el senador Bensusán (UP), mientras que la diputada Sotolano (Pro) quedó como secretaria.
La Comisión Bicameral removió a Marisa Graham de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Termina una época oscura y perversa. pic.twitter.com/Uue8i5AONg
— Santiago Santurio 🇦🇷 (@Turios) May 28, 2025
El mensaje de un diputado de LLA tras la decisión de la bicameral
La reunión para constituir la comisión fue convocada para el próximo jueves 6 de marzo, a las 14, en el Salón Illia. La actual defensora se auto prorrogó el mandato mediante una reforma del reglamento.
Marisa Graham y Facundo Hernández
Una de las bicamerales que no funcionó a lo largo de todo 2024, por la demora del Senado en designar a sus representantes, se pondrá en marcha con el arranque del período ordinario. Se trata de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Desde distintas organizaciones que trabajan con la infancia reclamaron desde hace meses con fuerza por la pronta conformación de la comisión, ante el vencimiento de los mandatos de la defensora Marisa Graham y su Adjunto, Facundo Hernández, este 1ro. de marzo.
Sin embargo, en el comienzo del año, a través de la resolución 1/25 del 7 de enero, la Defensoría modificó su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, habilitando la "prórroga tácita" de los mandatos de sus autoridades.
Así, el artículo 7 indica que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.
Desde el organismo explicaron que "la preocupación" de que eventualmente la Defensoría quede acéfala es que "todas las causas (administrativas y judiciales que tramita) queden en el aire".
El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia.
La reunión constitutiva será el próximo jueves 6 de marzo, a las 14, en el Salón Illia del Senado. Por la Cámara de Diputados fueron nombradas como integrantes Eugenia Alianiello, Brenda Vargas Mayti (UP), Nadia Márquez (LLA), María Sotolano (Pro) y Natalia Sarapura (UCR); mientras que por el Senado figuran Mercedes Valenzuela (UCR), Andrea Cristina (Pro) y Vilma Bedia (LLA).
Los otros dos lugares restantes -son 10 en total- son para dos senadores de UP, que no enviaron sus nombres, como se ha repetido anteriormente en otras comisiones, por la disconformidad con el reparto realizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El próximo 28 de febrero culminará el mandato de Marisa Graham y la bicameral encargada de la designación en el organismo no se constituyó este año. La falta de Villarruel.
Marisa Graham culminará su mandato en febrero próximo
Organizaciones de la sociedad civil que conforman el colectivo "Infancia en Deuda" presentaron notas dirigidas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los jefes de bloques de ambas cámaras del Congreso, en las que reiteraron su preocupación -transmitida el 23 de septiembre pasado- por la falta de convocatoria a concurso público para la designación del titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se trata de la persona que debe ser elegida para el periodo 2025-2030, cuya selección no se realizó por la falta de conformación de la bicameral correspondiente durante este año. El mandato de la actual defensora, Marisa Graham, vencerá el próximo 28 de febrero.
"Bajo la Ley Nacional 26.061, sancionada en 2006, se creó un sistema de protección integral de derechos y se decidió legalmente que la Defensoría Nacional tiene un rol preponderante como única institución federal especializada y autónoma con amplia capacidad de control de los poderes públicos, no pudiendo ser reemplazada funcionalmente por ningún otro organismo", enfatizaron desde el colectivo.
En ese sentido, recordaron que "después de 14 años de mora del Congreso Nacional, la institución logró ponerse en marcha para el periodo marzo 2020-febrero 2025". En ese momento, la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante un proceso de concurso y oposición de antecedentes para la selección de autoridades, conforme los artículos 49 y 50 de la Ley 26.061. "Este paso marcó un hito en la institucionalidad, la transparencia y la utilización de mecanismos que buscan asegurar la idoneidad y la autonomía del funcionariado público", resaltaron.
Sin embargo, reclamaron que este año, de cara al vencimiento del mandato de Graham, "el Senado omitió designar" a los senadores que debían integrar la comisión, "incumpliendo las exigencias de la ley y de su propio reglamento interno". En cambio, desde la Cámara de Diputados sí se habían nombrado a quienes integrarían la bicameral.
"Desde hace años las niñas, niños y adolescentes viven en nuestro país en una situación muy preocupante. Según UNICEF Argentina, en 2024, 7 de cada 10 crecen en la pobreza y 3 de cada 10 en la pobreza extrema, es decir, no acceden a una alimentación mínima. Por otro lado, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social-UCA, más de 2 millones no realizan ni siquiera una visita anual a un médico/a y enfrentan serias dificultades para acceder y sostener una trayectoria educativa, entre otras vulneraciones a sus derechos", apuntaron.
Desde Infancia en Deuda, instaron "a las autoridades parlamentarias y a los jefes de cada bloque a que consideren tomar las medidas necesarias para que se conforme, por fin, esta comisión bicameral y habiliten el concurso público para sean seleccionadas las nuevas autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país".
La defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes se presentará ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes el próximo miércoles a las 16.
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Defensor adjunto, Facundo Hernández, asistirán el próximo miércoles a las 16 para brindar su informe anual ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), a fin de brindar el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.
El último informe lo brindó en agosto de 2023 ante la Bicameral que controla al organismo. En esa oportunidad, alertó que en Argentina el 53% de los menores está bajo la línea de pobreza y habían remarcado que “la AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”.
Además, habían planteado que “hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”.
La defensora se presentó el pasado 16 de enero en el marco del tratamiento de la fallida Ley Ómnibus y había solicitado a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar”.
La defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes asistirá este martes a las 13 a la Comisión homónima de la Cámara baja.
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes a las 13 a brindar su informe anual ante la Comisión homónima de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), quien había pedido a la funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.
La funcionaria asistió a fines del mes de agosto a la Bicameral que controla la defensoría ante la que brindó su informe anual de gestión y detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%. As u vez, defendió la AUH porque “es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.
Por otro lado, lamentó que “para los chicos, salud mental no hay porque no está pensando que puedan tener padecimientos subjetivos”, y cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.
La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes asistirá a una reunión que se realizará en el Salón Eva Perón este martes desde las 14.30.
La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes desde las 14.30 al Congreso para brindar un informe anual de su gestión. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.
La presentación se dará en el marco de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.
La bicameral que recibirá a Graham se conformó la semana pasada y fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.
Además, Graham fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien días atrás le pidió a funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.
En una serie de recomendaciones al organismo que conduce Marisa Graham, organizaciones que integran Infancia en Deuda elaboraron un informe sobre el primer año de gestión.
Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conducida por la abogada Marisa Graham, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.
Entre las recomendaciones "urgentes", alertaron por "la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría se valga de los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061".
También, IED insta a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.
Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED "considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos".
Por otra parte, las organizaciones pidieron intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.
"El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos", señalaron.
En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED se manifestaron "convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias, y con una valoración positiva de los esfuerzos realizados".
Entre otros puntos, se pidió a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA; y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse.
Para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias, IED solicitó: contar con mecanismo de control y de seguimiento de esas sugerencias que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; en el caso en que esas recomendaciones no sean tomadas en cuenta, sería deseable adoptar otro tipo de medidas ante organismos y autoridades que incumplan sus responsabilidades; e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables para todos los sistemas de protección locales de cada provincia del país.
Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de las acciones de monitoreo sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.
En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias de NNyA, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de casos, denuncias y reclamos; reforzar los canales de comunicación a nivel federal para llegar a los NNyA de todo el país que se encuentren en situación de vulneración de derechos; adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.
"Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron", se agregó en este sentido.
Finalmente, respecto de las funciones relacionadas con el monitoreo y producción de información, IED reclamó publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescentes, incluyendo datos por provincia, valiéndose de las fuentes de información oficiales disponibles; y contar con información de base que oriente las acciones destinadas al monitoreo de políticas públicas y, en especial, para la determinación de acciones de carácter prioritario justificadas en la información relevada.