En la sesión del 27 de agosto, la Legislatura Porteña aprobó la eximición de Ingresos Brutos (IIBB) para el sector gastronómico, medida que supone un alivio fiscal para uno de los sectores más deteriorados por la pandemia. Desde el Frente de Todos hemos acompañado la votación en el recinto pero dejando en evidencia nuestras críticas. Desde el inicio del aislamiento hemos presentado numerosos proyectos con medidas de auxilio para pymes y cooperativas, y que por incomprensibles razones no han sido tratadas hasta el día de hoy. Llegado el mes de agosto, esta iniciativa, aunque necesaria, resulta tardía e insuficiente.

La realidad de la actividad económica en la Ciudad es alarmante. Los datos de empleo para el segundo trimestre marcan que la ciudad ha llegado al 14,7% de desocupación, y que en los barrios del sur ese número trepa a 21%. Día a día, pequeños comercios cierran sus persianas definitivamente mientras el Estado de la Ciudad deja correr y no ofrece ninguna perspectiva de asistencia bajo el pretexto de falta de presupuesto. Sin embargo, los datos de ejecución del primer semestre muestran un altísimo grado de impericia e insensibilidad en el manejo de los números.

El relato del Ejecutivo porteño postula que la Ciudad se encuentra en un contexto de ahogo fiscal. Esto es absolutamente falso. No se observa ninguna caída drástica en la recaudación para el primer semestre 2020. Mientras la estimación a fines del año pasado preveía un monto de 480 mil millones de pesos para todo el 2020, en los primeros seis meses ya se llevan recaudados 206 mil millones. El 50% serian 240 mil millones, pero la apertura económica y la inflación anual harán que este número aumente, alcanzando lo proyectado hacia fin de año.

En este mismo sentido, es falso que se desplomó la recaudación de Ingresos Brutos. La recaudación estimada por IIBB para 2020 es de 238 mil millones. La recaudación al primer semestre es de 113 mil millones, es decir un 47,4%. 

Bajo esta falsa premisa de ahogo fiscal, hace pocos meses votamos una Ley de Emergencia Económica en la Legislatura que le permitió al Ejecutivo, entre otras cuestiones, pagar el aguinaldo de sus trabajadores y trabajadoras en cuotas; y reducir el volumen general de salarios de toda la planta de trabajadores. Tal es así, que de los 109 mil millones de pesos estipulados para remuneraciones del personal de la Ciudad en el primer semestre, se ejecutaron únicamente 92 mil millones: un ajuste de 15 mil millones de pesos que impactó sobre los trabajadores de la salud, seguridad y educación, entre otros.

Muy lejos de las declaraciones de los funcionarios, este ajuste general sobre los trabajadores no tuvo ningún correlato en el aumento de gastos esenciales. El Ministerio de Salud proyectó un gasto de 73 mil millones de pesos, y lleva ejecutado al primer semestre unos 36 mil millones, casi el 50%; es decir, se gastó únicamente lo presupuestado.

Como contraparte de esta austeridad en zonas vitales, vemos un manejo insensible de recursos sosteniendo gastos que no son de ninguna manera prioritarios. A modo de penoso ejemplo, el rubro “publicidad” fue uno de los pocos donde se alcanzó el 50% de ejecución en el primer semestre (916 millones, para una proyección anual de 1800 millones).

Es falso considerar que la Ciudad no tiene recursos porque no tiene capacidad de emisión de moneda. En el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, de los 4213 millones asignados, sólo se devengaron 1100 millones, menos del 30%. No emiten pero recaudan sobre el sistema financiero nacional y cuentan con 4 mil millones de pesos que no se están utilizando en su totalidad.

El camino iniciado con la eximición de ingresos brutos para el sector gastronómico debería expandirse hacia la Cultura y el Deporte. Mientras desde nuestro bloque venimos insistiendo en la necesidad de declarar la Emergencia Cultural en la Ciudad, el Ministerio de Cultura subejecutó las partidas asignadas, utilizando solo el 43%. Por su parte, en el área de Deportes solo se utilizó el Fondo del Deporte.

Para finalizar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reporta gastos devengados para el primer semestre de 189 mil millones de pesos, lo que significa que solo ha ejecutado un 39% del Presupuesto 2020 en el primer semestre. Y si tenemos en cuenta que la recaudación fue de 206 millones; en medio de la peor catástrofe sanitaria y económica que le tocó vivir a esta gestión, el gobierno de Larreta hace caja con 17 mil millones de pesos mientras el distrito se derrumba.

La estrategia de Larreta es simple: dejar que la pandemia impacte en la economía y el trabajo de la ciudad, recostándose únicamente en los aportes del Gobierno nacional (ATP e IFE). De esta manera, se reserva el presupuesto para intervenir cuando comience la recuperación, lo que coincidirá, casualmente, con el inicio del calendario electoral.

El manejo del presupuesto denota una actitud especulativa en términos políticos, en sintonía con planteos como el del regreso a las aulas en pleno pico de pandemia. Se pretenden soluciones temerarias que arriesgan la vida de niños y docentes, pero no se considera invertir en conectividad ni computadoras.

Es indispensable que el gobierno de la Ciudad asuma el compromiso que tiene de proteger a la ciudadanía ofreciendo un estado presente de verdad. La responsabilidad en el manejo de la pandemia cuesta plata, la irresponsabilidad cuesta vidas.

Debido a que el aislamiento social obligatorio ya se extendió por casi seis meses, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán declarar la emergencia económica del sector hotelero y gastronómico en la Ciudad hasta el día 31 de diciembre del 2021.

De esta manera, la iniciativa prevé dejar sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, en el periodo comprendido entre agosto y diciembre de este año.

El texto también plantea que el Gobierno porteño otorgue un subsidio del 100% a los generadores especiales de residuos: hoteles de cuatro y cinco estrellas, hoteles con más de 100 habitaciones o 200 plazas, y todo establecimiento que preste servicios gastronómicos y/o donde se elaboren, fraccionen y/o expendan bebidas y/o alimentos, y que genere más de quinientos 500 litros o 200 kilos por día entre residuos húmedos y orgánicos. 

Por otro lado también se eximirá del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo 180 días, siempre y cuando la facturación en dicho período no supere el 50% de la facturación emitida en el mismo período de 2019.

La iniciativa también prevé crear el “Programa de Fomento al Consumo Gastronómico y Cultural” cuyo objeto es incentivar la demanda de las actividades gastronómicas y culturales en el ámbito de la Ciudad. También plantea la entrega de un bono económico para personas humanas, equivalente al 50% por ciento de las sumas pagadas por gastos en los comercios ya mencionados hasta fin de año; el monto del mismo no podrá ser mayor a cinco mil pesos y  podrá ser utilizado para el pago total o parcial de consumos realizados.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que preside Federico Otermín, sancionó una ley de emergencia que busca contribuir al sostenimiento de la actividad de las pequeñas empresas en el territorio bonaerense.  

El proyecto de ley que declara la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria de las micros y pequeñas empresas, en los términos de la ley nacional 24467, que se encuentren radicadas en el territorio de provincia de Buenos Aires, fue sancionada por unanimidad de los participantes de la sesión, muchos de los cuales de manera virtual.      

La ley nacional 24467 tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

En el contexto de la pandemia, se entiende que “las medidas previstas de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y también económico de los sectores vulnerados”.

Por lo tanto, en ese sentido, la autora de la iniciativa, la senadora opositora Flavia Delmonte consideró que “para hacer frente a esta situación, grave y excepcional es indispensable la declaración del estado de emergencia; las medidas propuestas son imprescindibles y resultan proporcionadas a la extrema gravedad y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental”.

La iniciativa apunta centralmente a diseñar e implementar un régimen de beneficios impositivos; coordinar líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento de las micro y pequeñas empresas; la formación y capacitaciones en material legal, contable, impositiva y administrativa; desarrolla en forma conjunta con los municipios, facilidades de pago para regularizar deudas de tasas e impuestos municipales, en otras iniciativas que intentan fortalecer a sectores debilitados por la pandemia.

Los senadores opositores que apuraron la norma ahora sancionada por los diputados argumentaron que “las medidas tomadas por el Gobierno Nacional están afectando fuertemente a muchos sectores de la producción de servicios, en especial a las micro y pequeñas empresas, afectando seriamente al empleo, el pago de impuestos, servicios y gastos operativos. Por eso se hacen necesarias medidas extraordinarias para que en los próximos 180 días el estado pueda atenuar este impacto en el sector”. 

En diputados, la defensa de la iniciativa corrió por cuenta del diputado de JxC Santiago Nardelli que consideró “debido a la angustiante situación que estamos viviendo, estamos obligados a dar respuestas concretas en forma urgente”, y añadió: “este proyecto pretende transformarse en un alivio para las micro y pequeñas empresas, fundamentales para el desarrollo de los vecinos de la provincia, motor de la recuperación post pandemia”.

Debido a que se espera una merma de 80 mil millones de pesos en la recaudación de la Ciudad, la Legislatura porteña sancionó con 38 votos a favor y 21 en contra la ley de “emergencia económica y financiera” impulsada por el Gobierno de la Ciudad, lo cual faculta a ese poder a realizar cambios en las partidas presupuestarias, limitar la contratación de empleados para áreas no esenciales y suspender la realización de obras públicas, entre otras cuestiones.

La normativa contó con el acompañamiento de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, GEN, Partido Socialista; y  el rechazo de  FIT, PO, PTS, Frente de Todos y Autodeterminación y Libertad.

De esta manera, se declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre próximo en toda la administración del Estado de la Ciudad, incluyendo sus tres poderes, las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación mayoritaria de la Ciudad.

Con la sanción de la misma, la Legislatura porteña autorizó al Gobierno local a incrementar los gastos corrientes para reforzar prioritariamente las acciones de prevención de la pandemia de coronavirus y, a tal efecto, reasignar partidas presupuestarias.

Además le permitirá suspender la aplicación de algunos programas no esenciales en el marco de la crisis, impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y convenios y evitar la incorporación de personal, excepto en que fuera necesario para atender la salud público o imprescindible para el cumplimiento de servicios esenciales.

A su vez, establece la posibilidad de que se instrumenten bonificaciones, descuentos y planes que incentiven a los contribuyentes a realizar el pago anticipado de gravámenes a cambio de crédito fiscal; esto se debe a que el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, advirtió durante una reunión con la Comisión de Presupuesto que se espera una merma de 80 mil millones de pesos en la recaudación del distrito capitalino.

Asimismo, quedarán transitoriamente pospuestas las ejecuciones fiscales, embargos o inhibiciones, atento a la situación emergente. También autoriza al Ejecutivo a revisar todas las obras en ejecución, en proceso, trámite o previstas, las locaciones de servicios, concesiones, permisos, contratos o convenios.

El debate en el recinto

Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), explicó que “nunca ninguna ley de emergencia tuvo tanto trabajo como esta ley, el ministro de Hacienda se fue reuniendo con cada bloque para contarles el sentido de esta ley” e indicó que “la emergencia sanitaria nos pone en un doble desafío: la urgente necesidad de reorientar los recursos y de incrementar esa posibilidad en las áreas críticas, tales como la salud y el desarrollo humano; por el otro lado, enfrentar la brutal caída que estamos teniendo en los ingresos públicos”.

“Para eso debemos repensar nuestros recursos y para poder palear esta crisis, el Gobierno necesita una herramienta más flexible”, precisó e insistió en que “el proyecto tiene cuatro ejes centrales: buscar una administración financiera de la mejor manera; otro vinculado a los ingresos tributarios;  compras y contrataciones; y reordenamiento de los recursos humanos”.  

Además aclaró que “no hemos previsto ningún despido, ninguna rebaja salarial y no podemos vaciar el inciso uno que es lo que se establece” y resaltó que le “parece que aquí garantizamos que todos los empleados pueden quedarse tranquilos; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo decidió retirar el escalonamiento”.

Mientras que la diputada del PTS Myriam Bregman advirtió que “Horacio Rodriguez Larreta concentra con esta ley todo el poder en si mismo, nos oponemos profundamente” y agregó: “la excusa es perfecta, es la pandemia y esta concentración de superpoderes pretenden presentarla como algo un poco mejor o más digerible, porque formaron una pomposa comisión de seguimiento”.

“Me pregunto qué pasa con la educación, con las escuelas cerradas. ¿No pueden ser una tentación para este super jefe de Gobierno? ¿No querrá meter la manito ahí?”, remarcó.

Por su parte, el legislador del GEN Sergio Abrevaya reconoció que “una ley de emergencia era inevitable en este contexto. Hace un mes, presenté un proyecto previendo la caída de la recaudación, porque no se está trabajando y quien no trabaja no puede pagar impuestos” y señaló que “a su vez, si la Ciudad no recauda no tiene cómo financiar sus actividades, de ahí la lógica de endeudamiento y la emergencia de poder reordenar los ingresos”.

Además consideró que “el planteo tiene lógica, pero desde la oposición le planteamos al gobierno la necesidad de una comisión, quitamos algunos artículos como el del escalonamiento en el pago de sueldos y estuvimos de acuerdo en la posibilidad de que quienes en esta etapa hayan recaudado bien, como los bancos, puedan adelantar ganancias y ayudar a la Ciudad a financiar los gastos que tiene que afrontar en este tiempo”.

En tanto el trotskista Gabriel Solano (PO) indicó que “nosotros somos opositores -desde el primer día- a este proyecto, por lo que dice y por lo que no también” y aseveró que “no es cierto que no está en juego el empleo de los trabajadores, están en juego 18 mil puestos de trabajo; por ejemplo en el IVC el 70% de los trabajadores están contratados bajo locación de servicio”.

A su turno la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura expresó que “la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme, nos preocupa la situación económica y la angustia que está llegando a los hogares” y remarcó que “es necesaria una ley de emergencia económica  porque el Estado tiene que estar para cuidar a los ciudadanos y a otros sectores que necesitan que se les tienda una mano, como por ejemplo, las PyMEs que sostienen el 83% del trabajo en blanco en la Ciudad”.

“Esta ley no es para proteger ni cuidar a los sectores productivos, no está destinada a los sectores económicos que están en emergencia: no protege el trabajo, a las PyMEs, a los comerciantes, emprendedores. No tiene ninguna medida destinada a las cooperativas, a los motoributistas, autónomos, centros culturales, taxistas, el sector del turismo”, agregó y concluyó que “lo que más sobresale es una discrecionalidad obscena en el manejo de los fondos públicos, nos están pidiendo que autoricemos los movimientos en todas las partidas sin ningún tipo de control ni tope”.

Sobre esa misma línea, Marta Martínez (AyL) aseguró que esta normativa “no es otra cosa que un proyecto que le permitirá al Poder Ejecutivo poder reasignar partidas presupuestarias discrecionalmente, pagar salarios de manera escalonada y rebajar los ingresos de los trabajadores que perciban ingresos por encima de hasta tres salarios mínimos -aproximadamente 50 mil pesos-, como por ejemplo es el caso de la enorme mayoría de los docentes que realizan jornada doble, y congelar nuevas incorporaciones de personal”.

A su turno, Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) manifestó que “estamos ante una emergencia económica, social y sanitaria extraordinaria y la recaudación tributaria de la Ciudad de abril cayó casi el 40% en términos reales” y señaló que “por lo tanto, es necesario establecer un marco para que el Ejecutivo pueda reasignar partidas, priorizar los servicios esenciales para atravesar la pandemia y al mismo tiempo que la Legislatura cumpla con su rol”.

Es nuestro deber empezar a diseñar una salida con los pies en lo urgente pero con la mirada en el mediano plazo para diseñar políticas de protección del empleo y la producción, contemplando a los cuentapropistas y a las Pymes que, en definitiva, son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país. En definitiva, proyectar una salida de recuoeración y crecimiento común”.

La oficialista Lucía Romano (VJ) consideró que “las facultades que estamos otorgando al Poder Ejecutivo serán controladas” y recordó que “en la ley de Emergencia que estamos votando, se crea una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento, integrada por Diputados de esta casa, la cual realizará el control de todas las medidas implementadas como consecuencia de la emergencia sanitaria y verificará el estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. También tendrá la facultad de solicitar a la Auditoría General de la Ciudad la realización de informes especiales, comunicando mensualmente sus avances”.

“Es difícil votar una ley de Emergencia, no es grato ni sencillo, no es una costumbre en la Ciudad, pero esta es una ley de Emergencia por tiempo determinado, a diferencia de otros casos, en los que se ha hecho una costumbre gobernar bajo esta figura”, indicó y concluyó que “la la Coalición Cívica tiene históricamente un fuerte rol en pos del correcto funcionamiento de los mecanismos de control, porque sabemos que la Republica se fortalece cuando estos resortes funcionan debidamente y porque creemos firmemente que es necesario que el poder controle al poder para crear instituciones democráticas sanas”.

En relación a la medida, el vicepresidente tercero de la Legislatura y diputado del PS, Roy Cortina, afirmó que “las leyes de emergencia nunca son leyes simpáticas para tratar, no son simpáticas para los Ejecutivos, no son sencillas para las oposiciones” y subrayó que “nos guste o no, las reiteradas y cíclicas crisis económicas y sociales de nuestro país, han hecho que sean cada vez más asiduos los tratamientos de este tipo de leyes”

“Todas las fuerzas políticas, cuando son opositoras, son críticas a las leyes de emergencia; peor cuando gobiernan, utilizan esas mismas leyes sin ningún tipo de problema”, resaltó y consideró que “esta es una ley razonable, no genera ningún atisbo de irregularidad jurídica, busca darle herramientas al Estado para abordar una situación inédita a nivel nacional y mundial. Es una ley práctica”.

Por otro lado el peronista Santiago Roberto (FdT) insistió en que “es necesario una ley de emergencia económica en la ciudad para combatir al coronavirus, pero no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco al Gobierno porteño y otorgarle superpoderes, que además, están prohibidos por la constitución” y afirmó que “si bien realizaron algunas modificaciones, nos parece que es puro maquillaje porque el proyecto de Ley no aclara donde van a ir los recursos para combatir esta pandemia”.

“Necesitamos que quede expresado claramente el destino que tendrá la reasignación de partidas porque es fundamental que le llegue a los comedores comunitarios que cada vez alimentan a más personas y que sirva para resolver la emergencia habitacional de los barrios vulnerables y así impedir que el contagio de la enfermedad se disperse entre sus habitantes”, detalló y remarcó que “es vital que esos recursos se destinen a la compra de insumos para los hospitales públicos, que también se refleje en auxilios económicos para los cuentapropistas, los comerciantes y las Pymes. Desde que comenzó la crisis económica y sanitaria en la ciudad, hemos presentado distintos proyectos que el oficialismo no ha querido tratar. Nosotros creemos que lo importante es ayudar a mantener la actividad económica, cuidar la salud y a las familias porteñas”.

En el marco de la sesión ordinaria en la que la Legislatura porteña buscará aprobar la ley de emergencia económica y financiera, organizaciones sociales y trabajadores de la salud, educación y los estatales marcharon hasta el edificio de Perú 160 para repudiar dicha emergencia y alertaron sobre una posible rebaja en los salarios.

En ese sentido la secretaria de prensa de Ademys, Marisabel Grau, dialogó con parlamentario.com para explicar que “desde Ademys estamos junto a trabajadoras y trabajadores de la salud, de la Asamblea de residentes y concurrentes, docentes de provincia de Buenos Aires, universitarios nucleados en AGD, delegados del INTI, del CONICET, trabajadores estatales de Promoción Social, del Ministerio de Trabajo y Economía de Nación, de movimientos sociales nos concentramos en una importantísima movilización contra la ley de Emergencia de Larreta que pretende congelar salarios y partidas presupuestarias que afectarán a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo”.

Al mismo tiempo que advirtió que “el mismo Gobierno que no garantiza agua potable para quienes viven en las villas porteñas pretende que los costos de la crisis económica recaiga sobre las y los trabajadores” y concluyó señalando que “nuestras vidas, salarios y derechos son esenciales, por eso nos vemos obligados a movilizarnos contra esta ley”.

Debido a que la movilización había sido convocada con varios días de anterioridad, la Legislatura porteña amaneció este jueves vallada y con una fuerte presencia policial. Tan es así que el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado de Vamos Juntos, Claudio Romero, explicó en diálogo con Télam que “no se entiende el sentido de hacer una movilización ya que se sacó lo del escalonamiento” del pago de salarios” y sentenció que toda aquella persona que “viole la cuarentena debería atenerse a las consecuencias”.

En el marco de una nueva sesión ordinaria y de modalidad mixta, la Legislatura porteña se reúne desde las 11.36 para tratar un proyecto de ley que busca facultar al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias ý garantizar recursos para fortalecer las áreas críticas, en el marco de la pandemia y ante la caída de la recaudación fiscal por la emergencia sanaitaria.

La norma en tratamiento propone declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre próximo en toda la administración del Estado de la Ciudad, incluyendo sus tres poderes, las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación mayoritaria de la Ciudad.

A través de esa iniciativa, los diputados buscarán darle al Gobierno porteño la facultad de incrementar los gastos corrientes para reforzar prioritariamente las acciones de prevención de la pandemia de coronavirus y, a tal efecto, reasignar partidas presupuestarias, suspender la aplicación de algunos programas no esenciales en el marco de la crisis, impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y convenios y evitar la incorporación de personal, excepto en que fuera necesario para atender la salud público o imprescindible para el cumplimiento de servicios esenciales.

Para los contribuyentes habrá bonificaciones y descuentos así como planes que incentiven el pago anticipado de gravámenes a cambio de crédito fiscal. Y quedarán transitoriamente pospuestas las ejecuciones fiscales, embargos o inhibiciones, atento a la situación emergente.

Además, se proyecta revisar todas las obras en ejecución, en proceso, trámite o previstas, las locaciones de servicios, concesiones, permisos, contratos o convenios.

En medio del aumento de los casos positivos de Covid 19 en los barrios populares de la Ciudad, el legislador del PO Gabriel Solano se refirió al “salto exponencial de los contagios” en la Villa 31 y responsabilizó al Gobierno por esa situación.  Asimismo convocó a una movilización frente a la Legislatura en rechazo a la ley de emergencia económica, dado que consideró que la misma “recorta presupuesto del Instituto de la Vivienda (IVC)”.

En ese sentido, el trotskista explicó que “el salto de los contagios en la Villa 31 es el resultado de la parálisis en los planes de urbanización, que implica no solamente la construcción de viviendas sino el acceso a los servicios, como el agua, y las condiciones para vivir en el barrio” e indicó que “el hacinamiento en el que vive la mayoría de las familias, con habitaciones pequeñas y ambientes como el baño compartidos por muchas personas están en la raíz de los contagios”.

Además informó que “en la Villa 31 solo han reubicado a las familias desalojadas por la traza de la autopista Ilia. La inmensa mayoría se endeuda para el otorgamiento de una escritura que las obligará a pagar por la casa que ya tienen y que construyeron con su esfuerzo; el Estado no invierte un peso ni asegura los servicios básicos, entre los que figura en primer lugar el agua”.

“La emergencia económica que Larreta piensa aprobar este jueves agrava esta situación porque reduce los fondos que recibe el Instituto de la Vivienda de la Ciudad encargado de los planes de urbanización y también de la asistencia alimentaria”, detalló.

Por otro lado, Solano recordó que presentó “un proyecto para declarar la emergencia en todas las villas de la Ciudad ante el crecimiento de los casos de coronavirus. El Estado debe garantizar el servicio de agua las 24 horas de los 7 días de la semana y deben retomarse los planes de urbanización bajo control de los vecinos” y concluyó señalando que “es necesario además un protocolo especial para las villas que contemple los testeos masivos y la asistencia del Estado”.

A pocas horas que la Legislatura porteña lleve a cabo una nueva sesión ordinaria, Vamos Juntos logró llegar a un acuerdo con la UCR-evolución y consiguió los votos necesarios para poder aprobar el proyecto de ley del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para declarar en la Ciudad la emergencia económica y financiera.

Una de las grandes incógnitas es si el Partido Socialista -otro de sus aliados desde las últimas elecciones- y Consenso Federal acompañarán la iniciativa. En tanto el Frente de Todos, Partido Obrero, PTS, Frente de Izquierda y AyL rechazaran la propuesta del Ejecutivo; mientras que el GEN aún esta evaluando sus posibilidades dado que solicitó varias modificaciones al texto, pero en caso de que no le concedieran las mismas, acompañaría la ley en general y votaría negativamente algunos artículos.

La iniciativa prevé declarar esa emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”; entre otras cuestiones.

Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con los pagos escalonados para los trabajadores estatales y si bien desde el Gobierno porteño informaron que no le pagará a sus empleados en cuotas, varios bloques de la oposición advirtieron que eso no se ve reflejado en el proyecto.

El diputado José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presentó un proyecto de ley para ampliar la emergencia económica aplicando una serie de suspensiones y reducciones de pagos para mipymes, monotributistas, trabajadores turísticos y consumidores en general.

La iniciativa apunta a “los grandes sectores que se han visto más fuertemente perjudicados” por la pandemia del Covid-19, “y que serán además los que deberán tener herramientas desde ahora para poner en marcha la economía argentina”.

En su primer artículo, el proyecto declara la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística; de las micro, pequeñas y medianas empresas; y de los consumidores en todo el país por el plazo de 90 días.

En el caso de las mipymes, trabajadores turísticos y monotributistas, se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar una reducción temporaria de los aportes patronales; y prorrogar el vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades afectadas.

El proyecto también le permite al PEN extender planes de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras; suspender ejecuciones fiscales y judiciales que estén en proceso; y otorgar líneas de crédito en condiciones diferenciales.

Otras de las medidas propuestas son la implementación de subsidios para las tarifas vigentes de servicios públicos; la eliminación de retenciones y percepciones impositivas; la compensación de impuestos a través del criterio de libre disponibilidad; y la suspensión del pago de las cargas impositivas y jubilatorias a los monotributistas de las categorías A, B, C y D.

En cuanto a los consumidores, se habilita al Ejecutivo a “establecer el acceso mínimo a servicios de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fijar precios máximos y/o subsidiados”; y “prohibir cualquier clase de recargo, multa, sanción o cambio de categoría de consumo en la aplicación de tarifas de servicios públicos domiciliarios, para los casos en que los consumos sean mayores comparativamente con períodos anteriores”.

También se propone prohibir, para las consumidores, “el cobro, retención o percepción del Impuesto al Valor Agregado sobre intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras gravadas”, así como “el cobro de intereses compensatorios, moratorios o punitorios superiores al 25% en cualquier operación financiera para consumo o de crédito para el consumo”.

Asimismo, Ramón propone al Ejecutivo que suspenda “el cobro, por parte de los proveedores de servicios educativos arancelados de nivel inicial, primario, secundario, superior o técnico profesional, de cualquier cargo accesorio, siempre que el servicio correspondiente al cargo no se preste efectivamente”.

“Cuando los proveedores de servicios educativos arancelados hubieran acordado la prestación presencial del servicio, deberán realizar en un plazo de 30 días una oferta a los consumidores, de disminución del arancel correspondiente a las materias curriculares y extracurriculares dictadas durante el período de emergencia, que no podrá ser menor al 20%”, agrega la iniciativa.

En el mismo artículo 1 del proyecto, el Gobierno declara en emergencia la situación económica y financiera de la ciudad hasta el 31 de diciembre del presente año y luego aclara su aplicación a todos los poderes del estado, incluyendo a las comunas, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y las sociedades con participación estatal mayoritaria; siempre de la ciudad por supuesto.

En concreto, el Poder Ejecutivo propone modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto hasta el 5 % del total del presupuesto asignado a cada órgano, autorizando al ejecutivo incluso a incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital, para reforzar las acciones inherentes a la emergencia sanitaria. Pudiendo incluso suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas; quedando solo expresamente excluidos de esta emergencia los programas que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas.

Lo cierto es que resulta tan amplia la capacidad del Ejecutivo de redistribuir el presupuesto, que no parece estar en claro cuáles son los programas sobre los cuales tiene puesta la vista para efectuar el re direccionamiento, lo cual puede ser peligroso si proyectamos el escenario post pandemia.

Pensemos que el proyecto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre, por lo que la redirección presupuestaria puede significar que de aquí a fin de año queden reducidos a cero programas enteros que luego de la crisis coyuntural, puedan ser necesarios para ejecutar; mucho más considerando que no está claro en lo inmediato el tiempo que conllevará el tratamiento sanitario del coronavirus y ni siquiera la continuidad del aislamiento.

En este punto entiendo que el Ejecutivo debería ser muchísimo más preciso en determinar aquellos programas sobre los que podría aplicar la propuesta; como así también debería considerar los ahorros presupuestarios producidos consecuencia del aislamiento y la detección económica.

Sí comparto, lo previsto en el capítulo IV en cuanto a la revisión de los procesos, incluso aquellos que se encuentren en trámite, referentes a compras y contrataciones de bienes, suministros, obra pública, de concesiones y de permisos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta propuesta.

Ello implica revisar los cánones que hoy la ciudad abona por servicios, incluso alguno de ellos que se encuentran suspendidos en su ejecución o a proveedores por bienes o suministros que pueden evitarse en el marco de la emergencia, aun teniendo contratos en curso. También esto podría ser una oportunidad, para evitar el gasto de concesión del servicio de subterráneos de buenos aires, asumiendo el estado porteño la administración y operación del servicio.

Diferente es el criterio a tener en cuenta con relación a las contrataciones de servicios, entre las cuales se pueden considerar las prestaciones del personal “contratado” en la administración central o descentralizada, puesto que esta incorporación, sin salvedad alguna, puede incluirlos dentro del paquete de revisión.

Con relación a las facultades que solicita el poder ejecutivo en materia de regulación de ingresos tributarios; vuelvo sobre lo planteado con anterioridad, considerando que las propuestas realizadas van dirigidas a favor de los contribuyentes con capacidad de pago de los tributos empadronados, a quienes se les propone un descuento por el pago anticipado de las cuotas con vencimiento en el segundo semestre del período fiscal 2020; pero no están dirigidos a quienes como consecuencia de la retracción económica producida en virtud del aislamiento, se encuentran dificultados en abonar esas tasas fiscales.

Está bien que se habilite la posibilidad de adelantar el pago de las cuotas a vencer, podría ser una alternativa para los contribuyentes que lo puedan abonar de manera anticipada evitándose futuros aumentos en virtud de la evolución inflacionaria una vez vuelta a la normalidad; pero sería más adecuado plantear, que mientras dure el aislamiento social obligatorio y sectores productivos se encuentren paralizados, se congelen los aumentos previstos en el presupuesto 2020 para estos gravámenes; de manera que aquellos que se encuentran con el agua al cuello por la inactividad tengan posibilidad de abonarlos.

Lo mismo ocurre con el anticipo tributario extraordinario de los Ingresos Brutos; el cual, en este caso, puede resultar una solución o alternativa a los sectores empresariales más importantes, pero no se trata de un beneficio para el pequeño comerciante o Pyme sin actividad que no va a estar en condiciones económicas de anticipar períodos para el ejercicio 2021.

En este último caso, siendo una propuesta que favorece a las empresas más importantes, y más allá de ser una alternativa de recaudación fiscal en medio de esta crisis para la ciudad; podría plantearse que las empresas que se adhieran se comprometan a no presentarse en procedimiento de crisis durante este período y a no suspender personal o reducirles el salario salvo acuerdo paritario específico.

Fuera de estas discusiones, comparto lo previsto en el artículo 10 del proyecto en relación a las medidas cautelares y/o ejecutorias en los procedimientos fiscales.

Un párrafo aparte merece lo indicado en el Capítulo V del proyecto puesto a consideración del legislativo. En este punto en particular lo que resulta de especial atención es lo previsto en los artículos 17 y 19 en cuanto a la prohibición de instrumentar retribuciones extraordinarias, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o especie hasta el 31 de diciembre, a los trabajadores públicos de la ciudad (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autárquicos y autónomos y empresas mencionadas arriba); incluyendo la posibilidad de establecer un cronograma de pago escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales.

En este punto en particular adelanto desde ya mi más profundo rechazo a estas propuestas realizadas por el ejecutivo de la ciudad toda vez que vuelve a equivocar la prioridad del gasto y del destino de los recursos esenciales del estado. Si hay una prioridad, en el marco de la presente crisis, esta debe dirigirse a los salarios de los trabajadores que deben percibir en su integralidad los haberes, siendo ellos los que se han puesto al frente de la atención, el cuidado y el funcionamiento del Estado en medio de esta coyuntura.

Fueron los trabajadores públicos los que garantizaron el funcionamiento esencial de los organismos declarados como tal, los que garantizaron la presencia pública, los que desde sus casas también mantuvieron el trabajo a distancia para que se den respuestas a la comunidad. Si hace dos semanas se autorizó el endeudamiento del Estado de la ciudad en U$S 150.000.000, esos recursos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado empleador con sus trabajadores y si no debería permitirse endeudarse para ello.

En definitiva la intangibilidad de los salarios también deben respetarse, y no queda claro de la redacción de los artículos, si aquellos beneficios, o incrementos salariales acordados en paritarias o a acordarse en esa instancia pueden ser racionalizados. El ajuste en consecuencia no puede hacerse a costa de los trabajadores quienes ya bastante vienen sacrificando su poder adquisitivo en la actualidad.

Porque además, si bien el Ejecutivo ya anunció de palabra que liquidará los salarios en tiempo y forma, lo cierto es que esta propuesta abre la posibilidad de que en el futuro (de aquí a diciembre) pueda escalonar o diferenciar los pagos salariales, e incluso, le da el fundamento que la legislatura de la ciudad y todas las fuerzas políticas que la integran, avalan dicha medida restrictiva de los derechos de los trabajadores.

Con todo esto, espero aportar un poco de claridad en un debate legislativo, pero que expresa claramente un sentido de prioridad en la toma de las decisiones públicas.

Mariana Gagliardi -presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires-, presentó una nota ante la Legislatura porteña para que se permita la realización de una auditoría especial en el Proyecto de Ley de Emergencia Económica y Financiera.

La funcionaria señaló que busca garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, públicos por lo que se solicita que se habilite a la AGCBA a realizar un examen especial del cumplimiento de la ley y sobre las compras y contrataciones que efectúe el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la auditora manifestó su compromiso por lograr la correcta administración de los recursos y su convencimiento de que “la intervención temprana de la AGCBA posibilitará la detección de potenciales desvíos, mayor transparencia y confianza en los ciudadanos”.

En medio del avance de la pandemia del coronavirus, la Comisión de Presupuesto –presidida por el oficialista Claudio Romero- firmó este miércoles el dictamen favorable de la ley de “emergencia económica”, la cual prevé declararla hasta el 31 de diciembre de este año y autorizar al Gobierno local a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

El despacho favorable contó con el acompañamiento de varios de los bloques que conforman la comisión, salvo el del Frente de Todos (FdT) y el GEN.

Al respecto de la misma, Romero le explicó a parlamentario.com que “estamos muy conformes porque acabamos de firmar el despacho de esta ley de ordenamiento del gasto público” e indicó que “se trata de una herramienta para que el jefe de Gobierno pueda disponer de las partidas presupuestarias que no estén dentro de las áreas esenciales contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia de esta pandemia”.

Asimismo detalló que “lo fundamental es que no se puede tocar el inciso 1, es decir, todo lo que tiene que ver con el personal: nadie va a ser despedido ni tendrá rebajas en su sueldo, se congela la estructura de recursos humanos; con lo cual no se puede contratar más gente, salvo en las áreas esenciales, como pasó con el área de salud”.

“Pone un blanco sobre negro en una Ciudad que tiene una perdida en la recaudación importante, de la cual se estima que este año va a ser arriba de los 80 mil millones de pesos. Entonces, este es un instrumento que el Ejecutivo necesita para poder seguir afrontando los servicios de la Ciudad y los esenciales en general”, precisó el legislador de Vamos Juntos y sentenció que “esta crisis sanitaria va a ser una crisis económica, después va a ser una crisis social”.

En la víspera de la sesión ordinaria en que el la Legislatura porteña someterá a consideración de los diputados el proyecto de emergencia económica, desde el bloque Frente de Todos (FdT) criticó la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad y advirtieron que iría en detrimento del Poder Legislativo.

En ese sentido, los diputados de ese espacio precisaron que entienden “la necesidad de reordenar partidas presupuestarias para atender la pandemia, pero se debe hacer bajo una exhaustiva política de control” y advirtieron que “el proyecto no establece medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la sociedad que están siendo afectados por la caída de la actividad, delega funciones propias del cuerpo legislativo al Ejecutivo sin mecanismos de control adecuados, y podría afectar aún más el salario de las y los trabajadores”.

Al mismo tiempo que insistiron en la necesidad de que “se incorpore nuevamente el deber de notificar las reestructuraciones presupuestarias a la Comisión de Presupuesto de Legislatura y además, planteamos que se preserve la situación de los trabajadores de la Ciudad” y solicitaron “información detallada y escrita sobre cuestiones sustanciales como ejecución presupuestaria, avance de la recaudación, disminución fondos IVC, descuentos ABL, saldo Fideicomiso de Corp. Sur, compras y contrataciones, convenios con universidades”.

“Tampoco plantea una tarea específica y diferenciada en las villas, los barrios más humildes de la Ciudad, las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, aseveraron y concluyeron explicando que “quedan muchas dudas pero lo único claro es que intentan disminuir nuestras facultades de control; como Legisladores queremos ejercer nuestras responsabilidades. Necesitamos mayores funciones y no que nos las recorten”.

Buscando dotar al Gobierno de la Ciudad de las herramientas necesarias para poder hacerle frente a la pandemia por coronavirus, la Legislatura porteña se reunirá este jueves a las 11 en el Salón Dorado, a fin de poner a consideración de los diputados una iniciativa que busca atender a la emergencia económica.

La iniciativa prevé declarar esa emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”; entre otras cuestiones.

Tal y como lo adelantó parlamentario.com, la sesión se llevará a cabo con una metodología diferente a la que se realizó la última vez: en esta ocasión será “mixta”, es decir, que todos los diputados que puedan hacerse presentes en la Legislatura participarán de la misma de manera presencial; mientras que aquellos que se encuentran incluidos dentro de algún grupo de riesgo, participarán a través de la aplicación zoom.

La sesión se realizará en el Salón Dorado, dado que en el recinto no se respetan las distancias para prevenir la propagación del virus; también se mantendrán las ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire, cada diputado tendrá su alcohol en gel y agua embotellada y se les tomará la temperatura antes de ingresar al Palacio Legislativo.

A su vez se mantendrá la modalidad de que los legisladores que hagan uso de la palabra, deban hacerlo desde un atril, el cual será desinfectado tras cada alocución. También se dispondrán más cámaras, a fin de que los porteños puedan ver -a través de Youtube- la sesión desde distintos ángulos.

Debido a la pandemia por el coronavirus, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, se reunió en la Legislatura porteña con la Comisión de Presupuesto -presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ)-, en donde explicó los alcances del proyecto de “emergencia económica” que la Casa buscará aprobar esta semana.

En ese sentido, el funcionario señaló que “la crisis sanitaria mundial nos llevó, hace prácticamente un mes, a que el Gobierno nacional declare el aislamiento social, preventivo y obligatorio” e indicó que esta situación “en la Ciudad nos llevó a decretar la emergencia sanitaria y eso nos puso ante dos desafíos: la necesidad inminente de incrementar y proveer de presupuesto -que no estaba previsto originalmente- a las áreas que están al frente de la pandemia; y a raíz de la cuarentena, tenemos que mitigar la caída de una recaudación muy importante”.

En lo que respecta a la medida, explicó que “la idea es que abarque a los tres poderes, a todo el ámbito de la Ciudad, y que tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Esto se debe a que la emergencia económica no se termina el día que finaliza la emergencia sanitaria, porque el impacto en la recaudación y a que la economía vuelva a su ruta habitual, lleva mucho más tiempo”  y detalló que “el proyecto tiene cuatro ejes centrales: todo lo que tiene que ver con la administración financiera; ingresos tributarios, es decir, algunos incentivos que estamos previendo y algunas suspensiones de ejecuciones; por otro lado, compras y contrataciones; y, la contratación de personal y los recursos humanos”.

“Respecto de la administración financiera, básicamente, estamos solicitando alguna flexibilidad o facultades para poder hacer modificaciones presupuestarias. Estamos viendo que día a día van surgiendo pedidos de las áreas esenciales, para ello tenemos que asignarles un mayor presupuesto y eso no estaba previsto”, manifestó y precisó: “buscamos eliminar, por este año, las afectaciones específicas que están previstas en muchas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje del ABL o de patentes que van a financiar a parte del gasto en subte”.

Sobre esa misma línea, Mura remarcó que están “planteando la centralización de fondos en una única cuenta, esto es poder transferir el saldo disponible de las distintas afectaciones específicas, con el fin de reforzar acciones inherentes a la emergencia sanitaria” y afirmó que “necesitamos revisar los programas no esenciales, es decir, tener la facultad de suspender y/o postergar la ejecución de aquellos programas no críticos ni indispensables”.

Por otro lado, aseguró que “hay una segunda parte que tiene que ver con los ingresos tributarios” y advirtió que “lo que estamos necesitando es adelantar recaudación, nosotros estamos previendo una caída en la recaudación cercana a los 80 mil millones de pesos para lo que resta del año; de ese monto, el 50% se produce en el segundo trimestre”.

Al mismo tiempo que indicó que “por eso planteamos dos facultades para asignarle a la AGIP: por un lado, queremos hacerle algún tipo de bonificación y descuentos a algunos tributos empadronados, como el ABL y patentes, para incentivar el pago voluntario y por adelantado, sabemos que es difícil pero hay algunos contribuyentes que pueden hacerlo; por el otro, queremos brindar incentivos fiscales para el pago adelantado de ingresos brutos, es decir, facultar a la AGIP a generar mecanismos que incentiven a sectores a adelantar el pago de impuestos futuros”.

También indicó que buscan suspender medidas cautelares y ejecuciones fiscales, es por ello que la AGIP se abstendrá de iniciar estos procesos y otros similares hasta el 30 de junio del 2020.

“En cuanto a la compra y contrataciones, estamos previendo la posibilidad de renegociar y volver a mirar todos los contratos de obras, servicios, insumos, concesiones que hoy están vigentes. Buscamos readecuarlos a un nuevo funcionamiento del Estado, como consecuencia de los cambios económicos y contractuales que provocaran los efectos de la pandemia”, indicó y aseveró que “los incrementos de recursos que resulten de estas revisiones, serán destinados a reforzar acciones de la emergencia sanitaria”.

Finalmente, Mura precisó que “el cuarto punto tiene que ver con la contratación del personal, ahí lo que estamos planteando es el congelamiento de la planta de personal y estructuras de autoridades superiores; la prohibición de firmar nuevos convenios de asistencia técnica; la suspensión de bonificaciones, premios e incentivos salariales; establecer un tope al incremento de remuneraciones de autoridades y facultar al Ejecutivo para escalonar o diferir pagos salariales”.

En la reunión estuvo presente el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero de esa Casa, Roy Cortina (PS); los diputados Juan Francisco Nosiglia, Diego Weck, Inés Gorbea, Martín Ocampo, Marcelo Guouman (UCR-Ev), Diego García Vilas, Paola Michielotto, Claudio Cingolani, Guillermo Suarez, Cristina García, Matías López, Esteban Garrido, Victoria Roldán Méndez, Facundo Del Gaiso, Lucía Romano, Natalia Fidel (VJ), Sergio Abrevaya (GEN), Eugenio Casielles (CF), Javier Andrade, Cecilia Segura, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Claudia Neira (FdT) y Gabriel Solano (PO).

Luego de que Gobierno porteño presentara la medida en la Legislatura de la Ciudad, la Comisión de Presupuesto -presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ)- se reunirá este lunes con funcionarios del Ministerio de Hacienda, a fin de que brinden mayores precisiones sobre el “plan de emergencia económica y financiera” para hacerle frente a la lucha contra el coronavirus.

La iniciativa prevé declarar esa emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”; entre otras cuestiones.

Tal y como lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura porteña prevé reunirse este martes para llevar a cabo una sesión especial en la que podrán a consideración de los diputados esta iniciativa.

Leé también: “Larreta presentó el plan de emergencia económica para la Ciudad”

Debido a la crisis económica que atraviesa Argentina y el mundo a causa de la pandemia del coronavirus, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un proyecto para establecer un “plan de emergencia económica y financiera”, el cual será sometido a consideración de los diputados la semana que viene –tal y como lo adelantó parlamentario.com-.

En dicho texto, el alcalde local le solicitó al Parlamento que declare dicha emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”.

Así el Gobierno porteño tendrá la facultad de “modificar la distribución funcional y por objeto del gasto, así como incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras del total del presupuesto vigente para reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y concientización de la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica produzca”.

Por otro lado, el proyecto autoriza al Ejecutivo -mientras esté en vigencia la emergencia- a suspender o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas, debiendo reasignar y reorientar dichos recursos para reforzar esas acciones. No obstante, quedán excluidos de esta acción todos aquellos programas que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas.

En lo que respecta a los ingresos tributarios, la medida le permitirá a Larreta establecer bonificaciones y descuentos en tributos empadronados, liquidados por el organismo fiscal, a fin de incentivar el pago anticipado de las cuotas con vencimiento en el segundo semestre del período fiscal 2020 de estos gravámenes.

Esas bonificaciones o descuentos no podrán exceder el 30% de lo que hubiese correspondido abonar; establecer el reconocimiento de un crédito fiscal, equivalente a un porcentaje del Anticipo Tributario Extraordinario. Tanto el anticipo como el crédito fiscal podrán ser utilizados a partir de enero de 2021 para la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En cuanto a las compras y contrataciones, la iniciativa le permitirá disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos.

En los fundamentos del proyecto, Larreta sentenció que “frente a esta situación extraordinaria y a fin de concretar adecuadamente el objetivo perseguido, se considera imprescindible contar con el respaldo de la totalidad de las fuerzas políticas de la Ciudad representadas en ese Cuerpo legislativo, en un consenso que se encuentre a la altura de la realidad, de las circunstancias y de las perspectivas inéditas que le toca vivir a la población, para así poder atender correctamente sus prioridades y necesidades básicas”.

Cabe destacar que, según pudo saber parlamentario.com, entre el lunes y martes de la semana que viene, la Legislatura porteña realizará una sesión especial para someter a consideración de los diputados esta iniciativa. Además, los legisladores de Vamos Juntos y el Frente de Todos se reunieron con el ministro de Hacienda, Martín Mura, y otros funcionarios de esa cartera, quienes les brindaron precisiones sobre la medida.

Debido a la crisis económica que azota a la Ciudad a raíz de la pandemia del coronavirus, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció -este miércoles en una conferencia de prensa- aseguró que las cuentas públicas del distrito se encuentran “en emergencia” y explicó una serie de medidas económicas, entre las cuales, se incluye la suspensión del plan de obras públicas y el recorte salarial del 25% para sus funcionarios.

“El Plan de emergencia económica tiene tres ejes: gestión de los recursos presupuestarios, para reasignarlos a las áreas críticas; gestión del financiamiento, para contar con los recursos necesarios pese a la baja en la recaudación y gestión de los recursos humanos, para cuidar a nuestros empleados”, aseguro Larreta.

No obstante, estas medidas fueron sumamente cuestionadas por los legisladores del Frente de Todos y el Partido Obrero. En ese sentido, Leandro Santoro (FdT) manifestó en las redes sociales que “los neoliberales que predican la austeridad fiscal y la emisión cero en plena pandemia, son a la economía, lo que los antivacunas a la medicina”.

Mientras que Santiago Roberto (FdT) aseguró que “desde que comenzó esta crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, enviamos tres proyectos para reasignar recursos que vayan al sistema de Salud y la emergencia económica y social”.

“Estoy convencido  que el proyecto que presentamos para cobrar a Bancos y entidades financieras un impuesto del 1% sobre ingresos brutos declarados en 2019 para quienes declararon ganancias por más de 30 millones de pesos ayudará a lo que anuncio hoy el Jefe de Gobierno porteño en el objetivo de reasignación de los recursos para lograr que los fondos disponibles se utilicen para enfrentar la única gran prioridad, que son los insumos para la salud pública y los alimentos para los sectores más vulnerables para hacer frente al coronavirus”, remarcó.

Por su lado, el trotskista Gabriel Solano (PO) sentenció: “anuncian que se reducen el salario un 25% mientras las empresas de la familia venden al Estado con sobreprecios, si haces el cálculo salen ganando y mucho”.

En el marco del aumento de los casos de Covid 19 en la Ciudad y todo el país, fuentes parlamentarias le aseguraron a parlamentario.com que la Legislatura porteña llevará a cabo la próxima semana una nueva sesión especial, en la cual se pondrá a consideración una iniciativa del Gobierno local que busca atender a la emergencia económica producto del avance de la pandemia.

“Es muy probable que la sesión se realice el lunes o el martes. La idea original era tener la sesión este viernes para tratar una ley de emergencia económica, que estamos esperando que sea enviado por el jefe de Gobierno”, indicó la fuente y remarcó que “el proyecto aún no ingresó, por lo que eso hace que los plazos se extiendan, por lo que es más factible que se realice la sesión el martes”.

Si bien sobre la iniciativa a tratar aún no hay mayores precisiones, parlamentario.com pudo saber que el mismo buscará generar modificaciones en algunos de los contratos que tiene la Ciudad y se prevé reasignar distintas partidas presupuestarias, a fin de designar esos fondos a la lucha contra el coronavirus.

Por otro lado, la sesión especial se llevará a cabo con una metodología diferente a la que se realizó la última vez: en esta ocasión será “mixta”, es decir, que todos los diputados que puedan hacerse presentes en la Legislatura participarán de la misma de manera presencial; mientras que aquellos que se encuentran incluidos dentro de algún grupo de riesgo, participarán a través de la aplicación zoom.

Asimismo la sesión se llevará a cabo en el Salón Dorado, dado que en el recinto no se respetan las distancias para prevenir la propagación del virus; también se mantendrán las ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire, cada diputado tendrá su alcohol en gel y agua embotellada y se les tomará la temperatura antes de ingresar al Palacio Legislativo.

A su vez se mantendrá la modalidad de que los legisladores que hagan uso de la palabra, deban hacerlo desde un atril, el cual será desinfectado tras cada alocución. También se dispondrán más cámaras, a fin de que los porteños puedan ver -a través de Youtube- la sesión desde distintos ángulos.

El peronista Santiago Roberto (FdT) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para declarar la “emergencia económica y social en la Ciudad”, la cual regiría -en caso de que sea aprobada- Aires hasta tanto esté vigente el estado de emergencia sanitario por el coronavirus, decretado por el Gobierno nacional.

La iniciativa propone ocho medidas que buscan combatir las consecuencias económicas negativas que la cuarentena obligatoria produce en monotributistas, autonómos y micro PyMEs.

Entre las principales propuestas se destaca un descuento en el pago de ABL, el Impuesto Inmobiliario, y las Contribuciones hasta 1.070 pesos que alcanza al 70% de los vecinos. También propone un descuento en el pago de las cuotas de patentes sobre vehículos en general hasta 321 pesos y quedarían exentos del pago de patentes los vehículos afectados al servicio de taxi registrados y con licencia vigente en la Ciudad.

Además prevé suspender las obligaciones de pago de Ingresos Brutos para contribuyentes que desarrollen actividades por cuenta propia o en el sector micro empresario que declaren una facturación mensual máxima alrededor de 96 mil pesos. Esto equivale a un beneficio de hasta dos mil pesos por contribuyente.

Al mismo tiempo que suspendería “el pago de cuotas de capital y/o intereses de deudores del Banco Ciudad que estén registrados como Micro Pymes. Los pagos así suspendidos no generarán intereses y cargos adicionales de ningún tipo, por el período de la interrupción.

Por otro lado, prevé un complemento para el importe mensual a acreditar en las cuentas de beneficiarios del programa “Ciudadanía Porteña” de hasta 3.210 pesos mensuales. Así como también contempla un reintegro, a acreditarse en las cuentas de los usuarios de tarjetas de crédito y/o débito, del tres por ciento (3%) sobre todas las compras realizadas en comercios de proximidad incorporados al régimen simplificado de ingresos brutos.

Otro punto del proyecto de ley -que también lleva las firmas de Matías Barroetaveña, Claudia Neira y Juan Manuel Valdés (FdT)- establece un subsidio especial al pago de facturas de servicios eléctricos y se suspenden los cortes del suministro.

En lo que respecta al fortalecimiento habitacional, la medida prevé suspender los desalojos forzosos de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad, tanto de su dominio público como privado, utilizados como vivienda.

Asimismo, establece que se podrá relocalizar a las personas y familias afectadas con su consentimiento. En todos los casos deberá garantizarse que tanto la mudanza como la nueva situación habitacional no incrementen los riesgos sanitarios. Debiéndose extremar los recaudos necesarios a personas perteneciente al grupo de factor de riesgo, en todos los casos se estipula un subsidio que permita el acceso a una vivienda digna.

“Es importante que la ciudad más rica del país haga un esfuerzo en igual sentido que está haciendo el Gobierno Nacional. El proyecto prevé para el cumplimento de estas medidas la reasignación de partidas existentes vinculadas al arreglo de veredas, dividendos de la lotería de la ciudad, dividendos del Banco Ciudad y propaganda oficial, entre otras”, sentenció Roberto.

Debido a la crisis que vienen atravesando desde hace un tiempo, el presidente de la Comisión de Deportes y diputado del FdT, Claudio Morresi, presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica y sanitaria en las instituciones deportivas inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), o más conocidos como clubes de barrio.

La iniciativa -que también lleva la firma de Santiago Roberto, Manuel Socias, Cecilia Segura y Leando Santoro (FdT)- propone que durante los 90 días en los que regiría la emergencia se exima del pago de impuesto de alumbrado, barrido y limpieza y se otorgue, a favor de los clubes, un subsidio mensual equivalente al 75% del valor de las tarifas de servicios públicos de agua, gas y electricidad.

Además sugiere que el órgano de aplicación sea la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, y entre los argumentos se aclara que la actual situación de emergencia “les significará (a los clubes de barrios y otras instituciones) un esfuerzo desmedido en un momento que tienen la obligación solidaria de cerrar sus puertas en virtud de las recomendaciones del Ministerio de Salud”.

Al respecto de su iniciativa, Morresi explicó que los clubes “están cerrando sus puertas y esto hace que tengan una situación económica sumamente compleja, que se suman a la que han sufrido ya en estos cuatro años por las tarifas desmedidas y despiadadas” y advirtió que “ahora que más o menos se están reacomodando, desgraciadamente aparece esta pandemia del coronavirus”. 

“Al cerrar sus puertas para cumplir con lo que el Ministerio de Salud está pidiendo, hace que muchísimos de sus ingresos se pierdan, por eso le estamos pidiendo al Gobierno de la Ciudad estos beneficios”, indicó y sentenció que “la ley podría contribuir a acompañar y sostener a las instituciones sin fines de lucro, las cuales seguirán manteniendo gastos durante el período que dure los efectos de la pandemia”.