Su titular, Mercedes Marcó Del Pont, informó que 11.855 personas pagarían este tributo extraordinario, más que las 9.298 estimadas cuando se discutió el tema en Diputados. El proyecto recibió dictamen en el Senado.
El Senado comenzó a debatir el proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que alcanzará a 2.500 personas más de las que calculaba originalmente la AFIP, según reveló su titular, Mercedes Marcó Del Pont, al presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Con la conducción del oficialista Carlos Caserio, comenzó este martes el debate del proyecto y el dictamen finalmente se pasó a la firma, quedando listo para ser tratado en la próxima sesión -el período ordinario finaliza el próximo lunes 30-.
La intención del oficialismo es sancionar la ley lo antes posible, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.
El proyecto, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, propone gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, con un aporte “por única vez” para ayudar a mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
La alícuota a aplicar irá del 2% al 3,5% según el patrimonio declarado en Bienes Personales, y la AFIP espera recaudar alrededor de 307 millones de pesos, que se destinarán a la compra de equipamiento médico, subsidios a pymes, becas Progresar, urbanización de barrios populares y proyectos de gas natural.
“Los fondos van a ser destinados a ampliar la capacidad del fisco para seguir desenvolviendo políticas activas en 2021”, destacó Marcó Del Pont, y aclaró que el proyecto “grava a los empresarios, no a las empresas ni al capital de trabajo”.
La funcionaria reveló que por distintos factores, como la cotización del dólar, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que estimaba la AFIP cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Marcó Del Pont informó que “solo el 55%” del patrimonio que hoy está en discusión está gravado por Bienes Personales, dado que “la base imponible es muy superior”, y agregó que “el 3,2%” del total de los individuos alcanzados realizarán el 55% del aporte total.
Además, sostuvo que “no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte”, al señalar que “solo el 17% de los que declaran Bienes Personales declaran que tienen inmuebles rurales”, los cuales “representan solo el 2,4% respecto del total del patrimonio”.
La titular del ente recaudador dijo que “en la composición de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera”, y “casi el 93% está fuera de la Argentina”, y se retiró de la reunión virtual con el compromiso de responder preguntas por escrito.
Durante el debate, Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) lamentó que Marcó Del Pont no respondiera en vivo las inquietudes de la oposición, y se preguntó “qué naturaleza jurídica le dan a este aporte: si es un impuesto, una tasa, una contribución, para entender los principios del derecho tributario aplicables”.
Crexell también se preguntó si el aporte “es coparticipable o no” y si podría haber una doble imposición con Bienes Personales.
El radical Julio Cobos -que no integra la comisión-, ante las dudas de Crexell, consideró que se trata de “un impuesto igual al de Bienes Personales”, que además “no es coparticipable porque tiene asignaciones específicas”, y por lo tanto “la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto”.
Cobos también planteó “dudas sobre la progresividad de este impuesto”, ya que quien posea un patrimonio de 199 millones de pesos no lo pagará, y también puso un manto de duda sobre el carácter extraordinario: “Ya sabemos lo que ocurre en nuestro país cuando los impuestos se crean ‘por única vez’”.
También por la UCR, Silvia Elías de Pérez advirtió que “sin duda va a generar una judicialización, porque es el mismo sujeto obligado y el mismo hecho imponible que Bienes Personales”, y agregó: “No estamos yendo contra 10.000 u 11.000 personas, sino contra las empresas que generan trabajo argentino”.
“En 11 meses que llevan de gobierno ya hemos creado o aumentado 15 impuestos. Nuestras empresas no dan más”, lamentó la tucumana.
Desde el oficialismo, Jorge Taiana se refirió a “la necesidad que tenemos de debatir una reforma tributaria completa”, ya que “Argentina tiene una estructura tributaria mala, regresiva, basada en impuestos indirectos y no directos, como en casi todos los países desarrollados, y que ha permitido una evasión fiscal casi permanente durante muchos años”.
“Lo que se está pidiendo es un pequeño aporte”, manifestó Taiana, y sostuvo que se busca que “los que mucho han contribuido a la desigualdad hoy contribuyan a disminuirla y ayuden a salir de la crisis”. “Lamento que hayamos tardado tanto desde que empezamos a discutir el tema hasta tratarlo parlamentariamente”, dijo.
El chaqueño Antonio Rodas, del mismo bloque, pidió que “al menos algunos integrantes de la oposición” acompañen el proyecto -en ese sentido, trascendió que los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo podrían votar a favor a pedido del gobernador Gerardo Morales tal como hicieron sus diputados-.
Asimismo, la correntina Ana Almirón, también del Frente de Todos, resaltó que en países como España, Italia y Chile se están trabajando iniciativas similares frente a la pandemia, y destacó que en Argentina se esté discutiendo una ley en lugar de aplicar la medida mediante un DNU.
